Troya: una o varias guerras

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Dice Trevor Bryce[i] que la ciudadela a la que se asocia el nombre de Troya se encuentra en el ángulo noroeste de Anatolia, en la región denominada Troacle, así llamada por los escritores gregorromanos, que pensaban que toda la zona estaba dominada por Troya. La Troacle constituye una unidad geográfica bastante bien definida. Está limitada por el mar –Helesponto o Dardanelos- al norte, y el mar Egeo al oeste y sur. La zona es montañosa y está dominada en el sur por el macizo del monte Ida. Tiene dos ríos principales, el Simois y el Escamandro, encontrándose en la confluencia de ambos el propio lugar de Troya sobre un montículo llamado Hissarlik, la moderna palabra turca para fortaleza. El montículo se alza sobre el Helesponto, que está hoy a 7 km. del lugar. Gran parte de la llanura de inundación que se encuentra allí fue, seguramente, una bahía durante la Edad del Bronce, que proporcionaría un excelente ancladero a la flota troyana de la tradición homérica.

Durante casi tres mil años la historia de la guerra de Troya ha constituido una de las más importantes fuentes de inspiración del mundo occidental en el ámbito del arte y de la literatura. Entre los antiguos griegos y romanos los episodios del relato homérico de la guerra ofrecieron muchos temas para la expresión artística y la reflexión filosófica. La historia de la destrucción de Troya proporcionó al poeta Virgilio, en tiempos de Augusto, el punto de arranque para su gran poema “Eneida”, un éxito literario que fue quizás realzado por sus subyacentes motivaciones políticas. En el arte y la literatura europeos posteriores la tradición capta nuevamente la imaginación de una serie de escritores y artistas, filósofos y teóricos de la política.

Pero detrás de los reflejos artísticos de la tradición –sigue diciendo Trevor Bryce- ha existido, desde los tiempos de los griegos clásicos, una persistente cuestión. ¿Ocurrió realmente la guerra de Troya? En la historia de la erudición clásica, tanto antigua como moderna, rara vez ha habido un momento en que no se haya formulado esta pregunta; en los años recientes los estudiosos de Homero han dedicado grandes esfuerzos a especular si hay o no alguna base histórica para la tradición de una guerra de Troya. Hay especialistas que consideran hubo en realidad un gran conflicto entre griegos y troyanos entre finales del siglo XIII y principios del XII antes de Cristo, estando los primeros dirigidos por Agamenón, que hubo una gran armada griega y que la causa del conflicto fue el rapto de Helena de Esparta por el príncipe troyano Paris. Así lo creen Schliemann y Carl Blegen, el arqueólogo que continuó las excavaciones en Hissarlik en la década de los años treinta del siglo XX. Otros, en cambio, son escépticos sobre este asunto basándose en que Homero tuvo una intención fabuladora, poética, no de historiar.

Puesto que el conflicto se sitúa en el Bronce tardío de Anatolia, las fuentes locales proporcionan un punto de partida para arrojar luz sobre la guerra de Troya, pues de que esta existió no cabe duda. El investigador suizo Emil Forrer dirigió su atención a los topónimos Wilusiya y Taruisa, que son mencionados juntos en los “Anales” del rey hitita Tudhaliya IV. Estos nombres aparecen al final de una lista de países de Anatolia que se habían rebelado contra el gobierno hitita en las primeras etapas del Reino Nuevo. Sin embargo, el descubrimiento de un texto adjunto a la llamada carta de Manapa-Tarhunda[ii] aportó nuevos datos. El reino del que procede la carta se encontraba al oeste de Anatolia, en la región que luego llamarían los griegos Mileto. Seguramente ese reino, Wilusa, estaba en la misma región homérica de Troya, hasta el punto de que algunos consideran que se trata del mismo reino. Está claro también que los hititas de Wilusa sufrieron algunos ataques durante el siglo XIII, y que en el reinado de Hattusili III o de Tudhaliya IV dieron como resultado el derrocamiento del rey de Wilusa. Solo queda aceptar que había aqueos en Anatolia como los había en otras partes del Egeo.

