domingo, 21 de enero de 2018

El "Cabo Carvoeiro"



Si tenemos en cuenta los datos que aportan las diversas investigaciones sobre las muertes políticas producidas durante los cinco años en paz de la II República española, la cifra sería de unas 2.500, pues solo como consecuencia de la insurrección en octubre de 1934, en Asturias los militares Doval y Yagüe masacraron a casi dos mil civiles. Cierto que algunos de estos se habían alzado contra un gobierno que había dado entrada en el mismo a miembros de la CEDA, identificada entonces por la izquierda con el fascismo.

Pero el resto, más de quinientas personas de todas las condiciones, pero sobre todo trabajadores, es un número espeluznante. Entre los asesinados hubo guardias civiles, pues la institución a la que pertenecían se empeñó en una represión cruelísima contra los huelguistas y en defensa de los intereses de la oligarquía terrateniente en el sur de España. Da la impresión de que la Guardia Civil estuvo fuera del control del gobierno de turno, pues no hay período de la II República en el que no fuese protagonista de asesinatos que, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.

Los latifundistas estaban armados, sobre todo desde 1933, algunas milicias izquierdistas también, había matones al servicio de patrones y terratenientes, sobre todo en la mitad sur de España, los enfrentamientos entre socialistas, anarquistas, comunistas y falangistas (desde 1933) a los que hay que unir las juventudes de la CEDA y los seguidores de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, además de los carlistas y otros sin adscripción política, procedentes del mundo de la delincuencia y el crimen sin más, jalonaron, sobre todo, el período que va desde 1933 hasta 1936, antes de que dé comienzo la guerra civil y los españoles se entreguen a un festín de sangre.

En Sevilla se utilizó el vapor “Cabo Carvoeiro”, propiedad de la familia Ybarra, para prisión donde se hacinaban diariamente unos 500 presos, según “eldiario.es”, muchos de los cuales fueron asesinados a manos del ejército sublevado en una “orgía de ejecuciones”, según el mismo diario. Las bodegas del “Cabo Carvoeiro” fueron un solo ejemplo de los muchos lugares donde los sublevados improvisaron prisiones para matar sin juicio previo, “sin formación de causa”. Del barco eran sacados los desgraciados para ser fusilados en las tapias del cementerio.

Según los cálculos hechos por diversas organizaciones e historiadores, 60.000 asesinados yacen sepultos en más de 600 fosas comunes solo en Andalucía. Como contrapunto, también los republicanos cometieron atrocidades, pero con la diferencia de que estas no fueron iniciativa de las autoridades, sino de la ira popular. En el bando sublevado se cumplieron con rigor las órdenes dadas por el general Mola en instrucciones que son bien conocidas porque están publicadas, y hubo militares, guardias civiles y otros que las llevaron a cabo como si sintieran placer en ello, destacando personajes como Castejón, Yagüe y Queipo de Llano. 

(Arriba, el cabo Carvoeiro, en Peniche, Portugal, solo tiene en común con el barco de la muerte el nombre).

miércoles, 10 de enero de 2018

Militares de extrema derecha

¿Qué relación existió entre la extrema derecha militar española y la civil? ¿Qué relaciones hubo entre las Fuerzas Armadas y la extrema derecha españolas? A estas preguntas da respuesta Carlos Navajas en su obra “La salvaguardia de lo permanente. Las extremas derechas militares en la España del siglo XX" . El autor señala que el ejército español siempre se consideró con autonomía sobre el poder civil, entendido en su conjunto, pues hubo militares de muy diversas formas de pensar y actuar. Un ejército siempre dispuesto a intervenir en la vida pública como garantía de la seguridad nacional, según los militares más conservadores.

Los militares ultraderechistas fueron, a su vez, militaristas; sus ideas corporativas fueron meramente instrumentales y ellos nunca neutrales políticamente. En el siglo XIX –dice el autor citado- hubo militares militaristas pero liberales, y pone en duda la idea de la tradición liberal del ejército español en dicha centuria. Azaña escribió que “el hecho de que los militares españoles se hayan pasado el siglo XIX promoviendo conspiraciones y pronunciamientos, no es prueba de liberalismo, sino de caudillaje e indisciplina, enemigos de un Estado normal, y, en definitva, los peores enemigos de la libertad civil y de la igualdad”.

