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miércoles, 22 de mayo de 2019

El monte y las comunidades agrarias



José María Ramos Santos[i] ha publicado un interesante trabajo sobre lo que la Edad Media legó a la Moderna, en cuanto a los montes como elemento indispensable del paisaje agrario. El autor se refiere a los montes de tres provincias españolas actuales, Ávila, Salamanca y Valladolid, una superficie de unos 650 km2 repartidos por 18 términos municipales. La expansión de la agricultura y la ganadería obligaron a los municipios a reglamentar el aprovechamiento de los montes, pues su explotación presenta una casuística extraordinaria.

Las Ordenanzas que se aprobaron reflejan la valoración del monte por las comunidades campesinas, pero también la complejidad de las relaciones sociales durante la Edad Moderna. Los conflictos a causa de los montes enfrentan a personas, grupos y municipios entre sí, estudiando Ramos Santos las Ordenanzas de Madrigal de las Altas Torres y de Tordesillas contra la tendencia a la disminución de los aprovechamientos en los montes.

En 1663 –dice el autor citado- se planteó un pleito entre vecinos de la villa de Horcajo de las Torres[ii] y la de Madrigal sobre las penas impuestas a los ganaderos de la primera, que entraban con sus ganados en los montes de la segunda, pero este conflicto tiene su origen en diferencias que se remontan al menos al siglo XIV, cuando tuvo que pactarse una concordia para el aprovechamiento de los pastos. En efecto, solían darse incursiones de unos vecinos en los montes de otros pueblos para cortar leña de encina o pino, por lo que se dictaron unas Ordenanzas Antiguas de Montes a finales del siglo XIV, y otras en 1532.

Comparando estas dos Ordenanzas se observa la existencia de un monte mixto en los territorios estudiados, donde la encina y dos especies de pinos (resinero y piñonero) son dominantes. Había también dehesas donde los animales porcinos aprovechaban las bellotas, y otros terrenos, grandes extensiones de pastizales. Del pinar se aprovechaban la piña, la resina y la madera, y era posible el aprovechamiento de esta en turnos de 25 a 30 años, pero hubo casos de fraude, como revelan los investigadores.

Los matorrales de la zona estudiada son diversos tipos de retamas[iii] y el tomillo, consecuencia de las alteraciones producidas en el monte y su degradación, lo que resulta inevitable por la sobreexplotación ganadera y la corta continuada de leña. En las Ordenanzas del siglo XIV no se mencionan aquellos matorrales, mientras que sí figura el royuelo, que estaba protegido y prohibida su corta, aunque seguramente había sido extendido artificialmente por el interés económico que ofrecía, pues de él se obtenía un tinte rojizo para la industria textil.

De todas formas hubo una integración en la economía rural de estas dos plantas, el tomillo y la retama, pues en 1532 se penalizó la corta de ambas con el objeto de evitar su desaparición, aprovechándose para consumo en los hogares (tomillo), como combustible (retama), para la fabricación de colorantes a partir de las flores o como pasto para el ganado. El pastoreo abusivo en el monte es consecuencia de la importancia de la cabaña ganadera. En 1532 se establecieron dos cambios importantes: la prohibición de la entrada de ganado cabrío en el monte y la supresión del límite de 50 cabezas a partir del cual se pagaba una multa, lo que benefició a los grandes propietarios de ganado lanar, mientras que durante el reinado de Isabel I se procedió a una privatización de ciertos aprovechamientos en los bienes comunales, todo lo contrario de lo que había ocurrido durante la Edad Media, cuando los más humildes habían tenido libre acceso a los bienes de propios y comunales. Las cortas fraudulentas de leña constituyeron otra de las causas del deterioro del monte, y así se va creando un monte abierto en el que se extendieron plantas arbustivas como la retama y el tomillo.

En el siglo XVI hubo un intento por parte de la monarquía en extender las superficies forestales, justo cuando se da una lucha entre el interés de los concejos en acrecentar su poder y el de los poderes centrales por el suyo. En 1518 el rey envía a las ciudades y villas de la Corona de Castilla una provisión para el aumento y mejora de los plantíos, en lo que se ve una alarma ante la deforestación del reino, y esto llevó a un aumento de la superficie forestal plantándose pinares en dos grandes zonas del área estudiada por nuestro autor: la Vega, y a lo largo del camino que va junto al río Zapardiel[iv] hacia Foncastín[v], Zofraguilla[vi] y Torrecida del Valle[vii], en el límite con Medina del Campo. La preocupación por los montes va pareja a la de frenar la expansión del ganado, por eso la entrada de vacunos y porcinos se penalizaba con una multa, y con otras la de ganado lanar.

