Casi 3,5 millones de viviendas en España están vacías. Entre ellas no se cuentan aquellas que son segunda o tercera residencia de algunas familias, sino las viviendas que no se habitan porque sus propietarios no tienen necesidad, porque los precios de alquier no son accesibles a muchas personas, porque se encuentran en un estado que no es aceptable por parte de los potenciales inquilinos o por otras causas.
Donde más viviendas vacías hay, como cabe suponer, es en las provincias de Madrid y Barcelona, siendo, en toda España, 1,4 millones de viviendas propiedad de las comunidades de vecinos. Estas casas están cerradas, sin producir nada ni a sus propietarios ni ser útiles a posibles inquilinos; al contrario, si no escapan a la fiscalidad, los propietarios han de pagar el impuesto correspondiente, por lo que se impone una política urgente de vivienda que elimine el actual despilfarro: puede gravarse fuertemente la vivienda cerrada; pueden establecerse ayudas para el alquiler (malos tiempos para esto, pero ya se hace en parte) pueden expropiarse viviendas por parte del Estado de acuerdo con una legislación que estableciese algún tipo de acuerdo con sus propietarios, pueden comprometerse varias Administraciones públicas en la gestión de estas viviendas cerradas... todo menos que estén cerradas sin que la sociedad obtenga algún tipo de beneficio: en forma de ingresos vía impuestos, en forma de alquileres asequibles o en forma de desamortización de dichas viviendas, ya que mientras se encuentren así están, logicamente, amortizadas. Dejar las cosas como están es simplemente un escándalo que la sociedad debiera denunciar hasta el hartazgo.
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