Obispos tudenses

                                                                       Catedral de Tui

Aun siendo Tui una pequeña diócesis en uno de los extremos de la cristiandad, tuvo obispos cortesanos que quizá nunca pisaron su tierra, como es el caso de Luis Marliano (1517-1521). Según unas u otras fuentes era natural de Flandes o de Milán, y seguramente era hombre ilustrado, pues fue médico de Felipe “el Hermoso” y luego del rey Carlos. Con anterioridad a su estado eclesiástico pudo estar casado, teniendo un hijo de nombre Pedro Antonio Marliano, que sería rector de la iglesia de los santos Justo y Pastor de Entenza, al sur de Salceda de Caselas y muy cerca del río Miño (actual provincia de Pontevedra). Don Pedro fue también canónigo de Tui, probablemente por cuestión de rentas.

El obispo Don Luis parece que lo fue al mismo tiempo de Tui y de Ciudad Rodrigo, aunque Ávila y la Cueva dice que de la segunda diócesis fue obispo entre 1514 y 1523, estando generalmente bien informado. Una prueba de que el obispo Marliano no pisó la ciudad de Tui es que en 1518 dio poder a Micer Daniel Marliano (probablemente otro pariente suyo) “para que viniese a Tui y en su nombre administrase el obispado…”. El prelado, por su parte, acompañaba a la corte del rey Carlos en Valladolid, A Coruña y Aragón, en la época en que arreciaba la guerra de las Comunidades de Castilla.

Como se ve, nepotismo y absentismo fueron la norma en este obispo, pero no fue el único. Su predecesor en Tui, Martín Zurbano (1514-1516) fue miembro del Consejo de la Reina Juana y de la Inquisición, por lo que no tendría mucho tiempo para ocuparse del obispado, así como del monasterio de Poio, del que fue administrador. Y el predecesor de Don Martín fue Juan de Sepúlveda (1512-1514) aunque nunca se posesionó de la diócesis tudense, siendo promocionado probablemente a Malta, donde murió.

Tui tuvo no pocos obispos procedentes de la nobleza, ya fuese alta o baja, ejemplo de lo cual es Pedro Sarmiento (1523-1525), hijo de los terceros condes de Salinas, habiendo estudiado en las Universidades de Salamanca y Valladolid. También ocupó cargos en la corte del rey Carlos, pero con anterioridad había sido canónigo en Tui (1510), y cura en San Verísimo de Arcos aun antes (1498), parroquia que se encuentra al Este de Ponteareas (actual provincia de Pontevedra). Es un caso curioso, pues combinó al apostolado parroquial con altas dignidades cortesanas, habiendo sido capellán de los Reyes Católicos, y en 1523 se encontraba en Pamplona acompañando al rey Carlos, señalando Ávila y la Cueva que estuvo con el Emperador “en las jornadas de Flandes, Alemania y Austria”; también “en la empresa contra el turco”, y había asistido en Bolonia a la ceremonia de coronación del Emperador por parte del papa Clemente VII en 1530[i].

El sucesor de Pedro Sarmiento fue Pedro González Mauro (1525-1526) y a buen seguro su pontificado fue tan corto porque sus muchas responsabilidades le reclamaban en otros sitios: miembro de la Inquisición, Presidente de la Chancillería de Valladolid, etc. Diego de Avellaneda, el siguiente obispo tudense (1526-1537) fue miembro del Real Consejo, Presidente de la Chancillería de Granada, del Consejo de Navarra (1530), que coincidía con el cargo de virrey allí, pero Tui fue gobernado por medio de un provisor, lo que no le impidió dejarnos una obra interesante: un libro tumbo de todas las haciendas y temporalidades del obispo y un apeo[ii] de todos los beneficios de la diócesis que eran de patronato del obispo; estableció en Tui cátedras de latinidad, canto llano, contrapuntos y canto de órgano, no faltando un litigio con el arcediano de Miñor sobre las luctuosas[iii] de la colegiata de Baiona, del que salió victorioso en 1528.

En 1537 llegó a Tui un veneciano para hacerse cargo del obispado, Juan de Remia, que solo lo ocupó dicho año, pues su principal ocupación estuvo en la corte, muriendo en Toledo en 1539. Le sucedió Sebastián Ramírez de Fuenleal, que fue inquisidor en Sevilla antes de que el Emperador le nombrase oidor de la Chancillería de Granada, pasando luego a Indias (1524) para hacerse cargo de la Audiencia de Santo Domingo, y aún tuvo otros cargos en Nueva España. Fue obispo de Tui entre 1538 y 1540.

En Poyatos, al norte de la actual provincia de Cuenca, nació Miguel Muñoz, que fue obispo de Tui entre 1540 y 1547, pero antes había sido oidor en la Chancillería de Granada (1527) y miembro de la Inquisición (Suprema). Debió solicitar la mitra de Cuenca porque allí fue promovido. Le sucedió en Tui Juan de San Millán (1547-1564) uno de los pocos de los aquí referidos que tuvo un largo pontificado, siendo el primero que obligó a los canónigos a residir en la ciudad de Tui, pues no lo hacían, lo que fue una de las decisiones del Concilio de Trento (hay dudas sobre si asistió a él o no). Otra prueba de nepotismo, tan común en la época, es que el racionero Joanes de San Millán, pariente suyo, consiguió ser más tarde canónigo.

Para terminar con esta muestra de obispos tudenses del siglo XVI citamos a Diego de Torquemada, natural de Bujalance, población al Este de la actual provincia de Córdoba. Era de familia noble y fue comisario de la Inquisición, siendo provisor suyo su hermano Pedro. También de acuerdo con lo establecido en el Concilio de Trento ordenó se compusiesen libros de bautizados, casados y difuntos, anticipándose tres siglos al Estado en este tipo de registros. Con motivo de la muerte del rey de Portugal, Don Sebastián, el Prior de Crato[iv] se opuso al reconocimiento de Felipe II como rey del vecino país, por lo que el monarca tomó militarmente Porto. Su obispo, Don Simón de Sá Pereira, sin embargo, aceptó al rey español, se desplazó a Braga, y junto con su arzobispo, Don Fray Bartolomé de los Mártires, llegaron a Tui, donde fueron recibidos por Don Diego de Torquemada, otro ejemplo de largo pontificado, pues ocupó la sede tudense entre 1564 y 1582.