Pero a pesar de las Ordenanzas y de las sanciones a quienes abusasen de los aprovechamientos de los montes más allá de lo permitido, los asaltos a los montes fueron una constante durante toda la Edad Moderna, prueba de la utilidad que representaban para las economías campesinas, siendo muy difícil ponerles freno. No resultó infrecuente que fuesen los propios vecinos de un municipio los más interesados en la realización de “rompimientos” en el monte con el fin de cultivar las tierras: son los montes entradizos, los espacios más cercanos a la villa o mejor comunicados con ella. De hecho, el cultivo planificado del monte durante algunos años seguidos, dejando árboles estratégicamente dispuestos entre las tierras de cultivo, fue un recurso habitual para incrementar la producción de cereal, pero que también revertía en una mejora de la tierra cuando, pasado un tiempo, volvía a destinarse a forestal.



[i] “Ordenanzas de montes y conflictividad social en la Corona de Castilla: de la Baja Edad Media a la Edad Moderna”.
[ii] En el extremo norte de la actual provincia de Ávila.
[iii] Negra o de escobas, de tallo largo, con los tallos muy apretados, etc.
[iv] Nace en la sierra de Ávila y va en dirección a Medina del Campo, desembocando en el Duero. En su curso alto salva una gran pendiente.
[v] En el suroeste de la provincia de Valladolid.
[vi] Cerca de Tordesillas.
[vii] En el suroeste de la provincia de Valladolid.

martes, 31 de octubre de 2017

Montes y árboles en España

Monfragüe


La política desamortizadora de los gobiernos liberales españoles en el siglo XIX, trajo consigo un extenso patrimonio forestal público (6,6 millones de hectáreas) y que, según el Grupo de Estudios de Historia Rural[1], se conserva hoy casi en su totalidad. Desde el último tercio del siglo XIX hasta el primero del XX, el Estado aplicó varias políticas forestales sobre este patrimonio, teniendo en cuenta la compleja y variada realidad del mundo rural español.

Los montes públicos estaban y están dispersos y en entornos sociales y ecológicos diferentes, lo que ha sido objeto de estudio por no pocos autores, los cuales ponen de manifiesto los diversos modos de gestión de los montes públicos, en pugna permanente con los distintos grupos sociales que competían por el control de los aprovechamientos forestales.

La sociedad española, en los dos tercios de siglo estudiados, era poco homogénea si tenemos en cuenta los diversos medios rurales que se daban, por lo que fue poco viable la puesta en práctica de una política forestal uniforme; al contrario, la gestión del monte público se adaptó a las condiciones locales, sobre todo teniendo en cuenta que hubo grupos ajenos a la comunidad rural que aspiraban también a controlar el monte público.

La situación en el año 1920 de la producción de los distintos tipos de montes públicos revela que la madera es el principal producto, seguida de los pastos, pero hay otros como la leña, el esparto, la resina, el corcho, los aprovechamientos derivados de roturaciones y la montanera (pastos y bellotas para el ganado porcino)

Los autores aportan datos muy interesantes sobre el porcentaje de la producción de los montes públicos y de utilidad pública[2] respecto del conjunto de los montes de España, aunque referidos al período 1946-47, por lo tanto con posterioridad a la época por ellos estudiada. El total de la producción de los montes públicos y de utilidad pública representó el 66,8%, con clara ventaja para los primeros. En cuanto a madera los montes públicos y de utilidad pública produjeron el 43,4% del total; leña el 74,3%, con clara ventaja para los públicos; pastos el 79%, representando el monte público la mitad de la producción nacional; y corcho el 17,3%, siendo otras producciones de los montes públicos y privados el esparto, la resina y los esquilmos (provechos secundarios para alimentación del ganado o subproductos derivados de los cereales y otros). No obstante, la producción de las praderas naturales superó a la de todos los demás esquilmos juntos.

Ello indica que las producciones de los montes públicos ocupaban un lugar importante en la economía forestal del país, aunque aquellos se encontrasen muy irregularmente repartidos en territorio nacional. La producción de madera fue el aprovechamiento forestal por excelencia, no obstante ser España, en la época, un importador de madera, pero aquella procedía de una extensión muy reducida de los montes públicos; resina y madera se concentraban en el centro y norte del país, mientras que el corcho se obtenía en el sur. Si tenemos en cuenta, por tanto, el conjunto de los montes públicos, es que eran poco maderables, a la par que eran productores, sobre todo, de pastos y leñas que servían a las comunidades rurales.

