jueves, 21 de junio de 2012

El conflicto más absurdo


En el México de los años veinte del siglo XX tuvo lugar un conflicto violentísimo y que se cobró varios cientos de miles de vidas por el desencuentro de un Gobierno y la Constitución mexicana de 1917 con la población, esencialmente rural, que veia un ataque a sus costumbres religiosas, la aplicación de una serie de leyes que venían a restar derechos y privilegios que la Iglesia había tenido en el país desde el siglo XVI. 

La "guerra cristera", se le llamó, se desarrolló entre 1926 y 1929, si bien los enfrentamientos habían comenzado antes y se prolongaron durante los años treinta. Que la Constitución mexicana negase la personalidad jurídica a la Iglesia católica no tenía sentido, pero se comprende si se tienen en cuenta las condiciones en las que ésta Iglesia se desenvolvió antes de 1910 y el ambiente revolucionario hasta 1917, del que son herederas las décadas siguientes. De la no personalidad jurídica de la Iglesia se derivaba que no pudiese tener bienes inmuebles, lo que es lógico si no fuese por lo absurdo de la premisa anterior. Ahora bien, la enorme cantidad de bienes que la Iglesia había acumulado durante le época de la colonia, y que acrecentó durante el siglo XIX, explica la decisión de los legisladores: se intentó acabar con una situación de privilegio por un procedimiento poco racional. 

Otra de las normas aprobadas fue la prohibición del culto fuera de los templos, rompiéndose con una tradición de procesiones y manifestaciones populares que los campesinos, sobre todo, no estuvieron dispuestos a aceptar. Curiosamente la Iglesia jerárquica no aceptó los actos de violencia que se desataron y que llevaron a la formación de un ejército "cristero", pues los obispos siempre han sido partidarios de un primer intento de acercamiento a los regímenes imperantes hasta que no fuese posible dicho remedio. Mientras que sacerdotes rurales participaron en las partidas guerrilleras, las autoridades eclesiásticas mantuvieron contactos con el Gobierno mexicano para encontrar una solución que no se dará hasta mucho más tarde. 

Otro abuso de la legislación mexicana fue obligar a estar casado para poder ser sacerdote, lo que a todas luces contraviene el más elemental derecho individual; más común fue, sin embargo, la prohibición de comunidades religiosas en el país, lo que se compadece con la tradición ilustrada, que tuvo su amplia presencia en América y la oposición liberal a todo lo que no fuese productivo. También se prohibió a los sacerdotes extranjeros ejercer su ministerio en México. La respuesta de la Iglesia de base fue tan contundente que causó serios apuros a la economía nacional: no pagar impuestos, no consumir determinados productos, la misma acción guerrillera, que afectó a buena parte del centro de México, pero también a otros territorios. Todo un campo para la psicología social se abrió con la guerra cristera, pues el radical anticlericalismo del Gobierno chocó con una población católica atada a tradiciones, a veces irrracionales y que tenían poco que ver con lo religioso, pero que estaban muy arraigadas. 

Cuando a partir de 1929 el Estado renuncie a la aplicación de las leyes más claramente anticlericales, la Iglesia aceptará un pacto de convivencia, aunque muchos sectores populares no lo acataron, prueba de que no se reconocía la autoridad de los obispos para según que cosas. La Iglesia tuvo que renunciar a privilegios que había tenido hasta la Constitución de 1917, y el Estado hizo una serie de reformas en el sistema educativo que levantó la ira de la población rural en algunas regiones, hasta el extremo de que, un magisterio obligado -y hasta entusiasta- por dichas reformas, fue objeto de ataques violentos por parte de los cristeros: cortar las orejas a los maestros fieles a la ley fue la norma, demostrándose que una cosa es la concepción religiosa externa y otra la doctrina originaria de la misma. Los actos de violencia nunca estuvieron legitimados, y sin embargo los campesinos los llevaron a cabo contra la autoridad no solo de los gobernadores civiles, sino de las autoridades religiosas. 

Durante las presidencias de Calles, Obregón y Portes Gil los conflictos socio-religiosos fueron intensos, pero la jerarquía católica supo sobrevivir en aquel clima que, con la modernización de México, moderó el anticlericalismo revolucionario y postrrevolucionario que, como se ve, tuvo lugar en un país acendradamente católico y no mediante la imposición de un régimen "comunista", por ejemplo.




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