Instancias de gobierno en la Castilla medieval

 

El profesor Ladero Quesada es uno de los historiadores que mejor conoce la Edad Media castellana, y a él se debe el estudio de los poderes políticos en el siglo XV. La monarquía, como cabe suponer, es la institución que se encuentra en la cúspide del poder en todos los órdenes, pues además está ungida con un fundamento religioso (vicario de Dios, se dice en Las Partidas). Del derecho romano tardío hereda la “maiestas”, el poder legislativo, el derecho a no sujetarse a las leyes (en general), el poder de declarar la guerra y acordar la paz, administrar justicia, el derecho de gracia, los nombramientos para los más importantes oficios públicos; y al monarca correspondía el dominio directo sobre las tierras yermas, baldíos, pastos comunes, las minas, las aguas y las costas.

Era un poder inmenso que, sin embargo, tenía limitaciones: podía establecer ferias y mercados en villas y ciudades, al rey correspondía emitir moneda, tenía una fiscalidad propia y podía eximir el pago de impuestos a quienes considerase oportuno. En realidad tenía un pacto con las Cortes, con la aristocracia, el alto clero y las oligarquías municipales. En ocasiones se trataba de pactos tácitos, el “contrato callado” del que hablan las fuentes, sobre todo en derecho natural y de gentes.

El rey juraba ante las Cortes respetar los fueros de sus súbditos, y las Cortes le juraban acatamiento, bien entendido que si un rey incumplía sus obligaciones hasta el extremo de que se le considerase “rex inutilis” o tirano, había derecho de resistencia, y de ahí la liberalidad en interpretar esto por parte de los poderosos. En realidad monarquía y alta nobleza estuvieron en conflicto y consenso alternativamente, llegándose en algunas ocasiones a crisis institucionales, como en la últimpa parte del reinado de Alfonso X o durante el reinado de Pedro I. La monarquía también se hizo con la administración de los señoríos de las Órdenes Militares con los Reyes Católicos.

La Iglesia, en cuanto poder temporal, también fue otra instancia de poder en todas las iglesias y sus rentas. Tras el cisma entre 1378 y 1417, aumentaron las intervenciones regias en la Iglesia con la excusa de su “protección”, y a cambio los eclesiásticos tenían fuero. Los reyes exigieron la participación como mediadores en la designación de obispos, constituyendo lo que luego será el “patronato” real. La Iglesia cedió a la monarquía el cobro de impuestos de origen eclesiástico: las tercias (2/9 del diezmo), décimas o subsidios sobre las rentas de las instituciones eclesiásticas y las limosnas por indulgencias de cruzada.

La Iglesia tuvo unas relaciones intensas en el gobierno monárquico mediante la influencia de los obispos, y cuando surgió el conflicto comunero, apenas este tuvo apoyo del alto clero; los cabildos catedralicios tampoco lo apoyaron, aunque en el de Toledo, dada la importancia de esta ciudad en dicho movimiento, hubo gran inquietud. No obstante hubo predicaciones de sacerdotes a favor de la coparticipación del “pueblo” en los asuntos de gobierno, en lo que el profesor Ladero Quesada ve una continuación de lo que Savonarola había hecho en Florencia.

La alta nobleza sufrió una transformación a lo largo de los reinados de Alfonso XI, Pedro I y Enrique II, pero también durante este tiempo se aseguró el orden social nobiliario: grandes casas fueron principales interlocutoras de la monarquía, pero no mediante las Cortes, que la nobleza desdeñó. Con Enrique IV la nobleza culminó sus aspiraciones, formándose en ocasiones confederaciones de familias aristocráticas para defender sus intereses particulares.

Los Reyes Católicos respetaron a la alta nobleza, pero en la gobernación de los reinos la autonomía y el poder de los reyes aumentó. El rey Fernando llegó a muchos acuerdos con la nobleza en beneficio propio, mientras se reservó a los nobles altas responsabilidades militares y diplomáticas; incluso se fortalecieron los señoríos nobiliarios, política que continuó con Carlos I. En cuanto al conflicto comunero, solo en unos pocos casos se registra el apoyo de la alta nobleza, pero por razones de interés personal y no político: es notable el caso de Pedro Girón, que llevaba reclamando desde hacía mucho tiempo el ducado de Medina Sidonia. En Murcia, los Fajardo se pusieron al frente de los comuneros, pero para controlarlos, y en Burgos el Condestable Velasco cortó cualquier intento comunero.

La nobleza consiguió que en las comunidades no hubiese un sesgo antiseñoral generalizado (en una visión de conjunto), debiendo tenerse en cuenta que los señoríos de la nobleza, de la Iglesia y de las Órdenes Militares abarcaban el 48% del territorio castellano con un 45% de la población.

Las ciudades y villas de realengo, con sus territorios, fueron otra instancia de poder; al modelo de concejo abierto para la participación de los vecinos en los asuntos concejiles, le sustituyó en el siglo XV la formación de regimientos formados por caballeros, los cuales elegían a los funcionarios locales, y la alta nobleza también participó en estos regimientos concejiles. Para controlar el poder de los concejos los Reyes Católicos nombraron corregidores que presidirían el concejo, y casi todas las ciudades y grandes villas contaron con ellos.

Estas ciudades y villas estaban intranquilizadas por bandos que luchaban entre sí por el control de su administración, mientras que las Cortes vieron debilitado su poder en el siglo XV, además de que solo algunas ciudades estuvieron representadas en ellas y nunca las zonas señoriales. Estas Cortes no tenían atribuciones legislativas, y de hecho los Reyes Católicos no las convocaron durante muchos años. Sí en cambio lo hicieron con la Hermandad (hermandades locales existían desde finales del siglo XIII, pero en 1325 el rey dejó de convocarlas), a la que concedieron el poder de aprobar las contribuciones. Los Reyes Católicos reorganizaron la Hermandad controlando la institución, que tenía obligaciones militares a partir de la colaboración de los vecinos, y también tuvo poderes para la aprobación de tributos.

En 1498, sin embargo, fueron suprimidas estas funciones de la Hermandad y los Reyes Católicos volvieron a convocar las Cortes, pero las hermandades locales siguieron existiendo para mantener el orden público. Los reyes no disponían de recursos propios que sí tenían los municipios, y aquí está el origen –según el profesor Ladero Quesada- de la revolución comunera de 1520. Las alcabalas, que empezaron siendo un tributo no ordinario, acabó siéndolo, y su cobro se arrendó a quienes tenían poder económico para anticipar el monto de las mismas. Luego los reyes optaron por el encabezamiento, es decir, la atribución de dicho monto a cada municipio, que este gestionaría sin necesidad de los arrendatarios, y para ello se nombró en cada uno un procurador con voz pero sin voto.