Solo con Primo –dice Carlos Navajas - cabe hablar de extrema derecha militarista, aunque Paul Preston cree que también existió con anterioridad, sobre todo en el ejército de Tierra. La pluralidad ideológica durante la dictadura de Primo en el ejército fue un hecho, contrariamente a lo ocurrido durante el régimen franquista, donde los militares demócratas representaron un número insignificante y se corresponden con los años finales de la dictadura. Sin embargo cabe matizarse esto a partir de la década de 1960, probablemente al abrirse España a la economía europea y americana y recibir el ejército influencias del exterior.

En general puede decirse que los militares españoles del siglo XX fueron enemigos de la partitocracia, concibieron la patria con connotaciones religiosas y la consideraron equivalente a la nación. La Historia, para estos militares conservadores y/o ultraderechistas era concebida como adoctrinamiento y el ejército y la patria se identificaban. Estos militares eran antiseparatistas, anticomunistas y, curiosamente, la mayoría no eran monarquistas (sic). Los ultraconservadores fueron antiliberales y, por lo tanto, antidemócratas.

Algunos de los diarios políticos de los militares eran “El Ejército Español”, “La Correspondencia Militar” y “Ejército y Armada”, siendo la tirada máxima de 8.380 ejemplares (“La Correspondencia Militar”). Los dos primeros se fusionaron en 1928 y de su lectura se deduce que los militares conservadores equiparaban al liberalismo con gobiernos débiles, la libertad con libertinaje; estos militares eran contrarios al parlamentarismo, partidarios del ultranacionalismo, simpatizantes con ciertas características del fascismo y muy corporativos. El pacifismo socialista, en fin, era interpretado como antimilitar.

La ideología militar conservadora condenó el parlamentarismo oligárquico liberal de la Restauración y no excluía una dictadura transitoria que acabase con el caciquismo. Había militares en esta ideología que simpatizaban con el socialismo moderado y con el fascismo (?). La Unión Patriótica asignó a los militares “una función vigilante sobre la evolución de la vida política y social” y en el manifiesto de presentación de 1939 del Partido Nacionalista Español de José María Albiñana se encomendaba al ejército “la función de garantizar la unidad territorial de España y la estabilidad del sistema político”.

La proclamación de la II República no trajo consigo una agitación política apreciable en el Ejército y de los 58 jefes y oficiales que estaban desempeñando cargos políticos importantes, 44 se retiraron acogiéndose al Decreto “de retiros” azañista. Un ejemplo es el de Emilio Rodríguez Tarduchy, redactor jefe la “La Voz de Castilla” entre 1910 y 1921 y miembro de las Juntas de Defensa, perteneció a la Unión Patriótica y se retiró del Ejército tras la proclamación de la II República. Fue director de “La Correspondencia Militar” y de “La Correspondencia” (este periódico sucesor del otro) ingresando en 1933 en Falange, año en el que también partició en la fundación de la candestina Unión Militar Española. Conspirador tras la guerra pero más tarde procurador en Cortes entre 1951 y 1964.

lunes, 8 de enero de 2018

El manejo de las conciencias



Escuela franquista

El 10 de enero de 2008 publicó “El País” un artículo del historiador Hilari Raguer sobre los libros “Catecismo patriótico”, obra de Menéndez-Reigada y “España es mi madre” de Enrique Herrera Oria. Estas dos obras –dice Raguer- se publicaron durante la guerra civil de 1936, y perseguían el objetivo de inculcar a los niños españoles, como si fuera un dogma de fe, un patriotismo español identificado con el Caudillo y su régimen fascista.

Los hermanos dominicos Menéndez-Reigada (entonces obispo de Tenerife y futuro obispo de Córdoba) y fray Ignacio (muy introducido en la casa civil del general Franco) fueron seguramente coautores del “Catecismo patriótico”, donde se dice que “hay que creer en España” e identifica la patria con Franco, “el hombre providencial, puesto por Dios para levantar España”. En cuanto al nuevo Estado naciente (sigue diciendo Raguer), el libro justifica la denominación de totalitario, pero “totalitario cristiano”. Los partidos políticos “son creaciones artificiales del régimen parlamentario para dividir, inutilizar y explotar a la nación…”.

