De la persecución al privilegio

Iglesia y plaza de Peralvillo del Monte (Ciudad Real)

Hay momentos en la historia de los pueblos en que las iras se desatan y las personas sensatas no encuentran medio para frenar la barbarie. Las guerras civiles (en España ha habido tres en los dos últimos siglos especialmente crueles) suelen ser caldo de cultivo idóneo para aquella ira desatada.

Hoy no encontramos respuesta racional a lo que perseguían aquellos milicianos que asesinaban a diestro y siniestro a todo oponente real o imaginario. Los historiadores han podido demostrar que en la mayor parte de los casos los autores de los crímenes fueron anarquistas, comunistas y delincuentes comunes, pero habría también de otros signos. ¿Qué beneficio se podría obtener del asesinato de obispos que se dio durante los primeros meses de la guerra civil española de 1936? Asesinatos que fueron acompañados de los de más de seis mil clérigos, según las fuentes mejor informadas. Habría muchos izquierdistas en España que no estuvieron de acuerdo con ello, como tampoco los católicos, algunos de los cuales sí justificarían los crímenes de los seguidores del general Franco, pero seguramente pocos en términos relativos.

Hoy se tienen datos muy fiables, procedentes de estudios de historiadores de muy variado signo, sobre los muertos en la retaguardia durante la guerra de 1936, pero aquí nos vamos a referir a los obispos que, teniendo su residencia en territorio republicano, fueron víctimas de la barbarie: el de Jaén, Basulto Jiménez, fue fusilado junto a varios cientos de sacerdotes; lo mismo que el obispo auxiliar de Tarragona, Borrás Ferré, fusilado y quemado luego con no se sabe qué intención macabra; el de Guadix, Medina Olmos, pasó por varias cárceles antes de ser fusilado en el barranco de Vícar, en el centro de la provincia de Almería, con el agravante de que en su muerte estuvo implicado el alcalde de la ciudad.

El obispo de Barcelona, Irurita, consiguió escapar, pero fue capturado en diciembre de 1936 y fusilado junto al cementerio de Moncada, en la provincia de Valencia. El obispo de Almería, Ventaja Milán, fue fusilado también en el barranco de Vícar el 30 de agosto del primer año de guerra. El de Segorbe, Serra Sucarats, apresado para ser llevado a Vall de Uxó, fue apeado en una zona y fusilado junto con otras personas. El de Ciudad Real, Esténaga, consiguió demorar por algún tiempo su asesinato, pero a la postre fue fusilado en Peralvillo del Monte, en el centro de la provincia de Ciudad Real. Así podríamos seguir hasta los trece obispos asesinados, casi todos durante los primeros meses de la guerra civil.

Ya sabemos que la Iglesia fue vista por amplios sectores de la población española, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, como aliada del poder y de las clases pudientes, lo que está atestiguado por multitud de datos, pero nunca como durante la guerra civil de 1936 se había llegado a los extremos citados. El anticlericalismo, que se remonta en España al siglo XVIII y que es cosa, en un principio, de minorías ilustradas, pronto se generaliza entre muchos liberales del XIX, republicanos y socialistas más tarde. La población anticlerical y católica supo distinguir muy bien la labor espiritual de la Iglesia de los abusos en los que incurrían no pocos clérigos, o en la inutilidad social de su existencia.

Se puede, pues, explicar, el comportamiento de los asesinos de clérigos tal y como hemos esbozado, pero explicar, como tantas veces se ha dicho, no es justificar, lo que repelerían las conciencias más laxas, mucho más las rigurosas.

Allí donde el general Franco se fue haciendo con el control, a medida que la guerra se desarrollaba, y luego desde 1939, quiso resarcir a la Iglesia no solo por convicción propia, sino porque la Iglesia había sido un apoyo fundamental de su victoria, como lo sería de su régimen, dándole el apoyo y la legitimidad ante los católicos españoles.

Vicente Cárcel Ortí ha estudiado la forma en que se fueron produciendo los nombramientos de obispos durante el régimen del general Franco[i]. Particular interés tiene el caso de la diócesis de Vitoria, pues en agosto de 1936 el obispo Múgica había firmado, con el obispo de Pamplona, un escrito condenando la colaboración de los nacionalistas vascos con el Gobierno republicano, teniendo que abandonar su diócesis por indicación del papa, yendo entonces a Roma. Pero al mismo tiempo el obispo Múgica fue acusado de fomentar el separatismo vasco.

En Tarragona el cardenal Vidal había tenido que salir de España y, en enero de 1939, cuando Cataluña estaba a punto de ser dominada por el ejército rebelde, el Gobierno del general Franco no quiso que regresase a España: en primer lugar no había firmado la carta de apoyo al levantamiento militar en 1937 y en segundo lugar se le acusaba de tener propensión al catalanismo. Vidal no pudo regresar nunca a España.

Para Sevilla fue nombrado el cardenal Segura, que había tenido que abandonar España durante el período republicano, sustituyendo al fallecido cardenal Ilundain en agosto de 1937. La diócesis de León fue ocupada, tras la muerte del obispo José Álvarez Miranda en marzo de 1937, por el sacerdote Carmelo Ballester, lo que ocasionó un conflicto diplomático con el Gobierno del general Franco porque el marqués de Aycinena, engargado de negocios en el Vaticano, escribió a Salamanca, donde se encontraba Franco, pidiendo instrucciones sobre si protestar dicho nombramiento o no, pues contravenía lo establecido en el Concordato de 1851. Como no recibió respuesta alguna, la Iglesia decidió el nombramiento sin más espera, y ello fue visto como una falta de respeto al Gobierno franquista. El caso es que Ballester estaba en relación muy estrecha con el nuncio Tedeschini, cuya actuación era muy discutida por “haber dejado caer a la monarquía”.

En 1941 el general Franco consiguió el privilegio de presentación de obispos que se había establecido en el Concordato de 1851, pero de una forma diferente: primero se formaba una lista con, al menos, seis candidatos por el nuncio de acuerdo con el Gobierno, enviando la misma a Roma. El papa elegía de esa lista a tres candidatos y enviaba sus nombres al nuncio en España, que los hacía saber al general Franco, el cual elegía a uno, cuyo nombre se enviaba al papa, el cual procedía al nombramiento, publicándose en los diarios oficiales del Vaticano y España.

Luego vino el Concordato de 1953, donde se recogió el convenio de 1941 y la subsistencia en Ciudad Real del Priorato Nullius de las Órdenes Militares. Aunque Franco, por diversos testimonios que Cárcel Ortí ha estudiado, dijo repetidamente que él nunca intervino en la elección de obispos, lo cierto es que tuvo el privilegio de hacerlo como se ha dicho, además de que algunos de sus ministros influyeron para que fuesen elegidos algunos, como es el caso de Guerra Campos, uno de los obispos más reaccionarios del franquismo.