Una vez que hemos hablado de la revolución comunera a la que conduce este poder de las ciudades y villas castellanas, cabe preguntarse: ¿cuál fue la conciencia política de los partícipes en dicho movimiento? Parece que hubo mayor conciencia de la “res publica”, y a esto contribuyeron los “medianos”: hidalgos, mercaderes, financieros, artesanos importantes, etc. Alguien llamó gobierno político al participado entre el rey y el “pueblo”, lo que es muy visible en Italia, además de que ya en siglos anteriores al XV se conoció la “Política” de Aristóteles. Por su parte el profesor Ladero habla de la posible influencia en el sentido de comunidad que tendrían las procesiones del “Corpus Christi”, donde participaban cristianos, judíos y musulmanes, por paradójico que parezca, lo cual quiere decir que además de una función religiosa, aquellas procesiones fueron vividas como la reunión “del común” de la población.

También pudo influir en el movimiento comunero el conocimiento que se tuvo de las Cortes y municipios de la Corona de Aragón, donde estas instituciones gobernaban de forma pactista con el rey, el cual tenía el poder legislativo, pero “ante las Cortes”. Una comisión permanente de las Cortes fue la Generalidad, que luego perduraró en Cataluña y Valencia. Entre 1507 y 1516 el rey Fernando (gobernador en Castilla) consiguió concentrar más poder en su persona, una vez que la crisis institucional con su yerno Felipe hizo ver a algunos los peligros de la época de Enrique IV.

Fue entonces cuando se produjo un golpe de estado dado en Bruselas por el nieto de Fernando, el futuro Carlos I, que se autoproclamó rey en 1516 (junto con su madre Juana). Hubo entonces incertidumbre sobre cómo gobernaría y de quienes se valdría para ello. Muerto Fernando, Cisneros gobernó Castilla de acuerdo con las villas y ciudades de realengo, reforzando el encabezamiento para el cobro de las alcabalas. También quisó formar un ejército de 30.000 hombres salidos de dichas villas y ciudades, pero fracasó ante la oposición de estas y de la nobleza señorial, pues vio en dicho ejército una amenaza a sus abusos y usurpaciones, y en todo caso el rey Carlos suprimió esa “gente de ordenanza”.

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Ilustración: fragmento en galaico-portugués de las Partidas de Alfonso X (fotografía de Toledodiario.es)

Alpargatas, harinas y batanes

 

El Corregimiento de Ágreda y Cervera del Río Alhama abarcaba en el siglo XVIII un territorio que hoy corresponde, respectivamente, a una pequeña porción de las provincias de Soria y La Rioja (*), el elegido por José Luis Martínez Jiménez para su tesis doctoral[iii]. Uno de sus capítulos se refiere a la industria, dependiente en la mayor parte de los casos del cáñamo producido en dicho territorio, los cereales, la vid y las aceitunas; por lo que respecta a la ganadería la principal materia prima es la lana para la fabricación de paños.

En el siglo XVIII, aunque en diferentes momentos, hubo fábricas o talleres para la transformación del cáñamo, de harinas, vino, aceite, batanes, una fábrica de jabón, lino, márraga, lonas, vitres, hilazas, alpargatas, alfarería, cordelería, tenerías[iv], lienzos, sayales, tintorerías y una tejera. La diversidad es indicativa de la atomización de estos talleres, algunos de los cuales tuvieron una vida larga, pero otros más bien corta. Los datos suministrados por Martínez Jiménez permiten, no obstante, valorar el papel de la industria a pequeña escala en una región apartada de los grandes centros productores (Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, etc.).

La atomización se pone de manifiesto, también, en los numerosos lugares donde se encuentran los talleres: Cervera del Río Alhama, Ágreda, Aguilar de Río Alhama, Aldehuela de Ágreda, Cornago-Igea, Cigudosa, Beratón, Débanos, La Cueva de Ágreda, Montenegro, Añamaza, Barnueba, Valverde, etc. Los talleres daban trabajo a una gran cantidad de especialidades artesanas: hiladores, trenzadoras, capelladoras, teloneros, urdidores, tintoreros, curtidores, alfareros, molineros, etc., sin olvidar a los que suministraban la materia prima (agricultores que sembraban, regaban, soleaban, empilaban…), así como los que permitían la comercialización de los productos elaborados llevándolos por los caminos en burros y carros.

Algunos de los productos citados eran llevados a otros lugares de Castilla y Navarra, Francia, Portugal, Sevilla, Cataluña y la costa mediterránea, así como a los puertos de A Coruña, Santander y Bilbao, ya que las lonas se fabricaban para consumo de la Real Armada y para la de Correos Marítimos de A Coruña.

La fábrica de jabón se encontraba en Cervera, produciendo al año 3.450 kg. de jabón, producto que se venía usando en España, como en otros países, desde el siglo XVI, pero se generalizó en el XVIII. También en Cervera había 18 telares de lino-cáñamo para la fabricación de alpargatas, empleando, por término medio, a 9 personas por telar. Se fabricaban también márragas, en la misma localidad, de diversas calidades: recia, de 80 varas, delgada, padilla (para sacos que contendrían lana), costales para trigo, harina y otros productos. El autor habla de 25 telares para márragas, dando trabajo a 23 urdidores.

Una fábrica de lonas en Cervera fue propiedad de una familia de cosecheros de cáñamo, que aprovecharon la abundancia de agua para los blanqueos[v]. Por medio de una Real Cédula se concedió a la familia propietaria de esta fábrica (1798) franquicia para producir lonas, vitres e hilazas, escriturándose el establecimiento en 1790 con un capital de mil reales, pero la fábrica se cerró en 1808 a causa, quizá, de la guerra contra la invasión napoleónica.

En Ágreda, en 1784, había doce telares de lino-cáñamo, dando trabajo a 540 personas (45 por telar), pero hasta 1760 habían existido 33 “telares corrientes”. Los tintoreros, por su parte, teñían la lana con añil en orines, y los paños finos de dicho producto se teñían en negro, siendo la lana, de los ganados que pastaban en Soria y La Rioja.

La manufactura alfarera  se limitaba a un taller en Ágreda, donde se fabricaban productos vidriados y barnizados, usando alcohol que se adquiría en los Reales estancos. Se abastecía a la villa, su jurisdicción y muchos pueblos de Navarra.

En Ágreda había 24 maestros tejedores, pero solo trabajaban medio año porque no tenían suficiente materia primara para hacerlo al completo, habiendo también dos fábricas de márragas y cordelería para hacer sacos y llenarlos de lanas finas que se llevaban a Inglaterra, Holanda, Francia y otras partes.

Había diez u once maestros en algunas tenerías, donde se procedía al curtido y zurrado de los cueros, fabricando al año 2.200 cordobanes, 500 cueros para zapatos y 1.400 badanas[vi], siendo la fábrica que las elaboraba antiquísima. Doce maestros, once oficiales y treinta mujeres y muchachos, por su parte, fabricaban alpargatas, haciendo 5.100 pares al año.

Había batanes en Ágreda, Vozmediano y Débanos para tupir los paños y, según el Catastro de Ensenada, 11 molinos harineros, un lavadero para lana churra y siete tenerías (también en Ágreda).

