jueves, 28 de marzo de 2019

Heredar y pelearse (Aragón en el s. XVIII)

Plaza del mercado de Uncastillo
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Como señalan Encarna Jarque y José Alfaro, los conflictos familiares han existido siempre y han revestido múltiples formas. En un trabajo del que son autores[i] ponen de manifiesto las diversas violencias y conflictos familiares en el Aragón del siglo XVIII. En los primeros momentos –dicen- la atención estuvo centrada en las estrategias de reproducción, pero hoy sabemos de los distintos tipos de violencias y coerciones sobre la mujer.

En general, los conflictos familiares siguieron derroteros distintos: en ocasiones mediante la violencia más irracional[ii], otras veces mediante el arbitraje de terceros y, en tercer lugar, recurriendo a los tribunales, tanto civiles como religiosos. Los autores citados señalan que la viudedad de la mujer estuvo amparada, en Aragón y Navarra, por una mayor protección que en otras partes gracias a las legislaciones forales de dichos territorios, pero también se observan diferencias entre el mundo rural y el urbano, donde las más de las veces la viudedad femenina iba unida a la estrechez económica. En todo caso el papel secundario de la mujer ya había sido establecido por los tratadistas de la familia cristiana, como es el caso de A. Arbiol[iii].

El estudio de Jarque y Alfaro señala que, durante la guerra de sucesión a la Corona de España, Aragón perdió, en 1711, sus instituciones particulares, pero recuperaría más tarde su derecho privado, que apenas había experimentado modificaciones desde la baja Edad Media. En esta legislación había algunas discriminaciones positivas para la mujer, como tener compasión “del linaje femenil” y que no pudiese ser detenida. Otro fuero dispensaba a las mujeres llamadas a declarar como testigos en los juicios sin la obligación de decir la verdad, pero en ocasiones la mujer era maltratada en el seno familiar. El citado Arbiol señaló en su otra que el hombre debía comportarse con dignidad ante la “natural imbecilidad y flaqueza” de la mujer, llegando a justificar los malos tratos. Esta actitud fue compartida por las autoridades, que eran cómplices, y muestra de ello es la instrucción dada a los corregidores en 1788 para que no actuaran en situaciones que se dieran puertas adentro de las familias. Las mujeres, en el caso de Castilla, llegaron a protestar por la situación que padecían[iv].

Las tensiones solían aflorar en dos ocasiones: en lo tocante a la autoridad de los padres sobre los hijos y en la transmisión de bienes. En relación a esto último, los padres aragoneses, al igual que los navarros, disponían con total libertad de sus bienes, mientras que en el resto de los territorios peninsulares los padres tenían que reservar una parte significativa de su patrimonio para repartirla igualitariamente entre todos sus hijos. En Aragón, las áreas de predominio de heredero único eran los valles pirenaicos, Somontano, Monegros y valle del Cinca, así como las comarcas de Matarraña y Guadalope. En el resto del territorio predominaba el reparto igualitario, aunque se daban múltiples variantes, una de las cuales dejar la herencia al cónyuge supérstite, que era el encargado de repartir la herencia. En ocasiones, esta se destinaba a la salvación del alma.

La desigualdad de trato que recibían los hermanos a la hora de heredar fue el origen de muchos conflictos, así como la ausencia de testamento, y en ocasiones los padres dejaban el reparto de los bienes en manos de terceros (con frecuencia un clérigo), como es el caso del Somontano oscense, dándose también el pacto amistoso entre los hermanos.

En capitulaciones matrimoniales también hubo desavenencias entre los padres, el hijo y la nuera, resultando en ocasiones que la convivencia bajo un mismo techo resultara imposible. En este caso se recurría a “quatro hombres parientes más cercanos”, eligiendo cada una de las partes en litigio a dos, “y estar a todo” lo que dichos cuatro hombres decidieran “y no a otra cosa”. El número de pleitos es muy superior en la ciudad de Zaragoza, por razón de su mayor número de habitantes, seguida de Huesca, pero los datos que aportan los historiadores citados muestran un reparto por casi todo el territorio aragonés.

La causa más frecuente de conflicto entre esposos fueron los malos tratos que denunciaba la esposa, “haciendo caso omiso a los consejos de la iglesia (sic) o a las recomendaciones del Consejo de Castilla de dejar las diferencias familiares (…) dentro de casa”. Las mujeres en esta situación solicitaban la separación a los tribunales eclesiásticos y civiles. En una ocasión citada por los autores a quienes sigo, se convenció a la mujer para que volviese con su marido, pero en otras el tribunal eclesiástico debió de ver tan grave el maltrato que aprobó la separación. En Zaragoza se dio un caso de dilapidación del patrimonio familiar por la afición al juego del esposo, lo que llevó a esta a solicitar la separación, sufriendo por ello amenazas de ser “arrojada por las escaleras”. La decisión del tribunal eclesiástico fue conminar al marido a mantener el respeto a su mujer e instar a esta a continuar en el domicilio conyugal. En otro caso las autoridades eclesiásticas, en cambio, permitieron a la mujer volver a casa de sus padres. También existieron casos en los que es el marido el que denuncia, pero son los menos.

Los casos en los que la pareja viviese separada fue denunciada incluso por quienes nada tenían que ver en el asunto, considerándolo impropio. En Daroca, unos cónyuges que vivían separadamente fueron amenazados de excomunión, aunque en algún caso la esposa llegó a amenazar con suicidarse antes que volver a vivir con su marido, “aunque se la lleven los demonios”.

Otros conflictos fueron entre padres e hijos, también entre hermanos: las cuestiones aducidas eran la defensa del honor, pues se trataba de impedir un matrimonio que se consideraba deshonroso. Una Real Pragmática de Carlos III, en 1776, estableció que todo matrimonio debía contar con el consentimiento paterno y, a falta de estos, los abuelos o de familiares cercanos. En Sariñena el padre de la novia se opuso a que contrajese matrimonio con uno cuyo abuelo había ejercido la profesión de cortante (debe de ser tablajero carnicero), pues se consideraba infamante. Pero cierta legislación aragonesa permitía separar a la mujer maltratada del marido y custodiarla en tanto no se decidía lo más apropiado: era la manifestación. En un caso la mujer destinada a casarse, sin poder vencer la resistencia de los suyos, se manifestó, dándole la justicia la razón.

Otros casos de conflicto son el reparto de herencias, cláusulas testamentarias incumplidas, deudas insatisfechas, alzamiento de bienes, diferencias a la hora de repartir el patrimonio paterno, dotes insuficientes, testamentos inválidos y otros. Los autores registran los casos de hermanos adultos que abusaron de los menores de edad, también las del hermano que aprovechaba su mejor conocimiento del valor de los bienes familiares, la entrega insuficiente de alimentos (como se había acordado o decía el testamento o la capitulación), las reclamaciones por incumplimiento del pago estipulado en el testamento, el irregular pago de la dote…



[i] “Herencia, honor y conflictos familiares en el Aragón del siglo XVIII”.
[ii] Los autores citan la obra de Mantecón Movellán, “Hogares infernales: una visión retrospectiva sobre la violencia doméstica en el mundo moderno”, 2009.
[iii] “La familia regulada”, Zaragoza, 1715.
[iv] “Protestas de las mujeres castellanas contra el orden patriarcal privado durante el siglo XVIII”, Ortega López, M.

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