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[i] Ya en 1519 los electores del Imperio habían elegido a Carlos emperador, pero el acto de 1530 revistió un simbolismo, sobre todo teniendo en cuenta que tres años antes había saqueado Roma por aliarse el pontífice con otros príncipes europeos (Francia, Inglaterra, Ducado de Milán, República de Florencia y República de Venecia) ante el poderío de Carlos en Italia.

[ii] Deslinde de fincas.

[iii] Impuesto debido a la Iglesia por los servicios funerarios de los curas.

[iv] Don Antonio de Portugal, nieto del rey Manuel I “el Afortunado”. A la muerte del rey Don Sebastián, fue rey Enrique I durante dos años, siendo además cardenal y sin sucesión, lo que aprovechó el rey Felipe II para postularse como rey de Portugal, contando con apoyo interno.

Una carta reveladora

 

José Andrés-Gallego y Antón M. Pazos han estudiado los documentos que forman el Archivo del Cardenal Gomá[i] –antes lo han hecho otros con menor extensión- y ponen de manifiesto el conflicto que dicho cardenal mantuvo con Vidal i Barraquer.

Desde antes que Gomá fuese nombrado Arzobispo de Toledo –dicen los autores citados- había una corriente encabezada por el Cardenal Vidal i Barraquer que pretendía acabar con algunos de los privilegios que tenía el Primado de Toledo. Gomá tuvo enfrentamientos con Barraquer y estuvo aconsejado por el Cardenal Segura[ii]. Un testimonio significativo de los roces que mantenía Gomá con Barraquer es lo que aquel dice en una carta enviada el 1 de febrero de 1936 a su amigo el jesuita W. Ledóchowscki[iii].

Se queja Gomá al jesuita austriaco diciéndole que no debe desconocer “la forma precisa, categórica, con que la bondad de nuestro Santísimo Padre se dignó concretar las atribuciones del Arzobispo de Toledo…”. Le recuerda que el papa le había hablado de los derechos primaciales de la Sede toledana, que nunca había querido modificar dichos derechos y, con respecto a la Acción Católica, recordó a San Cipriano[iv]. También dice que el papa había escrito al Nuncio en España dándole instrucciones coincidentes con lo arriba indicado.

Pero el Nuncio nada le dijo a Gomá de esta carta del papa, teniendo que insinuarle varias veces la situación “difícil” en la que se encontraba. La respuesta del diplomático fue que esperara y –según dice Gomá- “estuvo conmigo algo más que inconveniente”. El cardenal también dice conocer confidencialmente que el Nuncio había escrito a la Secretaría de Estado en sentido “poco favorable a mis derechos”.

Mientras tanto –sigue hablando Gomá- el Cardenal de Tarragona pidió a los Metropolitanos, “incluso a mí”, los datos económicos de las diócesis en orden a las futuras Conferencias de Metropolitanos, y algo que parece molestar al primado es la carta que Barraquer había dirigido al Jefe del Gobierno, Azaña, protestando por los atentados que se estaban cometiendo “contra la religión, como Cardenal más antiguo”. A Gomá le parecen estas cosas insidias que duran ya varios años y que atentarían “contra los derechos primaciales de esta gloriosa Sede”.

Al primado le interesa, ante todo, garantizar la dirección de las cosas eclesiásticas en España y ve que la concordancia ente la Nunciatura y Tarragona le expone a una desautorización “funesta para mi prestigio y para los derechos de esta Sede”. Ve Gomá una dualidad de direcciones en momentos que considera gravísimos para la Iglesia en España, además de por las orientaciones distintas que podrían darse en el orden religioso. Es reveladora su expresión de que “el simple hecho de que desde la ‘región’, que contra el sentir general del pueblo español ha logrado la autonomía política, se orientarán, en el sentido que fuese, las cosas de la ‘nación’, y ello con mengua de una institución secular y querida de los españoles como es la primacía de Toledo…”.

Sigue luego acusando al Nuncio de que con el pretexto de los abusos de la Primacía por parte de su antecesor (Pedro Segura) era reacio a atenderle. A Gomá le preocupaban dos cosas en vísperas de la guerra que no podía adivinar pero que tendría noticia de los movimientos militares preparativos: en primer lugar no perder el poder que le permitiese –como así fue- apoyar a un régimen distinto al establecido en España en esos momentos; luego sería representante oficioso del papa ante Franco. La otra es contrarrestar todo lo posible la influencia de Barraquer a quien parece ver como el que podría dirigir las cuestiones eclesiásticas y religiosas desde una Cataluña que no le gusta a Gomá con el régimen de autonomía alcanzado desde 1932.

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[i] “Documentos de la Guerra Civil”.

[ii] Puede verse en cualquier fuente lo conflictivo de este eclesiástico tanto en un régimen político como en otro, así como la particular forma de concebir su acción pública.

[iii] Austriaco e hijo de un conde, su familia estuvo muy relacionada con la Iglesia y con el ejército. Estudió en Viena y sirvió a la emperatriz Isabel de Baviera, por lo que estas experiencias debieron marcar su personalidad.

[iv] Fue obispo de Cartago en el siglo III y no parece haber relación alguna con la Acción Católica del siglo XX.

En la fotografía G. Pizzardo, segundo de la diplomacia vaticana en la época de la carta estudiada.