En Aguilar de Río Alhama se fabricaban lienzos, puro y de estopa, empleando lino como materia prima. En esta localidad había un molino harinero, otro en Inestrillas y otro más en Aldehuela de Ágreda.

¿Cuál fue el problema para que estas industrias no prosperasen más allá de su nivel artesanal? La falta de capitales, la inexistencia de maquinaria (elemento definidor de la moderna industria) y los cambios producidos en el consumo a lo largo del siglo XIX, si bien algunas de estas industrias artesanas perduraron durante parte del mismo.

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(*) Ágreda se encuentra al nordeste de la actual provincia de Soria y Cervera del Río Alhama al sureste de La Rioja.

[iii] Lamentablemente hay muchas incorrecciones y errores de redacción, independientemente del interés y mérito que tienen sus datos.

[iv] Los batanes eran máquinas para tupir los tejidos. Estaban situados donde había una corriente de agua que hacía mover una rueda, la cual activaba los mazos. Márraga es la tela que se fabrica para sacos. Vitres hace referencia a objetos vidriados de variada calidad (suponemos que en relación con la alfarería). En las tenerías se curtían las pieles.

[v] El autor señala que los ríos de la zona, Alhama en primer lugar, tenían un caudal más copioso que en la actualidad.

[vi] Piel curtida de oveja o carnero.

Fotografía: Cervera del Río Alhama (centros2.pntic.mec.es/cra.de.alhama/Cervera/Cervera).

Regeneracionistas e historiadores

 

                                                       Cervillego de la Cruz (Valladolid) *

Con motivo de un estudio sobre el regeneracionista castellano Julio Senador[i], Antonio Fernández Sancha[ii] hace un repaso historiográfico de gran interés sobre la agricultura castellana durante el siglo XIX.

Sin llegar a interpretaciones extremas –dice- como las que ha defendido Miquel Izard, sobre las características de la revolución liberal en el País Valenciano, que siguió esquemas muy diferentes de desarrollo, en general los campesinos españoles fueron despojados y proletarizados por las reformas liberales en la agricultura. Con motivo de la revolución “gloriosa”, sobre todo en Andalucía y Extremadura, se “soñó” con la posibilidad de recuperar bienes comunales o acceder a alguna forma de uso de la tierra, por ejemplo la enajenación a censo[iii] de la misma, pero al no llevarse a cabo, resultó un duro desengaño.

Al haber elevado al pueblo a la categoría de mito, los intelectuales imaginaron que bastaba con la libertad para que lo demás viniese por añadidura, pero lo cierto es que buena parte del pueblo devino en masa, fácilmente manipulable por los grupos oligárquicos. La coyuntura de la “gloriosa”, en la economía, fue muy negativa para las clases populares, que tuvieron que soportar uno de los momentos peores del siglo. Tras haberse abolido el impuesto de consumos, los gobiernos volvieron a implantarlo debido a la maltrecha Hacienda que sufría el Estado, y conflictos como el cantonal, la guerra de Cuba y la carlista de 1872, forzaron a intensificar las quintas.

Pero tampoco fueron buenos tiempos para los sectores acomodados de la sociedad, que se movilizó contra la política librecambista de Figuerola. La prensa castellana desató fuertes campañas a favor del proteccionismo, al tiempo que se vio con preocupación lo que ocurrió en Francia con la Comuna. María Victoria López Cordón ha presentado el “sexenio” como un desencuentro entre los dirigentes reformistas y unas masas acuciadas por su situación social, hablando Juan Pablo Fusi de un problema de legitimidad en la revolución de 1868, puesto que no logró crear un mínimo consenso social en torno al nuevo orden que se pretendía.

Pero la mayoría de los historiadores considera que la revolución liberal (durante el siglo XIX) provocó en España una transformación profunda del marco jurídico e institucional, hablando Fontana de un conjunto de medidas que llama “reforma agraria liberal”. En torno a esta se produjo una profunda transformación en el sistema de propiedad y en las relaciones de producción que, en realidad, ya se venían preparando durante las últimas décadas del Antiguo Régimen. La primera guerra carlista, como factor coyuntural, aceleró dichas mutaciones, y Artola, cuando estudia a los grupos dirigentes, se refiere a ellos como clase “burguesa-aristocrática”.

Durante los primeros lustros del régimen de la Restauración, al contrario, vivió España una buena coyuntura, en palabras de Celso Almuiña, añadiéndose el “regalo” de la filoxera en Francia, que permitió el auge del viñedo español. Dicha coyuntura favorable propició las reformas urbanas hasta que surgió la crisis finisecular agropecuaria. Pero no siempre las épocas de bonanza –dice Fernández Sancha- son buenas para el conjunto de la población, pareciéndole los primeros lustros de la Restauración uno de los peores de la historia reciente, porque desde arriba se pretendió anestesiar los espíritus atiborrándolos de “realidad”.

Antonio Elorza señaló que la Restauración necesitó inicialmente de fuertes dosis de represión que costaron muchas vidas. Luego el régimen siguió acudiendo a episodios de “represión preventiva” a los que se ha referido Ricardo Robledo. Sobre lo que valía la vida de una persona de los grupos populares ha escrito Manuel Ballvé, a quien cita Fernández Sancha.

A comienzos de la Restauración había una economía plural y diversa, distinguiendo nuestro autor regiones como Cataluña, el País Vasco y algunas áreas de la región valenciana, mientras que Castilla (la del norte) había alcanzado un buen nivel vitivinícola y el auge de la industria harinera (Fontana ha hablado de “sistema cereal”). Algunos autores consideran que el predominio del cereal en Castilla fue uno de los factores retardatarios de la modernización del país, pero Fernández Sancha dice que “no hay vías únicas de desarrollo”, fijándose en la agricultura valenciana, que se caracterizó por lo muy eficientes que se mostraron los productores en el uso de los recursos.

En los años centrales del siglo XIX la economía castellana había presentado una enorme bonanza, pero para Nicolás Sánchez Albornoz la minería y la industria artesanal tendieron a desaparecer en Castilla, y la expansión del cereal supuso el hundimiento de buena parte de la cabaña ganadera y la pérdida de importantes masas forestales.

Castilla se habría incorporado al mundo moderno “no por arriba –la gran industria y la alta finanza- sin por abajo”: territorios que dispusieron de una economía relativamente variada al abrirse hacia fuera, se orientaron al monocultivo y pasaron a depender de la importación en todo lo demás, estableciéndose así una relación de intercambio negativa. Por su parte, algunos historiadores de la agricultura española[iv] consideran que esta no dejó de crecer desde el segundo tercio del siglo XIX y fue capaz de alimentar a una población en continuo aumento e incluso de exportar.  

