Una de las
provincias de Perú es La Convención, y el distrito de Lares está en la de
Calca, región del Cuzco. Estos territorios y los valles de Urubamba
(Vilcanota), son los que ha estudiado E. Hobsbawn para conocer la naturaleza y
actividad de uno de los movimientos campesinos en el siglo XX. La Convención,
dice dicho autor, cubre aproximadamente el 54% de la región de Cuzco (unos
45.000 km2) y es una zona de colinas y de selva a 1.000 ó 1.200 metros de
altura, separada del resto de la región por montañas y pasos estrechos. Hasta
los años treinta o cuarenta del siglo XX, estas zonas estaban totalmente
aisladas, con una población escasa y una economía inutilizada que se dividía
nominalmente en tierras públicas y unas cuantas fincas gigantescas que alguna
vez, dijeron los campesinos, tenían una condición legal dudosa.
La posición de
los pocos hacendados era la que cabía esperar en las selvas del Perú, dueños de
“vida y hacienda”, y si hay en todos los movimientos campesinos de la región un
tema constante es el del resentimiento contra los abusos que los poderes de
los terratenientes hacían por sí o por medio de sus gamonales: penas corporales, torturas, muertes, explotación sexual
de la campesina, etc. El principal y más impopular de los propietarios era
Alfredo de Romainville, cabeza de una familia cuya hacienda original, estimada
en unas 500.000 hectáreas, adquirió un tal Mariano Vargas, dividida después la
propiedad en unidades algo menores entre Carmen Vargas de Romainville y María
Romainville de la Torre.
El proceso de
división del territorio original ha proseguido, aunque la hacienda principal, Huadquiña
(en cuyo beneficio quizá se construyó el ferrocarril de Cuzco-Huadquiña), tenía
todavía, en la década de los sesenta del siglo XX, más de 100.000 hectáreas,
incluyendo en ellas epicentros de la rebelión como el bastión del guerrillero
Hugo Blanco, Chaupimayo. Hacía 1962, la región tenía 174 haciendas, pero
ninguno de sus propietarios tenía la importancia de los Romainville. También
eran impopulares los Bartens (hacienda Chacamayo, en el valle de Lares) que
tenían unas 45.000 hectáreas, los Márquez y otros.
El ferrocarril
de vía estrecha que empezó a funcionar en los años treinta, entre Cuzco y Santa
Ana (Huadquiña), abrió esta zona a una economía de mercado, y entonces el café,
la caña, la fruta, el cacao y otras cosechas e extendieron con vistas a la
exportación. Pero una epidemia de paludismo entre 1930 y 1936 parece haber
diezmado la ya de por sí escasa población y habría contribuido a la emigración
y venta de tierras. Otros inmigrantes venidos de las montañas ocuparon el lugar
de los que se fueron, pero el ser humano no fue el único culpable de las
desgracias, pues las sequías y los terremotos fueron frecuentes. Los
inmigrantes no tenían tierras y los hacendados tenían muchas, pero sin
trabajarlas, no estando dispuestos a pagar salarios decentes a los
trabajadores. Por si ello fuese poco se practicó el arrendamiento de parcelas
para que fuesen cultivadas, pero sin seguridad alguna para los arrendatarios de
que conservarían el arriendo aunque hiciesen mejoras en las explotaciones. Los
productos debían venderse a través de los hacendados, por lo que las plusvalías
de la comercialización beneficiaban a estos, mientras que los campesinos habían
de comprar esos productos a los hacendados a precios abusivos.
Si la cosecha
del arrendatario era buena, una parte se daba al hacendado, y hubo así unos
4.000 trabajadores según Hobsbawm, que tenían que subarrendar parcelas más
pequeñas en condiciones análogas, haciéndolo a unos 12.000 “allegados”, que
cumplían en condiciones de servidumbre. Por debajo estaban aún los braceros o
jornaleros, pagados diariamente en metálico o especie. El total de los
campesinos de estos valles se calcula, por lo menos, en 60.000, y los
arrendatarios distaban mucho de ser proletarios, sino que jugaban el papel de
conservar el sistema, aunque en 1962 se vio su oposición a los hacendados. De
hecho, las agitaciones campesinas de La Convención tuvieron como líderes a los
arrendatarios, que en ocasiones contaron con la colaboración de los
“allegados”.