Monasterios, papas y conflictos

 

                                                                 Fotografía de Wikipedia

La Segunda Crónica Anónima de Sahagún ha sido estudiada, entre otros, por Carlos M. Reglero de la Fuente[i], donde se narran los enfrentamientos entre los burgueses de la villa y varios abades del monasterio durante la primera mitad del siglo XIII.

Pérez de la Calzada fue removido por unos visitadores papales, Guillermo III fue nombrado cardenal en 1244 y ambos gobernaron el monasterio sucesivamente mientras se producían conflictos con parte de la población de la comarca.

El autor citado señala que el futuro papa Celestino III había vivido en el monasterio de Sahagún durante su etapa como legado papal, concediendo al cenobio diversos privilegios. Luego se manifestarían las tensiones internas y problemas disciplinarios en el monasterio que se prolongaron durante todo el siglo XIII.

Durante la primera mitad de dicha centuria los papas intentaron reformar los monasterios benedictinos e imponer las normas cistercienses. Con ello querían contrarrestar la tendencia a la relajación de los monjes, que algunos autores atribuyen a la actitud de los abades actuando como señores feudales, y a otros monjes que veían en el monasterio una forma de enriquecerse.

El papa Inocencio III se preocupó por los monasterios benedictinos de monjes negros (cluniacenses), a los que intentó reformar de acuerdo con las normas cistercienses. Sus medidas culminaron en el IV concilio de Letrán (1215), pero ya en el anterior concilio lateranense (1179) se había intentado reforzar la autoridad episcopal frente a los privilegios de los monasterios en materia de excomuniones, interdictos[ii], diezmos, etc. Por su parte el monasterio de Sahagún estaba sujeto directamente al papa.

El papa Honorio III, posteriormente, intentó un sistema de visitas, pero no se llevaron a efecto otras medidas que se habían considerado necesarias para Castilla, mientras que sí en la Corona de Aragón. Gregorio IX promulgó medidas para atajar la relajación en materia de alimentación, vestido y propiedad privada cuando se produjeron los abadiatos de Pérez de la Calzada y Guillermo III.

La primera repercusión en Sahagún de las decisiones tomadas en Letrán IV fue la resolución de un largo pleito con el obispo de León sobre los derechos de este en la villa y coto de Sahagún. La sentencia consistió en reafirmar la autoridad del obispo y ciertos derechos a su favor, lo que redujo los ingresos del monasterio que, de todas formas, conservo los privilegios que se contemplaban en el Derecho Canónico y la sujeción directa al papa.

Pero ello no calmó las tensiones en el monasterio, por lo que Inocencio III ordenó se le informase de la veracidad de ciertas denuncias contra el abad Miguel de Grajal por simoníaco, hechicero, perjuro, homicida y dilapidador. Los delegados del papa excomulgaron al abad mientras que sus partidarios interpusieron interdicto sobre el monasterio y villa de Sahagún, que no fue respetado por los monjes, lo que quiere decir que existían diferencias entre unos monjes y otros dentro del monasterio, llegándose a la situación de que el abad Miguel no fue depuesto.

Las diferencias dentro del monasterio podrían deberse –dice Reglero de la Fuente- a que había conversos de origen noble o de sectores destacados de la comunidad local que tendrían intereses distintos a los de otros monjes.

El papa Honorio III, por su parte, encargó al abad cisterciense de Moreruela la reforma de Sahagún, el cual elaboró unos estatutos que, no siendo respetados por todos, el papa encargó al abad de la Espina[iii], también cisterciense, y a los deanes de Astorga y Zamora que revisasen aquellos estatutos, pero para entonces ya se había producido otro conflicto por la elección de un nuevo abad tras la muerte de Miguel en 1225.

A finales de 1225 un abad llamado García aparece como tal en la documentación, y Gregorio IX, poco después, concedió protección al prior y convento de Santervás[iv], dependiente de Sahagún, lo que da a entender que no faltaban los conflictos, siguiendo con sus labores, al margen de aquellos, cilleros, limosneros y otros oficios monasteriales.

Volviendo a Pérez de la Calzada llegó a un acuerdo con el obispo de Zamora, Martín II, sobre los derechos de este en las iglesias de la villa de Bellver (en el Este de la actual provincia de Zamora) y su alfoz, donde se encontraba el antiguo priorato de San Salvador de Villacete[v]. Sin embargo este abad tuvo enfrentamientos con el concejo de Sahagún en los que tuvo que mediar el rey Fernando III: se firmó una concordia renunciando el abad a ciertos derechos jurisdiccionales a cambio del reconocimiento de la propiedad de Santa María de Belver (1231).

Estos acuerdos permitieron al monasterio ventajas de todo orden, incluida la posesión pacífica de sus heredades, aunque surgió una amenaza cuando el rey Alfonso IX dio título de villa a la aldea de Villacete. En 1229 dicho rey puso bajo su guarda y encomienda todas sus heredades en Tierra de León (Cofiñal, Boada, Veneros, Curueño, etc.)[vi].

El monasterio aún se vio amenazado por las pretensiones de los ricoshombres, a quienes aquel vedó tomar conducho[vii] del cenobio. El rey Fernando III eximió del pago de homicidio[viii] a los hombres de Bustillo de Cea (hoy en el Este de la provincia de León), el cobro del portazgo en la villa de Sahagún, etc.

Pérez de la Calzada consiguió que la reina Beatriz tomase bajo su protección el hospital que el monasterio construía junto al camino de Santiago, pues había surgido un conflicto entre el monasterio y el concejo por la construcción de dicho hospital. Los burgueses de Sahagún amenazaron con destruir el hospital, lo que se sitúa –dice Reglero de la Fuente- en el contexto de una revuelta liderada por dos familias que negaban el señorío del abad. Este excomulgó a los rebeldes y el rey envió a su merino a la villa, cuya presencia forzó a aquellos a suplicar el perdón del abad. Estos rebeldes estaban apoyados por algunos monjes parientes de ellos, que también fueron perdonados. 

