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La política desamortizadora de los gobiernos
liberales españoles en el siglo XIX, trajo consigo un extenso patrimonio
forestal público (6,6 millones de hectáreas) y que, según el Grupo de Estudios
de Historia Rural[1], se conserva hoy casi en
su totalidad. Desde el último tercio del siglo XIX hasta el primero del XX, el
Estado aplicó varias políticas forestales sobre este patrimonio, teniendo en
cuenta la compleja y variada realidad del mundo rural español.
Los montes públicos estaban y están dispersos y
en entornos sociales y ecológicos diferentes, lo que ha sido objeto de estudio
por no pocos autores, los cuales ponen de manifiesto los diversos modos de
gestión de los montes públicos, en pugna permanente con los distintos grupos
sociales que competían por el control de los aprovechamientos forestales.
La sociedad española, en los dos tercios de
siglo estudiados, era poco homogénea si tenemos en cuenta los diversos medios
rurales que se daban, por lo que fue poco viable la puesta en práctica de una
política forestal uniforme; al contrario, la gestión del monte público se
adaptó a las condiciones locales, sobre todo teniendo en cuenta que hubo grupos
ajenos a la comunidad rural que aspiraban también a controlar el monte público.
La situación en el año 1920 de la producción de
los distintos tipos de montes públicos revela que la madera es el principal
producto, seguida de los pastos, pero hay otros como la leña, el esparto, la
resina, el corcho, los aprovechamientos derivados de roturaciones y la
montanera (pastos y bellotas para el ganado porcino)
Los autores aportan datos muy interesantes
sobre el porcentaje de la producción de los montes públicos y de utilidad
pública[2]
respecto del conjunto de los montes de España, aunque referidos al período
1946-47, por lo tanto con posterioridad a la época por ellos estudiada. El
total de la producción de los montes públicos y de utilidad pública representó
el 66,8%, con clara ventaja para los primeros. En cuanto a madera los montes
públicos y de utilidad pública produjeron el 43,4% del total; leña el 74,3%,
con clara ventaja para los públicos; pastos el 79%, representando el monte
público la mitad de la producción nacional; y corcho el 17,3%, siendo otras
producciones de los montes públicos y privados el esparto, la resina y los
esquilmos (provechos secundarios para alimentación del ganado o subproductos
derivados de los cereales y otros). No obstante, la producción de las praderas
naturales superó a la de todos los demás esquilmos juntos.
Ello indica que las producciones de los montes
públicos ocupaban un lugar importante en la economía forestal del país, aunque
aquellos se encontrasen muy irregularmente repartidos en territorio nacional.
La producción de madera fue el aprovechamiento forestal por excelencia, no
obstante ser España, en la época, un importador de madera, pero aquella
procedía de una extensión muy reducida de los montes públicos; resina y madera
se concentraban en el centro y norte del país, mientras que el corcho se
obtenía en el sur. Si tenemos en cuenta, por tanto, el conjunto de los montes
públicos, es que eran poco maderables, a la par que eran productores, sobre
todo, de pastos y leñas que servían a las comunidades rurales.
Para 1946-47 –dicen los autores- y solo
respecto a los montes de utilidad pública, los situados en siete provincias
(Burgos, Ávila, Segovia, Soria, Valladolid, Cuenca y Guadalajara)
proporcionaron el 83% de la producción de resina. Las mismas provincias más
Navarra, aportaron el 62% de la madera, y los montes de utilidad pública de
Málaga y Cádiz, por sí solos, aportaron el 100% del corcho. Algo similar
ocurrió con el esparto en el sureste, donde los montes de Albacete, Jaén,
Granada, Almería y Murcia aportaron el 95% de su producción.
Los autores dividen la política forestal española,
en el período estudiado (1861-1933) en cuatro etapas: la primera desde 1855
hasta 1875, comenzando con la desamortización de Pascual Madoz en la que el
Estado tuteló el proceso desamortizador y se esforzó por consolidar un
patrimonio forestal público. Pero el proceso privatizador ya había comenzado
con un decreto en 1813, otro en 1822 y el de 1837, siempre con gobiernos de la
familia liberal progresista. En cuanto al patrimonio forestal existe el
precedente de las Ordenanzas de Montes de 1833. En 1873-74 comenzaron, por su
parte, los planes de aprovechamiento de los montes públicos y se encargó su
vigilancia a la Guardia Civil
(1876), si bien la primera ley de montes, no obstante, se había aprobado en
1863.
La segunda etapa abarca los años 1875 a 1800, donde el Estado
acentuó su intervención en el sector forestal con ordenaciones y repoblaciones,
aunque su aplicación fue muy escasa. La ley de presupuestos de 1897 reorganizó
administrativamente los trabajos sobre los montes públicos, así como se publicó
un catálogo de montes de utilidad pública.
La tercera etapa abarca los años 1900 a 1924, donde se
llevaron a cabo repoblaciones y, sobre todo, ordenaciones de montes públicos.
Los aprovechamientos llamados ordinarios se llevaron a cabo mediante subastas y
se produjo una mejora de la productividad: entre 1861 y 1932 los montes
públicos aumentaron, en %, su productividad a más del doble en los
aprovechamientos ordinarios y dicho aumento también se dio, aunque en menor
porcentaje, en los montes de utilidad pública. En los montes ordenados, entre
1902 y 1920, los aprovechamientos subieron de 846.000 pesetas a 4.424.000, ya
se tratase de ordinarios, vecinales o extraordinarios. Pero una vez nos
encontramos que estos datos se refieren a una reducida superficie, concentrada
en muy pocas provincias y en los aprovechamientos más mercantilizados: madera,
resina y corcho.
La superpie de montes ordenados, entre 1903 y
1932, se cuadruplicó y la producción se triplicó. En los montes repoblados
(mismo período) la superficie se multiplicó por 4,4 y la producción por 10,5.
La inflación causada como consecuencia de la I guerra mundial trajo consigo un aumento del
precio al que se llegaba cuando se producían las subastas. En 1912-1913 la
participación en la superficie y producción de dos grupos de provincias arroja
una clara ventaja para uno de estos grupos, que se señalan a continuación: el
primero, formado por Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, León, Palencia y
Zamora presentan menos producción en más superficie, contrariamente a lo que
ocurre en el grupo segundo: Huelva, Cádiz, Córdoba, Jaén, Cuenca, Segovia y
Soria. Esto se debe a que el Estado no intervino en los montes públicos de
igual manera: allí donde pervivieron usos forestales tradicionales, la
producción fue menor (grupo primero) y donde el Estado centralizó la gestión la
producción fue mayor.
La cuarta etapa comprende los años 1924 a 1936: en el año 1924
se aprueba el Estatuto Municipal por el que el Estado dejó en manos de los
Ayuntamientos la gestión de los montes públicos, pero ya antes (1918) se había
dado fin a la ordenación por particulares. Ahora se incrementó notablemente la
inversión en repoblaciones y dio comienzo una política hidrológico-forestal,
completándose con reformas legislativas entre la que está la creación del
Patrimonio Forestal del Estado en 1935.
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