Los
arrendatarios quisieron pasar del sistema feudal en que trabajaban la tierra a
otro de tipo capitalista, o llegar a la propiedad campesina. Así, las
exigencias principales de la huelga general de arrendatarios de 1961-1962
abogaban por los cambios siguientes: abolición de las servidumbres de trabajo,
sustitución del arriendo en metálico, nuevos arriendos por un mínimo de seis
años (en otros casos, diez), el derecho de sembrar el 10% de la tierra con
cultivos alimenticios, el derecho a comprar tierras, prohibición de la
obligación de vender las cosechas al hacendado… Así se llegó a un acuerdo con
la Compañía Agrícola S. A. de contratos bienales, abolición de las dos semanas
de trabajo con salario fijado por el hacendado cada seis meses, reconocimiento por los hacendados de las mejoras hechas por los arrendatarios, que quedarían
libres de vender su cosecha de té donde quisiesen, la compañía pondría una
escuela e introduciría la electricidad…
No hay pruebas
suficientes sobre una agitación independiente de los “allegados”, aunque es
evidente que la abolición de las servidumbres personales les beneficiaron.
Hacia 1962 la Federación Campesina tenía 110 sindicatos afiliados en la
provincia, con 20 a 600 miembros cada uno. Su poder se demuestra porque en ese
año el gobierno peruano dictó varias medidas especiales en pro de una reforma
agraria en La Convención y hasta la Cámara de Comercio de Cuzco se dirigió
oficialmente al gobierno pidiendo la inmediata ejecución del anunciado Plan de
Reforma Agraria. Esto fue posible gracias a la solidaridad del campesinado,
aunque hemos visto que no todos gozaban de los mismos estatutos. A pesar de la
pobreza general, los campesinos de La Convención no eran personas de ciudad,
indios y no criollos. Los inmigrados eran en su inmensa mayoría indios, el
quechua seguía siendo el idioma hablado en los mítines de los sindicatos, pero
el castellano se entendía ampliamente. Los dirigentes sindicales habían
superado el analfabetismo y, según Hobsbawm, esto se debe a la organización
comunista.
Algunos aspectos
de las injusticias sufridas chocaron más a unos campesinos que a otros, pero a
los jornaleros y braceros, que no tenían interés directo en las exigencias de
los arrendatarios y “allegados”, la existencia de cualquier movimiento de
resistencia campesina contra los señores ofrecía la posibilidad de reclamar
eficazmente sus derechos, o aún de reconocer la existencia teórica de esos
mismos derechos, y esto se demuestra porque los salarios subieron. El autor al
que sigo explica el éxito de las reivindicaciones por la tradicional fuerza del
partido comunista y otras organizaciones marxistas en la región de Cuzco. En
esta parte de Perú el APRA[i]
nunca logró afianzar su influencia del modo que lo hizo en el norte. Los
comunistas venían trabajando la región desde 1934, e intelectuales junto con abogados,
empleados bancarios y maestros prestaron sus servicios al movimiento sindical.
Un ejemplo de sindicalista aguerrido fue Andrés González, uno de los jefes del
movimiento de Hugo Blanco en Chaupimayo; de niño trabajó en la hacienda
Sullupuchyo, de la familia Luna, que estuvo en permanente conflicto con la
comunidad indígena. González, en venganza por abusos sufridos, entró en la
hacienda y robó los títulos de propiedad que luego quemó. Luego se estableció
en Chaupimayo (1946) y estableció contacto con personal político.
