Ordenación del territorio rural

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“Es mejor que la tierra produzca un poco menos y que los habitantes tengan una mejor ordenación”, señaló Rousseau según el trabajo hecho por F. Javier Monclús[i]. Otros han considerado la ordenación del territorio como una propuesta global del orden social. El historiador y arquitecto italiano, Leonardo Benevolo, participó por su parte en una polémica sobre la distribución homogénea de la población[ii] para alcanzar un equilibrio territorial, mientras que otros han pretendido conseguir unas condiciones mejores para la producción agronómica.

Se ha considerado a Vauban[iii] como el primero en emplear de forma sistemática las informaciones geográficas al servicio de “la acción”, por lo que podría ser considerado como el padre de la Geografía aplicada, pero Paul Claval[iv] considera que Vauban no tuvo continuadores, por lo que se trata de una “isla” y habrá que esperar a las consecuencias de la revolución industrial para que la ordenación del territorio rural pueda ser considerada una decisión consciente. Pero la idea de equilibrio territorial, demográfico, económico y social es de Rousseau.

En el siglo XIX vuelve a plantearse este problema en España, y es aquí donde está Fermín Caballero que, siendo presidente de la Sociedad Geográfica, propuso acabar con los sistemas tradicionales de repoblación sustituyéndolos por medidas que favoreciesen una redistribución homogénea de la población rural en el territorio. Para él, “población rural” es lo mismo que “población dispersa”, y por lo tanto debería legislarse para crear “la finca y población rurales”. El ideal es ahora la generalización del “coto redondo acasarado”, lo que va a convertirse casi en dogma en toda la segunda mitad del siglo XIX. Para Agustín Cañas ya no se pretende conseguir una distribución uniforme de la población, sino de la penetración del capitalismo agrario en el campo en los años de auge de la agricultura española (1830-1890).

Es la época en la que se pretende, junto a una legislación adecuada, la realización de un plan de caminos vecinales, de canalizaciones y lo más difícil, la reorganización de una propiedad territorial excesivamente fraccionada. Más tarde, por tanto, que en Inglaterra, donde ya a finales del siglo XVIII, el agrónomo Marshall ha sido reconocido como anticipador de los métodos modernos de la descripción y de la interpretación regionales.

Dado que la agricultura fue la principal fuente de acumulación de capital en numerosos países europeos durante el siglo XIX, no es extraño que el espacio agrario se convirtiera en objeto de estudio preeminente, y condición previa para cualquier intervención en él. Entonces se dio una elaboración exhaustiva de informes durante la segunda mitad del siglo XIX, y con la aparición de las nuevas políticas agrarias, estos informes no pueden desligarse de la creciente utilización económica y política de sus datos.

También en España, aunque no se llevó a cabo una verdadera reforma agraria, un avance fue la elaboración del censo y del catastro, además de diversos programas de reforma de la agricultura que tuvieron una constante: la homogeneización de las variables que definían el espacio agrario y en particular la densidad y distribución territorial de la población. Para ello se creó la Comisión Estadística General del Reino (1856), la cual se empeñó en hacer un inventario del país reuniendo muchos de los trabajos realizados antes, como mapas y otros estadísticos. La Junta General de Estadística, por su parte, publicó en 1859-1860 los trabajos de parcelación o catastrales.

Aunque la historia del catastro español comienza a mediados del siglo XVIII, su urgencia se hará sentir a mediados del siglo siguiente. En 1852-1856 se estableció en el Ministerio de Fomento la Dirección de la Carta Geográfica de España, y entre 1862 y 1863 comenzaron los trabajos del Mapa Parcelario. Gracias a los datos catastrales se pudo obtener una “regularidad matemática” en el funcionamiento del mecanismo hipotecario para fomentar las mejoras agrícolas. Por otra parte se harán estudios administrativos y económicos sobre repartición de la propiedad y de la población; sobre cultivos, producciones y otros mil asuntos que solo pueden estudiarse después de tener la representación y medición parcelaria del territorio.

La Junta General de Estadística no se dedicó únicamente al conocimiento del territorio, sino también al hombre como ser físico, moral, intelectual y social. No se limitó, por ejemplo, a consignar los productos agrícolas conseguidos, sino también los consumidos, para saber si hay falta o sobrante, y también la falta o sobrante de brazos para la agricultura, el estado de las tierras abandonadas que pueden ser cultivadas, el precio de los jornales, el estado físico y moral de la población agrícola… Aunque la labor de la Junta y del Instituto Geográfico y Estadístico, fundado en 1870, consistió en la realización de trabajos sobre las características geográficas del país, años más tarde se crearía la Sociedad Geográfica de Madrid[v], especialmente dedicada a obtener información territorial de acuerdo con el espíritu colonial de la época (colonización interior).