Estas relaciones proyectaron sobre el monasterio los conflictos de bandos que había en la villa, a la vez que convertían la elección de cada abad en un asunto que concernía no solo a los monjes sino a las principales familias de la zona. Pérez de la Calzada era originario de una aldea de dicho nombre (al sureste de la actual provincia de León) y le vemos autorizando las acciones que llevaban a cabo el bodeguero, el cillero, el hospitalero y otros monjes; también arrendando bienes y concediendo un prestimonio[ix].

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[i] “Guillermo Pérez de la Calzada, el cardenal Guillermo y la crisis del monasterio de Sahagún en el siglo XIII”.

[ii] Atribución de la posesión de una cosa a una persona o entidad de manera provisional.

[iii] En la actual provincia de Valladolid.

[iv] En el extremo norte de la actual provincia de Valladolid.

[v] Actualmente la iglesia ha sido restaurada para convertirse en casa consistorial

[vi] En el nordeste de la actual provincia de León, aunque hay varios topónimos con el nombre de Boada. Curueño es un río en aquella comarca y Venero se encuentra cerca de Boñar.

[vii] Daba derecho a ser albergado y alimentado en el monasterio cuando se visitaba la zona.

[viii] Obligación de pagar al rey cuando se cometían determinados delitos de sangre.

[ix] Préstamo de un terreno a cambio de algún servicio.

Contra liberalismo y socialismo

 

Si el nivel intelectual de las autoridades eclesiásticas españolas, durante el régimen del general Franco, fuese igual que el de los casos estudiados por Mónica Moreno Seco, éste sería bajísimo, con un desconocimiento casi absoluto de lo que los partidos demócrata-cristianos europeos hacían, así como el clero de otros países.

La autora citada estudia[i] los casos de tres obispos de Orihuela y otro que lo fue de León, centrándose entre los años 1939 y 1959. Los cuatro se enmarcan en lo que se ha llamado nacional-catolicismo, defensores de una Iglesia jerarquizada e igualmente la sociedad, identificando patria y religión en algunos casos y con críticas a lo que, desde finales del siglo XIX, se ha llamado modernidad.

La autora detecta una inadaptación evidente a la sociedad que, aunque amordazada, es cambiante, como lo demuestran los propios eclesiásticos elegidos cuando hablan de lo que consideran vicios e inmoralidades. Los escritos pastorales que produjeron, como es costumbre, fueron leídos en todas las parroquias, pretendiendo con ello extender al resto del clero y a los fieles su pensamiento.

Algunos abordaron la cuestión social de forma muy abstracta, pretendiendo separarse tanto del capitalismo como del socialismo, y preconizando un sistema que no existe sino teóricamente, con alusiones a la “fraternidad” que debe existir entre patronos y obreros. Un aspecto en el que hicieron hincapié fue el de la indisoluble unidad entre España y catolicismo, ignorando a minorías que no eran católicas o no concebían dicha religión de la misma forma. Así, la lucha contra el paganismo y el indiferentismo, en palabras de los propios obispos seleccionados, fue una constante, e igualmente contra el laicismo y la política educativa de la II República, sin distinción entre los diversos gobiernos durante dicho régimen.

Como en tiempos anteriores, sus escritos hacen alusión continuamente a los “derechos de la Iglesia, entrando en contradicciones cuando se adhieren al régimen de Franco pero denuncian la relajación de costumbres que ven en la sociedad de dicho régimen. Consideran al pueblo español "entero" cuando se levantó contra la República, ignorando a propósito la radical división de la sociedad española que no nació en la II República.

El obispo que ocupó la sede de Orihuela entre 1923 y 1943 fue Javier Irastorza Loinaz, que había nacido en San Sebastián en 1875. Sus escritos están llenos de alusiones a “la gran España, la gran misionera de la fe y de la civilización que iluminó con sus resplandores toda la Tierra”. Son frases huecas que no se corresponden con la realidad, pues en la historia de España, como en la de cualquier otro país, hay claros y obscuros, crímenes y hechos heroicos. Su exacerbado anticomunismo estuvo muy en consonancia con el del régimen establecido a partir de la guerra civil, atribuyendo a los sacerdotes el papel de mitigar “los ardores rebeldes en las luchas sociales”, ignorando que muchos sacerdotes alimentaron el odio entre españoles no solo durante la reciente guerra sino en siglos anteriores.

“Sin Sacerdote no hay Religión”, dice en otro momento, considerando a aquel la garantía de la moral y de la paz social. La religiosidad interior que los seres humanos han cultivado a lo largo de los siglos no existe para el obispo Irastorza, que dio gran importancia a la enseñanza religiosa y consideró la guerra civil como “cruzada”. Alabó al régimen de Franco, al que atribuyó el mérito de eliminar los odios y prejuicios contra la Religión (con mayúscula).

En cuanto a la Acción Católica por él alentada en su diócesis, fue instrumento para la recuperación del poder eclesiástico colaborador con el régimen de Franco y legitimador del mismo, borrando el “estigma de rojez”. La teoría de la armonía entre las clases sociales proviene del pontificado de León XIII, pero luego lo harán suyo los regímenes fascistas, que no reconocerán sino la unión de todos en beneficio del Estado, y entra en contradicciones cuando, al mismo tiempo que denuncia la relajación moral de la sociedad, elogia los “sentimientos cristianos, tan profundamente arraigados, a través de los siglos”.

Luis Almarcha Hernández sustituyó en numerosas ocasiones a Irastorza, preocupado aquel por el apostolado social. Nacido en 1887 en La Murada, próxima a Orihuela, llevó a cabo diversas obras sociales católicas, como una Casa Social, las Cajas Rurales Católicas, la cooperativa de Sedas Orihuela, la Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos, etc. En 1944 fue nombrado obispo de León, y luego fue procurador en Cortes y miembro de varios organismos oficiales: no pudo colaborar más con el régimen.

