La corrupción en los asuntos públicos ha existido siempre (y más en los negocios privados) pero en los públicos es más grave, porque se trata de bienes de la comunidad, del patrimonio de todos.
La frase que encabeza este artículo está sacada de un clásico latino que dedicó buena parte de su vida a disertar sobre la moral pública. En España, desde la transición a la democracia a partir del año 1977, han existido muchos casos de currupción, quizá tantos como en otros países de parecido tamaño, pero esto no debe consolarnos; muy al contrario, soy de la opinión de que debe ser un acicate para combatir con toda la saña a los corruptos (la corrupción en época franquista no se trata aquí porque el propio régimen era ya la corrupción encarnada).
Echando un vistazo atrás sale el caso Naseiro, un personaje que se emponzoñó financiando ilegalmente al Partido Popular; otro cuyo nombre no recuerdo se enriqueció personalmente valiéndose de un programa de viviendas sociales patrocinado por la UGT; uno llamado Hormaechea fue condenado por prevaricación y malversación de caudales públicos. El caso FILESA fue tristemente famoso: financiación ilegal del Partido Socialista; en Castilla-La Mancha hubo algunos empresarios agrícolas que se beneficiaron de subvenciones para cultivar lino y las utilizaron para su beneficio personal (la U.E. hizó devolver parte de aquel dinero); están los casos de tramas urbanísticas, en las que no se salva casi nadie; hubo un alcalde en Marbella llamado Gil que fue condenado a pena de prisión por varios delitos en el ejercicio de sus funciones; en Andalucía los jueces pudieron demostrar que 146 subvenciones para el empleo rural fueron fraudulentas. El caso "Gürtel" ha costado 120 millones del erario público; uno llamado Jaume Matas, cuando fue Presidente de Baleares, estuvo comprometido con cuarenta dirigentes del Partido Popular en acciones ilegales; algunos alcaldes patrocinan recalificaciones ilegales de suelo para favorecer a este o a aquel (queda por demostrar si a cambio de algo); uno llamado Millet, de Convergencia i Unió, desvió 35 millones cuando administró los fondos para la reconstrucción del Palau de la Música de Barcelona; un alcalde de Salamanca hizo prescribir un caso para favorecer a un amigo, dejando de ingresar el erario público una sustanciosa cantidad. Está el caso Pretoria en Cataluña y podríamos seguir con otros (de mayor o menor cuantía). Ahora tenemos el caso del "exiliado" Urdangarín, del que habrá que esperar a que se pronuncien los tribunales, pero que "pinta muy mal", en frase de un veterano dirigente del Partido Popular que no tuvo empacho en colaborar al más alto nivel con el franquismo durante 25 años...
No soy un ingenuo y sé que en los asuntos públicos siempre habrá quien esté para su beneficio personal, pero combatirlos es urgente y no admite dilaciones. Lo contrario es ser cómplice por omisión. (Arriba, el romano Craso, rico que se enriqueció más como senador, en el último siglo de la República romana).
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