La estrecha relación entre ciencia geográfica y colonización fue evidente, entendiendo por colonización interior lo mismo que colonización agraria, de igual forma que una institución más, la Sociedad Geográfica Comercial, presidida por Francisco Coello[vi], muy ligada al regeneracionismo de la época en el que participó también Joaquín Costa. 

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[i] “Agrarismo y ordenación del territorio en el siglo XIX: del poblamiento racional al fomento de la población rural”. En este trabajo se basa el presente resumen.

[ii] Ver aquí mismo “Un agrarista español”.

[iii] Sébastien Le Preste (1633-1707), fue ingeniero militar y en 1690 dirigió la elaboración del censo del Flandes francés (al norte del país), pero también escribió sobre agricultura, ganadería y colonización de territorios interiores.

[iv] Nacido en 1932 es un geógrafo francés que ha contribuido decisivamente a la renovación de la Geografía.

[v] Con Fermín Caballero como primer presidente, se concibió la Geografía al servicio de la Administración.

[vi] (1822-1898). Militar y cartógrafo, autor del “Atlas de España y sus posesiones de ultramar”. Formó también parte de la Junta General Estadística. 

El agrarismo polaco

El Partido Campesino Polaco de Mikolajczyk y el Movimiento Wici[i] han sido los verdaderos impulsores de las reformas agrarias en Polonia durante la primera mitad del siglo XX. El primero es heredero del Partido Popular Polaco (Piast) en cuanto a sus propósitos aunque la segunda guerra mundial y la ocupación comunista de Polonia, impidieron el papel que les hubiese correspondido.

Según Leandro Rubio[ii] Polonia aparece como un caso excepcional por la fortaleza e independencia del elemento campesino. En 1931 Polonia era un estado fundamentalmente agrícola: el 60,6% de su población activa se dedicaba a la agricultura, y el 0,8% a labores forestales, pesca y horticultura; el 19,3% a la industria y minería; el 6,1% al comercio y el 3,6% a los transportes y comunicaciones.

Pero como Polonia vio desplazadas sus fronteras muchas veces, incluso durante el siglo XX, la parte situada al oeste de la Unión Soviética (cuando existía) daba unos resultados diferentes: el 54,4% de la población activa trabajaba en la agricultura y el 24,8% a la minería y manufacturas. Entre 1931 y 1939 el empleo industrial creció mucho en Polonia central y occidental y, a fines de 1950 el porcentaje de la población agrícola era el 47,1, en 1954 el 45,2.

Dice el autor citado que el agrarismo ha sido un ideal político del campesino polaco, idea que estaba desarrollada antes de la primera guerra mundial y llegó a su cúspide con la gran crisis agraria de 1929 y después de la brutal colectivización de la tierra por imposición de la Unión Soviética. El agrarismo era, para sus teóricos, una tercera vía distinta del capitalismo y del comunismo, considerando a estos, peligros para la sociedad, no obstante que el Partido Campesino estuvo asociado a los comunistas polacos probablemente por pragmatismo. Los agraristas polacos defendían un cultivo intensivo del suelo por campesinos independientes, rechazando la industrialización, que consideraban auxiliar.

Critican al marxismo por considerar que Marx tenía una perspectiva urbana y nunca habría comprendido las diferencias entre propiedad agraria e industrial. En 1939, 15.000 grandes propietarios poseían el 50% del territorio forestal polaco y el 43% de las tierras laborables, siendo un ejemplo el príncipe Radziwill, miembro de una de las más antiguas familias de la nobleza polaca, con 170.000 hectáreas. El resto de la propiedad era de unos cuatro millones de campesinos cuyas explotaciones no solían pasar de dos hectáreas, con un enorme proletariado agrícola (7,5 millones de individuos) pudiendo decirse que el 45% de la población rural carecía de tierra.

Según el censo de 1921 las explotaciones eran muy pequeñas (inferiores a 5 hectáreas) y representaban el 65% de todas, es decir, antes de la segunda guerra mundial, la sociedad agraria polaca era pobre y endeudada, por lo que sorprenderán las reformas que pretendieron crear una democracia agraria y la tendencia hacia el colectivismo. La primera reforma comenzó en 1944, expropiando las tierras de los alemanes sin indemnización, las grandes propiedades de polacos fueron expropiadas parcialmente con indemnización; las tierras del clero fueron excluidas de la reforma, aunque en 1950 se nacionalizaron todas las propiedades de la Iglesia, excepto un cierto número de hectáreas por parroquia. El Estado, con estas tierras creó un fondo con fines caritativos, asistenciales, religiosos, etc.; la masa de las tierras adquiridas por el Estado se distribuyó a propietarios de pequeñas explotaciones, a campesinos sin tierras; las condiciones de compra fueron ventajosas para los adquirentes, tanto en el precio como en el plazo del pago. Las cantidades percibidas por el Estado sirvieron para ayudar al equipamiento rural.