Almarcha criticó al liberalismo, pero no hizo distinción entre el político y el económico (no a las libertades básicas, no al sufragio, no a la igualdad entre hombre y mujer), y demostró una evidente añoranza del pasado (en palabras de Mónica Moreno). En la práctica legitimó el orden económico del franquismo que, con el sindicalismo vertical, aplicaba la doctrina de la “armonía social”.

La Iglesia –dice- no acepta la concentración del capital en pocas manos (pero la Iglesia es una de las acaparadoras de dicho capital desde hacía siglos, añadimos) y habla del “esfuerzo viril” de los pobres contra los poderosos. ¿Dónde está la armonía social? Almarcha es partidario de superar la libre competencia  y la lucha de clases; el cómo ya es algo que queda en los arcanos. Mostró cierta preferencia por el campo, atacó a la sociedad moderna y al socialismo, siendo partidario de una organización del trabajo cooperativo, algo que intentó poner el práctica como se ha dicho.

José García Goldáraz fue obispo de Orihuela entre 1944 y 1954[ii], nacido en Hernani en 1893. Según la autora a la que sigo tuvo una visión menos apocalíptica de la guerra civil, pero se inscribió en el nacional-catolicismo con otros muchos, aportando una novedad para su época, que los fieles también formaban parte de la Iglesia, como poco después reconocería el Concilio Vaticano II.

En la línea de exageraciones producto de la escasa reflexión, dijo que España era la “primera nación evangelizadora del Orbe” y que el pueblo español era el “elegido por Dios”, como el judaísmo religioso dice de sí mismo. Entró en ese tipo de supersticiones tan en boga cuando se tiene poca formación histórica: “gracias a Santiago España tuvo la Virgen del Pilar”, pues como sabemos ni Santiago el Mayor pudo haber estado nunca en España ni lo del pilar de Zaragoza se sostiene en realidad alguna. En la línea del régimen franquista habló encomiásticamente de “la Reconquista, la Unidad Nacional, el descubrimiento de América y el Imperio”.

Se ocupó de organizar misiones populares en la línea que ya en Francia se había planteado como tierra de misión, lejos de considerar que solo países lejanos debían ser objeto de ello, y denunció la práctica religiosa como algo rutinario, en lo que tuvo mucho que ver la propia Iglesia. Recordó a los ricos que debían dar si querían ser felices (no parece que con éxito) y a los pobres que no debían aspirar sino a lo espiritual, con lo que ya tendríamos esa armonía social tan querida como imposible. No dejó de considerar que la Iglesia estaba ausente entre los trabajadores, pero defendió que las desigualdades sociales eran naturales y de origen divino. Las obligaciones de los ricos eran dar donativos y limosnas y los fieles debían ocupar en la Iglesia el papel que les correspondía según su “calidad”.

Pablo Barrachina Esteban fue el más preparado de los obispos estudiado por Mónica Moreno; nacido en Jérica (Castellón) en 1912, estuvo vinculado a la HOAC de Valencia y a los “hombres” de Acción Católica de Segorbe. Obsesionado con la autoridad y la unidad de los católicos (que era para él lo mismo que los españoles), defendió una Iglesia y una sociedad jerárquicas con un cierto toque de elitismo, como querría el Opus Dei.

“Dulcemente –dijo- manda el que está en puesto de autoridad”, utilizando un léxico en el que frecuentemente entraban palabras como “combate”, “conquista” y otros por el estilo. El pueblo, los fieles, no deben “tener juicio propio” y predicó la indisoluble unión entre España y el catolicismo, como desde el III Concilio de Toledo. Animó, no obstante, al clero, a tratar con obreros y gente humilde, lo que da a entender que no se hacía y, por sus pastorales y escritos se deduce no haber entendido que el cristianismo es un sistema moral, no social, por eso Jesús no entró nunca en política, sino que se limitó –según los Evangelios- a hablar del comportamiento de sus seguidores en cada caso.

Observó que la situación parroquial no era buena, lo que entra en contradicción con esa indisoluble unidad entre catolicismo y España a lo largo de los siglos, considerando el ambiente de su época como “malsano y pestífero”, en lo que demuestra una escasa formación histórica, pues no ha habido momentos sin sus crisis y combates morales. Autoritario, fue partidario de que el papel dirigente correspondiese a grupos selectos y elitistas, muy en consonancia con el fascismo de la época, teniendo como inspiradores a Balmes y Donoso Cortés entre otros.

Tuvo un negativo juicio de la sociedad, considerando que la moral pública se había relajado (con respecto ¿a qué época?): “Pueblo de Dios es España. Predilecto entre los más amados”, contra el protestantismo, que parece ignorar es una doctrina cristiana a la que considerará el Concilio Vaticano II. No fue partidario de la profusión de libros, pues a poca libertad que existiese propagaban matices que consideraba perniciosos, así como censuró que algunos católicos viviesen con personas de otras religiones: “se ha perdido el pudor”, dijo en cierta ocasión. Intransigente como la mayoría de los obispos de su época, consideró que la ignorancia religiosa estaba muy extendida, a pesar del papel preponderante que la Iglesia había tenido en toda la historia de España.

Fue partidario de que a la Iglesia se le reconociese –como así fue- la vigilancia de toda enseñanza, pública y privada y, en general, legitimó el sistema económico y la economía franquista de su época[iii].

El concilio Vaticano II de principios de los años sesenta dejó descolocados a estos obispos, así como a la mayor parte del clero católico español. Otros tiempos eclesiales se abrieron camino y personajes como los estudiados constituyeron la resistencia a los cambios.

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[i] “La diócesis de Orihuela-Alicante en el franquismo: 1939-1975”.

[ii] Luego fue nombrado obispo de Valladolid.

[iii] Aquí solo consideramos el período de 1954 a 1959.

En la fotografía (Wikipedia) el obispo Irastorza en su plenitud.