Como González
hubo otros en las regiones fronterizas de la cuenca del Amazonas, que fueron
los cuadros naturales de los movimientos campesinos. En La Convención el
movimiento renació al caer la dictadura de Odria en 1956. Puede que empezase
como rebelión contra los Romainville de Huadquiña, y parece que la causa
inmediata fue que los hombres se indignaron al ver que uno de los líderes era
azotado. Romainville fue acusado además de usurpar tierras que no le
pertenecían legalmente del otro lado del río Ynacmayo. A partir de entonces se
inicio un estado de virtual guerra, abandonando los hacendados sus fincas en
manos de sus administradores.
En 1958 existían
ya varios sindicatos, y en 1962 Maranura, Huyro, Santa Rosa, Quellouno y una
Federación Campesina provincial se organizaron a partir de once sindicatos miembros.
El movimiento parece haberse limitado a una agitación de índole sindical, pero
la ocupación de tierras empezó en 1961 en las prvincias de Pasco y Huanuco, y a
finales de ese año se constituyó una Federación con 214 organizaciones
afiliadas, convocando una conferencia de campesinos en Quí Uabamba, donde se
formularon peticiones de expropiación (contra “justo precio”) de las fincas de
Romainville, y la consigna general pasó a ser la de que los campesinos ya
habían “comprado su tierra con el trabajo que llevaban realizando en ellas”. Se
dio entonces la ocupación de tierras en masa: la hacienda Chaullay fue invadida
en marzo de 1962, y los invasores se construyeron cabañas provisionales. En
Lares los hacendados denunciaron en abril la existencia de grupos armados que,
según decían, se apoderaban de las tierras, y en la provincia de Calca 300
comuneros de Ipal expulsaron al hacendado y su familia de un fundo que, decían,
había sido usurpado de una comunidad por una decisión jurídica injusta.
En mayo un
grupo de Chaupimayo impidió que los empleados del hacendado cortasen madera para
traviesas de la prolongación del ferrocarril, y en agosto los campesinos
armados de Quellomayo y de Huacaypampa expulsaron a los leñadores de las
tierras de una hacienda (Santa Rosa), asegurando que ya no pertenecían a los
Romainville. En octubre se anunciaban afincamientos en 36 haciendas, por más
que esto llevó a litigios: entre las haciendas ocupadas estuvieron Huadquiña,
Pavallo, Paltaybamba, San Lorenzo, Pavayoc, Versalles, Echarate y Granja
Misión. La mayoría de las haciendas en Lares y Calca estaban, según se decía en
la prensa, en manos de los campesinos, y la mayoría, si no todos de los
hacendados habían abandonado los valles o se preparaban a ello. En ese mismo
mes la prensa anunciaba la publicación del texto de una Ley de Reforma Agraria,
pero ello no evitó la intensificación del movimiento, que ya venía desde la
primavera anterior, aunque se produjo una división en su seno. Como tantas
veces ha ocurrido, parece que se trató de un pulso –dice Hobsbawm- entre los
comunistas ortodoxos y otros grupos revolucionarios que los consideraban
demasiado moderados y favorecían insurrecciones guerrilleras de índole
castrista.
En este
contexto, Luis de la Puente, líder del MIR (secesión de APRA), apareció en Qullabamba y dio un mitin apoyando por 36
sindicatos, queriendo luego hablar en nombre de las Federaciones Provinciales
de Quillabamba, pero los principales disidentes eran trotskistas a las órdenes
de Hugo Blanco, joven intelectual que llegó a los valles procedente de Cuzco,
de donde era oriundo, después de la organización campesina de 1958. Cuatro años
más tarde cierta prensa empezó a considerarle como una especie de Castro
peruano, destacando sus relaciones con grupos terroristas y profesionales de la
insurrección, estando su principal bastión en Chaupimayo. La formación de
unidades armadas (fuesen guerrillas o grupos de autodefensa) se debió casi con
seguridad a Blanco, y los rebeldes fueron objeto de crecida admiración, y
dieron a los revolucionarios de otras partes de Perú buena publicidad
romántica.
[i] Partido
de orientación socialista.
