En noviembre de 1936, cuando hacía unos meses que había estallado la guerra civil en España, y unos pocos más que había dejado de ser Presidente de la II República española, Alcalá-Zamora escribe para la publicación L'Ère nouvelle confesándose como el que "siente y practica todos los postulados de la democracia", precisamente "en el momento en que la democracia parece desfasada y cuando está amenazada". Sin duda se refería al auge de los sistemas totalitarios (fascismo y comunismo). Dice "también soy un partidario decidido de la justicia social más amplia", quizá recordando los esfuerzos que se habían hecho para repartir la riqueza en los dos primeros años de la República, y pide "una mayor audacia... para no arruinar materialmente a la humanidad". ¡Que actualidad tienen estas palabras en momentos en que la timidez de unos y la rapiña de otros parecen querer esa ruina!
Se muestra partidario de "los métodos legales", conocedor como pocos de los enfrentamientos sociales que se habían venido produciendo en España por lo menos desde 1909, continuados en 1917 y hasta 1923, seguidos luego en mayo de 1931 y en 1934; más tarde a partir de julio de 1936... Se lamenta de que la República a la que él había servido "se desviaba", y hace votos "para la salvación de las democracias que subsisten todavía, y ninguna puede considerarse fuera de peligro". Bien sabía lo que representaban el nazismo en la poderosa Alemania, pero también debía tener información sobre las prácticas criminales de Stalin. "La guerra civil española es una lucha de una repercusión universal", añadía premonitoriamente, sabiendo que se fraguaba un gran conflicto en Europa y en el mundo, cuyo comienzo era solo cuestión de tiempo.
Se podrá pensar si Alcalá-Zamora actuó democráticamente durante los últimos años del régimen de la Restauración, cuando fue ministro de Alfonso XIII, si fue coherente cuando aceptó la Presidencia de la República española después de haber dimitido como Presidente del Gobierno provisional por sus diferencias con algunos artículos de la Constitución de 1931, pero no se puede negar que fue leal y prudente, un gran servidor del Estado como Presidente de la República, con quien se cometió una injusticia -hoy parece no haber duda- cuando se le relevó arbitrariamente en los primeros meses de 1936.
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