Enredos eclesiásticos

 

                        Soto de Cameros, patria chica de González Vallejo (sotoencameros.info/)

El Patronato que la monarquía española ejerció sobre la Iglesia trajo consecuencias que esta última no deseó llegado un determinado momento. Tanto se identificó la Iglesia con lo temporal, con el Estado, que terminó siendo administrada por él, aunque éste no se entrometiese en cuestiones teológicas ni morales.

Con la irrupción del liberalismo (ya con las prácticas regalistas e ilustradas) en el siglo XIX las tensiones de la Iglesia con el Estado llegaron a casos realmente absurdos, pero en su momento se asumían de una manera que ahora no podrían darse. También entre los obispos, y el resto del clero, surgieron dos grupos, mayoritario uno, según su aceptación o no del liberalismo. En las Cortes Constituyentes de 1869, de los eclesiásticos elegidos como diputados, uno era progresista, Luis Alcalá Zamora, y los otros tres eran tradicionalistas, Miguel García Cuesta, arzobispo de Santiago, Antolín Monescillo, obispo de Jaén, y el canónigo de Vitoria Vicente de Manterola. Estos últimos defendieron las tesis más radicalmente tradicionalistas de la imposible unidad católica, mientras que entre el resto del clero se produjo la división según su comportamiento ante el juramento de la Constitución, aceptada por la mayoría con reservas, y una minoría que se opuso tajantemente a jurarla.

Yendo varias décadas atrás, cuando falleció el cardenal Inguanzo[i], los canónigos toledanos se reservaron el derecho de ejercer corporativamente la jurisdicción en ciertos casos, hasta que el Gobierno designó para la sede vacante al liberal Pedro González Vallejo[ii]. A partir de 1823 había sido deportado y perseguido como liberal por Fernando VII, pero una vez se vio como primado de España, nombró como Provisor y Vicario al canónigo Miguel Golfanguer, también liberal. El Gobierno previó que Vallejo no sería confirmado por el papa[iii] y recurrió a un procedimiento que trajo quebraderos para las autoridades eclesiásticas. Se trató de insistir al Cabildo para que nombrase a Vallejo Gobernador y Vicario[iv], en lo que actuaron unidos el ministro de Gracia y Justicia[v] y el propio Vallejo, que durante seis años suscitó interrogantes canónicos y abundantes tensiones.

En 1839 Vallejo publicó un extenso documento en el que intentaba probar que su elección había sido canónica pues, según decía, los obispos podían ser gobernadores fuera de Italia… Rebatió esto el obispo de Pamplona, Severo Andriani, el cual “no pretendió demostrar que toda su doctrina era cierta y la de Vallejo falsa, sino dejar claramente fijados los principios teológicos y canónicos, en virtud de los cuales ‘es dudosa la jurisdicción que hoy ejercen los obispos nombrados en el título de vicarios’” por delegación de los Cabildos[vi]. En ese momento Andriani estaba desterrado de su diócesis y sus alegatos tuvieron tal acogida entre los obispos que veintiséis prelados le felicitaron. El periódico “El Católico” (carlista) recordó que dieciocho sedes estaban vacantes.

La polémica –dice Eliseo Sáinz- fue larga y ruidosa, perviviendo hasta la muerte de Vallejo (1842) y considerando Carbonero y Sol que tenían “mayor sentido canónico” los opositores a Vallejo.

Entró en liza el papa Gregorio XVI[vii] diciendo que Vallejo debía someterse a su autoridad, acusando a éste de haber “inducido temerariamente” a los canónigos, que había sido nombrado obispo contra decretos del II Concilio de Lyon, en 1274, y contra ciertos Breves de Pío VII, predecesor de Gregorio XVI.

Los párrocos empezaron a pedir explicaciones al Cabildo, que se reunió reconociendo los criterios del papa, por lo que dejaba de considerar a Vallejo como gobernador del arzobispado. A la vez le recordó que el propio Vallejo había dicho que si el papa no aprobaba su nombramiento, se retiraría. El papa se quejó también de que durante la guerra civil (1833-1839) se hubiese apartado de sus cargos a religiosos “violentamente”.

“El Eco del Comercio”, periódico progresista, apelaba al Gobierno para que reprimiese los “escandalosos atentados del bullicioso y rebelado cabildo”. El Gobierno de Espartero, por su parte, respondió con una circular dura y amenazante a la nueva actitud del Cabildo: sería castigado si no reconocía su error. Al tiempo, catorce párrocos solicitaron al Cabildo normas claras.

En 1841 entró en liza Monescillo, que luego sería obispo[viii], látigo desde su juventud hasta su vejez del liberalismo, prolífico escritor y articulista en periódicos tradicionalistas y/o integristas. En dicho año buena parte del clero toledano se adhería a la alocución papal[ix], firmando cincuenta y ocho un documento que fue contestado por la Regencia: se citó a los firmantes y se les encausó criminalmente, prohibió a los alcaldes que diesen pasaporte a clérigo alguno, se retiró las licencias de confesar y predicar a los clérigos firmantes (que muchos no entregaron) y fueron arrestados cuarenta y tres sacerdotes. Monescillo llegó a Madrid y se puso al frente de los que se oponían al Gobierno, redactando (parece ser que de él es la forma definitiva) un documento contestatario.

Los eclesiásticos acusados fueron condenados a pena de destierro durante ocho meses a doce leguas de Toledo, debiendo avecindarse en poblaciones que no tuviesen catedral ni colegiata, sin poder residir dos en el mismo punto. A la postre los curas recurrieron a la Audiencia Territorial, que revocó el fallo del Juez del Partido absolviendo libres y sin costas a los cuarenta y tres curas. Solo Monescillo y otros fueron confinados por orden del Gobierno, debiendo presentarse a la autoridad cuantas veces se les indicase.

Aunque el Cabildo eligió en sustitución de Vallejo a Golfanguer, éste, ante el escándalo en marcha, renunció y, como queda dicho, de “facto” o de “iure”, Vallejo fue administrador del arzobispado de Toledo hasta su muerte en 1842, corto mandato para tan ruidosa pugna.