Por las fuentes hititas sabemos que la implicación micénica en los asuntos de Anatolia abarcó un período de unos doscientos años, desde el último cuarto del XV hasta el último cuarto del XIII, y que Mileto, con el nombre antiguo que tuvo, llegó a ser la más importante base de actividad micénica en la zona.

Ahora cabe hablar del papel de Troya en los asuntos de Anatolia: seguramente la tradición ha exagerado dicho papel, pero los descubrimientos durante el último siglo en el reino de los hititas así lo demuestran. La destrucción por parte de los micénicos seguramente corresponde al nivel VII de Troya, con sus imponentes torres y sus muros en talud. Blegen, por su parte, argumentó que hay claros signos de que Troya VII había sido destruída por un terremoto y no por la acción humana, como cree ver en las grietas de la torre y de los muros de la ciudadela, además del hundimiento del suelo, pero aún teniendo en cuenta esta posibilidad, no se puede asegurar que dicha actividad sísmica tuvo lugar en la última fase de Troya VI o en la primera de Troya VII, o si tuvo la importancia suficiente para causar la destrucción total. A modo de solución intermedia se ha sugerido que Troya VII podría haber sido destruida mediante una acción enérgica ayudada por un terremoto que la hizo vulnerable. La arqueología, por su parte, no suministra datos precisos sobre cuando fue destruida Troya VII; todo lo que sabemos por la cerámica encontrada en este nivel es que ocurrió en algún momento entre los primeros setenta años del siglo XIII, quizá a mediados de dicho siglo. En términos políticos, sin embargo, no fue uno de los principales estados o reinos de Anatolia, ni siquiera ente sus vecinos del oeste, pero tampoco fue insignificante.

Hissarlik-Troya fue el centro de un próspero reino del norte de Anatolia y su población era densa, con suelos ricos para la agricultura, según ha demostrado John Bintliff. A lo largo de la Edad del Bronce tuvo muchos contactos comerciales y culturales, habiéndose encontrado mucha cerámica micénica en diversos subniveles de Troya VII. El contacto entre la Grecia continental y Troya, en esta época está atestiguado, y si identificamos a Troya con el reino de Wilusa, de acuerdo con las fuentes hititas, es evidente que sufrió algunos ataques militares y ocupaciones durante el siglo XIII. Las largas y pacíficas relaciones comerciales entre griegos y troyanos se habrían interrumpido en ciertas ocasiones, particularmente en el siglo XIII, por disputas y quizás conflictos declarados entre ellos. De hecho, en una ocasión el rey hitita Hattusili III habría estado cercano a una guerra con otro reino por culpa de Wilusa (¿Troya?).

Se han dado unas cuantas razones para un asalto, o una serie de ellos, por parte de los micénicos sobre Troya: el deseo micénico de usar libremente el Helesponto por los barcos griegos, que quizá entorpecía Troya mediante duros peajes; su situación sobre una de las rutas principales que unían Anatolia con la Europa central puede haber sido motivo para la amenaza griega, que ambicionaría también la pesca en el Helesponto. Troya podría haber construido una base portuaria ideal para la pesca dado que la bahía donde se encontraba era rica en pesca. Otra teoría basa el conflicto en los accesos al cobre, pero se trata de especulaciones. Aún hay quien sostiene que la guerra se libró por el rapto de una reina micénica, lo cual sería concederle a Homero una intención de historiar con su obra.