En cuanto a Enrique Herrera Oria (hermano de Ángel) fue un declarado fascista: presumía de haber orientado políticamente a Onésimo Redondo, antiguo alumno suyo en el colegio jesuítico de Valladolid. Dionisio Ridruejo dijo de él que “era un hombre limitado e incluso pueril [e hizo] retroceder nuestra vida cultural a los niveles de la época de Calomarde”.

Enrique Herrera escribió en “Razón y Fe” que “mientras los soldados de la auténtica España luchan denodadamente en las trincheras para salvar la civilización cristiana, amenazada por los ejércitos a las órdenes de Moscú, el ministro de Educación Nacional, don Pedro Sainz Rodríguez, se ha preocupado de la reconstrucción espiritual de la Nueva España”. El autor pone en relación la reforma de la enseñanza media no solo con la campaña militar, sino también con otra campaña que Sainz Rodríguez desarrolló en la retaguardia: “la depuración de maestros y profesores, el exterminio de los centros del Estado del virus marxista criminalmente inoculado durante los años de la nefasta República masónico-bolchevique”. Añadió luego que la grandeza del Imperio británico no fue consecuencia de su marina de guerra sino de la importancia de Oxford y Cambridge.

“Muchacho español que me lees” –dice en la obra citada Herrera- te voy a contar algo grande, muy grande, quizá la más grande hazaña de los españoles: la guerra contra los rojos”. Y se extiende en los méritos de Franco en África (si tener en cuenta la crueldad allí desatada) y el papel providencial que le correspondió en España. Es el mito del Caudillo inculcado a las nuevas generaciones.

El sofisma de esta obra es el mismo del “Catecismo patriótico español”: con la ayuda de una historia falseada, Herrera contrapone dos Españas y así es como pretendió enseñar a los niños españoles. No es difícil imaginar –dice Raguer- la suerte que hubiera corrido el maestro o la maestra que, alegando objeción de conciencia, se hubiera negado a impatir aquella educación para la ciudadanía franquista…

viernes, 5 de enero de 2018

Un libro de Paul Preston (1)

Tumbas de Paracuellos (Madrid)


Durante la guerra civil española de 1936 –dice el historiador citado- cerca de 200.000 hombres y mujeres fueron asesinados lejos del frente y al menos 300.000 perdieron la vida en el campo de batalla. Un número desconocido fueron víctimas de bombardeos y éxodos que les siguieron y, tras la victoria definitiva de los rebeldes, alrededor de 20.000 personas fueron ejecutadas. Muchos más murieron de hambre y por enfermedades en las prisiones y en los campos de concentración; otros sucumbieron a las condiciones esclavistas de los batallones de trabajo. A más de medio millón de refugiados no les quedó más remedio que el exilio y muchos perecieron en los campos de internamiento franceses, mientras que varios miles acabaron en los campos de exterminio nazis.

La represión en la retaguardia se dio tanto en zona rebelde como republicana, aunque fue muy distinta en una y en otra: la instrucción número 1 del general Mola habló de violencia fulminante e intransigente, aplicándose el terror ejemplar que los militares africanistas habían aprendido en Marruecos, además del ejercido por los mercenarios marroquíes, los Regulares. En el diario de guerra de Franco, en 1922, se habla de decapitaciones y el citado militar dirigió a 12 legionarios en un ataque del que volvieron ondeando en sus bayonetas las cabezas de otros tantos harqueños (2) a modo de trofeo. La mutilación y decapitación de prisioneros eran prácticas frecuentes, hasta el punto de que cuando el general Primo de Rivera visitó Marruecos en 1926, un batallón de la Legión aguardó la inspección con cabezas clavadas en las bayonetas. El terror del Ejército africano se desplegó también en la Península desde 1936.

La represión llevada a cabo por los militares rebeldes fue minuciosamente planificada, mientras que la de los republicanos fue más impulsiva, espontánea, y se intensificó a medida que las noticias sobre la otra represión era conocida. El desmoronamiento de las estructuras de la ley y el orden dio origen a una venganza ciega y secular; la criminalidad irresponsable fue un hecho en zona republicana. La hostilidad se fue recrudeciendo en los dos bandos conforme avanzó la guerra, pero el odio operó desde el principio con la sublevación del Ejército en Ceuta y en el Cuartel de la Montaña (Madrid). Las fuerzas africanistas de Franco han recibido el nombre de “Columna de la Muerte” por los crímenes cometidos en su recorrido desde Sevilla hasta Madrid.