El cardenal Segura, como durante la República, planteó problemas con el general Franco, el cual le acusó de abusar de las excomuniones, lo que en boca del general dice mucho de la dureza con que se debía conducir el cardenal, que a la postre fue destituido por el papa. Franco llegó a confesar, según su primo Franco Salgado-Araújo, que creía del cardenal Segura sufría una “perturbación mental”. Está convencido –dice Salgado Araújo en su obra- que el general Franco “está convencido de que el cardenal Segura está trastornado”.

Cuando se nombró obispo de Almería a Ángel Suquía en 1966 hubo un conflicto diplomático que no llegó a mayores, porque la Iglesia no incluyó “la referencia a la presentación del candidato hecha por el Jefe del Estado”, como sí figuró en las bulas de los otros obispos españoles. Pero los obispos y el clero, al contrario que durante la II República española, gozaron durante el régimen del general Franco de los privilegios que probablemente en ningún otro país tuvieron.

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[i] “Los nombramientos de obispos durante el régimen de Franco”.

La diócesis de Pamplona en 1932

Colegiata de Roncesvalles

En el año 1932 el obispo de Pamplona, Tomás Muniz Pablos, informa a Roma de que, en su diócesis hay 562 parroquias, cada una con su iglesia; además otras 849 iglesias, 42 oratorios públicos, 431 ermitas y pequeñas capillas dispersas por los campos y montes… Multipliquemos por cincuenta, tantas como provincias españolas, hagamos algunas correcciones, y nos podemos hacer una idea del número de edificios para el culto que poseía la Iglesia católica en aquel año. Además, el obispo informaba del número de casas y personas del clero regular que había en la diócesis de Pamplona, llamando la atención los 95 capuchinos más los 4 capuchinos terciarios, 44 escolapios, 64 benedictinas, 152 clarisas, 150 agustinas, 61 carmelitas descalzas, 211 hijas de la caridad, 69 hermanas de la caridad, 56 hijas de la Inmaculada Concepción, 55 dominicas terciarias de la enseñanza, 52 dominicas misioneras… En total 34 conventos de religiosos con 266 sacerdotes y 102 conventos de religiosas con 1.410 religiosas.

Llama la atención, también, que había dos casas para solo 5 dominicos, cuatro casas para solo 25 agustinos recoletos, tres casas de maristas y una de hermanos del Sagrado Corazón sin un solo religioso… Una situación verdaderamente asombrosa en un país donde se habían producido revolucionarias desamortizaciones de los bienes del clero, pero este se había resarcido pronto, por lo que se ve. No sabemos, en cambio, cuantas propiedades inmuebles no destinadas a culto eran propiedad de la diócesis.

Sigue informando el obispo que en su diócesis hay unos 2.500 socialistas y comunistas, “pero en su mayor parte se consideran católicos”[i], que la facultad de vender bienes inmuebles y de movilizar depósitos de los bancos públicos está coartada por las leyes civiles (Decretos de 22 de mayo y de 20 de agosto de 1931) y que en el último quinquenio se habían vendido una casa y huerto parroquial en Alsasua para nueva edificación por un valor de 27.715 pesetas, así como otros objetos y casas en Setuain, Nardués, Tafalla, Sesma y Zulueta; 150 metros de tejido de damasco de seda de la parroquia de Lerín, así como tierra inculta en Elizondo.

A la pregunta de si se conservan las costumbres de entregar a la Iglesia diezmos y primicias, la respuesta del obispo es que no, pero la sola pregunta hace pensar que en otras partes de la Europa católica podrían subsistir esas exacciones que en España ya eran ilegales desde el siglo XIX. En la diócesis de Pamplona los estipendios por misas se encontraba acodado por decreto de 1929, de todo lo cual se llevaba cuenta en el libro correspondiente. También existían inventarios de los bienes de cada una de las parroquias, así como un archivo secreto donde se guardaban las escrituras secretas en la curia, que existían desde el siglo XIV.

Sobre la existencia de un Consejo de Vigilancia sobre el cumplimiento de los preceptos católicos se dice que dicho Consejo consta de dos canónigos, cinco párrocos, dos superiores religiosos y dos profesores de teología del seminario diocesano, pero aún así algunos clérigos habían sido multados por la autoridad civil por prácticas religiosas públicas, cuando estaban prohibidas, las de cualquier credo, por el artículo 27 de la Constitución española de 1931. Por eso el obispo había recomendado a todos los clérigos que “comporten con la máxima prudencia y circunspección”.

Informa el obispo que, según las leyes civiles, todos los cementerios son laicos, encontrándose los cuerpos “promiscuamente”, para referirse a que sin distinción de si eran fieles o infieles. Sobre el número de iglesias en las poblaciones y parroquias el obispo informa que “son suficientes y sobran”, lo que es comprensible si tenemos los datos que hemos dado al principio. En cuanto a las rentas del obispo, dice este que goza de las procedentes de Estado de acuerdo con el Concordato, reducidas a la mitad desde el 1 de enero de este año, 1932, y “llamadas a desaparecer el 1 de enero de 1933. Junto con algunos emolumentos inciertos de la curia, el obispo considera que son suficientes por el momento para una congrua sustentación. En el artículo 26 de la Constitución, en efecto, se decía que el Estado, las regiones, las provincias y los municipios, no mantendrán… económicamente a las Iglesias (nótese que dice “las”) o a asociaciones e instituciones religiosas.

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[i] “La diócesis de Pamplona en 1932”, Julio Gorricho Moreno.

Historia de unos campesinos de Córdoba

Imagen actual de Espejo (Córdoba)

Generalmente se admite que la conflictividad social en España fue menor durante los años 1934-1935 (gobiernos conservadores) que en el bienio anterior, pero lo cierto es que en 1934 hubo dos grandes movilizaciones sociales que vienen a relativizar aquello: la huelga campesina convocada por la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT) a mediados de 1934, y el movimiento insurreccional de octubre del mismo año que protagonizaron la UGT y el Partido Socialista contra la entrada de la CEDA en el gobierno de Lerroux. De todas formas A. M. Calero da una cifra de cinco huelgas agrícolas en 1935 para toda Andalucía.

Las nuevas condiciones que se dieron en el bienio conservador fueron la política más dura y represora contra los movimientos sociales, la imposición de la censura de prensa por parte del ministro Salazar Alonso (a partir de octubre de 1934, no desaparece casi hasta finales de 1935) y sucesivas declaraciones del estado de alarma y de guerra. Ante esto, el temor a movilizarse contra los patronos y el poder aumentó.

En la provincia de Córdoba –como en otras- los principales motivos de movilización campesina fueron la lucha contra el paro, las reivindicaciones salariales y la relajación por parte de las autoridades en el cumplimiento de la legislación laboral del bienio anterior (que no cambió sustancialmente). Por poner un ejemplo, la patronal agraria se opuso sistemáticamente a la actuación de los jurados mixtos, responsables de arbitrar en los conflictos. En relación a la censura de prensa, en la citada provincia, es un síntoma la desaparición del periódico “El Sur”, órgano oficioso del Partido Socialista.

