No es que me entusiasme lo que la transición democrática española
consiguió desde el año 1975, pero tampoco soy de los que creen que todo
se hizo mal. Hubo cosas que no pudieron hacerse porque el peligro era
mayor (la cuestión militar, como se puso de manifiesto en el año 1981) y
hubo otras que fueron demasiado lentas como consecuencia del acuerdo
con los "reformistas" del régimen, que fueron un grupo de personas a las
que califico de los mayores oportunistas que se puede conocer. Lo que
pasa es que acertaron, pues conectaron con el franquismo sociológico y
con amplios sectores de la clase media que dieron su apoyo a la Unión de
Centro Democrático. De sus despojos se nutrió el partido que ahora
gobierna España.
En lo que sí creo que los españoles -y los dirigentes políticos de
izquierda- aprendieron de la historia, es en la cuestión religiosa,
sabido que decir esto en España es hablar de la Iglesia católica, su
influencia, sus privilegios y su participación en la vida política. Hay
un texto que he leído de Manuel Azaña que creo demuestra lo que digo: Cada vez que repaso los anales del Parlamento constituyente [se refiere al año 1931]
y quiero discurrir dónde se jugó el porvenir de la política republicana
y dónde se atravesó la cuestión capital que ha servido para torcer el
rumbo de la política, mi pensamiento y mi memoria van, inexorablemente, a
la Ley de Congregaciones Religiosas, al artículo 26 de la Constitución,
a la política laica, a la neutralidad de la escuela, a todo lo que se
ha derivado de bienes, esperanzas y rigores de justicia del principo
asentado en la Constitución de la República, contra lo cual se han
desarrollado todas las maniobras visibles e invisibles que han sido
capaces de suscitar una reacción contra nosotros para ver si nos hacían
naufragar y, por último, confesémoslo, nos han hecho naufragar y hemos
naufragado (1).
Es decir, tocar a la Iglesia durante la II República fue más temerario
-aunque las intenciones eran justas, creo yo- que anular la Academia
Militar de Zaragoza o aprobar la ley de jubilación de los militares
excedentes (Ley Azaña); más que el intento de aplicar la ley de reforma
agraria; más que descentralizar el estado, contra lo que estaban
fascistas y un sector del ejército, pero también la mayor organización
derechista de masas que se haya conocido en España, la CEDA. Tocar a la
Iglesia -y no se la "tocó" sino que se le prohibió la enseñanza, se
disolvió a la Compañía de Jesús, se le cortaron los privilegios de que
gozaba, se le hizo pagar impuestos, etc.) fue terrible para la
República; para Azaña fue la clave que hizo "naufragar" a aquel régimen
democrático y desbocado.
La Iglesia, en cuanto se sintió "tocada"(pero no en su esfera
espiritual, sino material) movilizó a sus fieles, a sus congregaciones, a
sus párrocos y obispos, al Vaticano, a la confesional CEDA, a los
carlistas tradicionalistas, a los fascistas de Falange, a los combativos
de las JONS, a los terratenientes manchegos, andaluces y extremeños, a
las beatas y a los dueños de colegios privados, a los tibios... y
propició con sus soflamas, con su justificación, con su santificación
("cruzada" la llamó) la guerra civil de 1936.
Ahora esa misma Iglesia, aunque agiornada de un clero joven y
postconciliar, con un sector crítico en su seno (los teólogos
progresistas y los de la "liberación") sigue con privilegios, sigue
indoctrinando a los alumnos en la escuela pública y en la privada, sigue
manteniento un patrimonio inmenso, sigue sin pagar impuestos... Y ya es
hora de que las cosas cambien: porque ni se corre riesgo de una guerra
civil, ni los gobiernos han "tocado" a la Iglesia en sus intereses
materiales, ni dicha Iglesia tiene el control de una sociedad analfabeta
como era la española de la II República. Es hora de que los partidos
progresistas den pasos en éste sentido, de que satisfagan las justas
aspiraciones de una sociedad que pide equidad, que paguen todos, que
todos sean libres, que nadie goce de privilegios que no están
contemplados -no lo pueden estar- en la Constitución de 1978.
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(1) He tomado la cita de la obra de Antonio Ramos-Oliveira, "Historia de
España", vol. III, Compañía General de Ediciones, 1962, página 146.
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