Allí donde el campesinado sin tierra era mayoría (Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba) los militares sublevados impusieron el reino del terror; Queipo de Llano contó, para ello, con la ayuda de los terratenientes. En regiones conservadoras como Navarra, Galicia, León y Castilla la Vieja, bajo jurisdicción del general Mola, la represión fue desproporcionada si tenemos en cuenta que la oposición izquierdista fue menor. La extrema izquierda se empeñó en otra represión brutal, como se comprueba en los casos de Barcelona y Madrid, particularmente contra el clero, pero esta represión no fue dirigida por las autoridades republicanas, sino que tuvo lugar a su pesar, estando demostrado el esfuerzo para que no se cometieran desmanes del tipo que aquí se tratan. Queda, no obstante, el caso de Paracuellos del Jarama (muy cerca de Madrid), cuando ya el Gobierno republicano se había desplazado a Valencia y la capital estaba dirigida por una Junta militar: aquí el problema es que los más de 2.500 asesinados lo fueron durante un mes. ¿No hubo información durante este tiempo para detener la matanza?

La República se defendió de la “quinta columna” y tubo que combatir la violencia de los anarquistas y del POUM, un partido comunista pero antiestalinista. Los rebeldes, por su parte, invirtieron en terror, según palabras de Preston, siendo su método “eliminar sin escrúpulos ni vacilaciones a todos los que no piensen como nosotros” (general Mola). Las víctimas de los sublevados, en particular, fueron maestros, masones, liberales, intelectuales y sindicalistas. Por el interés de las autoridades republicanas en identificar a las víctimas y luego el Estado franquista, el número de estas en la zona republicana se conoce con precisión: 49.272. No ocurre lo mismo en la zona dominada por los sublevados, pues se han perdido archivos de Falange, de la Policía, de las cárceles y de los Gobiernos Civiles. Tras la victoria, las autoridades se deshicieron de los registros “judiciales” de la represión, tratándose de juicios que duraban unos minutos y sin defensa para el acusado; hubo ejecuciones “sin formación de causa”.

También hubo muertos que no fueron registrados, miles de refugiados en Andalucía que murieron en el éxodo tras la caída de Málaga en 1937 y los refugiados en Barcelona procedentes de otras partes de España en 1939. Hubo suicidios entre los que esperaban para ser evacuados en varios puertos del Mediterráneo. En total se ha calculado que las víctimas de los sublevados son 130.199. En algunas provincias para las que existen estudios específicos los datos son los que siguen:

Provincia
Víctimas de los sublevados
Víctimas de los republicanos
Badajoz
  8.914
1.437
Sevilla
12.507
   447
Cádiz
  3.071
     97
Huelva
  6.019
   101

Las matanzas de los rebeldes en Navarra fueron de 3.280 personas y en Logroño de 1.977. Por su parte, la represión mayor de los republicanos se dio en provincias como Alicante, Girona y Teruel en proporción a sus poblaciones absolutas. El caso de Madrid fue excepcional, donde el número de víctimas causadas por republicanos triplicó al de los sublevados, pero el dato se basa solo en los que fueron asesinados y enterrados en el cementerio de la Almudena. Toledo, el sur de Zaragoza, desde Teruel hasta el oeste de Tarragona, zona controlada por los anarquistas, muestran asesinatos numerosos a manos de los republicanos. En Toledo fueron asesinados 3.152 derechistas, el 10% de los cuales pertenecientes al clero. En Cuenta 516, de los cuales 36 eran sacerdotes; en Cataluña fueron asesinados 8.360 según pudo comprobar el juez Bertran de Quintana.

La “Causa General”, estudio que el general Franco mandó realizar en 1940 para demostrar los crímenes cometidos por los republicanos, arrojó una cifra para toda España de 85.940, pero el dato no es fiable porque no se obtuvo con las garantías necesarias.

La represión de las mujeres fue mucho mayor en la zona de los sublevados: asesinatos, torturas, violaciones, cárcel, secuelas que permanecieron durante años o toda la vida; se les rapó el pelo a las mujeres consideradas merecedoras de ello con intención de ofenderlas. En la zona republicana se cometieron abusos sexuales sobre una docena de monjas y sufrieron la muerte 296 religiosas (el 1,3% del total de España).