En cuanto a los salarios fue el año 1933 en el que más bajaron, recuperándose algo en 1934 en el caso de la siega de cereales con hoz o con guadaña. En la recogida de aceituna, siembra a mano, cavar olivos y otros trabajos agrícolas no especificados, los sueldos siguieron bajos en el último año citado respecto a 1932, y en 1934 se suspendió la actividad de los jurados mixtos.

El problema del paro estacional estuvo suavizado por las “cocinas económicas” pero la situación de los trabajadores agrícolas, en el bienio de gobiernos conservadores, empeoró sensiblemente, dirigiéndose muchos pueblos a la Federación Provincial de Trabajadores de la Tierra durante febrero y marzo de 1934, siendo la sociedad de obreros agrícolas “Germinal”, de La Rambla, la que propuso organizar una huelga en la provincia de Córdoba. La situación afectó a la esfera religiosa, pues durante el bienio de gobiernos conservadores las procesiones se llevaron a cabo con cierta discreción e incluso con brillantez, como señaló algún periódico de la época.

Los controles sobre el orden público a través de diferentes estados de excepción estuvieron vigentes durante casi todo el bienio, dándose en 1934 la suspensión de alcaldes y concejales socialistas, y después de octubre casi todos los Ayuntamientos socialistas de la provincia fueron destituidos, siendo detenidos varios líderes sociales por la repercusión de la insurrección de aquel mes en la provincia de Córdoba (sobre todo en las zonas mineras). En 1935, a cambio de huelgas, las fuentes reflejan la abundancia de hurtos y robos a causa del hambre, entre los que habría algunos independientemente de la situación social. En 1934 se registraron 51 huelgas rurales en la provincia de Córdoba, mientras que 15 incendios entre dicho año y 1935, así como 52 hurtos y robos en ambos años.

En Castro del Río, Puente Genil, Rute, Espiel y Lucena la prensa informó de diferentes robos en panaderías; en Pozoblanco un grupo de personas robó cinco borregos; en Montilla la “cocina económica”  repartía hasta 2.000 comidas diarias entre parados; en Lucena, hombres, mujeres y niños recorrían las calles pidiendo caridad… en Dos Torres intentaron organizar una “marcha de hambrientos sobre Córdoba”; en Palma del Río los trabajadores se revolvieron contra el sistema de socorros en forma de víveres; en Cañete de las Torres algunos vecinos colocaron un explosivo de fabricación casera en la puerta de la casa de un propietario por tener contratados trabajadores forasteros; en Pedroche un grupo incendió una ermita y en Hornachuelos provocaron un gran incendio en la iglesia del pueblo.

A Villafranca se desplazó el Gobernador Civil para calmar la tensa situación debida al paro obrero en el campo, poniendo de acuerdo a los patronos para que juntasen dos mil pesetas que se repartieron entre los obreros, dinero que habrían de devolver cuando estuviesen empleados y cobrasen un jornal…

Los afiliados a la CNT provocaron protestas de envergadura en Bujalance, por lo que fueron represaliados, aunque el comienzo de dichas protestas se remonta a 1933. Los comunistas comenzaron un llamamiento para la constitución de un frente único de trabajadores en lucha contra el paro, pero solo en Montalbán hubo una huelga por este motivo a consecuencia de aquel llamamiento.

La huelga de campesinos promovida por la Federación de Trabajadores de la Tierra (mediado 1934) afectó a toda España pero, aunque importante, no logró sus objetivos. Se dieron muestras de ludismo, pues una de las reivindicaciones de los obreros fue la limitación del uso de maquinaria en los trabajos agrícolas. El Gobierno estableció la censura previa en la prensa, empezando aquella huelga en Córdoba el día 5 de junio, mientras que unos días antes el Gobernador reconocía que se habían presentado 64 oficios de huelga, es decir, la mayoría de los pueblos de la provincia (menos diez). Según “El Sur” el paro afectó a unos 44 pueblos entre los días 5 al 7 de junio, pero la huelga no se siguió en los de influencia de la CNT: Baena, Bujalance, Cañete de las Torres, Fernán Núñez, Castro del Río y Palenciana. Tampoco tuvo repercusión en los pueblos más importantes del olivo: Lucena, Priego, Cabra, Benamejí, Encinas Reales, ni en otros de marcada influencia comunista, como Doña Mencía, Zuheros o Montoro.

Hubo numerosas detenciones y a partir del día 14 la huelga estaba casi terminada, poniendo el Gobernador en libertad a casi todos los detenidos. A mediados de julio se autorizó la reapertura de los centros obreros que habían sido clausurados. Por su parte, sobre la insurrección que tuvo a Asturias y Cataluña como principales centros a principios de octubre, de carácter político, las noticias llegaron a Córdoba y, a pesar del estado de guerra decretado el día 6 y la censura previa de prensa, algunos pueblos de la sierra cordobesa vieron alteraciones. Es el caso de Peñarroya, aunque la huelga no llegó a ser general; en Hornachuelos, reducto del socialismo, se produjeron varias detenciones y la represión fue muy importante aquí y en otros pueblos: fueron detenidos sospechosos en las calles y en los registros domiciliarios, entre ellos el Secretario de la Federación Provincial de Trabajadores de la Tierra, el Presidente del sindicato de metalúrgicos, el doctor Martín Romera, que había sido vicepresidente de la Agrupación Socialista en Córdoba, un concejal socialista y un ex alcalde de Hornachuelos. En total 118 detenciones.

En Villaviciosa, el día 9 de octubre, se enteraron de los sucesos de Asturias y se declaró la huelga, sumándose los de la CNT. Los huelguistas fueron al Ayuntamiento, desarmaron a los guardias, incendiaron algunos muebles e izaron una bandera roja. Para cortar el paso a las fuerzas del orden hicieron una zanja en la carretera; los amotinados sostuvieron un tiroteo con los guardias civiles, dos de los cuales resultaron heridos, mientras que los rebeldes, viéndose perdidos, huyeron al campo. Pocos días después fueron detenidos todos los involucrados en la rebelión, y en el banquillo de los acusados se sentaron 121 vecinos que fueron acusados de rebelión militar. Durante el consejo de guerra, que se celebró un año más tarde, los defensores alegaron algunos malos tratos por parte de la Guardia Civil.

En 1939, una vez acabada la guerra civil española ¿cuántos de los vecinos de la provincia de Córdoba habían sobrevivido y cuantos yacían muertos? ¿Cuántos sufrieron la represión que siguió? ¿Cuántos de los protagonistas o sus hijos tuvieron que sufrir la emigración entre finales de los años cuarenta y principios de los setenta del pasado siglo? Aquí no tenemos respuesta a estas preguntas; queden estas líneas como resumen de la historia de los campesinos de Córdoba.