Celso Almuiña aportó el concepto de “burguesía harinera castellana” para designar a una elite que, con clara mentalidad capitalista, no solo produjo trigo sino que levantó modernas fábricas de harinas, además de comercializarlas y distribuirlas, con un sistema financiero que, antes de la crisis de 1864, era el tercero del país después de los de Barcelona y Madrid. Mariano Esteban ha calificado de euforia económica la vivida en Castilla hasta mediados de los años sesenta, y Santos Juliá expuso en 1987 que ya no se podía seguir sosteniendo la tesis del fracaso de la industria por culpa de la agricultura, dando incluso la vuelta a la argumentación: si la industria hubiese roto sus mezquinas dimensiones y hubiera aliviado a la agricultura del excedente demográfico, quizá no se hubiese tardado tanto en abandonar la agricultura tradicional. Gabriel Tortella, por su parte, considera que las cosas empezaron a cambiar en el primer tercio del siglo XX en el campo español, y Fernández Sancha apunta que “de la misma forma que los españoles no habríamos diferido demasiado de las pautas de conducta europeas, los castellanos tampoco habríamos actuado de modo muy distinto a como lo hicieron… en las otras comunidades del Estado”.

Los historiadores del Grupo de Estudios de Historia Rural señalan que, desde principios del siglo XX, la población activa agraria comenzó a descender por el tirón de las ciudades, la productividad agrícola dio su primer salto adelante, la acumulación de capital en manos de los propietarios de la tierra, que en su mayor parte la explotaban directamente, no fueron, sin embargo, los principales beneficiarios, sino algunos propietarios absentistas. Mariano Esteban dice que durante el primer tercio del siglo XX los empleados fabriles pasaron del 10% al 24,4% del total de la población activa de 1930. Fueron años en los que se recuperaron las harinas, aparecieron las azucareras y más modestamente las eléctricas.

Todo ello, sin embargo, no cambió la división del trabajo a escala nacional, señalando los historiadores del GEHR que Castilla presentó notables inconvenientes: mala dotación de los recursos mineros y energéticos más necesarios, comunicaciones difíciles, debilidad de la demanda interna… Los yacimientos de carbón de León y Palencia presentaron costes de extracción no rentables; hasta que se explotó el Canal de Castilla[v] y la llegada del ferrocarril, los accesos a la meseta se hallaban entorpecidos, además de que Castilla tenía una escasa densidad urbana.

Para Garrabou, el sistema de rotación de cultivos inglés posibilitó el crecimiento del contingente ganadero (una parte de la tierra se dedicó a forrajes), pero dicho modelo no es practicable en la mayoría de las tierras españolas, muy alejadas de los óptimos medioambientales. El mismo autor señala que las tierras de Castilla son adecuadas para sembrar cereales, leguminosas y algunos cultivos anuales como patatas y, sin embargo, los regeneracionistas pusieron el acento en que la pobreza se acentuó por la creciente dedicación de los campos al cereal. Pero no se puede hablar de ignorancia cuando se mantuvo el barbecho en España y el bajo coste de la mano de obra desaconsejó la mecanización del campo, que hubiese sido un problema por la necesidad de repuestos. Sánchez Zurro y García Sanz, por su parte, destacan la altísima rentabilidad de comprar montes y pastos en las subastas durante la última desamortización en Valladolid, y García Sanz ha señalado que los propietarios castellanos no fueron malos empresarios; lo que ocurre –añade Fernández Sancha- es que la racionalidad capitalista asegura el éxito en cada momento, pero no siempre asegura el éxito histórico.

El regeneracionismo español, en el que el autor considera principales a Costa, Mallada y Picavea[vi], se prolongo durante las primeras décadas del siglo XX a partir de la obra del primero. Just Serna y Anaclet Pons han dicho que es irreal la imagen de un “homo economicus” plenamente racional, y no parecen imaginables individuos carentes de los condicionamientos sociales y culturales. Mariano Esteban señala que los agricultores castellanos no intentaron romper con tradiciones pasadas, trayendo ello consigo la deforestación, la desprotección de los suelos y la eliminación del uso tradicional integrado entre ganadería, bosque y agricultura. En pura competencia –dicen Garrabou y Jesús Sanz- se quedan atrás los más débiles y nadie se preocupa del medio natural. Ruiz Torres ha advertido que en las diversas partes de España, las minorías notables han tenido características muy distintas según las regiones, y Bartolomé Yun recordó que es un error intentar explicar el capitalismo a una escala regional, cuando implica un mercado integrado a escala, por lo menos, nacional y/o internacional. El desarrollo del ferrocarril, por último, rompió la autosuficiencia: hubo que producir para un mercado nacional.

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[i] Nacido en Cervillego de la Cruz (Valladolid) en 1872, falleció en Pamplona en 1962.

[ii] “El pensamiento de Julio Senador Gómez…”.

[iii] Sólo fue adoptada inicialmente por algunos Ayuntamientos.

[iv] Grupo de Estudios de Historia Rural.

[v] Su origen está en el siglo XVIII.

[vi] Costa nació en 1846, Lucas Mallada en 1841 y Picavea en 1847.

* Fotografía del Ayuntamiento.

Patronos "paternales" (2)

 

María del Pilar Calvo Caballero observa que coinciden las altas cotas de conflictividad con momentos de crisis política y movilización obrera. Entre 1919 y 1921 fue un período álgido en la dureza de la patronal castellana y leonesa, pero las raíces de sus actitudes de resistencia arrancan de finales del siglo XIX, conforme perciben la toma de conciencia obrera. En los años de la crisis agrícola-pecuaria prende la difusión del ideario socialista y empieza el pánico en la patronal.

En 1890 “El Norte de Castilla” publica un artículo titulado “El motín de Dueñas”, donde se dice que el mismo no es ajeno a “las predicaciones constantes de doctrinas subversivas… que algunos ilusos vienen haciendo” y añade que “entre las personas pudientes de Dueñas reina un pánico indescriptible”. Unos días después el mismo periódico solicitó aumentar el número de guardias civiles y el mismo temor presidió una asamblea en 1891 de la Cámara de Comercio de Valladolid, cuya directiva solicitó “atención acerca de las huelgas y pretensiones de la clase obrera para… evitar la reproducción de los últimos sucesos…”, habiendo existido un precedente en Burgos, que contó con una primera organización socialista en 1886[i].

La región castellano-leonesa nunca sobresalió por la conflictividad obrera, pero bastaron pocos conflictos para estimular la resistencia de la patronal, nacida de la toma de conciencia obrera. Entre las reivindicaciones de la época destacan rebajar la jornada laboral y contra el despido, lo que se ve en 1902 con las huelgas agrícolas de Nava del Rey y de tipógrafos en Salamanca. La resistencia patronal brotó con fuerza ya durante las huelgas de 1901 en las industrias de metales, ebanistería, tallistas, torneros y silleros de Valladolid, que volvieron al trabajo sin conseguir nada. La patronal despidió a los promotores en una huelga de fundidores tras un mes de resistencia, siendo estos ejemplos de los numerosos de dura resistencia patronal para poner a salvo su autoridad o condición de “derecho divino”, rasgo cultural progresivamente liquidado por la lucha obrera y los avances legislativos.