El odio entre españoles, basado en la resistencia de unos a las reformas que trajeran un justo reparto de la riqueza, y la reacción de otros a las injusticias seculares que habían padecido, se muestra en las páginas de “El Debate” (días 7 y 9 de mayo de 1931) bastante antes de dar comienzo la guerra civil: “la batalla social [se decía] que se libra en nuestro tiempo… ello no se ha de decidir en un solo combate; es una guerra, y larga, la desencadenada en España”.

El autor dedica una de las partes del libro a explicar los orígenes del odio: “Un terrateniente –dice- de la provincia de Salamanca, según su propia versión, al recibir noticia del alzamiento militar en Marruecos en julio de 1936 ordenó a sus braceros que formaran en fila, seleccionó a seis de ellos y los fusiló para que los demás escarmentaran. Era Gonzalo de Aguilera y Munro, oficial retirado del Ejército, y así se lo contó al menos a dos personas en el curso de la Guerra Civil. Su finca, conocida como la Dehesa del Carrascal de Sanchiricones, se encontraba entre Vecinos y Matilla de los Caños, dos localidades situadas… al sudoeste de Salamanca”. Es un caso aislado, pero ilustrativo de un odio que se manifestó con toda su crudeza en los años anteriores a la guerra, durante esta y con posterioridad. 

(1) "El holocausto español".  
(2) Rebeldes marroquíes en acciones gueerreras.

jueves, 4 de enero de 2018

Intentos vanos



Vista parcial de Albi

El exilio fue, para miles de españoles que tuvieron que huir de España durante la guerra civil o a partir de 1939, de una dureza extraordinaria. Muchos no pudieron exiliarse y pasaron por el paredón de los vencedores, otros sufrieron deportaciones, cárcel, entrega a las autoridades nazis, campos de concentración… En este último caso estuvo el que había sido Presidente del Gobierno español entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, Francisco Largo Caballero.

Los escasos siete años de vida que pasó en el exilio, sobre todo en Francia, sirvieron a nuestro personaje para plantearse que una solución a los problemas que sufrían los españoles, los de dentro y los de fuera, no era ya volver a la vencida República, sino conseguir la unión de todas las fuerzas antifranquistas, monárquicos y comunistas incluidos, y plantear a la comunidad internacional (sobre todo a Gran Bretaña y Estados Unidos) la necesidad de acabar con el régimen del general Franco para ser sustituido por otro que, previa una transición, fuera sometido a plebiscito.

La idea, planteada de forma general y en otro contexto, fue expuesta a algunos de sus colaboradores por el Presidente Azaña a finales de 1936, y posteriormente, por caminos independientes, Prieto y Largo Caballero la formularon en México y Francia respectivamente, con algunos matices que el primero consideró se podían salvar en pocos minutos.

Largo Caballero se había resistido a abandonar París cuando corría peligro de que los nazis le capturasen y mientras su colaborador y amigo, Rodolfo Llopis, le insistía que fuese a Albi, donde él se encontraba, en territorio que luego sería de la llamada “Francia libre” con capital en Vichy. A la postre no le quedó más remedio que hacer caso a su amigo y comenzar una peregrinación de ciudad en ciudad, de casa en casa, de prisión en prisión (se tratase de cárceles o no); incluso hizo múltiples gestiones para conseguir un visado que le permitiese embarcar a África o a América sin conseguirlo nunca. Hasta que fue entregado a las autoridades nazis y encarcelado en el campo de Sachsenhausen, al norte de Berlín. De allí se le intentó trasladar a otro campo y, mientras se producía el traslado junto con otros a pie, se retiró hacia un lado de la carretera, cansado y enfermo, siendo aleccionado por un guardia que, quizá a propósito, disparó sin alcanzarle. De vuelta al campo de Sachsenhausen sería liberado por los vencedores de la guerra mundial en 1945 y, hasta su muerte en marzo de 1946, aún tuvo energía, aunque enfermo, para plantear soluciones a la situación de España que pasaban, como se dijo, por la ayuda internacional y por la sustitución del régimen del general Franco por otro que tendría que ser plebiscitado (¿república o monarquía?).