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[i] Natural de Asturias, falleció en 1836 siendo arzobispo de Toledo. Cuenca Toribio le señala como uno de los grandes oradores antes de Castelar.

[ii] Riojano, era en ese momento obispo de Mallorca, habiendo sido diputado en las Cortes del “trienio” y presidente del Estamento de Procuradores durante un breve tiempo en 1821.

[iii] Eliseo Sáinz Ripa, “Antolín Monescillo y Viso, obispo de Calahorra…”.

[iv] Se llamaba vicario capitular a la persona que, elegida por el Cabildo, gobernaría la diócesis durante la vacante episcopal hasta que el Gobierno designara a un nuevo obispo y el papa lo aprobara. El Cabildo, en el caso que nos ocupa, ya había elegido al doctoral Salustiano Mayordomo, pero leída una carta de la reina comunicando el nombramiento de Vallejo como arzobispo de Toledo, se pedía al Cabildo que le designase como Vicario, y otra carta de Vallejo solicitó su elección como arzobispo. El conflicto estaba servido, pues según los canonistas de la época no se podía nombrar a Vallejo “sin faltar a lo que previenen los cánones”, pero lo cierto es que el Cabildo lo eligió por 21 votos frente a 12. Mayordomo, ante esta situación, había puesto su cargo a disposición del Cabildo.

[v] Manuel Barrio Ayuso o José Landero y Corchado.

[vi] Real Academia de la Historia: dbe.rah.es/biografias/19520/severo-leonardo-andriani-escofet

[vii] Papa entre 1831 y 1846.

[viii] Primero de Calahorra, luego de Jaén, arzobispo de Valencia y de Toledo.

[ix] Recocían su error inicial al elegir a Vallejo, hablaron de zozobra en la validez de su elección y pedían libertad para que se les dejase hacer otra.

La crueldad del nuncio

 

Al nordeste de la actual provincia de Burgos se encuentra la aldea de San Martín de Don, formando parte del municipio de Frías en el valle de la Tobalina, por donde discurre el río Ebro en medio de explotaciones ganaderas, campos de cereales y vides. Allí nació el obispo de Calahorra durante diez años (1577-1587) Juan Ochoa de Salazar, que mantuvo varios pleitos con el cabildo catedralicio (nada novedoso entre estas dos figuras eclesiásticas) y participó en otro que implicó al nuncio, al papa y al rey Felipe II.

El nuncio Felipe Sega fue nombrado para dicho cargo en España el mismo año en que el obispo Ochoa lo fue para Calahorra; tenía aquel cuarenta años y se caracterizó por ser muy celoso de los privilegios y jurisdicción que se reconocían a la Iglesia católica, siendo su influencia en la vida política española notable, además de por su participación en la reforma de las órdenes religiosas[i].

El conflicto al que nos referimos aquí tiene mucho que ver con la complicada red de relaciones diplomáticas, administrativas y jerárquicas de la Iglesia católica. El obispo Ochoa, de acuerdo con el rey Felipe II, intentó realizar una visita canónica al Cabildo, pero los miembros de éste alegaron una “concordia” según la cual, cuando el prelado fue nombrado obispo, éste renunciaba a ejercer tal derecho, por lo que se negaron a ser visitados, algo que puede parecernos extraño pero que, como decimos, tiene mucho que ver con los conflictos entre jerarquías eclesiásticas a lo largo de la historia.

El obispo pidió ayuda al rey, quien a través del Corregidor secuestró los bienes del Cabildo, encarceló al deán y envió desterrados a Portugal a algunos de los canónigos. Intervino entonces el nuncio Sega en defensa de la “jurisdicción eclesiástica”, rechazó la intervención civil, declaró la diócesis vacante y depuso al obispo, al que mandó ir a Roma para rendir cuentas. Además el nuncio excomulgó al Corregidor, que solamente cumplía órdenes, y el propio papa Gregorio XIII intervino enfrentándose al rey.

A partir de 1579 el nuncio Sega empezó a enviar informes a Roma sobre las tensiones entre el Cabildo y el obispo, a lo que contestó el cardenal de Como que “ninguno acude a dolerse”, por lo que no procedía hacer nada más. Es entonces cuando Sega parece influir en el Cabildo para que éste pidiese angustiado la ayuda del papa, y lo de “parece influir” se deduce de que ya Sega anuncia al cardenal de Como que ·era muy posible que los canónigos acudiesen a él”, por lo que le pedía “procurase escucharles… porque el negocio aquí va de mal en peor, ya que el obispo sigue con su acostumbrada tozudez”.

Informado Ochoa de esto, pensó que podría llegar a España una bula de Roma respaldando al Cabildo y temió se impusiese la inhibición del Tribunal de la Rota a favor de aquel, o quizá una declaración en contra suya referente a la obligación de residencia de los obispos, lo que había decretado no hacía mucho el Concilio de Trento. Por ello –dice Fernández Collado- envió dos sacerdotes para que defendiesen sus derechos ante el rey y para que éste impidiese la publicación de aquellas escrituras.

Felipe Sega, por su parte, informó a Roma que el obispo seguía en la misma actitud y no obedecía el ir a dicha ciudad para rendir cuentas, además de que seguía actuando como si no tuviese suprimida su jurisdicción sobre el Cabildo. El obispo envió un vicario al rey para que le defendiese y el Consejo Real mandó que compareciese ante él el deán de Calahorra, el cual, cuando llegó a Madrid, de nuevo fue encarcelado y luego conducido a Portugal. Así se llega al año 1581, cuando deán y Cabildo escriben directamente al papa alegando que no encontraban ningún notario que quisiese hacer escritura de lo que estaba pasando, probablemente por no indisponerse con el poder central. Acusan al obispo, además, de haber prohibido a los miembros del Cabildo confesar durante la cuaresma…

Sega recibió información de todo esto, por lo que parece actuó en connivencia con el Cabildo, se dirigió de nuevo a Roma y le contestó el cardenal de Como, que le informó sobre el interés que tenía el papa en la protección de los canónigos y en que no saliese perjudicada la jurisdicción eclesiástica, verdadero meollo de la cuestión, pidiéndole a Sega que buscase la ayuda del rey y del cardenal Granvela[ii], pero las cosas seguían sin solución.