Según Blegen la Troya de Homero fue la primera fase del séptimo de los nueve asentamientos que tuvo el lugar (Troya VII), lo cual ya ha sido discutido ampliamente. Y aquí Trevor Bryce explora lo que se sabe de las fuentes anatólicas en relación con la guerra de Troya: en primer lugar los griegos micénicos estaban muy involucrados en los asuntos militares y políticos del oeste de Anatolia, particularmente en el siglo XIII; durante este período el estado vasallo hitita de Wilusa estuvo sometido a un cierto número de ataques en los que los micénicos estuvieron directa o indirectamente implicados; en una ocasión su territorio fue ocupado por el enemigo, en otra, su rey fue depuesto. Wilusa está en el oeste de Anatolia, en la región de Troya, y en términos filológicos, Wilusa puede igualarse con la griega Ilión. Las pruebas arqueológicas indican que la destrucción de Troya VII ocurrió dentro del período de los ataques a Wilusa y aquel es el nivel que mejor concuerda con la descripción de Homero para Troya.

Nuestras fuentes escritas anatólicas no proporcionan pruebas de un único, grande y extenso ataque de invasores griegos sobre un reino de Anatolia que condujera a una posterior destrucción de dicho reino. Más bien la pauta es la de un cierto número de ataques limitados, realizados durante varias décadas y quizás una ocasional ocupación del reino asediado. En algún caso los griegos micénicos pueden haber estado involucrados directamente en dichos ataques, pero estos eran realizados, quizá, por fuerzas anatólicas a las órdenes de jefes locales. En tanto que Troya VII fue destruida, ciertamente, en el período en cuestión, no disponemos de una prueba evidente de que fuera destruida por un ataque enemigo.

Contrariamente a la tradición homérica, las pruebas arqueológicas indican que después de la destrucción de Troya VII, su sucesora, Troya VIII, la siguió casi inmediatamente después, siendo ocupado el lugar por el mismo grupo de población. Si tenemos esto en cuenta podemos deducir que nuestras pruebas anatólicas proporcionan datos sobre un conflicto o de una serie de ellos, en los que los griegos micénicos pueden haber tenido cierto protagonismo frente a un reino del noroeste de Anatolia hacia finales del Bronce Tardío, y esto proporcionaría la materia prima para el poema homérico, basado en ciertas “baladas y canciones” que se fueron dando con anterioridad al siglo VIII. Homero habría contribuido a la epopeya de los griegos micénicos, pero su relato dista de la realidad histórica.

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[i] “El reino de los hititas”. En un capítulo de esta obra se basa el presente resumen.

[ii] Carta hitita descubierta en los años ochenta pasados, que fue escrita por un rey cliente de ese nombre. Iba dirigida al rey hitita en torno a principios del siglo XIII a. de C. y relata la humillación que había sufrido a causa de haber sometido a cautividad a un gran número.

Abuso y conflicto en Perú

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Una de las provincias de Perú es La Convención, y el distrito de Lares está en la de Calca, región del Cuzco. Estos territorios y los valles de Urubamba (Vilcanota), son los que ha estudiado E. Hobsbawn para conocer la naturaleza y actividad de uno de los movimientos campesinos en el siglo XX. La Convención, dice dicho autor, cubre aproximadamente el 54% de la región de Cuzco (unos 45.000 km2) y es una zona de colinas y de selva a 1.000 ó 1.200 metros de altura, separada del resto de la región por montañas y pasos estrechos. Hasta los años treinta o cuarenta del siglo XX, estas zonas estaban totalmente aisladas, con una población escasa y una economía inutilizada que se dividía nominalmente en tierras públicas y unas cuantas fincas gigantescas que alguna vez, dijeron los campesinos, tenían una condición legal dudosa.

La posición de los pocos hacendados era la que cabía esperar en las selvas del Perú, dueños de “vida y hacienda”, y si hay en todos los movimientos campesinos de la región un tema constante es el del resentimiento contra los abusos que los poderes de los terratenientes hacían por sí o por medio de sus gamonales: penas corporales, torturas, muertes, explotación sexual de la campesina, etc. El principal y más impopular de los propietarios era Alfredo de Romainville, cabeza de una familia cuya hacienda original, estimada en unas 500.000 hectáreas, adquirió un tal Mariano Vargas, dividida después la propiedad en unidades algo menores entre Carmen Vargas de Romainville y María Romainville de la Torre.

