domingo, 26 de agosto de 2012

Obispos combatidos


No trato aquí de aquellos obispos que han sufrido la oposición de los gobiernos laicos, sino de los obispos que han sido maltratados, desobedecidos, acusados y mil pleitos más por sus propios cabildos catedralicios u otro personal eclesiástico. Las curias diocesanas, formadas por dignidades, canónigos, arcedianos, etc. se han llevado mal con sus obispos en muchas ocasiones, en parte debido a que el obispo venía nombrado y se iría al cabo de unos años, mientras que el cabildo estaba arraigado en la diócesis, acostumbrado a denfender sus privilegios, a mandar por encima de obispos débiles y a sustituirles en no pocas ocasiones de forma continuada. 

"Se suele decir que un cabildo catedralicio que se respete tiene que tener unos cuantos pleitos con su obispo" (Díaz de Cerio, F.). Cuando se considera extrema la expulsión de los jesuitas y del cardenal Segura durante la segunda República española, hay que tener en cuenta que a la orden de Ignacio de Loyola la disolvió ya en el siglo XVIII un papa, no una autoridad civil, y que expulsiones de obispos ha habido, en España y fuera de ella, muchas con regímenes muy distintos. 

El cardenal Romo y Gamboa se mostro partidario -contra la opinión del papa- de Isabel II como reina de España, lo que implicaba alinearse en una moderada posición liberal. No obstante se opuso a las medidas anticlericales de los gobiernos de la década de los treinta en el siglo XIX. Durante la regencia de Espartero se le calificó oficialmente de subversivo por los tribunales de justicia y mantuvo una fuerte polémica con el fraile mercedario Magin Ferrer.

Pedro González Vallejo fue diputado y senador durante el trienio liberal y luego durante la regencia. Presionado por el nuncio Giustiniani tuvo que dejar la sede obispal de Mallorca, que ocupaba, en 1824; luego seria arzobispo de Toledo y allí fue combatido por el absolutista obispo de Pamplona, Severo Adriani, que terminaría confinado en Ariza y luego se unió a las tropas del carlista Cabrera.

Juan García Benito, obispo de Tui, tuvo algunos conflictos con el cabildo, según Ávila y la Cueva (1); en 1808 fue nombrado Presidente de una Junta de Armamento y Defensa contra la invasión francesa y formó parte de la Junta Suprema del Reino de Galicia, pero cuando los franceses entraron en esta tierra huyó a través del río Miño y llegó a Gondarén (al norte de Portugal). De aquí pasó a Viana y a Porto, donde le recibió el obispo y residió en el monasterio de canónigos de Grijo. Siguió huyendo de los franceses (Portugal también había sido ocupado) hacia Oliveira y Alberguería á Vella. Después de otros destinos consiguió pasar a Hoyos (España) y fue recibido por el obispo de Coria. Cuando se enteró de que los franceses habían evacuado Galicia regresó a Tui. En 1813 mandó publicar en todo su obispado la extinción de la Inquisición, contrariamente a la opinión del nuncio y a la mayor parte de los obispos de España, incluidos todos los demás de Galicia.

Cuando en 1821 el Gobierno le ofreció el arzobispado de Santiago, presionado por otras jerarquías eclesiásticas, renunció, lo que tuvo que hacer en una segunda ocasión con intención quizá (dice Ávila y la Cueva) de que no se llevase a cabo su toma de posesión, ya que el obispo "estuvo sin pedir las bulas a pesar de lo que se le apuró para que lo hiciera".

El obispo Severo Adriani
El caso del obispo de Pamplona, Joaquín Uriz y Lasaga, es también digno de tenerse en cuenta: habiendo sido encargado para que redactase un borrador sobre libros que debían prohibirse, antes de publicarlo se lo mandó al muncio, diciéndole que "la publicación de tales prohibiciones no contribuiría a la pacificación de los ánimos". Por otra parte Uriz y Lasaga no quería propiciar un clima de delaciones entre unos y otros sobre quienes tenían libros prohibidos. El obispo de Pamplona tenía "una idea muy distinta de cómo debiera ser la acción renovadora y reformadora ..."  (Díaz de Cerrio, F.).

