Como es sabido, Niceto Alcalá-Zamora fue destituido como Presidente de la II República española a principios de abril de 1936. Quizá fue un error, pues los golpistas de julio se habrían rebelado contra un católico, un terrateniente y un ex monárquico convertido al republicanismo hacía poco, probablemente por honestidad política. Hubiera tenido la República un argumento ante las potencias internacionales, aunque es dudosa la eficacia de dicho argumento.
La Constitución española aprobada en diciembre de 1931 otorgaba no pocos poderes al Presidente de la República, lo que unido al carácter de Alcalá-Zamora, elegido para tan alta magistratura a pesar de sus reticencias con algunos artículos de la Constitución, hizo que las relaciones entre él y el que ocupó buena parte la presidencia del Gobierno, Manuel Azaña, fuesen tensas. Los que llevaron a cabo la preparación y puesta en práctica de la destitución presidencial se apoyaron en una interpretación del artículo 81º de la Constitución, según el cual el Presidente estaba facultado para disolver hasta dos veces el Congreso de los Diputados durante el mandato de aquel. Si esta circunstancia se daba, el primer asunto que las nuevas Cortes debían discutir, sería la oportunidad o no de la segunda disolución. Hoy parece demostrado que aquella destitución presidencial fue antijurídica e injusta, guiada por un conjunto de intereses que se aunaron aunque fuesen de naturaleza distinta: la derecha no perdonaba a Alcalá-Zamora su colaboración con la República; la izquierda aspiraba a una aceleración de las reformas sociales que el Presidente frenaba, en la medida en que le era posible, debido a su ideología y a la prudencia que consideraba necesaria.
En primer lugar, las Cortes que fueron disueltas en 1933 eran constituyentes, por lo que cabe interpretar que una vez estuviese aprobada la Constitución y las leyes más importantes que la desarrollaban, sería lógico disolverlas para dar ocasión a un nuevo período de acuerdo con las previsiones de dicha Constitución. En segundo lugar, en el seno del Partido Socialista -verdadera columna vertebral de la izquierda republicana- existía una división que provenía de antes y que encarnaban esencialmente Indalecio Prieto y Largo Caballero. Este, calificado generalmente de izquierdista dentro del partido, ha sido más bien un sinuoso dirigente que igual colaboraba con el dictador Primo con la excusa de que así la U.G.T. no sería represaliada, como se convertía en el adalid de la revolución social. Prieto tuvo una trayectoria más lineal pero no exenta de contradicciones, lo que es inevitable no solo en la política sino en la vida.
Todo parece indicar que Prieto albergaba la idea de que, siendo Azaña el sustituto de Alcalá-Zamora en la Presidencia de la República (estamos ya en el bienio conservador de 1933-1936), le encargaría a él formar gobierno. Pero existía un acuerdo en el partido socialista de que sus miembros no formarían parte del Gobierno si la coalición del Frente Popular resultaba vencedora en las elecciones de febrero (1936). Se apoyaría parlamentariamente a los republicanos de izquierda pero no se entraría en el Gobierno. Cabe pensar que esta resolución fue la más querida por Largo Caballero y sus seguridores, que de esa manera quedaban libres para actuar en la calle, entre los jornaleros del campo, obreros de la industria, sindicatos, etc. sin las ataduras de estar en el Gobierno, al tiempo que se le cerraban las puertas a Prieto, siempre partidario de la colaboración con los republicanos de izquierda, en la seguridad de que esa era la fuerza -con los socialistas- de la II República.
Cuando Alcala-Zamora decidió divolver las Cortes que darían ocasión a las elecciones de febrero (1936) fue acusado de haber tomado la decisión demasiado tarde (los prietistas habían sido los más insistentes en la disolución de la cámara, por lo que juzgar luego al Presidente por ello es una contradicción manifiesta). Juan Simeón Vidarte, prietista, ha dejado escrito: Desde el punto de vista del Derecho los argumentos de Prieto eran totalmente falaces... Estos eran mis argumentos de abogado. Contra ellos reaccionaba el político, convencido de que la llamada juricidad había sido el gran lastre de las Constituyentes. Un imperativo político nos aconsejaba destituir a Alcalá-Zamora (1). La oposición a Alcalá-Zamora se había desatado, y la prueba es que solo cinco diputados votaron a favor de su continuidad.
Prieto, protagonista en todo el proceso, escribió un artículo en "El Socialista" (2), órgano oficial del partido, en el que dijo: nuestro candidato sería aquel que supiera matizar sus decisiones con un sentido de justicia social... Estando la República en su adolescencia tumultuosa, con una reacción afilada en el seno del mismo Estado y con un pueblo sin manumitir, son necesarios una frente clara, un fuerte brazo y una mano sensible. Más corazón que jurisprudencia, o, tanta jurisprudencia como corazón. Sin prejuicios contra el marxismo aunque no les tenga contra los católicos. Laico en absoluto, porque el laicismo no es un prejuicio. Un hombre de la República, en resumen, un hombre de nuestro tiempo. Estaba hablando, sin citarlo, de Azaña, aunque es difícil creer que este no tuviese prejuicio "contra los católicos".
Aprovecho estas palabras para reflexionar sobre si Prieto era "centrista", como se ha dicho, o un socialista en plenitud: "sin prejuicios contra el marxismo". También era un hombre de acción más que un teórico, un estratega más que un ideólogo: sabía que la República estaba "en su adolescencia", no asentada; sabía que existía una "reacción afilada en el seno del mismo Estado" (el ejército entre otros), y sabía que el pueblo estaba "sin manumitir", es decir, sin liberar, sometido todavía a la pobreza, a la dependencia de los señoritos del campo y a los patronos de la ciudad. Luego se muestra pragmático y cínico: "más corazón que jurisprudencia, o, tanta jurisprudencia como corazón". Creo para mí que casaba más con su mentalidad la primera parte de la frase que la segunda, al menos en esta coyuntura. Cuando habla de un Presidente "laico" ¿quien mejor encarnaba esto que Azaña? pero no debía ignorar Prieto que, para amplios sectores de la sociedad española, de los dirigentes políticos, el laicismo sí era un prejuicio.
Aquella destitución, la elección de Azaña como Presidente de la República, que contó con las reticencias de su propio partido, pues se le apartaba de la Presidencia del Gobierno, más ejecutiva, aquellas divisiones en el partido socialista... no sirvieron de gran cosa: en la sombra o a plena luz del Marruecos español, entre el carlismo navarro y en los cortijos meridionales, en las sacristias y entre los banqueros se estaba hablando de otra cosa: acabar con la II República, su democracia, sus pretensiones sociales... ¿que más daba a estos un Presidente que otro?
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(1) J. S. Vidarte, "Todos fuimos culpables", citado por José Carlos Gibaja en "Indalecio Prieto y el socialismo español...", 2002.
(2) Número de 10 de abril de 1936.
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