El proceso de división del territorio original ha proseguido, aunque la hacienda principal, Huadquiña (en cuyo beneficio quizá se construyó el ferrocarril de Cuzco-Huadquiña), tenía todavía, en la década de los sesenta del siglo XX, más de 100.000 hectáreas, incluyendo en ellas epicentros de la rebelión como el bastión del guerrillero Hugo Blanco, Chaupimayo. Hacía 1962, la región tenía 174 haciendas, pero ninguno de sus propietarios tenía la importancia de los Romainville. También eran impopulares los Bartens (hacienda Chacamayo, en el valle de Lares) que tenían unas 45.000 hectáreas, los Márquez y otros.

El ferrocarril de vía estrecha que empezó a funcionar en los años treinta, entre Cuzco y Santa Ana (Huadquiña), abrió esta zona a una economía de mercado, y entonces el café, la caña, la fruta, el cacao y otras cosechas e extendieron con vistas a la exportación. Pero una epidemia de paludismo entre 1930 y 1936 parece haber diezmado la ya de por sí escasa población y habría contribuido a la emigración y venta de tierras. Otros inmigrantes venidos de las montañas ocuparon el lugar de los que se fueron, pero el ser humano no fue el único culpable de las desgracias, pues las sequías y los terremotos fueron frecuentes. Los inmigrantes no tenían tierras y los hacendados tenían muchas, pero sin trabajarlas, no estando dispuestos a pagar salarios decentes a los trabajadores. Por si ello fuese poco se practicó el arrendamiento de parcelas para que fuesen cultivadas, pero sin seguridad alguna para los arrendatarios de que conservarían el arriendo aunque hiciesen mejoras en las explotaciones. Los productos debían venderse a través de los hacendados, por lo que las plusvalías de la comercialización beneficiaban a estos, mientras que los campesinos habían de comprar esos productos a los hacendados a precios abusivos.

Si la cosecha del arrendatario era buena, una parte se daba al hacendado, y hubo así unos 4.000 trabajadores según Hobsbawm, que tenían que subarrendar parcelas más pequeñas en condiciones análogas, haciéndolo a unos 12.000 “allegados”, que cumplían en condiciones de servidumbre. Por debajo estaban aún los braceros o jornaleros, pagados diariamente en metálico o especie. El total de los campesinos de estos valles se calcula, por lo menos, en 60.000, y los arrendatarios distaban mucho de ser proletarios, sino que jugaban el papel de conservar el sistema, aunque en 1962 se vio su oposición a los hacendados. De hecho, las agitaciones campesinas de La Convención tuvieron como líderes a los arrendatarios, que en ocasiones contaron con la colaboración de los “allegados”.

Los arrendatarios quisieron pasar del sistema feudal en que trabajaban la tierra a otro de tipo capitalista, o llegar a la propiedad campesina. Así, las exigencias principales de la huelga general de arrendatarios de 1961-1962 abogaban por los cambios siguientes: abolición de las servidumbres de trabajo, sustitución del arriendo en metálico, nuevos arriendos por un mínimo de seis años (en otros casos, diez), el derecho de sembrar el 10% de la tierra con cultivos alimenticios, el derecho a comprar tierras, prohibición de la obligación de vender las cosechas al hacendado… Así se llegó a un acuerdo con la Compañía Agrícola S. A. de contratos bienales, abolición de las dos semanas de trabajo con salario fijado por el hacendado cada seis meses, reconocimiento por los hacendados de las mejoras hechas por los arrendatarios, que quedarían libres de vender su cosecha de té donde quisiesen, la compañía pondría una escuela e introduciría la electricidad…

