miércoles, 5 de diciembre de 2018

Maura y la Iglesia de su tiempo

La antigua plaza Redonda de Valencia

En un corto período de la historia de España (finales del siglo XIX y principios del XX)) se puede entrever la actitud de la Iglesia en varios aspectos que, tradicionalmente, le han preocupado, particularmente durante uno de los gobiernos de Antonio Maura. José Andrés Gallego[i] ha estudiado la euforia que se dio en  la Iglesia de España durante el segundo lustro del siglo XX, lo que la llevó a combatir el retraimiento electoral de los católicos, todo lo contrario de lo que hubiera deseado: que no hubiese elecciones.

Desde los últimos años del siglo XIX venían articulándose candidaturas “católicas”, que es lo mismo que decir antiliberales: así observa el autor citado en las elecciones municipales de 1899 en Teruel, Castellón y Guipúzcoa. En las elecciones generales de 1901 se formó en Navarra una candidatura de “unión de católicos” con carlistas, alfonsinos e independientes. Ya en 1894, Julián Poy y Villarejo, en Valencia, presentó como ensayos de movimiento electoral católico, una circular del obispo de Salamanca de finales de 1893, y otra fechada en Ganada en marzo del mismo año firmada por el marqués de las Torres de Orán. Luego se organizó la “Liga Católica” en Alcoy.

Las exhortaciones a la participación electoral de los católicos continuaron a principios del siglo XX, máximo cuando la legislación religiosa del Gobierno de López Domínguez, inspirado por el anticlerical Canalejas, provocó aquella reacción. En 1906 fue una pastoral muy difundida del obispo de Guadix, donde se subrayaba la obligación de votar en los comicios “incluso los clérigos… bajo pena de pecado mortal”. Diversos escritos de protesta iban contra la circular de Romanones que permitía el matrimonio civil de los católicos, sobre todo de varios obispos entre los que destaca el de Tui.

El propio papa Pío X exhortó a que “donde se preparan contra la religión planes nocivos, los católicos” deben combatirlos. Es muy común en la jerarquía católica hablar de planes “contra la religión” como si la católica fuese la única existente. La referencia al proyecto de ley de asociaciones elaborado por el Gobierno de López Domínguez para controlar los institutos de la Iglesia era una de las principales preocupaciones para esta.

Llegando Maura al poder, el integrista Nocedal pretendió una alianza entre conservadores y la extrema derecha, lo que se había pergeñado ya en los años 90 del siglo XIX con Silvela y el cardenal Cascajares, pero como este falleció en 1901 la cosa quedó en nada. Con Maura, a pesar de su conservadurismo, también la Iglesia tuvo diferencias: en aplicación de un reglamento de 1904 para el descanso dominical, que no tenía en cuenta algunas fiestas litúrgicas y que afectaba a las inmunidades de algunos institutos católicos, el cardenal Sancha y otros obispos; por las atribuciones de los Juzgados y Tribunales, los obispos se dirigieron al rey pidiéndose intercediese para que se tuviesen en cuenta los fueros eclesiásticos hasta entonces en vigor.

Por si esto fuese poco, un Convenio de 1904 (por lo tanto anterior a la “ley del candado” de Canalejas), ponía límite a las asociaciones religiosas, y a raíz de un litigio entre el Ayuntamiento y el vicario capital de Lérida, una Orden en marzo de 1907, ratificó la autoridad municipal sobre los cementerios que fuesen propiedad de los Ayuntamientos, por lo que se pudo practicar en ellos el rito de incineración, lo que entonces estaba prohibido por la Iglesia.

En otro orden de cosas se dieron situaciones curiosas, como la colaboración del alcalde de Vigo, a petición del obispo de Tui, para intentar dar captura a un franciscano de apellido Muiños, que había abandonado el convento de Cañedo, hoy en el municipio de Ponteareas. El Ayuntamiento de Madrid se quejó de la negativa de algunos párrocos a proporcionar las certificaciones a quienes deseaban contraer matrimonio solo civil…

En el año 1906 el arzobispo de Valencia, Francisco Victoriano Guisasola, se había adherido al enfrentamiento de Menéndez Conde, obispo de Tui, contra la circular de Romanones que permitía el matrimonio civil a los católicos, en lo que también terciaron los republicanos, hasta tal punto que consiguieron impedir la entrada del arzobispo en la ciudad, ausente. “Sin consulta ni petición de Roma ni del arzobispo, el Gabinete decidió imponer su regreso. Concentrados por orden de La Cierva 150 guardias civiles a caballo y 700 infantes en Valencia, el regreso fue sugerido al prelado por el Gobierno… ante la indecisión de Guisasola, que temió por su vida”.

A comienzos de 1907 el prelado fue conducido a la ciudad con la protección de las Fuerzas Armadas, y ante las críticas del Ayuntamiento, el Gobierno suspendió el mandato a veintisiete concejales republicanos, que fueron sustituidos por otros. La Cierva intentó con ello acabar con el dominio levantino de Blasco Ibáñez, pero la medida fue criticada incluso en las filas de los conservadores.

En cuanto a los institutos eclesiásticos que la legislación de 1904 quiso limitar, el Gobierno de Maura nunca se planteó modificarlo, quizá para evitar la oposición de los liberales. La creación de una comisión que gestionase el presupuesto para el culto y clero, además de una reorganización administrativa de la Iglesia, contó con la oposición del obispo de Guadix, que temía la desaparición de su obispado. Con el obispo de Jaca, la Iglesia hizo una importante campaña de prensa, pues las ciudades con obispado disfrutaban de pequeñas economías que no tendrían si desaparecían como tales. El Cabildo y el Ayuntamiento de Jaca escribieron a los Cabildos y Ayuntamientos de las capitales de las catorce diócesis concernidas, se enviaron exposiciones a los poderes públicos, se formaron Juntas de defensa e incluso se llegó a amenazar con no pagar contribuciones en el caso de que esta o aquella diócesis fuese suprimida.

En 1907 los prelados del arzobispado de Zaragoza firmaron una exposición a las Cortes sobre la dotación de culto y clero, en cuya redacción –dice José Andrés Gallego- “se adivinaba acaso la pluma ágil y ubérrima del obispo de Jaca, López Peláez, activista político de tendencia costiana". Allí se hablaba de la miserable situación del bajo clero y se recordaba el artículo 11º de la Constitución, por el que el Estado se obligaba a mantener el culto y sus ministros. El Gobierno acordó atender parcialmente aquellas peticiones.

Como vemos, muchos asuntos materiales en las disputas entre el Estado y la Iglesia, incluso durante los períodos de gobiernos conservadores. Una Iglesia que se resistía a entrar en la modernidad, como se llamó a aquellos tiempos, que se resistía a financiarse a sí misma, que se resistía a separarse del Estado pero que trataba por todos los medios de que el Estado no legislase contra “los intereses de la religión”, como en miles de documentos eclesiásticos se lee.


[i] “Transformación política y actitud religiosa del Gobierno largo de Maura”.

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