(Fuente: mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/fondo/pdf/24529_5.pdf )

Un trabajo de Pérez Gálan

La educación pública recibió, durante la II República española, un impulso de reforma sin precedentes, según Mariano Pérez Gálan[i]. Ya en el año 1931 se publicaron diversas disposiciones legales conducentes a ello, como el Decreto de abril para el restablecimiento del bilingüismo en las escuelas catalanas, el de mayo  por el que se crearon las Misiones Pedagógicas (se llevó a los pueblos el teatro, la música, conferenciantes, bibliotecas y exposiciones), en el mismo mes sobre libertad religiosa, el de julio para mejorar las retribuciones de los maestros, otro del mismo mes creando los Consejos Universitarios de Primera Enseñanza para la colaboración entre todos los niveles educativos y la relación entre la Escuela y su entorno, el de septiembre reformando las Escuelas Normales, etc.

Respecto de la enseñanza del catalán en Cataluña se estableció que para los párvulos las clases se impartirían exclusivamente en la lengua materna, e igualmente en las escuelas primarias, ya fuese el castellano o el catalán. A partir de los ocho años se enseñaría a todos los alumnos la lengua castellana. En cuanto a las Misiones Pedagógicas tropezaron con problemas que venían de muy atrás. Mariano Pérez Gálan cita el caso de los “misioneros” que visitaron San Martín de Castañeda (Zamora) argumentando que aquellas gentes “necesitaban pan, necesitaban medicinas, necesitaban apoyos primarios de una vida insostenible con sus solas fuerzas…”, mientras que ellos les llevaban canciones y poemas…

La sociedad española, en aquellos años, era esencialmente agraria (el 47% de la población activa pertenecía a ese sector) con un elevado índice de analfabetismo: 24,8% en los varones y 39,4% en las mujeres. La política educativa de la II República estuvo inspirada en las escuelas nuevas, la escuela activa, la escuela unificada y la escuela laica. Los opositores a este modelo fueron la Iglesia y los partidos conservadores, con la población que les apoyaba. La base doctrinal para la Iglesia estaba en la encíclica de Pío XI “Divini Illius Magistri”, de 1929, sobre la educación cristiana de la juventud, donde se defendía la enseñanza confesional, que estaba muy extendida en la sociedad española.

El ministro de Educación en un primer momento fue Marcelino Domingo, del Partido Radical-Socialista y masón, teniendo como colaboradores a Domingo Barnés y a Rodolfo Llopis, estando los tres vinculados a la Institución Libre de Enseñanza. El problema fundamental con el que se encontraron es la falta de maestros y de escuelas. Había 36.680 maestros distribuidos en dos escalafones. Se estableció un plan quinquenal por el cual se creaban 5.000 plazas de maestro cada año, salvo el primero, en que se crearían 7.000. En las Escuelas Normales se estableció la coeducación, existiendo una por provincia salvo en Madrid y Barcelona (dos en cada una). Según Manuel Bartolomé Cossío, presidente de las Misiones Pedagógicas, el objetivo de estas era “despertar el afán de leer en los que no lo sienten, pues solo cuando todo español, no solo sepa leer –que no es bastante- sino que tenga ansia de leer, de gozar, de divertirse… habrá una nueva España”.

En cuanto a la enseñanza religiosa, no se erradicó de la escuela en un primer momento, sino que los alumnos cuyos padres manifestaran el deseo de que aquellos la recibieran, la obtendrían como hasta entonces,  encargando a sacerdotes esa función si los maestros no deseaban hacerlo.

Cuando se aprobó la Constitución, que entró en vigor el 9 de diciembre de 1931, quedaron fijados una serie de principios, uno de los cuales debido a Lorenzo Luzuriaga, la escuela unificada, que implicaba “la superación de toda pedagogía de clases”, al tiempo que desde la escuela maternal hasta la Universidad, las instituciones educativas están coordinadas y que los alumnos necesitados económicamente y con capacidades demostradas, recibiesen una ayuda del Estado. Otro principio fue el laicismo escolar, rompiendo con la Ley Moyano de 1857, que establecía la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la enseñanza en cumplimiento del Concordato de 1851 con la Iglesia. La Constitución prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas y el Estado disolvió la Compañía de Jesús. Aquella prohibición, en realidad, nunca se llegó a cumplir por la dificultad (y arbitrariedad) que entrañaba, de forma que los clérigos con titulación universitaria siguieron impartiendo clases en centros distintos a aquellos de los que el Estado se había incautado. Debe tenerse en cuenta que la II República no expulsó a la Compañía de Jesús, como ocurrió en el siglo XVIII, sino que la disolvió, por lo que muchos jesuitas, bien formados, fueron de los que siguieron impartiendo clase en sus centros no como jesuitas, sino como titulados universitarios.

Ya con Fernando de los Ríos como Ministro de Educación, la Constitución establecía que toda clase de dogmatismos debían quedar fuera de la escuela. Se estableció la inspección del Estado, que ejercieron maestros en ejercicio, cuya misión, itinerante, debía servir de coordinación y estímulo para el cumplimiento de los fines propuestos.

Como el Estado no dispuso de recursos para llevar a cabo sus previsiones educativas, suscribió un empréstito de 400 millones de pesetas que, sumados a los 200 millones que debían aportar los Ayuntamientos, permitieron hacer el mayor esfuerzo hasta entonces conocido en educación durante la historia de España.

El triunfo de los partidos conservadores entre noviembre y diciembre de 1933 significó un freno a las pretensiones de Domingo y de los Ríos, en primer lugar porque, como dice Pérez Gálan, en los dos años y medio que gobernaron aquellos partidos conservadores, ocuparon la Presidencia Lerroux (dos veces), Samper, Chapaprieta y Portela Valladares, siendo en ese período Ministros de Instrucción Pública, Pareja Yébenes, S. de Madariaga, Filiberto Villalobos (dos veces), Joaquín Dualde (dos veces), Prieto Bances, Juan J. Rocha, Luis Bardají y Manuel Becerra, que solo duró en el cargo dieciséis días… Estos cambios no permitieron continuidad ni coherencia alguna. Durante los años 1934 y 1935 se crearon un total de 2.575 plazas de maestros, lo que comparado con los años 1931 a 1933 son pocas: 13.580, si bien es cierto que la tendencia, una ver conseguidos los primeros objetivos, sería a decrecer dicho número de plazas. Debe tenerse en cuenta que aquellos 600 millones de pesetas destinados a educación, debían emplearse durante ocho años…

La derecha echó abajo la coeducación siguiendo las enseñanzas del papa Pío XI: "erróneo y pernicioso... es el método llamado de la coeducación... que trueca la legítima convivencia humana en una promiscuidad e igualdad niveladora"(2); volvió la enseñanza libre al magisterio, se suprimió la Inspección Central de Primera Enseñanza y se suprimió también la inamovilidad en el cargo y en el destino de los inspectores; la autonomía de la enseñanza en Cataluña fue rectificada y se llegó a procesar y encarcelar a Pompeu Fabra, Josep Xirau, Antoni Trías y Bosch Gimpera, pero aunque la fiscalía pidió para ellos cadena perpetua, fueron puestos en libertad en diciembre de 1934.

