jueves, 8 de septiembre de 2016

El marqués de Melgarejo en Vara del Rey

Casa de Ayuntamiento de Vara del Rey (Cuenca)


Según ha investigado Thomas Chistiansen[1] la paz social en el campo español –él ha estudiado el caso de la provincia de Cuenca- no ha sido tal a pesar de la dura represión que se padeció, en todos los ámbitos, durante el régimen franquista. Cierto que las protestas y reivindicaciones no tenían carácter político, sino que más bien expresaban la contradicción entre los problemas y necesidades de los campesinos en un país devastado tras la guerra y los burócratas del régimen acomodados en él.

Vara del Rey se encuentra al sur de la provincia de Cuenca y al sur del río Júcar. En medio de un páramo cultivado, al sur se levante un pequeño bosque. En 1946 comenzó lo que iba a ser un largo intento para llevar a cabo la redistribución entre los campesinos de las tierras del marqués de Melgarejo.

En el año citado, el alcalde envió al Delegado Sindical provincial un informe sobre la propiedad de los “tres marqueses de Valdeguerrero”, que eran el marqués de Melgarejo y su familia, además de los campesinos que podrían verse beneficiados por una distribución de esa propiedad. Después de varios años sin noticias sobre el asunto, la Hermandad Sindical de Ganaderos y Labradores de Vara del Rey, redactó en 1953, un informe sobre la situación en el pueblo:

Allí vivían seiscientas familias en cuyo término municipal las tres cuartas partes son propiedad de los Sres. Marqueses cuyo nombre no procede al caso… Las tierras están abandonas de su necesario laboreo, muchos jóvenes deben abandonar por esta causa la patria chica… y presentan como solución que le Instituto Nacional de Colonización adquiera esas tierras y obligue a dar en arrendamiento esas fincas a la población que lo solicite.

En el mismo año se celebró una reunión de la Sección Social del pueblo donde se dijo lo siguiente: su término municipal viene a tener unas doce mil hectáreas, que en su casi totalidad pertenecen solo a tres propietarios y de las cuales más de la mitad corresponden al Marqués de Melgarejo. La propiedad de este señor comprende las tierras de mejor calidad, dándose sin embargo el caso de ser las que menos producen, debido ello a su inadecuada explotación, ya que tan solo se ocupa de simular su cultivo para evitar posibles intervenciones.

Más informes se produjeron en los próximos meses: un pueblo con unos 200 obreros eventuales de los cuales 120 permanecen parados la mayor parte del año, además de denunciar las rentas abusivas por la tierra cedida en arrendamiento por parte de Melgarejo, y una denuncia por incumplimiento de los salarios mínimos fijados por el Ministerio de Trabajo. Un informe termina proponiendo que se convierta en regadío una parte de las fincas mencionadas, para después ser objeto de colonización.

Según C. Barciela[2], como resultado de la política de precios agrícolas del régimen franquista entre 1939 y 1953 hubo una caída de la producción, ya que los precios pagados por el Estado no eran suficientemente remuneradores. Al mismo tiempo apareció un amplio mercado negro, dada la baja elasticidad de la demanda de muchos productos básicos. Las posibilidades económicas de esta situación dependían principalmente de dos factores: la posibilidad de vender trigo en el mercado negro y la estructura de la propiedad. En la provincia de Cuenca la producción de trigo fue bastante más grande que el consumo local, tanto antes como después de la guerra civil, y al mismo tiempo había relativamente pocos latifundios en la provincia, aunque la situación no era homogénea: en La Mancha, que ocupa la mitad sur de la provincia, había más campesinos empresarios que en la Alcarria y la Sierra, la mitad norte.

El Estado establecía un cupo forzoso de producción a cada propietario, pero estos difícilmente podían cumplir con él debido a varias causas: meteorológicas (Casasimarro y Arcas), la necesidad de semillas y la falta de piensos para los animales (Villanueva de la Jara), sequía y falta de fertilizantes (Belmonte), que una parte de la tierra pertenecía a personas que vivían en otros municipios (Quintanar del Rey), que no se producía lo suficiente para el consumo del pueblo (Cañete), que la cosecha no había dado beneficios (Iniesta)…

Las protestas de los campesinos, el incumplimiento con el cupo asignado, llevaban a multas que, en ocasiones, las autoridades provinciales perdonaban, conscientes de las necesidades reales que en las altas esferas del Estado se ignoraban.

[1] “Conflictos políticos y administrativos en el sector agrario durante el primer franquismo: El caso de Cuenca”.
[2] Citado por Thomas Christiansen.

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