No hay pruebas suficientes sobre una agitación independiente de los “allegados”, aunque es evidente que la abolición de las servidumbres personales les beneficiaron. Hacia 1962 la Federación Campesina tenía 110 sindicatos afiliados en la provincia, con 20 a 600 miembros cada uno. Su poder se demuestra porque en ese año el gobierno peruano dictó varias medidas especiales en pro de una reforma agraria en La Convención y hasta la Cámara de Comercio de Cuzco se dirigió oficialmente al gobierno pidiendo la inmediata ejecución del anunciado Plan de Reforma Agraria. Esto fue posible gracias a la solidaridad del campesinado, aunque hemos visto que no todos gozaban de los mismos estatutos. A pesar de la pobreza general, los campesinos de La Convención no eran personas de ciudad, indios y no criollos. Los inmigrados eran en su inmensa mayoría indios, el quechua seguía siendo el idioma hablado en los mítines de los sindicatos, pero el castellano se entendía ampliamente. Los dirigentes sindicales habían superado el analfabetismo y, según Hobsbawm, esto se debe a la organización comunista.

Algunos aspectos de las injusticias sufridas chocaron más a unos campesinos que a otros, pero a los jornaleros y braceros, que no tenían interés directo en las exigencias de los arrendatarios y “allegados”, la existencia de cualquier movimiento de resistencia campesina contra los señores ofrecía la posibilidad de reclamar eficazmente sus derechos, o aún de reconocer la existencia teórica de esos mismos derechos, y esto se demuestra porque los salarios subieron. El autor al que sigo explica el éxito de las reivindicaciones por la tradicional fuerza del partido comunista y otras organizaciones marxistas en la región de Cuzco. En esta parte de Perú el APRA[i] nunca logró afianzar su influencia del modo que lo hizo en el norte. Los comunistas venían trabajando la región desde 1934, e intelectuales junto con abogados, empleados bancarios y maestros prestaron sus servicios al movimiento sindical. Un ejemplo de sindicalista aguerrido fue Andrés González, uno de los jefes del movimiento de Hugo Blanco en Chaupimayo; de niño trabajó en la hacienda Sullupuchyo, de la familia Luna, que estuvo en permanente conflicto con la comunidad indígena. González, en venganza por abusos sufridos, entró en la hacienda y robó los títulos de propiedad que luego quemó. Luego se estableció en Chaupimayo (1946) y estableció contacto con personal político.

Como González hubo otros en las regiones fronterizas de la cuenca del Amazonas, que fueron los cuadros naturales de los movimientos campesinos. En La Convención el movimiento renació al caer la dictadura de Odria en 1956. Puede que empezase como rebelión contra los Romainville de Huadquiña, y parece que la causa inmediata fue que los hombres se indignaron al ver que uno de los líderes era azotado. Romainville fue acusado además de usurpar tierras que no le pertenecían legalmente del otro lado del río Ynacmayo. A partir de entonces se inicio un estado de virtual guerra, abandonando los hacendados sus fincas en manos de sus administradores.

En 1958 existían ya varios sindicatos, y en 1962 Maranura, Huyro, Santa Rosa, Quellouno y una Federación Campesina provincial se organizaron a partir de once sindicatos miembros. El movimiento parece haberse limitado a una agitación de índole sindical, pero la ocupación de tierras empezó en 1961 en las prvincias de Pasco y Huanuco, y a finales de ese año se constituyó una Federación con 214 organizaciones afiliadas, convocando una conferencia de campesinos en Quí Uabamba, donde se formularon peticiones de expropiación (contra “justo precio”) de las fincas de Romainville, y la consigna general pasó a ser la de que los campesinos ya habían “comprado su tierra con el trabajo que llevaban realizando en ellas”. Se dio entonces la ocupación de tierras en masa: la hacienda Chaullay fue invadida en marzo de 1962, y los invasores se construyeron cabañas provisionales. En Lares los hacendados denunciaron en abril la existencia de grupos armados que, según decían, se apoderaban de las tierras, y en la provincia de Calca 300 comuneros de Ipal expulsaron al hacendado y su familia de un fundo que, decían, había sido usurpado de una comunidad por una decisión jurídica injusta.