Desde febrero de 1936 de nuevo se retomó la política del bienio social-azañista, proclamándose la “indeclinable atribución del Estado en la enseñanza”, se establecieron cantinas, roperos y colonias escolares; M. Domingo volvió al ministerio y restableció la inamovilidad de los inspectores y estableció exámenes orales y escritos al final de la edad escolar, hasta que el estallido de la guerra paralizó buena parte de lo iniciado.

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[i] “La enseñanza en la segunda república”.

(2) Encíclica "Divini Illius Magistri", 1929.

Compra de votos: Salamanca, 1936

Tamames (Salamanca)
  (salamancaentresierras.com/2015/01/tamames)

El falseamiento electoral es tan antiguo como las elecciones, pero los estados han ido aplicando mecanismos para corregir este vicio y hoy se puede decir, que en aquellos donde la democracia está bien asentada, los resultados electorales son fiables.

Lamamié de Clairac fue un terrateniente salmantino que participó activamente en la política de la II República española representando los intereses de los de su clase a partir del carlismo y de posiciones ultraconservadoras. Junto con R. Olleros y E. Castaño Arévalo, participó en las elecciones a Cortes de 1936 pero, aunque los tres resultaron electos, sus actas les fueron retiradas por “una compra masiva de votos que implícitamente la habrían reconocido los propios afectados en la nota que publicó la Gaceta Regional el día 7 de febrero. En ella se decía, textualmente, que los señores Gil Robles, Casanueva, Cimas, Castaño y Clairac garantizan con su firma personal un préstamo de millón y medio de pts. (sic) a los agricultores que no vendan su trigo”. Así lo ha estudiado Marcos del Olmo[i] Los beneficiarios de ese dinero –público- estarían contribuyendo a que el precio del trigo subiera y el malestar entre la población se acrecentase, combatiendo así a la izquierda. No obstante, cabe pensar que los terratenientes salmantinos, a cambio de ese dinero, se convertirían en agentes electorales de la derecha, que es la que, antes de las elecciones de aquel año, estaba gobernando.

Lo curioso es que, según la ley electoral en vigor entonces, los electos a los que les fuesen retiradas sus actas de diputados por irregularidades como estas, serían cubiertas por candidatos que no tenían por qué pertenecer a sus mismos partidos políticos o candidaturas; de esta forma los que ocuparon los escaños fueron F. Villalobos, Prieto Carrasco y Valeriano Casanueva. El primero fue un médico salmantino que ya había sido diputado en Cortes desde 1918, pero no participó en la política durante la dictadura de Primo. Fue ministro de Instrucción Pública durante el bienio lerrouxista y luego con Portela Valladares, siendo su personalidad política muy atrayente por su labor social desde posiciones no izquierdistas. Casanueva fue un abogado vinculado al ala caballerista del Partido Socialista, pero destacó más en otros cargos que como diputado.

La II República española no se libró del caciquismo que venía existiendo en España desde tiempo atrás, de los intentos de falsear las elecciones y de delitos graves como el aquí descrito. El hecho de que en el asunto citado esté implicado Gil Robles, dirigente principal de Acción Popular y la CEDA, pone de manifiesto la encarnizada lucha a que se había llegado una vez que se celebran las elecciones de 1936 con el triunfo de Frente Popular, donde ya la política de hechos consumados parece estar por encima de lo que decidiesen las instituciones legales.

De todas formas, el hecho de que los electos implicados fuesen apartados del Parlamento, indica hasta qué extremo se habían ido afinando los métodos para evitar el fraude.

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[i]  “Cultura de la violencia y Parlamento: los diputados Castellano y Leoneses en las Cortes de 1936”, 2011.

Más sobre enemigos de la democracia

José María Albiñana

En un libro de Gil Pecharromán[1] se explica cómo los monárquicos alfonsinos conspiraron contra la II República española solo constituirse esta: “En sus orígenes, apenas proclamada la República, tuvo como eje a un grupo de nostálgicos primorriveristas, militares como los generales Barrera, Ponte y Orgaz y civiles como el conde de Vallellano y Santiago Fuentes Pila. Los conspiradores intentaron, ya desde mayo de 1931, atraerse el apoyo de los oficiales descontentos con las reformas azañistas y de monárquicos acaudalados, dispuestos a financiar un golpe de Estado. Se acercaron sin éxito a los carlistas, que iniciaban en Navarra la reorganización de sus milicias requetés, y al nacionalismo vasco, uno de cuyos dirigentes, José Antonio Aguirre, se entrevistó varias veces con el general Orgaz. Finalmente, los rumores de lo que se preparaba llegaron al Gobierno y Azaña creyó ponerlos fin en septiembre enviando a un destierro honorable a Orgaz y algún otro de los militares implicados.

Pero la trama apenas fue tocada y en los meses siguientes se integraron en su organización militares como los generales Villegas y Cavalcanti. Los conspiradores buscaron aproximaciones, aún mal conocidas, a una trama civil paralela, inspirada por el antiguo grupo constitucionalista de Manuel Burgos y Mazo y Melquíades Álvarez, quienes, con la colaboración del propio jefe del Estado Mayor del Ejército, general Goded, y quizá con alguna connivencia por parte de Lerroux, se disponían no a terminar con la República, sino a rectificar su rumbo, expulsando a la izquierda del Poder. En enero de 1932, el antiguo responsable de la Guardia Civil, general Sanjurjo, fue colocado al frente del cuerpo de Carabineros, un puesto de menor relieve, en lo que se interpretó como un castigo por sus críticas a la política gubernamental de orden público. Era lo que necesitaban los conspiradores para captar a un militar de gran popularidad. Poco después, Sanjurjo se convertía en responsable máximo de una conspiración tan confusa como mal organizada”.

El mismo autor sigue diciendo que el debate en las Cortes del Estatuto de autonomía para Cataluña y el desarrollo de las reformas militares contribuyeron a aumentar la determinación de los conspiradores. Los carlistas admitieron que, a título individual, sus seguidores colaborasen con los golpistas y el jefe del Partido Nacionalista Español, nacido en 1930, José María Albiñana, “se movía como pez en el agua en los círculos de la conspiración, en los que hacía valer la experiencia de sus Legionarios en la lucha callejera y su antigua amistad con los generales Barrera y Ponte.

Así se tuvo que batir la II República desde el primer momento: intentar dar solución a graves problemas seculares, modernizar España, establecer un régimen de libertades y democrático (que realmente nunca lo fue del todo), combatir el desorden público que venía de un lado y de su opuesto y lidiar con los conspiradores que no solo se manifestaron de forma palpable en 1932 y en 1936.