El alcance de la reforma fue profunda: de 1944 a 1949 más de 6 millones de hectáreas fueron entregadas a campesinos; más de un millón de familias resultaron beneficiadas y la gran propiedad rural quedó liquidada. El 87,5% de la tierra polaca pertenecía a cultivadores propietarios de lotes de 20 hectáreas como máximo, a excepción de 2,5 millones de hectáreas en propiedades de tipo medio (25 a 100 hectáreas).

Pero en el ánimo del Gobierno esto no fue más que una transición hacia la colectivización, y no obstante quedaron problemas sin resolver: demasiada gente viviendo en demasiadas explotaciones pequeñas; las de menos de 5 hectáreas  pasó de 1,8 millones en 1931 a 2 millones en 1948. En 1950 tales explotaciones eran habitadas por 4,3 millones de personas. Así las cosas, en 1956 el descontento de los obreros y de los intelectuales contrastaba con el silencioso resentimiento campesino. Polonia tenía una desesperada necesidad –dice L. Rubio- de mayor producción agrícola y para ello debía dedicar más recursos a la agricultura en detrimento de los que iban a la industria.

El Secretario del Partido Comunista Polaco, Gomulka, que pasó por varias vicisitudes, negativas durante el estalinismo, vio que el área colectivizada no pasaba del 9,2% de la tierra agrícola, y procedió a reducirla más, considerando, junto con los administradores del régimen, que las granjas colectivas habían sido menos productivas que las explotaciones privadas. Si bien los comunistas no abandonaron la idea de la colectivización como objetivo final, siguieron una política práctica de fomentar la agricultura privada. Un programa lanzado en unión del Partido Campesino Unido, en 1957, hizo que los precios pagados por el Estado fuesen elevados y los impuestos sobre las grandes haciendas reducidos; se incrementó el equipamiento en edificaciones, fertilizantes y maquinaria y, en 1958, la Dieta polaca puso a la venta 500.000 hectáreas de tierra propiedad del Estado.

Los planificadores polacos llevaron a cabo una medida que ya existía con anterioridad, pero ahora complementada: los círculos agrícolas, organizaciones socioeconómicas voluntarias y abiertas agrupando a campesinos para su coordinación y financiación con sus propias reservas. Los círculos tenían personalidad jurídica y podían llevar a cabo funciones que el Estado delegaba en ellos. Así, proporcionaron asistencia mutua, sobre todo desde que en 1956 reaparecieron después de la época de represión de Stalin.

No obstante los círculos agrícolas existieron de forma desigual en unas zonas y otras de Polonia, pues siempre existió el temor de que fuesen instrumento de la colectivización a la que no renunciaba el Partido Comunista. Pero de lo que no cabe duda es que el régimen de Gomulka[iii] preservó a Polonia de una colectivización masiva como ocurrió en otros países del bloque soviético: solo el 12,5% de la tierra arable pertenecía a las explotaciones estatales; en Bulgaria, en cambio, el 95% de la tierra arable está administrada por el Estado; en Checoslovaquia llegó a estar el 90,4%; en Hungría, el 72%; en Rumanía, el 82%... El pragmatismo de Gomulka y sus colaboradores, junto con la tradición agrarista polaca, pueden explicar el fenómeno.

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[i] Es un término de la época medieval polaca que hace referencia al peligro que en un determinado momento vive el país.

[ii] “Notas sobre la política agraria de Polonia”.

[iii] Dejó de ser Secretario del Partido en 1970.

El agrarismo político español

Procesión religiosa en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca)

En su tesis doctoral el historiador Luis Teófilo Gil Cuadrado[1] ha estudiado el agrarismo político español, su participación en la II República, el papel del Partido Agrario Español y la variedad de candidaturas y grupos agraristas que concurrieron durante el régimen citado.

Hubo un agrarismo de los grandes cultivadores del trigo, conservador y monárquico, inequívocamente derechista, pero también un agrarismo republicano, casi todo él en la derecha política, formado por las organizaciones patronales y algunos grupos de candidatos izquierdistas, como es el caso de Asturias. Lo que está clara es la disparidad política, centrada sobre todo en Castilla la Vieja y León, y con menor importancia en Castilla la Nueva, Andalucía, Asturias y Galicia.