Esta resistencia se da al tiempo que otras estrategias: un año después de una huelga de canteros, los patronos vallisoletanos contrataron mano de obra portuguesa e idéntica actitud se registró en el campo. “El Adelantado de Segovia” habla de la ausencia de conflictos “por estar la tierra muy repartida”, pero hubo duros episodios en una huelga agrícola sucedida en Nava del Rey, donde la patronal[ii] resistió ante las demandas obreras de subida salarial. El núcleo más duro fue el textil bejarano, pues unos meses después de iniciada una huelga (1903) el diputado liberal salmantino Vicente Oliva solicitó crear jurados mixtos y denunció la intransigencia patronal, observando que esta actuaba guiada por los pañeros madrileños asentados en Salamanca.

La propuesta de los jurados no era nueva y se vio que la toma de conciencia entre los obreros era firme desde, por lo menos, 1901, estallando varios conflictos en 1904, aunque la prensa tendió a silenciarlos. Dichos conflictos –señala Calvo Caballero- lejos de ser una partida, fueron continuidad de la lucha obrera y de resistencia patronal, pues las huelgas del campo castellano, aunque empiezan con bríos, terminan fracasando ante la actitud de los patronos, que dan marcha atrás sobre sus concesiones. Esto parece demostrar las cortas dimensiones del obrerismo agrario, porque su asociacionismo era “conformista” y “respetuoso con el amo”, siendo más que el salario, la estabilidad lo que preocupaba al obrero del campo castellano.

La oleada de huelgas en el campo castellano durante el verano de 1904 tuvo sus antecedentes en la provincia de Palencia a finales del año anterior, desde principios de 1904 en Villada, en La Unión de Campos (norte de la provincia de Valladolid), en Sahagún y en la más cruda de Medina de Rioseco. El periódico “El Norte de Castilla” se esforzó en explicar que estas movilizaciones no obedecían a la influencia del socialismo, lo que parece desmentir la fundación de la Asociación de Obreros del campo y otros oficios para pedir menor jornada y salario mínimo. Por su parte, desde el Gremio de Labradores, los patronos intentaron romper aquella organización aprobando sin precedentes bases de salarios mínimos, retiros obreros, seguros de enfermedad y pensiones de viudas[iii].

Pero los obreros de Medina advirtieron la estrategia patronal, porque quedaban cabos sueltos (en palabras de Calvo Caballero), como las demandas salariales y el reconocimiento de su sociedad: jornal semanal de 50 reales en sementera y de 44 reales en diciembre y enero, además de obligar a cada patrono a sostener todo el año un mozo por cada par de mulas, preferidos de la localidad, y compensación económica por los días perdidos por huelga. La prensa, por su parte, se solidarizó con los patronos.

Esta situación efervescente propició medidas preventivas: en Salamanca se elevó el jornal mínimo; el alcalde de Carrión de los Condes agrupó a todos para convenir el freno de la conflictividad, pero esta fue imparable durante el verano en Tierra de Campos[iv], consecuencia del contagio de unas zonas hacia otras, siendo la mala cosecha de 1904 y el encarecimiento de las subsistencias, junto con prácticas caciquiles, los detonantes.

Las agrupaciones socialistas exigieron, además, despedir a los obreros no asociados, lo que explicaría la hostilidad de los propietarios al asociacionismo obrero. La patronal siguió resistiéndose despidiendo a los obreros huelguistas y recurrió a los no asociados, forasteros y maquinaria; cuando los obreros obstaculizaron la recolección, como en los casos de Villada y Villalón, los patronos renuncian al uso de maquinaria, y en Cisneros fueron quemadas la segadora y la vivienda de un propietario. Entonces la patronal cedió a las peticiones, pero pasado el susto vuelve sobre sus pasos recurriendo al apoyo de las autoridades, Guardia Civil y prensa.

La imposición patronal después de las huelgas de 1904 no apagó la llama socialista, que estuvo detrás de los conflictos, como las huelgas de 1905 en Carrión y Dueñas, acudiendo los patronos de esta última al gobernador civil. También se dieron exposiciones al Gobierno contra las admisiones temporales de trigo desde Tamariz de Campos en 1906 y, en cuanto a los patronos, como en el caso italiano de la llanura Padana, sus asociaciones no pasaron de ser temporales.

La oleada inédita de huelgas agrícolas de estos años eclipsó el conflicto de las minas leonesas de Ciñera (norte de la provincia) y de las palentinas de Villaverde de la Peña[v] y Barruelo, la huelga de los carpinteros burgaleses contra el trabajo nocturno, la conflictividad industrial en Barruelo y Valladolid (1904-1905) y en Béjar hasta el final de la década. Estos tres casos responden a un mismo tipo de conflictividad: los patronos recurren a esquiroles y al respaldo de la autoridad. El recurso de los esquiroles parece tener su máximo en la huelga de curtidores de Béjar (principios de 1907), y el respaldo de las autoridades se vio mejor que en ningún otro sitio en Valladolid con el empleo de soldados en las tahonas, en la huelga de panaderos de 1904 y en el despliegue de guardias civiles para garantizar la libertad del trabajo y la vigilancia de las calles donde vivían esquiroles.

Las reivindicaciones obreras fueron subidas salariales (curtidores, tejedores, panaderos y mineros) y los mineros también reclamaron la supresión de los destajos; los tejedores se negaban a sortear el trabajo; y la reducción de la jornada fue pedida por los carpinteros de Valladolid en 1905. El número de huelguistas fue variado, normalmente poco numeroso salvo en Béjar, donde se llegó a unos tres mil en 1903-1904, con mítines y desórdenes, en los que los carpinteros de Valladolid destacaron: esperar en el andén junto a los patronos a los esquiroles madrileños, en un intento de buscar su solidaridad, lo que solo consiguieron en un caso y a costa de ser detenidos, como fue con dos dirigentes socialistas.

También interceptaron la comida que se llevaba a los esquiroles, llegando a la violencia, durando la tensión los siete meses de huelga. La patronal no fue a la zaga (uno llegó a usar un revólver aunque sin consecuencias). El diferente grado del conflicto marcó los resultados de la huelga; aunque la tónica de la patronal era negarse a mejora alguna, cuando la conflictividad fue menor, solían dividirse los patronos en beneficio de las demandas obreras, llegando estas a ser negociadas patrono a patrono. Cuando la conflictividad fue mayor, los patronos se niegan a reconocer a las asociaciones obreras y exigen que cada individuo negocie sus reivindicaciones, “pero de ninguna manera en nombre de la colectividad”. Fue evidente el temor al asociacionismo por parte de la patronal, “paternal” o no.

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[i] A. M. Bernal, a quien cita Calvo Caballero, habla de la crisis finisecular en toda España entre 1880 y 1905.

[ii] La Junta de Labradores tenía entre sus bases no ceder a las pretensiones obreras so pena de fuertes multas, y reforzó su autoridad cuando su presidente fue, a la vez, alcalde.

[iii] R. Robledo Hernández señala que lo que más asustó a los patronos fue la formación de sociedades obreras.

[iv] La autora cita quince pueblos y el abulense Madrigal de las Altas Torres.

[v] Noroeste de la provincia de Palencia.