Albiñana es un ejemplo de contradicción donde los haya: antiguo liberal y anticlerical que incluso estuvo en contacto con Santiago Alba, visto que la carrera política que pretendía para sí se truncaba una y otra vez (llegó a apoyar a la dictadura de Primo cuando esta se agotaba, sin saberlo, claro) fue evolucionando hacia posiciones de extrema derecha, de un nacionalismo español rudo y nada racional, sin contenido ideológico salvo en la superficie… pero había sido un estudiante contestatario y violento, pretendiendo una notoriedad que nunca tuvo ni en un lado ni en otro del espectro político (su vida pública empezó cuando alboreaba el siglo XX y su muerte tuvo lugar en 1936). Fue pobre y rico, escritor infatigable, sarcástico político, en México hizo su fortuna que dilapidó, expulsado de ese país, estuvo varias veces en la cárcel en España y otras tantas se libró por la influencia de sus amigos. A la postre, el Partido Nacionalista Español, que fundó con el solo objeto de ser su jefe, pues nunca fue tenido en cuenta por fuerza política alguna, se diluyó en los grupos fascistas que encontraron su camino a partir de 1933 y durante la guerra civil posterior.

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[1] “Sobre España inmortal, solo Dios”.

Conspiraciones carlistas

En un libro excelente (1) por la enorme cantidad de documentación utilizada, y por el escrupuloso método histórico empleado, Julio Aróstegui completa con mucho lo ya investigado sobre la participación de los carlistas españoles en la conspiración que llevaría a la guerra civil de 1936.

Apunta el autor citado que los carlistas constituían el único partido con experiencia militar propia debido a las guerras civiles que provocaron en el siglo XIX, pero también por la lenta y laboriosa formación del requeté desde el último cuarto del citado siglo. Las milicias de anarquistas, comunistas, socialistas y falangistas, por poner algunos ejemplos, no eran nada comparadas con la carlista. También se pone de manifiesto –si no estuviese claro ya- que lo único que unía a los que se levantaron contra la II República es acabar con el régimen democrático y social que representaba, independientemente de sus múltiples defectos.

El taimado Franco, que se sumó tarde al levantamiento, era monárquico, pero no así Mola y Cabanellas, mientras que Sanjurjo estaba alineado con el carlismo desde la influencia de un ascendiente suyo e igualmente Varela. Pero todo esto de nada valió porque Sanjurjo, Mola y Cabanellas murieron pronto, sirviendo la guerra para encumbrar a Franco, que puede no tuviese interés en que el golpe triunfase, porque de no haber guerra no se hubiera forjado su poder.

Fal Conde, andaluz que reorganizó el carlismo en su tierra y luego en el resto de España, estuvo en el centro de toda la conspiración, junto con el Ejército, para alzarse contra la República. En contacto por medio de terceros con Sanjurjo (exiliado en Portugal) y con Mola principalmente, quiso imponer un modelo de sublevación en el que el Ejército se sumase al carlismo como ideología para sustentar el régimen que deseaba: antidemocrático, tradicionalista, monárquico y con todos los ingredientes de una dictadura más o menos encubierta. Mola se encargó de deshacer esas pretensiones y siempre tuvo claro que el golpe era del Ejército y para el Ejército, aunque este podía aceptar de buen grado a todos los grupos contrarrevolucionarios que se sumasen, máxime el carlismo, que tenía las mejores milicias paramilitares ya en la preguerra y un espíritu combatiente avalado por todo un siglo de conflictos civiles.

Asombra que la República pudiese soportar las diversas oposiciones que tuvo durante su andadura, tanto desde dentro como desde fuera: al carlismo hay que añadir el fascismo, representado tanto por Falange como por las JONS y el pequeño grupo de Ramiro Ledesma, los seguidores de Calvo Sotelo y la CEDA, sobre todo desde el Parlamento, en contacto con los terratenientes y con el activismo de las Juventudes de Acción Popular. Añadamos lo más granado de la Iglesia, la oligarquía y la indisciplina del Ejército, que se expresó antes de la guerra en el alzamiento chapucero de Sanjurjo en 1932…

Julio Aróstegui señala en su libro que los primeros meses de la guerra fueron de fuerte voluntariado por sectores politizados tanto en un bando como en el otro: comunistas, anarquistas, socialistas, republicanos, fascistas, carlistas, etc. Fueron sus milicias las que dieron a la guerra de 1936 su carácter más genuinamente “civil”, aunque dichas milicias se fueron integrando –con más éxito en el bando sublevado- en las estructuras militares de cada uno de los dos Ejércitos enfrentados.

La conspiración de los carlistas –como otras- consistió en la preparación del golpe mediante el acopio de armas en cantidades que no se pueden cuantificar con exactitud, sobre todo porque algunas remesas nunca llegaron a manos de los solicitantes. Pero es evidente el esfuerzo del pretendiente Carlos Alfonso (desde Viena) y de su sucesor Javier (desde San Juan de Luz), así como de oligarcas que simpatizaban con el carlismo o eran opositores a la República.

Las negociaciones de Fal Conde con Mola fueron de una dificultad extraordinaria, sobre todo porque ambas partes no cedían en sus pretensiones sobre el protagonismo y eje del golpe y del régimen por venir. Hasta que solo unos días antes del 18 de julio Mola consiguió la adhesión sin miramientos del carlismo navarro, el más importante de todos, que traicionó a sus propias autoridades nacionales (pretendiente y Fal). Los carlistas navarros participaron en los primeros meses de guerra en el avance hacia Guipúzcoa, Aragón y el norte de Castilla, no quedando al resto del carlismo nacional más remedio que sumarse sin condiciones al golpe. Fal quiso crear una Academia Militar Carlista, pero las autoridades militares no lo autorizaron, lo que fue el factor, quizá, de que se exiliase en Portugal. El combativo Fal se pasó la guerra en el país vecino, aunque de haberlo querido detener, no le hubiese costado mucho trabajo a los jefes militares rebeldes.

Fal, sin embargo, fue coherente no aceptando altos cargos de responsabilidad en el régimen de Franco finalizada la guerra, lo que sí hizo el conde de Rodezno, convirtiéndose así en un burócrata al servicio del fascismo español. Rodezno ya había aceptado el Decreto de Unificación de Falange y de las JONS con el carlismo en abril de 1937, lo que desdibujaría durante todo el régimen a esos “legitimistas” tan testarudos durante un siglo.

Aróstegui aporta el dato de que los carlistas en armas (requeté) representaron aproximadamente un tercio de los que combatieron en nombre de Falange, pero esta tuvo algo con lo que no contó el carlismo: un aluvión de adhesiones de republicanos, izquierdistas o simples sospechosos que deseaban lavar su pasado presentándose como falangistas convencidos. Los de la primera hora, “los camisas viejas” (aunque no existían como tales con anterioridad a 1933) quedaron en minoría ante el alud de afiliaciones interesadas. Al fin y al cabo, carlistas y fascistas españoles aceptaron que el poder volviese a la oligarquía que había sido apartada del mismo durante buena parte del régimen republicano. A tenor de sus proclamas, no eran esas sus iniciales intenciones.

(1) "Combatientes requetés en la guerra...".