En estas maquinaciones no estuvo solo Largo Caballero, sino colaboradores suyos como Cerviño o su secretario Aguirre, Prieto y sus colaboradores desde México, el propio Juan de Borbón, con quien Largo se entrevistó alguna vez y otras veces por medio de terceros. Incluso los monárquicos pensaron en un golpe de estado, con la colaboración de militares españoles que estaban con Franco, que acabase con el régimen de este.

La muerte alcanzó a Largo sin poder ver el resultado de estos esfuerzos, pero hoy sabemos que no llegaron a nada, salvo aquel “Pacto de San Juan de Luz” en 1948 que no resolvió nada porque, como sabemos, Juan de Borbón, al tiempo, negociaba con el general Franco el traspaso del poder a su persona o –más tarde- a su hijo con ciertas condiciones que aquí no vienen al caso.

domingo, 31 de diciembre de 2017

Robo en Villa Edén


Arcachon, Francia
Arcachon se encuentra en el suroeste de Francia, en la costa, cerca de la cual pasó un tiempo el exiliado Presidente de la II República española, Manuel Azaña, antes de que decidiese un lugar más seguro en Montauban, al norte de Toulouse. En julio de 1940, con nocturnidad, ciertas autoridades alemanas, policías españoles y falangistas, registraron la casa donde vivía Azaña cerca de Arcachon (Villa Edén) y se llevaron objetos de más o menos valor, pero también todos los papeles que allí había del expresidente de la República española.

Los datos que aquí se contienen fueron publicados por “El País” el 24 de febrero de 1991, poniendo de manifiesto el robo que el vicecónsul español en Ginebra, Antonio Espinosa, hizo de los papeles de Azaña en 1936, en manos del cónsul en ese momento, Rivas Cherif, a quien el presidente se los había confiado. Los nazis, en 1940, saquearon también la biblioteca de Azaña.

Una vez en manos del general Franco, que recibe estos papeles en Burgos, los lee “con fruición” y los pasa a uno de los responsables de la propaganda del nuevo régimen español, Joaquín Arrarás, que conocía a Franco desde que estuviera destinado en Marruecos como periodista. Arrarás corta por donde considera oportuno, descontextualiza la narración, falsifica por lo tanto el texto de Azaña y lo da a la opinión pública con la intención de enfrentar a los citados por el expresidente, a los que solía tratar sin miramientos, fuese para bien como para mal.

El vicecónsul Espinosa fue, en realidad un “topo” contra la República española, que robó por primera vez los documentos del mismo despacho del cónsul Rivas Cherif. Luego vendría el segundo robo por parte de las autoridades nazis ocupantes de Francia desde mediados de 1940. No fueron robados, sin embargo, todos los papeles de Azaña, sino solo los que fueron sustraídos en la primera ocasión citada, conteniendo estos las anotaciones del expresidente desde agosto de 1932 hasta febrero de 1933 y desde junio a noviembre de este último año, es decir, se habla del levantamiento de Sanjurjo, la tramitación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley de Reforma Agraria, la visita a Madrid del presidente francés Herriot, el tercer y último encuentro de Azaña con Franco y la caída del gobierno presidido por aquel.

A Azaña le preocupó, sobre todo, el uso que se hiciera de sus notas sobre la visita del presidente Herriot, pues Francia era, en 1936, una ayuda relativamente importante para la II República española. A tal punto esta preocupación fue real que Azaña intentó la recuperación de los papeles robados (primer robo del consulado en Ginebra) a cambio del obispo de Teruel, en ese momento prisionero de los republicanos, que a la postre sería asesinado en 1939 por soldados republicanos en la ribera del río Muga (Girona), desoyendo las instrucciones dadas por el presidente Negrín.