Sega propuso entonces a Roma que confirmase la privación de jurisdicción para el obispo y vacante su iglesia, además de dirigirse al confesor del rey (que se encontraba en Portugal) para que le ayudase en éste asunto, pero Diego de Chaves[iii] decidió no intervenir y aconsejó al nuncio que lo dejase en manos de los jueces. Sega decidió entonces publicar la vacante de la iglesia de Calahorra, pero en un primer momento tropezó con la dificultad de no encontrar quien ejecutase tal decisión (otra ver el temor al poder central), solicitando que desde Roma se enviase un Breve del papa al rey en el que se insistiese en la exigencia de obediencia al obispo, al Consejo Real y al propio Felipe II.

Así lo hizo el papa: el Breve hizo alusión a las injerencias del Consejo Real y protestó ante el rey. Gregorio XIII, además, había recibido en audiencia al representante real, abad Briceño[iv], dando tiempo a que el Breve fuese recibido en Madrid, cuando ya el rey había exigido al deán y al Cabildo que se sujetasen a la autoridad del obispo Ochoa, y en cuanto a la visita que éste deseaba hacer, le había recomendado que la llevase a cabo con “caridad, amor y rectitud”[v].

Los canónigos se dispusieron a ceder en sus pretensiones pero el nuncio Sega actuó de nuevo buscando ciertas formas diplomáticas, como dejar en suspenso la declaración de vacante del obispo, pero pidiendo al papa que se mantuviese firme en su posición. El asunto pasó por otras vicisitudes en las que se puso de manifiesto el concepto de autoridad que tenía el nuncio y la pertinaz resistencia del obispo. Por fin Sega se inclinó a cambiar de actitud, aunque solo aparentemente, pues envió al rey unos principios de acuerdo que no tendrían valor si el papa no los ratificaba.

Según Sega debían ser absueltos todos los clérigos y laicos castigados por las autoridades civiles, se les devolverían a los eclesiásticos todos los bienes confiscados, el obispo Ochoa debía contentarse con ejercer la jurisdicción que el nuncio le concediese, no debía visitar al Cabildo ni pisar la catedral hasta que se hiciese pública la sentencia definitiva de la Rota. El obispo quedaría absuelto por el nuncio según las facultades y por el tiempo que el papa y el rey estipulasen; la declaración de vacante de la diócesis quedaría en suspenso hasta que lo decidiese el papa, pero mientras tanto Ochoa podría disfrutar de los frutos del obispado, debiendo escribir al papa justificándose y pidiéndole perdón.

Desde Roma comunicaron a Sega que cuando se produjese el acuerdo dado por el rey, entonces y solo entonces, daría el suyo el papa, lo que el abad Briceño informó en sentido positivo al rey. Felipe II escribió al nuncio, lo que resulta extraño tratándose éste de un embajador, categoría muy inferior a la del monarca, indicándole que estaba de acuerdo con su propuesta pero que los detalles debía discutirlos con Granvela. Sega se debió sentir fuerte, pues en cuanto a Ochoa insistió en que debía ir a Roma, lo que le repitió una y otra vez, exigencia que era independiente del acuerdo al que llegasen el papa y el rey, de forma que no se le perdonaría la excomunión hasta que emprendiese dicho viaje.

Una vez en Roma, el papa quiso encerrarle en el castillo de Sant’Angelo, pero el conde de Olivares[vi] medió para que no fuese así, recluyéndole en el convento de San Pedro ad Víncula. En 1585 el papa Sixto V dictó sentencia contra Ochoa condenándole a un año de reclusión, cinco de suspensión y al pago de 5.000 ducados. La administración de la diócesis se encomendó al obispo de Tarazona[vii] y, dos años más tarde, Ochoa fue nombrado obispo de Plasencia, donde murió en 1594.

El autor al que sigo recoge la interpretación de García-Villoslada, que considera al nuncio como el culpable de todo el conflicto, “perturbando la paz pública violando las leyes de España” El mismo Villoslada señala que “nada hubiera sucedido de no intervenir inconsiderablemente [sic] el nuncio Filippo Sega, el cual… hizo fijar en las puertas de las Catedrales de Calahorra y Logroño tres cedulones (…), el primero conteniendo una Bula prohibida en España[viii]; el segundo con la deposición del obispo y vacante el obispado; y el tercero con la excomunión del Corregidor de Logroño y otros funcionarios. Al saberlo el rey, criticó el proceder del nuncio.

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[i] Esta reforma fue una constante, pues siglos más tarde se volverá a hablar de relajación del clero regular. El presente resumen se basa en un trabajo de Ángel Fernández Collado: “Actuación del nuncio Sega…”.

[ii] Desde 1579 era presidente del Consejo de Italia, muriendo en 1586.

[iii] Natural de Trujillo y dominico.

[iv] En 1580 había comunicado desde Roma al rey sobre la disolución de la Dieta de Colonia, donde se intentaba poner remedio a las ambiciones de diversos estados sobre Flandes.

[v] Esto lo hace el rey por escrito firmado en Thomar (Portugal) por Antonio Eraso, desde 1568 secretario del rey, y otros ocho altos funcionarios reales.

[vi] Enrique de Guzmán y Ribera (1540-1607), entonces embajador de España en Roma.

[vii] Debe ser Antonio Manrique de Lara.

[viii] “In Coena Domini”, de Urbano V en 1363, considerada por los reyes de varios estados una intromisión en los asuntos civiles.