jueves, 17 de mayo de 2012

La "transición" aprendió de la historia

No es que me entusiasme lo que la transición democrática española consiguió desde el año 1975, pero tampoco soy de los que creen que todo se hizo mal. Hubo cosas que no pudieron hacerse porque el peligro era mayor (la cuestión militar, como se puso de manifiesto en el año 1981) y hubo otras que fueron demasiado lentas como consecuencia del acuerdo con los "reformistas" del régimen, que fueron un grupo de personas a las que califico de los mayores oportunistas que se puede conocer. Lo que pasa es que acertaron, pues conectaron con el franquismo sociológico y con amplios sectores de la clase media que dieron su apoyo a la Unión de Centro Democrático. De sus despojos se nutrió el partido que ahora gobierna España.
En lo que sí creo que los españoles -y los dirigentes políticos de izquierda- aprendieron de la historia, es en la cuestión religiosa, sabido que decir esto en España es hablar de la Iglesia católica, su influencia, sus privilegios y su participación en la vida política. Hay un texto que he leído de Manuel Azaña que creo demuestra lo que digo: Cada vez que repaso los anales del Parlamento constituyente [se refiere al año 1931] y quiero discurrir dónde se jugó el porvenir de la política republicana y dónde se atravesó la cuestión capital que ha servido para torcer el rumbo de la política, mi pensamiento y mi memoria van, inexorablemente, a la Ley de Congregaciones Religiosas, al artículo 26 de la Constitución, a la política laica, a la neutralidad de la escuela, a todo lo que se ha derivado de bienes, esperanzas y rigores de justicia del principo asentado en la Constitución de la República, contra lo cual se han desarrollado todas las maniobras visibles e invisibles que han sido capaces de suscitar una reacción contra nosotros para ver si nos hacían naufragar y, por último, confesémoslo, nos han hecho naufragar y hemos naufragado (1).
Es decir, tocar a la Iglesia durante la II República fue más temerario -aunque las intenciones eran justas, creo yo- que anular la Academia Militar de Zaragoza o aprobar la ley de jubilación de los militares excedentes (Ley Azaña); más que el intento de aplicar la ley de reforma agraria; más que descentralizar el estado, contra lo que estaban fascistas y un sector del ejército, pero también la mayor organización derechista de masas que se haya conocido en España, la CEDA. Tocar a la Iglesia -y no se la "tocó" sino que se le prohibió la enseñanza, se disolvió a la Compañía de Jesús, se le cortaron los privilegios de que gozaba, se le hizo pagar impuestos, etc.) fue terrible para la República; para Azaña fue la clave que hizo "naufragar" a aquel régimen democrático y desbocado.

La Iglesia, en cuanto se sintió "tocada"(pero no en su esfera espiritual, sino material) movilizó a sus fieles, a sus congregaciones, a sus párrocos y obispos, al Vaticano, a la confesional CEDA, a los carlistas tradicionalistas, a los fascistas de Falange, a los combativos de las JONS, a los terratenientes manchegos, andaluces y extremeños, a las beatas y a los dueños de colegios privados, a los tibios... y propició con sus soflamas, con su justificación, con su santificación ("cruzada" la llamó) la guerra civil de 1936. 
Ahora esa misma Iglesia, aunque agiornada de un clero joven y postconciliar, con un sector crítico en su seno (los teólogos progresistas y los de la "liberación") sigue con privilegios, sigue indoctrinando a los alumnos en la escuela pública y en la privada, sigue manteniento un patrimonio inmenso, sigue sin pagar impuestos... Y ya es hora de que las cosas cambien: porque ni se corre riesgo de una guerra civil, ni los gobiernos han "tocado" a la Iglesia en sus intereses materiales, ni dicha Iglesia tiene el control de una sociedad analfabeta como era la española de la II República. Es hora de que los partidos progresistas den pasos en éste sentido, de que satisfagan las justas aspiraciones de una sociedad que pide equidad, que paguen todos, que todos sean libres, que nadie goce de privilegios que no están contemplados -no lo pueden estar- en la Constitución de 1978.
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(1) He tomado la cita de la obra de Antonio Ramos-Oliveira, "Historia de España", vol. III, Compañía General de Ediciones, 1962, página 146.

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