En Andalucía el agrarismo político fue republicano y en Asturias hubo desde principios del siglo XX un agrarismo laico y republicano. En Castilla la Nueva, donde la hegemonía del latifundio fue evidente, nos encontramos con candidatos muy diversos. Como “agrario independiente” se presentó en Cuenca el antiguo diputado maurista Joaquín Fanjul, representante del caciquismo reinante sobre la base de su influencia en el área de San Lorenzo de la Parrilla. En Ciudad Real, el Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez incluyó, en calidad de “republicano agrario”, a José Manuel de Bayo, antiguo monárquico y, en aquel momento, Secretario de la Asociación de Agricultores de España. Otro candidato fue el marqués de Huétor de Santillán (Ramón Díez de Rivera y Casares) gran terrateniente y antiguo parlamentario del Partido Conservador.

El agrarismo católico y anticaciquil estuvo representado en Guadalajara por una candidatura “agraria republicana”, representante de pequeños y medianos campesinos. En Toledo, Tomás Elorrieta formó parte como “social agrario” de la Conjunción Republicana.

En Salamanca, Acción Castellana concurrió a las elecciones con un programa que incluía la enseñanza agropecuaria, el impulso de las Confederaciones hidrográficas, la intensificación del crédito agrícola, las exenciones fiscales para la sindicación agraria, una política comercial que englobaba la cuestión arancelaria, una ley de cooperativas y la reforma social del campo inspirada “en las normas de la sociología cristiana”. Abominaba –dice el autor al que sigo- del reparto de tierras, y Acción Castellana se mostraba partidaria de colaborar con otras organizaciones antirrevolucionarias, como la recién creada, con ideario parecido, Acción Nacional, y en realidad AC se convirtió en la rama salmantina de Acción Nacional, grupo aglutinante de la CEDA. La integraban, entre otros, Lamamié de Clairac y José María Gil Robles.

También en Salamanca surgió el Bloque Agrario, que declaraba su “adhesión sincera a la República”, con un programa para el “rebasamiento del principio de lucha de clases”, fijación de una tasa mínima para el precio del trigo, creación de un Ministerio de Agricultura, de un Banco Nacional Agrario y de un Cuerpo de Guardería Rural, atención a la enseñanza y a la repoblación forestal. El Bloque rechazaba el decreto de Términos Municipales del Gobierno republicano en el primer bienio y planteaba el problema de los arrendamientos y de las fincas abandonadas.

No obstante coincidir con el Bloque Agrario, Acción Castellana se diferenciaba en que no había hecho un manifiesto de adhesión a la República, pero en ambos casos se trataba de grupos conservadores que terminarían convergiendo bajo el impulso de Gil Robles, que señaló los objetivos de ambas organizaciones: ideario religioso, defensa de la familia y acatamiento de la República.

Los candidatos del Bloque Agrario fueron Lamamié, Gil Robles, Filiberto Villalobos y otros, incluyendo a miembros de varios partidos, como es el caso de la Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora y el Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez, al que pertenecía el citado Villalobos. En su programa electoral se insertaron párrafos de las encíclicas sociales y promesas de parcelación de latifundios para crear “el mayor número posible de pequeños propietarios”. Se pedía el voto de los católicos “para los católicos” y, en un intento de atraer el voto del campesinado, García Orive pidió a los propietarios afiliados al Bloque una rebaja en un 30% de los arrendamientos a los colonos, la creación de un Banco de Crédito agrícola y un seguro de desempleo, propuestas que fueron rápidamente olivadas –dice Luis Teófilo Gil- tras las elecciones.

En Palencia también hubo un agrarismo conservador que tuvo por objetivo, entre otros, la unidad de España. Acatando la República, era partidario de una política regional para Castilla “para parar los ataques de otras regiones”. De acuerdo con el catolicismo social decía defender las doctrinas de Cristo y la propiedad privada, la parcelación de fincas no roturadas y la expropiación con indemnización de las tierras incultas. Propugnaba la repoblación forestal y el aprovechamiento hidráulico. Se oponía a la escuela única y defendían la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas además de la defensa de la fe cristiana, advirtiendo a los opositores “la repulsa viril”.

El dominador de la política palentina fue Abilio Calderón Rojo, que había sido ministro durante la monarquía por el Partido Conservador, con un programa en defensa del orden social y económico. Es un ejemplo de “vieja política”, como así mismo la que representó Antonio Royo Villanova, catedrático de Valladolid y antiguo diputado y senador de Izquierda Liberal Dinástica.

