lunes, 12 de noviembre de 2018

Un obispo gaditano contra la libertad


El conflicto Iglesia-Estado venía produciéndose desde el siglo XIX, incluso desde el XVIII, tanto por las tendencias regalistas e ilustradas de la monarquía española (y en otros estados) como por la implantación y profundización del liberalismo. Desde 1868 hubo varios proyectos para cambiar las relaciones Iglesia-Estado y en el debate constitucional se habló sobre la libertad religiosa. Más tarde, durante la I República española (1873) se llevó a cabo una política laicista.

Cádiz, como otras ciudades españolas, contaba con parroquias e iglesias, además de catedral por tratarse de la sede de un obispo, conventos y sus propiedades, el cabildo catedral, los beneficiados, el clero parroquial, las asociaciones católicas y la prensa conservadora. El Ayuntamiento de Cádiz, por su parte, contaba con concejales partidarios de la colaboración con la Iglesia (fundamentalmente los unionistas) y los contrarios, sobre todo los republicanos, pero también otros que tenían al general Prim como su referente. También contaba la ciudad con asociaciones obreras, prensa revolucionaria, prensa liberal y una minoría de protestantes que, en algunos momentos, planteará problemas entre el Ayuntamiento y el obispo.

Un Ayuntamiento republicano hizo gestiones para obtener la propiedad de conventos e iglesias, además de adoptar medidas contra los capellanes relacionados con el municipio; incluso hubo un intento de despojo del seminario conciliar. El ardor político de la época llevó al Ayuntamiento a cesar en la participación en las ceremonias religiosas y festividades del mismo tipo, pero ya veremos que en este asunto habrá un comportamiento variable a lo largo del sexenio que se inicia en 1868.

A la cabeza de la oposición estuvo el obispo, fray Félix María de Arriete y Llano, que denunció el decreto de desamortización de las obras pías. El obispo Arriete siempre fue renuente a aceptar nombramiento episcopal alguno; primero alegó motivos de salud para no ir a Cuba, luego para Cádiz, su ciudad natal, en 1867, y cuando ya el régimen del sexenio estaba en su apogeo lo calificó, en carta al papa, de “espantosa revolución… estado de persecución y desastres”. Abandonó su ciudad durante dos años por los “sobresaltos, angustias y constante agitación de mi espíritu” siguió diciéndole al papa, al tiempo que le rogaba ser sustituido. Ya en 1851, antes de ser obispo, fray Félix se había marchado de Cádiz por motivos familiares (parece que tenía un hermano con muy mala reputación) y se fue a Málaga, estando muy relacionado con el obispo Cascallana. En 1863, a propuesta de la reina Isabel II, fue nombrado obispo de Cádiz, sede en la que permanecería hasta 1879 con las salvedades antes dichas.

La Constitución de 1869 ya fue contestada por el clero de Cádiz con el obispo a su cabeza, así como la oposición a la política de Ruiz Zorrilla, que exigió el acatamiento del clero de la Constitución. El obispo puso todas las objeciones para la aplicación de la libertad de cultos, al tiempo que se produjo el intento de apropiación y derribo de iglesias y conventos por parte del Ayuntamiento. Mientras tanto, el obispo se negó a jurar la Constitución y se opuso a la ley que estableció el matrimonio civil, pleiteó sobre la desamortización de obras pías y encontró algún respiro con la elección de una corporación municipal moderada en 1870, no obstante el Ayuntamiento aplicó restricciones en las ayudas económicas al obispado, lo cual contrastó con la oposición municipal a la secularización de la enseñanza.

La llegada al trono de Amadeo de Saboya fue otro motivo de oposición por parte del obispo y clero, que consideraban a la familia a la que pertenecía, culpable de que la Iglesia hubiese sido desposeída de sus propiedades territoriales en Italia. Ello aumentó las tensiones con el poder civil, que tuvieron un hito cuando el Ayuntamiento quiso realizar un acto religioso en la catedral en honor del asesinado Juan Prim, hacedor de la monarquía saboyana en España. La condición de masón de Prim contribuyó a que el obispo no considerase oportuna la celebración de aquella ceremonia religiosa en la catedral, sino tan solo en la iglesia de San Francisco. En todo ello –según ha estudiado Antonio Orozco Guerrero- interfirió la Asociación de Católicos, que con la excusa de exaltar la figura del papa Pío IX, se opuso a todo acto religioso que honrase al general Prim. Para esto sí regreso a la ciudad el obispo, que se encontraba fuera en visita pastoral, pronunciando un sermón en el que consideraba probado “hasta la evidencia… la legitimidad incuestionable de la soberanía temporal del pontificado”, defendiendo igualmente “la propiedad de las posesiones eclesiásticas contra los intentos desamortizadores”, demostrando, según la prensa local favorable, “la espiritualización que adquieren los bienes de la Iglesia por el hecho de estar consagrados al dueño y Señor de todas las cosas”[i].

En los próximos años se produjeron ciertos vaivenes en el Ayuntamiento sobre si ayudar económicamente al obispado o no y sobre si participar en los actos religiosos. El obispado, con motivo de los donativos recibidos para celebrar el 25º aniversario del pontificado de Pío IX, publicó las listas de los que habían aportado sus limosnas, en lo que pretendió demostrar la adhesión de los gaditanos a la Iglesia y su oposición a la revolución política. En este caso optó por tocar la campanilla –como los fariseos del Evangelio- para que todo el mundo supiese quien daba limosna…

Los progresistas gaditanos estuvieron contra las aportaciones municipales al clero, basándose en el artículo 21º de la Constitución, que obligaba a la Nación a mantener el culto y clero católicos, pero no al Ayuntamiento, máxime cuando este pasaba por un momento económico difícil, que empeoró en 1871 porque habría de devolverse un préstamo de un millón de reales a la Diputación Provincial.

Otro conflicto fue el del uso del cementerio civil por los protestantes, pues allí había enterrados solo católicos, y el clero y población de dicha confesión religiosa no admitían que los fallecidos protestantes se enterrasen en dicho cementerio. Como los anglicanos tenían uno, el Ayuntamiento confió que no tendrían inconveniente en que en dicho cementerio se enterrasen los cristianos no católicos, es decir, se pretendió que fuesen más cristianos los anglicanos que los propios católicos. En efecto, desde 1869, a propuesta de varios diputados, entre los que destacan Cristino Martos y Montero Ríos, habían conseguido que el Congreso aprobase la dependencia civil de los cementerios, pero como el Ayuntamiento gaditano fue remiso en comprender y ejecutar esto, los presbiterianos tuvieron que recurrir a un juez, que les fue concediendo, individualmente, autorizaciones para que pudiesen enterrar a sus fallecidos en el cementerio municipal, lo que contó con la oposición –ahora solo potencial- del obispo Arriete y Llano.



[i] “Cádiz durante el sexenio democrático. El conflicto Iglesia-Secularización. La cursiva empleada aparece así, según el autor, en el original.

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