Fotografía: kukumiku.com/proyectos/circulo-mercantil/

Patronos "paternales" (1)

 

                                               Mineros de Barruelo de Santullán (Palencia). 

                                                                 Foto del Ayuntamiento

El “paternalismo” atribuido a la patronal nace de los estudios realizados sobre las estrategias de la industria metalúrgica y minera para fijar la mano de obra. G. Noiriel, a quien cita María del Pilar Calvo Caballero[i], distingue entre “patronage” (patrocinio, protección) y “paternalismo” como dos momentos distintos en las relaciones patronos-obreros de la industria metalúrgica. El “patronage” sería una atadura voluntaria de interés y afecto que reemplazaría a la forzada y propia del Antiguo Régimen. El “patronage” aplica al mundo de la empresa las relaciones sociales heredadas de la sociedad agraria tradicional: las dádivas (reparto de vestido y carne en las fiestas, en momentos de crisis, etc.).

Pero avanzado el siglo XIX, ante un movimiento obrero concienciado, y la competencia fruto de la articulación de los mercados nacional e internacional, fuerzan a racionalizar el trabajo con un control más brutal de la mano de obra, el “paternalismo”, tránsito entre el “patronage” y el “management” (gestión de la empresa). Se rompe con la norma de negar el empleo a extranjeros, controla totalmente la vida obrera (vivienda, hospital, ocio) y se refuerza la coacción sobre el obrero, de manera que se pretende su aislamiento para evitar la contaminación sindical. El “paternalismo” fue la estrategia de la patronal ante el poder obrero de huida de los trabajos industriales más duros.

En Castilla –dice Calvo Caballero- los orígenes del “patronage” se remontan al proyecto de 1854 de Caja de Socorros para obreros en Barruelo de Santullán (al norte de la provincia de Palencia) que comenzó a regir desde 1861 con socorros a viudas, huérfanos, costear entierros y ambicionó instalaciones sanitarias, enseñanza y seguros. En esta Caja pesaban los representantes y las decisiones de la empresa, pero los contados directivos obreros lograron utilizarla como resistencia que desembocó en una huelga durante el sexenio (1868-1874), de ahí que su promotor se curase en salud en su siguiente proyecto, el complejo de las minas de Orbó[ii]. En réplica rural lo sería la finca palentina “La Horadada”, habitada por 50 familias obreras que vivían junto al patrono y por él vigilados, que pretendió armonizar capital y trabajo, algo que luego quiso el sindicalismo católico y ciertos regímenes políticos. Apoyó las acciones benéficas estatales y privadas. El promotor, Abilio Calderón Rojo, cuando llegó a ser ministro de Trabajo en 1922, plasmó esta trayectoria continuando las iniciativas de Eduardo Dato; creando comités paritarios, publicó el reglamento de una Ley de Casas Baratas, trabajó por el seguro de maternidad y ayudas al paro, consideradas como medidas regeneracionistas.

El “paternalismo” ha sido un préstamo tomado de la industria con mayores dificultades de reclutamiento de mano de obra, metalurgia y minas, extendido al resto de los oficios con miras a definir la cultura patronal. Se establece así la impronta paternal del jefe o patrono, aunque hay otro paternalismo menos ortodoxo pero con la misma estrategia de prolongar fuera del trabajo las relaciones patrono-obrero con fines de “armonía social”. En su versión rural, éste “paternalismo heterodoxo” prendió en el discurso patronal que proclamó la comunidad de intereses entre patronos y obreros, manifiesto desde los años 1870 por el Círculo Agrícola Salmantino, y fue constante en el asociacionismo agrario posterior.

Un discurso patronal apuntalado por la prensa burguesa, pero que cuando sobreviene la huelga da marcha atrás colocándose del lado de los patronos, recordando los medios de la patronal extranjera como las cajas de previsión, modelo a imitar para frenar el sindicalismo obrero revolucionario. Durante el régimen de la Restauración se constatan suscripciones benéficas, formas de asociacionismo, y sobre todo, las estrechas vinculaciones tejidas por el patrono con sus obreros. Las suscripciones benéficas fueron esporádicas coincidiendo con momentos críticos de conflictividad, escasez de trabajo y carestía de subsistencias, pero también parten de grupos religiosos y fuerzas vivas, como las Cámaras de Comercio. La burgalesa intentó crear una tienda asilo en 1887, pero más éxito tuvieron las suscripciones de las de Valladolid y Segovia en 1904, “en pro del obrero que sufre sin exhalar un grito…”.

La prensa publicó artículos en los que se hablaba de investigar las necesidades y la entidad del socorro que debía percibir el obrero, pero no dejaba de hacerse alusión al “encarnizado combate” entre capital y trabajo, preconizando “dignificar” y actuar “fraternalmente”. En uno de los artículos se dice que “en Segovia no podía existir el conflicto social por las circunstancias excepcionales que reúnen los patronos…", en otras regiones opresores, tiranos y explotadores. En Segovia se daba “el capital, acudiendo amoroso a la vivienda del obrero a darle el alimento, el abrigo, a mitigar su hambre, a calentar su aterido cuerpo…”.

Éste paternalismo heterodoxo tiene otra de sus estrategias en el asociacionismo. En Soria hubo una Asociación de Socorros Mutuos desde finales del s. XIX patrocinada por importantes propietarios. En Segovia, en 1900, nació la Asociación de Obreros, en la que la mano patronal se extendió a la directiva con un vocal patrono de cada gremio, renunciando vincularse al Partido Socialista. También los patronos intentaron la tutela de sus empleados hasta en las asociaciones patronales; en Soria se les concedió acceso a la biblioteca y las asociaciones de dependientes de Valladolid y Salamanca nacieron de los Círculos Mercantiles. La Cámara de León permitió reunirse a los dependientes en sus locales en 1910; incluso celebrar alguna fiesta o impartir sus clases, como es el caso de la Cámara de Palencia en 1916.

Pero no siempre la vía asociativa dio el mismo juego. En 1904 algunos conflictos fueron neutralizados al formarse una asociación mixta patronal-obrera (Palencia), pero fue inviable un año después en Villalón, donde pocos obreros acudieron a una convocatoria del alcalde. Cada vez fueron más los patronos que se percataron de la toma de conciencia obrera, aunque contaban a su favor, sobre todo en el campo, con el peso del ínfimo patrón-obrero y el de propietarios de muchos obreros que nutrieron las filas del sindicalismo católico mixto. Otros casos fueron los de los lazos que cada patrono quiso o pudo anudar con sus obreros.

En 1921 un obrero agradeció a su patrón las “bondades y cariño de padre”, sirviendo “de estímulo a los demás patronos”, pero podría ser, por el léxico utilizado, que el documento no fuese redactado por el obrero que lo firma. Estos ramalazos paternalistas descubren en Castilla al patrono de cultura patrimonial, la empresa como una gran familia, pero debió rebelarse como obsoleta a ojos de la patronal castellana por inservible para contener la toma de conciencia obrera y sus exigencias. Así cabe interpretar –dice Calvo Caballero- la inclinación patronal hacia la resistencia ante un movimiento obrero organizado y la legislación laboral que comenzó a ampararle.

