Casas Fuertes

Cuartel de la Cruceta

La democracia española, como otras, cuenta con varios casos deplorables en los que las autoridades políticas, policiales u organismos oficiales, se han dejado llevar por la barbarie, el abuso y el crimen. Al este de la ciudad de Almeria, camino del Cabo de Gata, se encuentra el Cuartel de la Cruceta, construcción de la segunda mitad del siglo XVIII con fines defensivos. En el siglo XIX se habilitó como cuartel y a principios de los años ochenta del siglo pasado era un edificio en ruinas y abandonado en cuyo lugar se ha construído ahora otro que figura en la fotografía de arriba. Probablemente los tres protagonistas pasivos de esta historia fueron torturados allí, conociéndose entonces el ruinoso edificio como Cassas Fuertes.

Al sur el Mediterráneo y a poco que alcance la vista, al norte, las montañas peladas almerienses, ejemplo de un relieve desértico y abrasado por el sol. En mayo de 1981 un atentado de la banda terrorista ETA se había cobrado las vidas de varias personas en un intento de acabar con la de un alto mando militar. Las fuerzas del orden, en su búsqueda de los asesinos, confundieron a los verdaderos delincuentes con tres jóvenes que habían llegado a la casa de uno de ellos para pasar unos días. Todos los indicios apuntan, además de las investigaciones practicadas para los juicios que se llevaron a cabo, que varios miembros de la Guardia Civil actuaron en la detención de esos tres jóvenes sin las mínimas garantías para dilucidar su presunta culpabilidad. ¿Que hizo que aquellos guardias actuasen así? ¿Las órdenes violentas de su mando? ¿El clima de terror que vivía España en aquellos años? ¿El desprecio por la vida ajena? Lo cierto es que en mayo de 1981 los tres jóvenes aparecieron calcinados dentro de su coche muy cerca de la playa de Torregarcía, camino de Gérgal. 

Las actuaciones de los guardias entorpecieron la búsqueda de la verdad, las familias de los jóvenes sufrieron la pérdida absurda de sus hijos, el abogado de la acusación denunció repetidamente la actitud timorata del juez instructor, pero a la postre se pudo demostrar que, una vez los guardias supieron no se trataba de los asesinos etarras, confundidos con las identificaciones, cegados en el cumplimiento de un deber mal entendido, presionados por el clima de terror que vivía el pais, o actuando simple y llanamente de mala fe, acribillaron a balazos a los jóvenes, prendieron fuego al coche con ellos dentro y se confabularon para dar una versión según la cual los jóvenes habían intentado huir, lo que quedó demostrado era falto en el juicio.

El caso adquiere mayor gravedad por cuanto en la exhumación de los cadáveres se pudo comprobar que los jóvenes habían sido torturados. En julio de 1981, de los once guardias inicialmente complicados, tres de ellos fueron condenados por homicidio, setencia que confirmó el Tribuanl Supremo en 1984. Las familias de los jóvenes fueron indemnizadas por el Estado económicamente, el Teniente Coronel Castillo Quero fue condenado a 24 años de cárcel, el Teniente Gómez Torres a 15 y el guardia Fernández Llamas a 12, pero hasta que administrativamente perdieron su condición de militares no fueron internados en cárceles ordinarias, cobraron sus retiros de los fondos reservados del Ministerio del Interior y las familias afectadas no vieron satisfechas sus aspiraciones de plena justicia. 

¿Por que el Ministerio del Interior pagó a asesinos en el mal ejercicio de sus cargos? ¿Que funcionarios o responsables políticos tomaron dicha decisión? ¿No es una burla a un mínimo decoro y afán de justicia? El máximo responsable, Castillo Quero, no llegó a cumplir la pena en su totalidad, aunque falleció poco después de salir de la cárcel. Un baldón, una losa pesadísima sobre la conciencia colectiva de la democracia española, máxime si tenemos en cuenta que las víctimas no han sido reconocidas oficialmente como objeto del terrorismo (¿es mucho aceptar que determinados agentes del Estado también pueden cometer dicho delito?).

Ver  http://www.youtube.com/watch?v=d3cZkdo98qQ