domingo, 21 de enero de 2018

El "Cabo Carvoeiro"



Si tenemos en cuenta los datos que aportan las diversas investigaciones sobre las muertes políticas producidas durante los cinco años en paz de la II República española, la cifra sería de unas 2.500, pues solo como consecuencia de la insurrección en octubre de 1934, en Asturias los militares Doval y Yagüe masacraron a casi dos mil civiles. Cierto que algunos de estos se habían alzado contra un gobierno que había dado entrada en el mismo a miembros de la CEDA, identificada entonces por la izquierda con el fascismo.

Pero el resto, más de quinientas personas de todas las condiciones, pero sobre todo trabajadores, es un número espeluznante. Entre los asesinados hubo guardias civiles, pues la institución a la que pertenecían se empeñó en una represión cruelísima contra los huelguistas y en defensa de los intereses de la oligarquía terrateniente en el sur de España. Da la impresión de que la Guardia Civil estuvo fuera del control del gobierno de turno, pues no hay período de la II República en el que no fuese protagonista de asesinatos que, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.

Los latifundistas estaban armados, sobre todo desde 1933, algunas milicias izquierdistas también, había matones al servicio de patrones y terratenientes, sobre todo en la mitad sur de España, los enfrentamientos entre socialistas, anarquistas, comunistas y falangistas (desde 1933) a los que hay que unir las juventudes de la CEDA y los seguidores de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, además de los carlistas y otros sin adscripción política, procedentes del mundo de la delincuencia y el crimen sin más, jalonaron, sobre todo, el período que va desde 1933 hasta 1936, antes de que dé comienzo la guerra civil y los españoles se entreguen a un festín de sangre.

En Sevilla se utilizó el vapor “Cabo Carvoeiro”, propiedad de la familia Ybarra, para prisión donde se hacinaban diariamente unos 500 presos, según “eldiario.es”, muchos de los cuales fueron asesinados a manos del ejército sublevado en una “orgía de ejecuciones”, según el mismo diario. Las bodegas del “Cabo Carvoeiro” fueron un solo ejemplo de los muchos lugares donde los sublevados improvisaron prisiones para matar sin juicio previo, “sin formación de causa”. Del barco eran sacados los desgraciados para ser fusilados en las tapias del cementerio.

Según los cálculos hechos por diversas organizaciones e historiadores, 60.000 asesinados yacen sepultos en más de 600 fosas comunes solo en Andalucía. Como contrapunto, también los republicanos cometieron atrocidades, pero con la diferencia de que estas no fueron iniciativa de las autoridades, sino de la ira popular. En el bando sublevado se cumplieron con rigor las órdenes dadas por el general Mola en instrucciones que son bien conocidas porque están publicadas, y hubo militares, guardias civiles y otros que las llevaron a cabo como si sintieran placer en ello, destacando personajes como Castejón, Yagüe y Queipo de Llano. 

(Arriba, el cabo Carvoeiro, en Peniche, Portugal, solo tiene en común con el barco de la muerte el nombre).

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