En mayo un grupo de Chaupimayo impidió que los empleados del hacendado cortasen madera para traviesas de la prolongación del ferrocarril, y en agosto los campesinos armados de Quellomayo y de Huacaypampa expulsaron a los leñadores de las tierras de una hacienda (Santa Rosa), asegurando que ya no pertenecían a los Romainville. En octubre se anunciaban afincamientos en 36 haciendas, por más que esto llevó a litigios: entre las haciendas ocupadas estuvieron Huadquiña, Pavallo, Paltaybamba, San Lorenzo, Pavayoc, Versalles, Echarate y Granja Misión. La mayoría de las haciendas en Lares y Calca estaban, según se decía en la prensa, en manos de los campesinos, y la mayoría, si no todos de los hacendados habían abandonado los valles o se preparaban a ello. En ese mismo mes la prensa anunciaba la publicación del texto de una Ley de Reforma Agraria, pero ello no evitó la intensificación del movimiento, que ya venía desde la primavera anterior, aunque se produjo una división en su seno. Como tantas veces ha ocurrido, parece que se trató de un pulso –dice Hobsbawm- entre los comunistas ortodoxos y otros grupos revolucionarios que los consideraban demasiado moderados y favorecían insurrecciones guerrilleras de índole castrista.

En este contexto, Luis de la Puente, líder del MIR (secesión de APRA), apareció  en Qullabamba y dio un mitin apoyando por 36 sindicatos, queriendo luego hablar en nombre de las Federaciones Provinciales de Quillabamba, pero los principales disidentes eran trotskistas a las órdenes de Hugo Blanco, joven intelectual que llegó a los valles procedente de Cuzco, de donde era oriundo, después de la organización campesina de 1958. Cuatro años más tarde cierta prensa empezó a considerarle como una especie de Castro peruano, destacando sus relaciones con grupos terroristas y profesionales de la insurrección, estando su principal bastión en Chaupimayo. La formación de unidades armadas (fuesen guerrillas o grupos de autodefensa) se debió casi con seguridad a Blanco, y los rebeldes fueron objeto de crecida admiración, y dieron a los revolucionarios de otras partes de Perú buena publicidad romántica.

[i] Partido de orientación socialista.

La otra invasión francesa (2)

Isla del Trocadero (Cádiz)

La rápida progresión de los franceses obligó a pensar en el traslado del rey, de Sevilla a Cádiz, donde se podía organizar una resistencia seria, pero el rey alegó que quería consultar este asunto al Consejo de Estado, que no se pronunció claramente, lo que sirvió al rey para negarse a su traslado. Lo cierto es que Fernando VII sabía que se preparaba en Sevilla una conspiración para liberarle y quería esperar sus resultado (en ello estaban el general Downie y el coronel Cabanas). Mientras tanto el gobierno se empeñaba en frenar a los exaltados del ejército y la milicia, que querían llevarse al rey sin atenerse a legalismos.

De acuerdo con el artículo 187 de la constitución, las Cortes suspendieron temporalmente al rey en sus funciones (por un solo voto de diferencia), y se nombró una regencia provisional integrada por los generales Valdés, Ciscar y Vigodet. El rey y su familia hicieron el viaje a Cádiz por tierra, escoltados por el regimiento de Almansa y por la mayor parte de la guarnición. Mientras tanto, en Cádiz, se produjeron serios desórdenes por parte de delincuentes comunes y absolutistas, mientras que en el camino se oyeron gritos de milicianos de “mueran ya todos los Borbones”. Vicente Minio, previendo tiempos difíciles para los que se habían comprometido con el liberalismo, y deseoso de hacer méritos ante el rey, le dijo que había una conspiración para asesinarle, algo que a Fernando VII costó poco creer. La reina Amalia confirmó luego estos temores: “Fernando nos explica que el día 13, mientras iban de Utrera a Lebrija, los vehículos que llevaban a la familia real quedaron detenidos más de media hora en medio de los olivos”. La reina dice que el ejército estaba dudando sobre que debía hacer con la familia real.