El "Cabo Carvoeiro"

Si tenemos en cuenta los datos que aportan las diversas investigaciones sobre las muertes políticas producidas durante los cinco años en paz de la II República española, la cifra sería de unas 2.500, pues solo como consecuencia de la insurrección en octubre de 1934, en Asturias los militares Doval y Yagüe masacraron a casi dos mil civiles. Cierto que algunos de estos se habían alzado contra un gobierno que había dado entrada en el mismo a miembros de la CEDA, identificada entonces por la izquierda con el fascismo.

Pero el resto, más de quinientas personas de todas las condiciones, pero sobre todo trabajadores, es un número espeluznante. Entre los asesinados hubo guardias civiles, pues la institución a la que pertenecían se empeñó en una represión cruelísima contra los huelguistas y en defensa de los intereses de la oligarquía terrateniente en el sur de España. Da la impresión de que la Guardia Civil estuvo fuera del control del gobierno de turno, pues no hay período de la II República en el que no fuese protagonista de asesinatos que, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.

Los latifundistas estaban armados, sobre todo desde 1933, algunas milicias izquierdistas también, había matones al servicio de patrones y terratenientes, sobre todo en la mitad sur de España, los enfrentamientos entre socialistas, anarquistas, comunistas y falangistas (desde 1933) a los que hay que unir las juventudes de la CEDA y los seguidores de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, además de los carlistas y otros sin adscripción política, procedentes del mundo de la delincuencia y el crimen sin más, jalonaron, sobre todo, el período que va desde 1933 hasta 1936, antes de que dé comienzo la guerra civil y los españoles se entreguen a un festín de sangre.

En Sevilla se utilizó el vapor “Cabo Carvoeiro”, propiedad de la familia Ybarra, para prisión donde se hacinaban diariamente unos 500 presos, según “eldiario.es”, muchos de los cuales fueron asesinados a manos del ejército sublevado en una “orgía de ejecuciones”, según el mismo diario. Las bodegas del “Cabo Carvoeiro” fueron un solo ejemplo de los muchos lugares donde los sublevados improvisaron prisiones para matar sin juicio previo, “sin formación de causa”. Del barco eran sacados los desgraciados para ser fusilados en las tapias del cementerio.

Según los cálculos hechos por diversas organizaciones e historiadores, 60.000 asesinados yacen sepultos en más de 600 fosas comunes solo en Andalucía. Como contrapunto, también los republicanos cometieron atrocidades, pero con la diferencia de que estas no fueron iniciativa de las autoridades, sino de la ira popular. En el bando sublevado se cumplieron con rigor las órdenes dadas por el general Mola en instrucciones que son bien conocidas porque están publicadas, y hubo militares, guardias civiles y otros que las llevaron a cabo como si sintieran placer en ello, destacando personajes como Castejón, Yagüe y Queipo de Llano. 

(Arriba, el cabo Carvoeiro, en Peniche, Portugal, solo tiene en común con el barco de la muerte el nombre).

Un libro de Paul Preston (1)

Tumbas de Paracuellos (Madrid)

Durante la guerra civil española de 1936 –dice el historiador citado- cerca de 200.000 hombres y mujeres fueron asesinados lejos del frente y al menos 300.000 perdieron la vida en el campo de batalla. Un número desconocido fueron víctimas de bombardeos y éxodos que les siguieron y, tras la victoria definitiva de los rebeldes, alrededor de 20.000 personas fueron ejecutadas. Muchos más murieron de hambre y por enfermedades en las prisiones y en los campos de concentración; otros sucumbieron a las condiciones esclavistas de los batallones de trabajo. A más de medio millón de refugiados no les quedó más remedio que el exilio y muchos perecieron en los campos de internamiento franceses, mientras que varios miles acabaron en los campos de exterminio nazis.

La represión en la retaguardia se dio tanto en zona rebelde como republicana, aunque fue muy distinta en una y en otra: la instrucción número 1 del general Mola habló de violencia fulminante e intransigente, aplicándose el terror ejemplar que los militares africanistas habían aprendido en Marruecos, además del ejercido por los mercenarios marroquíes, los Regulares. En el diario de guerra de Franco, en 1922, se habla de decapitaciones y el citado militar dirigió a 12 legionarios en un ataque del que volvieron ondeando en sus bayonetas las cabezas de otros tantos harqueños (2) a modo de trofeo. La mutilación y decapitación de prisioneros eran prácticas frecuentes, hasta el punto de que cuando el general Primo de Rivera visitó Marruecos en 1926, un batallón de la Legión aguardó la inspección con cabezas clavadas en las bayonetas. El terror del Ejército africano se desplegó también en la Península desde 1936.

La represión llevada a cabo por los militares rebeldes fue minuciosamente planificada, mientras que la de los republicanos fue más impulsiva, espontánea, y se intensificó a medida que las noticias sobre la otra represión era conocida. El desmoronamiento de las estructuras de la ley y el orden dio origen a una venganza ciega y secular; la criminalidad irresponsable fue un hecho en zona republicana. La hostilidad se fue recrudeciendo en los dos bandos conforme avanzó la guerra, pero el odio operó desde el principio con la sublevación del Ejército en Ceuta y en el Cuartel de la Montaña (Madrid). Las fuerzas africanistas de Franco han recibido el nombre de “Columna de la Muerte” por los crímenes cometidos en su recorrido desde Sevilla hasta Madrid.

Allí donde el campesinado sin tierra era mayoría (Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba) los militares sublevados impusieron el reino del terror; Queipo de Llano contó, para ello, con la ayuda de los terratenientes. En regiones conservadoras como Navarra, Galicia, León y Castilla la Vieja, bajo jurisdicción del general Mola, la represión fue desproporcionada si tenemos en cuenta que la oposición izquierdista fue menor. La extrema izquierda se empeñó en otra represión brutal, como se comprueba en los casos de Barcelona y Madrid, particularmente contra el clero, pero esta represión no fue dirigida por las autoridades republicanas, sino que tuvo lugar a su pesar, estando demostrado el esfuerzo para que no se cometieran desmanes del tipo que aquí se tratan. Queda, no obstante, el caso de Paracuellos del Jarama (muy cerca de Madrid), cuando ya el Gobierno republicano se había desplazado a Valencia y la capital estaba dirigida por una Junta militar: aquí el problema es que los más de 2.500 asesinados lo fueron durante un mes. ¿No hubo información durante este tiempo para detener la matanza?

La República se defendió de la “quinta columna” y tuvo que combatir la violencia de los anarquistas y del POUM, un partido comunista pero antiestalinista. Los rebeldes, por su parte, invirtieron en terror, según palabras de Preston, siendo su método “eliminar sin escrúpulos ni vacilaciones a todos los que no piensen como nosotros” (general Mola). Las víctimas de los sublevados, en particular, fueron maestros, masones, liberales, intelectuales y sindicalistas. Por el interés de las autoridades republicanas en identificar a las víctimas y luego el Estado franquista, el número de estas en la zona republicana se conoce con precisión: 49.272. No ocurre lo mismo en la zona dominada por los sublevados, pues se han perdido archivos de Falange, de la Policía, de las cárceles y de los Gobiernos Civiles. Tras la victoria, las autoridades se deshicieron de los registros “judiciales” de la represión, tratándose de juicios que duraban unos minutos y sin defensa para el acusado; hubo ejecuciones “sin formación de causa”.