Otras candidaturas de “independientes” –dice el autor- cabe considerarlas agrarias, pues sus programas lo eran: es el caso de José Martínez de Velasco por Burgos, con otros, parlamentario de los partidos dinásticos durante la monarquía. Defendían en las Cortes Constituyentes la religión católica, la unidad de España, la familia, el principio de autoridad y el derecho a la propiedad, aunque facilitando el acceso de los colonos a la misma mediante la eliminación de extensiones improductivas. Aunque negaban su ligazón con partido alguno, estos personajes estuvieron en la derecha durante la República. Una candidatura católico-agraria fue, también en Burgos, la del canónigo Ricardo Gómez Rojí.

En Zamora la candidatura Republicana Independiente estuvo formada por el “viejo político” Santiago Alba: la propiedad era considerada un bien sagrado y se proponía la expropiación forzosa con indemnización. La reforma agraria que se pedía era de carácter “técnico”, la revisión arancelaria y la creación de un Banco Agrícola. Otros candidatos por Zamora proponían que se pusiese la mayor cantidad de tierra posible en manos del mayor número de hombres, y defendían una reforma fiscal que persiguiese la “riqueza oculta”.

En Segovia Rufino Cano había sido miembro del Partido Conservador, formó parte de los fundadores del Partido Nacional Agrario y era director del diario El Adelantado de Segovia, manteniendo claras relaciones con la Asociación Patronal de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia. Otros candidatos de esta provincia representaban los intereses de los pequeños y medianos propietarios.

En Galicia el agrarismo estuvo ligado desde finales del siglo XIX a las izquierdas contra el caciquismo y el sistema foral. El PRR y la ORGA impulsaron la Confederación de Agricultores Gallegos y la Organización Agraria Republicana. Más tarde el Partido Galeguista heredó el programa agrario de las Asambleas de Monforte (1908). En A Coruña José Reino era abogado de Santiago, controlando importantes sectores campesinos de la comarca de Negreira. El feudo de Jaime Concheiro estaba en Ordes y también fueron candidatos el banquero Luis Cornide y el futuro ministro Leandro Pita. En Pontevedra destacó Basilio Álvarez, que extendió su influencia a Ourense en coalición con los socialistas.

En Murcia tuvo importancia Pedro Acacio Sandoval, cacique y terrateniente de Villarrobledo, antiguo miembro del Partido Conservador.

Vista de Villarrobledo, Albacete

Las denominaciones de las candidaturas agrarias reflejan más la forma externa que los contenidos en cuanto al régimen político: “agrarios”, “agrarios republicanos”, “federales agrarios”, “católico-agrarios”, “agrarios independientes”, “social y agrario”, “radicales agrarios”…

En cuanto a los resultados electorales los mejores se dieron, para el agrarismo, en Castilla la Vieja y León, donde influía la pervivencia de las antiguas elites y la implantación del agrarismo católico, el caciquismo y el predominio de la pequeña y mediana propiedad. Destaca la victoria en Burgos de las candidaturas de la Derecha Independiente y Católico Agraria. En Palencia el caciquismo se empeñó a fondo en la persona de Abilio Calderón; en Salamanca resultaron electos Filiberto Villalobos y los candidatos promovidos por el Bloque. En Segovia también fue el caciquismo quien favoreció a los agrarios y en Zamora destacó la personalidad de Santiago Alba.

En Andalucía ninguna de las candidaturas logró un apoyo electoral relevante; la única provincia que se puede destacar fue Cádiz por la personalidad de Mier-Terán. En Asturias los “federales agrarios” tuvieron unos buenos resultados electorales, herederos del agrarismo republicano y por la influencia del izquierdista Eduardo Barriobero.

En Galicia los “radicales agrarios” alcanzaron en A Coruña una “lucida votación”, dice el autor al que sigo, pero el caciquismo estaba también muy arraigado en esta región. En Castilla la Nueva los resultados fueron bastante pobres, salvo quizá en Cuenca por la influencia de Fanjul Goñi.

En las Cortes, los elegidos por las dos Castillas y León se convirtieron en la columna vertebral de la Minoría Agraria, mientras que a la Vasconavarra o las derechas republicanas, acabaron sumándose a los “federales agrarios” de Asturias (cuatro de sus miembros). También siguieron distintos caminos los agrarios coruñeses… 

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[1] El partido agrario español (1934-1936): una alternativa conservadora y republicana”, 2006.