Pero Fontana tiene la descripción más objetiva del general Copons: había pantanos que impedían la marcha. La princesa de Beira fue afectada de una convulsión pero siguieron el viaje a Lebrija… En Cádiz el rey no fue victoreado, mientras que algunos vivas se dirigían a Riego. Cesó entonces la regencia y el rey recuperó el poder. En Cádiz, donde había nacido la constitución, reanudaban las Cortes sus sesiones, menguadas por algunas deserciones y desanimadas por un hecho sospechoso: el embajador inglés, William A’Court, representante del único gobierno con el apoyo del cual creían contar los liberales, no les siguió a Cádiz, sino que se quedó en Sevilla.

A mediados de junio se reunieron en Cádiz 110 diputados (luego serían 118) que manifestaron su voluntad de resistir. La ciudad contaba con víveres debido a la ineficacia del bloqueo naval francés, pero los franceses consiguieron dominar la península de Matagorda, pero ni fue un combate importante ni se puede decir que modificase la situación de pocos días antes.

Las Cortes, mientras tanto, celebraron seis sesiones entre principios de agosto y finales de septiembre, pero los militares españoles fueron pesimistas cuando perdieron el castillo de Sancti Petri, para lo que los franceses bombardearon Cádiz desde el mar. Los ministros intentaban convencer al rey para que prometiese alguna forma de gobierno representativo, igual que Angulema, que le pidió una amnistía y convocase las antiguas Cortes. El rey se entrevistó con el ministro Luyando, donde se resistió a ofrecer instituciones representativas, el cual pretendía tan solo un pretexto para intentar el acercamiento de posiciones y el término del conflicto. El ministro de la Guerra, en medio de la confusión, se suicidó.

Angulema, por su parte, escribió el jefe del gobierno francés, Villèle: “lo que los atormenta sobre todo [a los liberales que negociaban su rendición] es el artículo de las garantías, porque dicen que no hay nada más falso que el rey, y que, a pesar de sus promesas, sería capaz de hacerlos colgar a todos”. En efecto, cuando el rey fue repuesto en su poder absoluto, se desató una represión feroz, pero no solamente por su voluntad, sino por la de autoridades locales absolutistas, contra las que tuvo que luchar Angulema con su ejército de ocupación, que deseaba un régimen como el francés de Luis XVIII para España.

Antes, los generales Álava y Valmediana quisieron negociar con Angulema en el Puerto de Santa María, pero este se negó diciendo que solo trataría con el rey. El jefe de gobierno, Calatrava, explicó a las Cortes este fracaso y propuso que se disolvieran y devolvieran al rey su plena autoridad, pidiéndole, eso sí, un perdón general. A finales de septiembre, Manzanares[i] y Yandiola entregaron al rey este manifiesto de perdón, que el rey firmó sin dilación, pero sin intención alguna de cumplirlo, como ya hemos dicho. Luego, el rey y su familia embarcaron para el Puerto de Santa María, donde estaba el mando general francés. Manzanares se dispuso a descansar en un balneario, prueba de que no sabía la represión que esperaba, pero pronto tuvo que huir como todos los liberales significados que se encontraban en Cádiz. Los diputados empezaron a partir hacia Gibraltar, donde se reunieron en aquellos primeros momentos unos 400 refugiados españoles. Valdés y Ciscar, que se habían quedado en Cádiz, descubrieron que habían sido condenados a muerte por el rey y tuvieron que huir. Mesonero Romanos, miliciano entonces que había acompañado al rey a Cádiz, tuvo que hacer un penoso viaje de regreso a Madrid, sufriendo mil atropellos en los pueblos de tránsito. A las puertas de Madrid estuvo a punto de morir Manuel Rivadeneyra, el futuro editor de la Biblioteca de Autores Españoles…

Rendido el gobierno constitucional de Cádiz, aún hubo resistencia, de forma que la guerra acabó con una serie de pactos, como el de Alicante (rendida en noviembre) o en Cartagena, donde Torrijos tuvo que capitular. Barcelona, Tarragona y Hostalric resistieron hasta el final, pero Mina, dándose cuenta de que la situación era desesperada, consiguió a principios de noviembre un acuerdo honorable de rendición de Barcelona, Tarragona y Hostalric, que garantizaba que no se molestaría a los soldados, oficiales ni milicianos y que se concederían pasaportes para los que quisieran salir de España.

