Vemos que todos los citados están en la Castilla del norte,
aquella que se había ido repoblando mediante la acción de los grupos
concejiles, librándose de pagar los impuestos que los señores exigían a los
habitantes bajo su jurisdicción. En las diversas Cortes celebradas durante el
siglo XV las villas y ciudades piden al rey de turno que devuelva a los
concejos señorializados al realengo, así que evite conceder nuevas mercedes a
los señores. No lográndose, surgieron numerosos conflictos que tuvieron como
objetivo librarse de los señores y denunciar el incumplimiento de la ley por
parte del rey.
De los veintiocho conflictos sociales que Shima Ohara[i]
contabiliza entre 1458 y 1474, diez son protagonizados por villas o ciudades
andaluzas, destacando el caso de Córdoba; trece en la meseta norte, destacando
Valladolid; uno en Galicia, dos en Toledo, uno en Bilbao y otro en Extremadura
(Trujillo). Entre Andalucía y la meseta norte, por lo tanto, veintitrés
conflictos, una clara mayoría respecto al resto. De dichos conflictos la mitad
(14) fueron antiseñoriales, dándose los que enfrentaban a la nobleza contra
el obispo (Galicia), contra los conversos (Carmona, Toledo y Valladolid) y
otros que enfrentaban a bandos nobiliarios entre sí.
Teniendo en cuenta que el período estudiado abarca diecisiete
años (casi todo el reinado de Enrique IV) la concentración de estos conflictos
es notable. En el reinado anterior (Juan II) celebrándose Cortes en Valladolid
(1442), los procuradores exigieron al monarca la revocación de las donaciones
de aldeas, villas y lugares a los nobles. El rey, por su parte, respondió que
ni él ni sus sucesores podrían seguir haciendo mercedes a la nobleza e incluso –la
expresión estaba contenida en la exigencia popular- la revuelta en caso de
incumplimiento sería legítima. En Córdoba se celebraron Cortes en 1455 y en
Salamanca diez años más tarde, pidiéndose en ellas que el nuevo rey, Enrique
IV, confirmase lo aceptado por su predecesor, pero aquel lo ignora y las mercedes
a costa del realengo van en aumento.
Cuando se produce el conflicto sucesorio, las políticas de
Enrique y su hermana Isabel se divulgan. La futura reina envió cartas a las
ciudades y villas diciendo que las mercedes concedidas desde 1464 debían
retraerse y que no concederá nuevas mercedes, lo que provoca una cascada de
apoyos a su causa. Entre las que se pasan al partido isabelino, desde 1469 a 1474, están Salamanca y Trujillo, Medina del Campo, Bilbao, Sepúlveda, Aranda,
Ágreda y Moya[ii], que
resistieron contra las mercedes a Pacheco[iii].
En el último año del reinado de Enrique luchan al lado de Isabel, Tordesillas y
Segovia, habiéndose incorporado a dicho partido en 1469 Vizcaya. Extremadura se
dividió entre los Stúñiga y los Álvarez de Toledo (estos apoyaron la causa
isabelina); Murcia y Asturias estuvieron con Isabel desde el primer momento. Si
tenemos en cuenta que la corona de Aragón respaldó a Isabel, encontramos una
explicación del porqué de su triunfo.
Los representantes de las ciudades y villas alegaban que toda
enajenación del patrimonio real a favor de los señores iba en detrimento del
reino, además de salir perjudicados los habitantes que caen bajo el poder
señorial. Pidieron, por tanto, permanecer en el realengo, suponiendo que el rey era el dispensador de la justicia, administrada arbitrariamente, las más de las veces, en manos de los
señores.
Isabel, en pleno conflicto sucesorio, hizo llamamientos a “respetar
la ley y la opinión del pueblo”, presentándose así como la antítesis de Enrique
IV, que argumentó estar presionado por la nobleza y que los daños para el reino
serían mayores si esta se levantara contra él. En efecto, la sublevación del
infante Alfonso, que había sido jurado como heredero por Pacheco, le llevó a “reinar”
durante tres años en medio de un conflicto generalizado, pero Alfonso murió e
mediados de 1468, con lo que la opción isabelina cobró aún más fuerza.
En las Cortes de Ocaña (1469) también los procuradores habían
pedido al rey que cesase en su política de favorecer al señorío, pero aquel
hizo caso omiso, perjudicando a personas que tenían maravedís u otras rentas
situadas en las villas y ciudades de realengo que habían sido entregadas a nobles.
Se le pidió que jurase de nuevo la ley dada por Juan II en Valladolid (1442) e
incluso se le amenazó con la pena de excomunión (¿). El monarca solo accedió a
revocar las mercedes concedidas con anterioridad a septiembre de 1464, pero no las
que afectaban a maravedís, pedidos, monedas y otros derechos. Más adelante,
estando en Córdoba, decidió anular las mercedes que había dado, pero tal
decisión no se ejecutó, teniendo los procuradores reunidos en Cortes
(Santa María de Nieva[iv])
en 1473, que volver a insistir sobre lo mismo.
Enrique IV había hecho gala de una gran generosidad con los
poderosos: en 1465 entregó Portillo (al sureste de la actual provincia de
Valladolid) a don Ramón Pimentel, merced que fue confirmada en Colmenar tres
años más tarde. Estando en Plasencia había entregado al mismo la villa de
Castromocho (al suroeste de la actual provincia de Palencia), y en 1473 le
entregará el título de duque de Benavente y conde de Carrión. Dió a
don Rodrigo Ponce de León el marquesado de Cádiz; a don Luis Portocarrero,
señor de Palma del Río, le confirmó Écija; también don Pedro González de
Mendoza recibió, en 1471, 40.000 maravedís anuales cargados a las alcabalas
de Toledo, y la reina doña Juana se sumó a esta política cuando, a finales de
1469, dio la villa de Aranda y su tierra a la condesa de Tendilla, doña Elvira
de Quiñones.
El arzobispo de Toledo, a finales de 1470, escribió al rey
quejándose de la situación creada por el conflicto sucesorio, lo que imponía “la
ley de la fuerza”. A esto se sumó la mala situación económica y las guerras
intestinas entre diversas casas nobiliarias, que asolaban las montañas de
Asturias y Galicia, así como Extremadura y Andalucía, donde se dieron los más
graves enfrentamientos, agudizados por las intromisiones granadinas en ellos.
En varios lugares se levantaron las hermandades tratando de salvar los derechos de los súbditos castellanos, y a ello hay que sumar los abusos de algunos cargos públicos: en 1471 el rey tuvo que ordenar se persiguiese a los escribanos de Segovia que habían hecho escrituras falsas. Las malas cosechas y el hambre hicieron el resto; subieron los precios y la moneda se devaluó, pero los problemas venían de antes del reinado de Enrique IV.
[i] “La propaganda política en torno al conflicto sucesorio de Enrique IV…”.
[ii] Al este de la actual provincia de Cuenca.
[iii] Juan Fernández Pacheco murió en Trujillo en 1474, habiendo participado en los arreglos para que la discutida hija del rey castellano (Juana) se casase con el rey portugués Alfonso V (1468). En 1475 contrajeron matrimonio por el interés de ambos en tener bajo su mando a Castilla (si triunfaba la pretensión de Juana) y Portugal al mismo tiempo.
[iv] Santa María la Real de Nieva, en el oeste de la actual provincia de Segovia.
Ilustración: castillo de la Rocha Forte en Conxo, Santiago de Compostela (cadenaser.com/emisora/2017).
No hay comentarios:
Publicar un comentario