También hubo muertos que no fueron registrados, miles de refugiados en Andalucía que murieron en el éxodo tras la caída de Málaga en 1937 y los refugiados en Barcelona procedentes de otras partes de España en 1939. Hubo suicidios entre los que esperaban para ser evacuados en varios puertos del Mediterráneo. En total se ha calculado que las víctimas de los sublevados son 130.199. En algunas provincias para las que existen estudios específicos los datos son los que siguen:

Provincia	Víctimas de los sublevados	Víctimas de los republicanos
Badajoz	8.914	1.437
Sevilla	12.507	447
Cádiz	3.071	97
Huelva	6.019	101

Las matanzas de los rebeldes en Navarra fueron de 3.280 personas y en Logroño de 1.977. Por su parte, la represión mayor de los republicanos se dio en provincias como Alicante, Girona y Teruel en proporción a sus poblaciones absolutas. El caso de Madrid fue excepcional, donde el número de víctimas causadas por republicanos triplicó al de los sublevados, pero el dato se basa solo en los que fueron asesinados y enterrados en el cementerio de la Almudena. Toledo, el sur de Zaragoza, desde Teruel hasta el oeste de Tarragona, zona controlada por los anarquistas, muestran asesinatos numerosos a manos de los republicanos. En Toledo fueron asesinados 3.152 derechistas, el 10% de los cuales pertenecientes al clero. En Cuenca 516, de los cuales 36 eran sacerdotes; en Cataluña fueron asesinados 8.360 según pudo comprobar el juez Bertran de Quintana.

La “Causa General”, estudio que el general Franco mandó realizar en 1940 para demostrar los crímenes cometidos por los republicanos, arrojó una cifra para toda España de 85.940, pero el dato no es fiable porque no se obtuvo con las garantías necesarias.

La represión de las mujeres fue mucho mayor en la zona de los sublevados: asesinatos, torturas, violaciones, cárcel, secuelas que permanecieron durante años o toda la vida; se les rapó el pelo a las mujeres consideradas merecedoras de ello con intención de ofenderlas. En la zona republicana se cometieron abusos sexuales sobre una docena de monjas y sufrieron la muerte 296 religiosas (el 1,3% del total de España).

El odio entre españoles, basado en la resistencia de unos a las reformas que trajeran un justo reparto de la riqueza, y la reacción de otros a las injusticias seculares que habían padecido, se muestra en las páginas de “El Debate” (días 7 y 9 de mayo de 1931) bastante antes de dar comienzo la guerra civil: “la batalla social [se decía] que se libra en nuestro tiempo… ello no se ha de decidir en un solo combate; es una guerra, y larga, la desencadenada en España”.

El autor dedica una de las partes del libro a explicar los orígenes del odio: “Un terrateniente –dice- de la provincia de Salamanca, según su propia versión, al recibir noticia del alzamiento militar en Marruecos en julio de 1936 ordenó a sus braceros que formaran en fila, seleccionó a seis de ellos y los fusiló para que los demás escarmentaran. Era Gonzalo de Aguilera y Munro, oficial retirado del Ejército, y así se lo contó al menos a dos personas en el curso de la Guerra Civil. Su finca, conocida como la Dehesa del Carrascal de Sanchiricones, se encontraba entre Vecinos y Matilla de los Caños, dos localidades situadas… al sudoeste de Salamanca”. Es un caso aislado, pero ilustrativo de un odio que se manifestó con toda su crudeza en los años anteriores a la guerra, durante esta y con posterioridad. 

(1) "El holocausto español".  
(2) Rebeldes marroquíes en acciones guerreras.

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Robo en Villa Edén

Arcachon, Francia

Arcachon se encuentra en el suroeste de Francia, en la costa, cerca de la cual pasó un tiempo el exiliado Presidente de la II República española, Manuel Azaña, antes de que decidiese un lugar más seguro en Montauban, al norte de Toulouse. En julio de 1940, con nocturnidad, ciertas autoridades alemanas, policías españoles y falangistas, registraron la casa donde vivía Azaña cerca de Arcachon (Villa Edén) y se llevaron objetos de más o menos valor, pero también todos los papeles que allí había del expresidente de la República española.

Los datos que aquí se contienen fueron publicados por “El País” el 24 de febrero de 1991, poniendo de manifiesto el robo que el vicecónsul español en Ginebra, Antonio Espinosa, hizo de los papeles de Azaña en 1936, en manos del cónsul en ese momento, Rivas Cherif, a quien el presidente se los había confiado. Los nazis, en 1940, saquearon también la biblioteca de Azaña.

Una vez en manos del general Franco, que recibe estos papeles en Burgos, los lee “con fruición” y los pasa a uno de los responsables de la propaganda del nuevo régimen español, Joaquín Arrarás, que conocía a Franco desde que estuviera destinado en Marruecos como periodista. Arrarás corta por donde considera oportuno, descontextualiza la narración, falsifica por lo tanto el texto de Azaña y lo da a la opinión pública con la intención de enfrentar a los citados por el expresidente, a los que solía tratar sin miramientos, fuese para bien como para mal.

El vicecónsul Espinosa fue, en realidad un “topo” contra la República española, que robó por primera vez los documentos del mismo despacho del cónsul Rivas Cherif. Luego vendría el segundo robo por parte de las autoridades nazis ocupantes de Francia desde mediados de 1940. No fueron robados, sin embargo, todos los papeles de Azaña, sino solo los que fueron sustraídos en la primera ocasión citada, conteniendo estos las anotaciones del expresidente desde agosto de 1932 hasta febrero de 1933 y desde junio a noviembre de este último año, es decir, se habla del levantamiento de Sanjurjo, la tramitación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley de Reforma Agraria, la visita a Madrid del presidente francés Herriot, el tercer y último encuentro de Azaña con Franco y la caída del gobierno presidido por aquel.

A Azaña le preocupó, sobre todo, el uso que se hiciera de sus notas sobre la visita del presidente Herriot, pues Francia era, en 1936, una ayuda relativamente importante para la II República española. A tal punto esta preocupación fue real que Azaña intentó la recuperación de los papeles robados (primer robo del consulado en Ginebra) a cambio del obispo de Teruel, en ese momento prisionero de los republicanos, que a la postre sería asesinado en 1939 por soldados republicanos en la ribera del río Muga (Girona), desoyendo las instrucciones dadas por el presidente Negrín.

No sé si en la actualidad estos papeles se encuentran en algún archivo o dependencia oficial, pues siendo ministro del Interior José Barrionuevo, este dio a conocer el hallazgo de los mismos en una dependencia medio abandonada de la policía. El artículo de “El País” citado aquí habla de que, en 1991, seguían en manos de herederos de Manuel Azaña.