No sé si en la actualidad estos papeles se encuentran en algún archivo o dependencia oficial, pues siendo ministro del Interior José Barrionuevo, este dio a conocer el hallazgo de los mismos en una dependencia medio abandonada de la policía. El artículo de “El País” citado aquí habla de que, en 1991, seguían en manos de herederos de Manuel Azaña.


sábado, 30 de diciembre de 2017

Franco contra Batet



Comandancia militar de Burgos

Hilari Raguel ha publicado hace tiempo un libro[1] del cual hizo un resumen en forma de artículo en el periódico Le Monde diplomatique (edición española). En este último habla de que, tras el desastre de Annual (1921) se llevó a cabo un proceso para depurar responsabilidades, siendo el general Domingo Batet uno de los jueces instructores. Escandalizado por el favoritismo con que se procedía, pidió ser relevado y transmitió al ministro de la Guerra, Niceto Alcalá Zamora, un informe sobre lo que había visto, entre otras cosas la corrupción de los hermanos Franco. En cuanto a Ramón, sobre sus orgías y escándalos y en cuanto a Francisco lo siguiente: “El comandante Franco… tan traído y llevado por su valor, tiene poco de militar, no siente satisfacción de estar con sus soldados, pues se pasó cuatro meses en la plaza para curarse enfermedad (sic) enfermedad voluntaria, que muy bien pudiera haberlo hecho en el campo, explotando vergonzosa y descaradamente una enfermedad que no le impedía estar todo el día en bares y círculos. Oficial como este, que pide la laureada y no se la conceden, donde con tanta facilidad se han dado…”.

Han corroborado esto –dice Raguer- los historiadores Blanco Escolá, que ha podido ver la hoja de servicios de Franco, y Paul Preston, que explica la habilidad con que utilizaba a los periodistas para forjar su leyenda y exigir la Cruz Laureada de San Fernando. Tendría que autoconcedérsela al término de la guerra con la farsa de renunciar momentáneamente a la Jefatura del Estado para que el general Jordana, vicepresidente, se la decretara y el general Varela se la impusiera.

Durante la II República el general López Ochoa fue nombrado Jefe de la IV División Orgánica, pero Azaña, Jefe del Gobierno, le sustituyó por Batet. Este prohibió a los oficiales de la guarnición de Barcelona, “que se creían custodios de la unidad de España”, intervenir contra las manifestaciones de catalanismo, pero les protegió contra las detenciones arbitrarias por parte de la policía de la Generalitat.

Cuando se avecinaba la crisis del 6 de octubre de 1934, Batet advirtió al gobierno de los preparativos armados que estaban haciendo, y de cómo los “escamots” de Esquerra Republicana vigilaban y acosaban a algunos. Batet avisó reiteradamente a Lluis Companys, por medio de Josep Tarradellas y de Claudi Ametlla, y luego le visitó para pedirle “que no hiciera la locura de sublevarse, porque tendría que sofocar la rebelión”.

Batet preparó un plan, mientras que el de la Generalitat, a cargo de Josep Dencàs, consideró que el ataque vendría desde el gobierno militar y el cuartel de Atarazanas, por las Ramblas, pero una columna venida de los cuarteles del parque de la Ciudadela llegó por detrás, atravesando la Vía Layetana (dice Raguel), y ocupó las azoteas que dominaban el Palacio de la Generalitat. Fue entonces cuando se produjo el enfrentamiento entre Batet y Franco. Este preparó un plan, por encargo del ministro de la Guerra, que a Batet pareció innecesario y contraproducente, por lo que se puso en contacto con dicho ministro, Diego Hidalgo, y le convenció, junto a Lerroux (Jefe del Gbierno) y Alcalá Zamora (Presidente de la República) para que su plan fuese el que se llevase a cabo, el cual resultó un éxito, tomando el Palacio de la Generalitat con unos pocos cañonazos y consiguiendo la rendición de Companys.

Ricardo de la Cierva, que ha dispuesto de mucha documentación, asegura que Batet se ganó aquella noche una injusta reprimenda de Franco, pero para aquel fueron los mayores elogios de la sociedad en su conjunto, lo que Franco no olvidaría.

Cuando se produjo la rebelión militar de 1936, Batet se mantuvo fiel a la legalidad republicana, lo que no hizo su subordinado Emilio Mola, aunque le había prometido que no se levantaría. En diciembre de dicho año el general Franco, ya dueño de la situación al frente de los sublevados, decretó la baja en el Ejército de Batet y en un consejo de guerra en enero de 1937 fue condenado a muerte “por auxilio a la rebelión”, siendo los que se rebelaron los que le juzgaron y ejecutaron, el general Franco a la cabeza.


[1] El general Batet: Franco contra Batet, crónica de una venganza.