"La sede más gravosa de España", dijo de Barcelona su obispo Pablo Sichar Ruata en las primeras décadas del siglo XIX. La oposición del cabildo le hizo abandonar la ciudad varias veces, renunciando en 1822, aunque el nuncio no lo aceptó. Esto demuestra que, aunque de ideas liberales, era tal su moderación que solo un cabildo ferreamente absolutista explica este caso. El obispo estuvo refugiado en Graus y luego volvió a su sede barcelonesa hasta 1831, en que murió.

Uno de los casos más sonados es el de Valentín Ortigosa, obispo de Málaga entre 1836 y 1843. La oposición que tuvo del cabildo fue tal que -como ha estudiado Elías de Mateo Avilés- llegó a tener problemas por cuestiones de protocolo o prelación, dentro de un clima de total relajación disciplinaria del clero y de una casi nula formación pastoral. Otro de los motivos de oposición del cabildo hacia el obispo Ortigosa es que este nombró secretario de cámara a un seglar, y otro el enfrentamiento fue por anular el obispo los votos a un sacerdote que deseaba contraer matrimonio, aunque dicho sacerdote ya estaba secularizado.

El cabildo llegó a denunciar al obispo ante las autoridades arzobispales de Sevilla, con acusaciones de muy variado tipo, entre las que se encuentran que se le habia visto en el teatro con una mujer que no era de su familia. El enconamiento rozó el máximo en este caso, pues las pruebas acusatorias no fueron suficientes, el arzobispado prefirió no plantear cara al Gobierno, que había nombrado obispo de Málaga a Ortigosa, y el Tribunal Supremo, que había heredado los poderes judiciales del Consejo de Castilla, consideró al obispo inocente de toda causa y lo repuso en su sede malagueña.

El jansenismo, que lo hubo en España y entre algunos obispos y otros clérigos, se vio sobre todo, por parte de la jerarquía católica, en los obispos de Sevilla, José de Espiga y Gadea, entre 1820 y 1822, aunque el papa no lo "consagró", y el de Guadix, Muñoz Torrero, que a partir de 1823 tuvo que huir a Portugal, donde fue apresado y torturado hasta que murió en 1829. El jansenismo, en su vertiente política, estaba relacionado con el regalismo, razón por la cual el clero más atado a la autoridad del papa combatió a obispos como los citados.

En el fondo lo que latía en todas estas oposiciones y casos, además de cuestiones de poder más o menos comprensibles, era el mayor o menor liberalismo que algunos obispos demostraron ante cabildos totalmente aferrados a los privilegios de una Iglesia que, en ocasiones, no había cambiado las Constituciones Sinodales desde finales del siglo XVII. Puede parecer extraño a nuestra mentalidad que durante los períodos liberales de la España decimonónica (particularmente durante el trienio y la etapa de las regencias) los gobiernos nombrasen obispos. En realidad se trató de poner en vigor una vieja costumbre regalista, reverdecida durante el siglo XVIII y que arranca del Patronato concedido por el papa a los Reyes Católicos y a sus herederos en el trono.

Entre el clero español (sobre todo entre el alto clero) existió un arraigado regalismo con tal de escapar al control romano, pero hubo también un clero que no admitió la práctica del regalismo cuando esta la aplicaron gobiernos liberales. También cabría pensar que dichos gobiernos podrían renunciar al Patronato y a interferirse en los asuntos administrativos y disciplinarios de la Iglesia, pero no era esa la mentalidad de la época. Los obispos cumplían funciones estatales en administración, información... eran como funcionarios del Estado. Esto se debe a la injerencia durante siglos de la Iglesia en las cuestiones políticas, entiéndase del Estado, que es el orden que existió durante mucho tiempo. Al fin y al cabo la Iglesia se valió del Estado para extender su influencia y gozar de privilegios; el Estado se valió de la Iglesia para su funcionamiento y para legitimar no pocas decisiones.
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(1) "Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado" (la edición es de 1995, pero el original está manuscrito. Una copia se encuentra en el Archivo Diocesano de Tui). 

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