Para 1946-47 –dicen los autores- y solo respecto a los montes de utilidad pública, los situados en siete provincias (Burgos, Ávila, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca y Guadalajara) proporcionaron el 83% de la producción de resina. Las mismas provincias más Navarra, aportaron el 62% de la madera, y los montes de utilidad pública de Málaga y Cádiz, por sí solos, aportaron el 100% del corcho. Algo similar ocurrió con el esparto en el sureste, donde los montes de Albacete, Jaén, Granada, Almería y Murcia aportaron el 95% de su producción.

Los autores dividen la política forestal española, en el período estudiado (1861-1933) en cuatro etapas: la primera desde 1855 hasta 1875, comenzando con la desamortización de Pascual Madoz en la que el Estado tuteló el proceso desamortizador y se esforzó por consolidar un patrimonio forestal público. Pero el proceso privatizador ya había comenzado con un decreto en 1813, otro en 1822 y el de 1837, siempre con gobiernos de la familia liberal progresista. En cuanto al patrimonio forestal existe el precedente de las Ordenanzas de Montes de 1833. En 1873-74 comenzaron, por su parte, los planes de aprovechamiento de los montes públicos y se encargó su vigilancia a la Guardia Civil (1876), si bien la primera ley de montes, no obstante, se había aprobado en 1863.

La segunda etapa abarca los años 1875 a 1800, donde el Estado acentuó su intervención en el sector forestal con ordenaciones y repoblaciones, aunque su aplicación fue muy escasa. La ley de presupuestos de 1897 reorganizó administrativamente los trabajos sobre los montes públicos, así como se publicó un catálogo de montes de utilidad pública.

La tercera etapa abarca los años 1900 a 1924, donde se llevaron a cabo repoblaciones y, sobre todo, ordenaciones de montes públicos. Los aprovechamientos llamados ordinarios se llevaron a cabo mediante subastas y se produjo una mejora de la productividad: entre 1861 y 1932 los montes públicos aumentaron, en %, su productividad a más del doble en los aprovechamientos ordinarios y dicho aumento también se dio, aunque en menor porcentaje, en los montes de utilidad pública. En los montes ordenados, entre 1902 y 1920, los aprovechamientos subieron de 846.000 pesetas a 4.424.000, ya se tratase de ordinarios, vecinales o extraordinarios. Pero una vez nos encontramos que estos datos se refieren a una reducida superficie, concentrada en muy pocas provincias y en los aprovechamientos más mercantilizados: madera, resina y corcho.

La superpie de montes ordenados, entre 1903 y 1932, se cuadruplicó y la producción se triplicó. En los montes repoblados (mismo período) la superficie se multiplicó por 4,4 y la producción por 10,5. La inflación causada como consecuencia de la I guerra mundial trajo consigo un aumento del precio al que se llegaba cuando se producían las subastas. En 1912-1913 la participación en la superficie y producción de dos grupos de provincias arroja una clara ventaja para uno de estos grupos, que se señalan a continuación: el primero, formado por Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, León, Palencia y Zamora presentan menos producción en más superficie, contrariamente a lo que ocurre en el grupo segundo: Huelva, Cádiz, Córdoba, Jaén, Cuenca, Segovia y Soria. Esto se debe a que el Estado no intervino en los montes públicos de igual manera: allí donde pervivieron usos forestales tradicionales, la producción fue menor (grupo primero) y donde el Estado centralizó la gestión la producción fue mayor.

La cuarta etapa comprende los años 1924 a 1936: en el año 1924 se aprueba el Estatuto Municipal por el que el Estado dejó en manos de los Ayuntamientos la gestión de los montes públicos, pero ya antes (1918) se había dado fin a la ordenación por particulares. Ahora se incrementó notablemente la inversión en repoblaciones y dio comienzo una política hidrológico-forestal, completándose con reformas legislativas entre la que está la creación del Patrimonio Forestal del Estado en 1935.


[1] “Política forestal y producción de los montes públicos españoles…”.
[2] Se diferencian de los públicos en que su uso es para comunidades vecinales o que cumplan alguna función de interés público: evitación de aludes e inundaciones, etc.