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[i] “Defensa de intereses y cultura de la patronal castallano-leonesa (1876-1931)”. Es una obra monumental en uno de cuyos capítulos se basa el presente resumen.

[ii] Al norte de la provincia de Palencia, muy cerca de Barruelo de Santullán.

Ambiciones, pactos y traiciones

 

¿Dónde está mi hijo, alegría de mi vida, consuelo en la vejez, único heredero?... Relata Jiménez de Rada que cuando los magnates llegaron a Toledo para informar al rey Alfonso VI de la muerte de su hijo Sancho, aquel les contestó molesto con la frase que da comienzo a éste texto.

O bien en la batalla de Uclés (1108) contra los almorávides, o unos días después en Belinchón[i], donde Sancho huyó a refugiarse con algunos de los suyos, los musulmanes le dieron muerte. Parece que de esta manera quedaba libre el camino para que sucediese al rey Alfonso el conde de Portugal, Enrique de Borgoña, que según la “Primera crónica anónima de Sahagún” lo ambicionaba. De haberlo conseguido sería por poco tiempo, ya que falleció en 1112.

Según Julia Montenegro, que ha estudiado éste asunto, Enrique tenía amplias aspiraciones y fue un guerrero que pertenecía al linaje real de Francia[ii], habiéndose ganado la ira del rey Alfonso de Castilla y León. En la ambición de Enrique no le iba a la zaga su cuñado Raimundo de Borgoña, conde de Galicia, pero lo cierto es que Alfonso VI había decidido que su sucesor fuese el hijo habido con la musulmana Zaida, lo que no compartía buena parte de los magnates que rodeaban al rey.

La “Crónica Compostelana” relata que el gobierno de Toledo había sido encomendado por su padre a Sancho, pero lo cierto es que, habiendo nacido éste en 1093, era muy joven para desarrollar esa labor, por lo que seguramente la ostentó nominalmente y quienes realmente la llevaron a cabo fueron sus colaboradores.

Volviendo a la batalla de Uclés (1108), tenía Sancho muy pocos años, por lo que no parece que su padre le encomendase la lucha en aquella plaza, y otra interpretación es que lo hiciese sin conocimiento del rey, aunque esto lo desmienten diversas fuentes musulmanas y cristianas (Sancho era el único hijo varón de Alfonso). Hay una carta oficial, que citan Julia Montenegro y Huici Miranda, que Tamim ben Yusuf, gobernador de Granada y jefe del ejército almorávide, envió a su hermano el emir Alí, dándole cuenta de la victoria en Uclés, donde no consta Sancho entre los caídos, y así mismo una crónica de Ibn al-Qattan, escrita algo más de un siglo más tarde lo confirma. Lo cierto es que la carta fue escrita antes de comprobar la identidad de los cristianos caídos, y quizá Sancho fue uno de los que consiguieron huir a Belinchón, al noroeste de Uclés y no lejos de esta localidad; en Belinchón sí sería muerto.

Enrique de Borgoña, yerno de Alfonso VI, estuvo entonces en condiciones de aspirar a reinar en Castilla y León a la muerte de éste, pues solo quedaba al rey una heredera viuda (Urraca) y el peligro almorávide acechaba. Pero una vez más las aspiraciones de Enrique se frustraron, pues el rey, en vísperas de su fallecimiento, dejó el reino a su hija, dirigiéndose entonces los nobles a ella en los siguientes términos: “tú no podrás gobernar ni tener el reino de tu padre y a nosotros regir, si no tomas marido. Por lo cual te damos por consejo que tomes por marido al rey de Aragón…”. Así Urraca contrajo nuevo matrimonio con Alfonso I de Aragón, pero el papa lo anularía[iii] en el contexto de una guerra civil entre los partidarios de éste y los del hijo de Urraca, producto de su primer matrimonio.

Diversas fuentes atribuyen a una parte de los magnates la elección del rey de Aragón como nuevo consorte de Urraca, por ejemplo Lucas de Tuy, pero también puede ser que los autores de las fuentes quisieran eximir al rey Alfonso VI de la responsabilidad de un matrimonio que resultó tan desastroso en lo personal como en lo político. Jiménez de Rada no tiene inconveniente, sin embargo, en decir que fueron el rey y el arzobispo de Toledo, Bernardo de Cluny[iv], los que eligieron al aragonés.

El “Pacto Sucesorio” que Enrique y Raimundo de Borgoña habían firmado para apoyarse mutuamente (el segundo, primer esposo de Urraca y conde de Galicia), habría sido considerado por Alfonso VI como una traición, y de ahí su indisposición a considerarlos herederos. Como se ha visto en otras ocasiones de la historia, los seguidores de Raimundo, una vez Urraca reina, se aliaron a ella y abandonaron todo apoyo a Enrique, ejemplo de lo cual son Froila Díaz y Pedro Ansúrez.

Enrique se marchó entonces a Francia[v] en busca de los apoyos que necesitaba, aliándose a su regreso con el rey de Aragón, ya separado de Urraca, de forma que “todo aquello que del reino de la reina ganasen, fuese partido por la mitad entre ambos a dos”. Así se produjo, por ejemplo, el enfrentamiento en Candespina[vi], y en la cercana Sepúlveda se dio la propuesta de los nobles de Urraca a Enrique, ofreciéndole el reparto del reino “con suerte fraternal”, a condición de que éste rompiese su alianza con el aragonés. Así lo hizo Enrique, ignorante de que la reina castellano-leonesa, a su vez, llegaba a un acuerdo con Alfonso I para acabar con las pretensiones de aquel, lo que le llevó a cercar a ambos reyes en Carrión sin consecuencias.

Pero las alianzas, como se ha visto en otras ocasiones, son cambiantes, y de nuevo vemos a Enrique al lado de Urraca y contra el rey de Aragón, donde habrían llegado a ciertos acuerdos que ponían en manos del borgoñón la ciudad de Zamora y el castillo de Cea, aunque la reina ordenó en secreto a los suyos que no hiciesen tal entrega… Y aún Urraca aspiró a reinar sobre territorios al sur del Miño: en un documento aparece Enrique y otros nobles laicos donde se dice que la reina lo es de Toledo, Castilla, León, Galicia y Portugal. Alfonso de Aragón, por su parte, estaba en 1111 en Carrión con sus magnates, haciendo luego donaciones al monasterio de Oña y a la catedral de León.

En medio del caos, donde todos traicionaban a todos, Enrique se había hecho con dominios en Zamora y Astorga, quizá, como dice la Crónica Compostelana, gracias a la ayuda de algunos nobles gallegos. Enrique murió poco después, mientras que Urraca en Saldaña (1126) y Alfonso quizá en Sariñena, donde firmó su último testamento en 1134.

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[i] En el extremo oeste de la actual provincia de Cuenca.

[ii] Roberto II, rey de Francia, Roberto I, duque de Borgoña, y Enrique de Borgoña, padre del Enrique aquí estudiado.

[iii] La separación de Urraca y Alfonso como esposos más parece resultado de sus desavenencias de todo tipo que de las órdenes papales.

[iv] Cluniacense y arzobispo de Toledo hasta 1128.

[v] No parece que las fuentes aclaren del todo ese viaje, así como tampoco si recibió la oferta de Urraca para repartirse el reino.

[vi] En el extremo noreste de la actual provincia de Segovia.

En la fotografía, torre de Candespina.

El Juez de Términos y pleitos por la tierra

Paisaje de Alcalá la Real (suroeste de Jaén)*

La inveterada costumbre humana de apropiarse de lo ajeno ha hecho que se intentasen corregir las usurpaciones, en el caso que nos ocupa de tierras, tanto durante la baja Edad Media como posteriormente en España. La expansión de los reinos cristianos durante el siglo XIII a costa de los reinos musulmanes, hizo que muchas tierras, poco pobladas en ocasiones, fuesen concedidas a campesinos, pero sobre todo a nobles que habían colaborado en la conquista. Otro tanto puede decirse del alto clero y de autoridades concejiles.

Óscar Cabrera ha estudiado el papel de los Jueces de Términos ante la usurpación de tierras y derechos comunales, deteniéndose en un pleito del concejo de Alcalá la Real contra un vecino por aprovechamiento de un lugar llamado Peñuelas Pardas. Ladero Quesada ha definido los Jueces de Términos como los “pesquisidores eventuales nombrados por la Corona a través del Consejo Real, cuya misión principal consistía en inquirir y juzgar para que se restituyesen a su estado originario los límites de los términos municipales”.

Ya en las Partidas –dice Óscar Cabrera- se recoge la figura del Juez delegado, puesto para oír algunos pleitos señalados por mandato del rey. En otras ocasiones se les llama Jueces Asistentes, los cuales actuaban mientras no era nombrado el Juez de Términos, que a su vez podía ser ayudado por otros jueces. El salario del Juez de Términos fue alto (primera mitad del siglo XV en Castilla), pues cobraba directamente de la Corona, aunque era el concejo el encargado de encontrarle alojamiento, mantenimiento y los gastos del mismo. Cuando los concejos fueron los encargados de pagar al Juez de Términos, la falta de pago fue la norma, de forma que el propio Juez tenía que cobrar a través de las multas que imponía a los infractores.

El procedimiento judicial era como sigue[i]: lo primero era la denuncia de la infracción que, una vez llegaba al Juez de Términos, este informaba a la parte contraria para que en un plazo que fue de 30 días y más tarde de 60, presentase la documentación que acreditase la propiedad de las tierras que ocupaba. El juez, una vez estudiado el caso, dictaba sentencia, que si era favorable al concejo, las penas y costas condenaban al infractor, pero este seguía litigando en la mayor parte de los casos[ii]. Si los acusados ofrecían resistencia a la ocupación de tierras por el concejo o hacían falsos alegatos, perdían los derechos que pudieran tener sobre la propiedad, y estaban obligados a devolver las rentas y frutos obtenidos desde la ocupación.

Las tierras más alejadas del núcleo poblacional y que generalmente no estaban aprovechadas, eran los baldíos, que tuvieron un papel fundamental en la estructura económica de Castilla. En cuanto a la tierra de propiedad comunal existe una viva polémica sobre la diferencia en si son realengas, comunales o baldíos; estas tierras comunales eran concejiles que se concedían en usufructo gratuito. Las tierras de propios pertenecían también al concejo, pero las podía arrendar para financiar sus gastos. Las tierras baldías o realengas se caracterizaban por su gran extensión y la falta o incompleta reglamentación para su utilidad. Era común que alguien las ocupase para su aprovechamiento: labranza o pasto.

Durante la baja Edad Media fueron frecuentes los litigios entre los concejos sobre la delimitación de sus términos; en otras ocasiones los pleitos eran entre particulares y los concejos, no siendo ejecutadas las sentencias en muchas ocasiones, o bien se ejecutaban pero, al cabo de un tiempo, los usurpadores volvían a ocupar las tierras concejiles.

La primera mitad del siglo XVI fue un período crucial para la consolidación de las estructuras de gobierno, no siendo ya el concejo el que solicita la intervención del Juez de Términos, sino la Corona, haciendo comprender que las tierras eran de la misma, de forma que los concejos solo tenían el dominio útil, pero la nuda propiedad quedaba reservada al Estado.

Ya antes, tras la conquista de Granada, la Corona reactivó su poder limitando los abusos señoriales, y tras los conflictos comunero y agermanado, desde 1525 aproximadamente, vuelven a ser numerosos los pleitos de términos. En la segunda mitad del siglo XVI hubo un cambio importante: la Corona vendió muchos baldíos a concejos, a pequeños y grandes propietarios, a nobles y oligarquías, vendiendo en ocasiones incluso la jurisdicción. En el año citado, precisamente, el concejo de Alcalá la Real activa una Orden Real del rey Carlos, autorizando a repartir entre sus vecinos las tierras baldías del municipio que estaban siendo ocupadas por foráneos y las mantenían improductivas.

Los usurpadores solían alegar que la ocupación de tierras baldías era una costumbre que se había consolidado, que ponían las tierras en valor y otras ventajas. Pero lo cierto es que cuando dichas tierras se cultivaron se produjo un importante descenso de la masa forestal. El autor del trabajo al que sigo aquí señala que tenemos constancia de apropiaciones indebidas de tierras baldías en 1543, así como de bienes comunales “en la cabeza del Cerero en el camino de Frailes”; en 1547 una dehesa en Fuente Tetar y en 1549 las tierras tomadas por unos vecinos en el vado del Carrizal. Más tarde se constata la usurpación de un camino público entre Santana y el Salobral, que se encontraba roturado, sembrado y prohibido el paso.

La deforestación y roturación de los baldíos comunales fue consecuencia de la ocupación indebida ante la demanda de la creciente población. La sociedad del Antiguo Régimen, basada en la desigualdad y en el privilegio de unos pocos, llevaba a sus integrantes a un afán pleiteante que afectaba a todos los estamentos sociales. Con la usurpación de tierras incultas, concretamente en Alcalá la Real, se dio un proceso de decadencia que se acentuó con la política de los Austrias, sabido que la Corona y los concejos utilizaron los bienes comunales como una estrategia para paliar la situación financiera.

Las sentencias de los Jueces de Términos, generalmente contrarias a los usurpadores, favorecieron a los dueños de ganados, al mantener el uso comunal anterior.

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[i] “Usurpación de tierras y derechos comunales…”, cuyo autor es Óscar Cabrera. En este trabajo se basa el presente resumen.

[ii] Pero el condenado a devolver las tierras lo debía hacer independientemente del resultado en otras instancias judiciales (desde 1552), el Consejo Real, que encargaba de tales asuntos a las Audiencias Reales. 

* alcalalareal.es/index.php?menu=3&seccion=561