Quienes dieron su apoyo a Angulema fueron el clero y las clases bajas, pero propietarios, clase media y parte de la nobleza apoyaron el régimen liberal. La victoria de los franceses –dice Fontana- se vio facilitada por la traición de los Morillo, La Bisbal y Ballesteros, pero la responsabilidad de los ministros encerrados en Cádiz no fue menor. Hubo, además, corrupción: en junio de 1823 Villèle dijo al duque de Angulema que recibiría 100.000 francos mensuales para gastos secretos. Cobraron algunos miembros de las Cortes y otros jefes constitucionales en un monto total de casi dos millones de francos. El general Foix reconoció en 1825, que buena parte de los doce millones de francos que figuraban en las cuentas como entregados al rey y a la regencia de España, se habían utilizado como “medios de corrupción”. Caso aparte es el dinero entregado personalmente a Fernando VII por Ouvrard (hombre de negocios francés), que admitió que en 1823 le había hecho llegar dos millones de francos en oro.

Pero la corrupción no lo explica todo (no todos recibieron dinero, como lo demuestra la pobreza con la que vivieron muchos en el exilio). Hay que tener en cuenta también las divisiones internas de los liberales, que se tradujeron en una guerra ente masones y comuneros. Esto a su vez dificultó la política agraria que hubiese atraído a buena parte de la población; se perdió también la oportunidad que hubiera representado una desamortización más ambiciosa. Por el contrario, la política tributaria de los liberales cargó sobre los campesinos con nuevos impuestos: “vino la constitución y nos hizo mucho daño: robos de pagos”, dice un campesino de Masquefa (2) en sus memorias. Se impuso la interpretación de la constitución de los propietarios, que no satisfacía ninguna de las aspiraciones que querían la abolición inmediata del feudalismo y de los derechos señoriales, la reparación de las usurpaciones sobre la propiedad y el fin del diezmo.

El rey y sus familiares desembarcaron en el Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1823, siendo recibidos con toda pompa por el duque de Angulema, la alta oficialidad francesa, el príncipe de Carignano (3) y una serie de dignatarios españoles, entre los que figuraban, como enviados del gobierno de la regencia, Víctor Damián Sáez (4) y el duque del Infantado, a los que Angulema había mandado que esperasen en Jerez, pero que acudieron al puerto a escondidas.

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[i] Ministro de la Gobernación.
(2) Al sur de la provincia de Barcelona.
(3) Regente de Cerdeña desde 1821, una sublevación le obligó a conceder una carta por la que se recortaban sus poderes. En 1831 se convirtió en rey de Cerdeña.
(4) Eclesiástico ultraabsolutista, fue canónigo de Sigüenza y de Toledo, obispo de Tortosa y privado de Fernando VII.

La otra invasión francesa (1)

Murallas de Pamplona

A finales de enero de 1823, al abrirse las sesiones parlamentarias, el rey Luis XVIII de Francia hizo una declaración solemne: “Cien mil franceses, mandados por un príncipe de mi familia…, están preparados para partir, invocando al Dios de san Luis, con el objeto de conservar el trono de España para un nieto de Enrique IV, preservar aquel viejo reino de su ruina y reconciliarlo con Europa”[i]. Para ello el rey francés tuvo que recurrir a un empréstito, pues el Estado no tenía dinero para la empresa, pero ya entonces se creyó que no habría guerra, sino que se trataba de una forma de presionar al gobierno liberal español.

Hubo intentos tardíos de negociación que podrían haber evitado la invasión, pero los liberales españoles estaban divididos (sobre todo entre masones y comuneros) y las negociaciones no dieron fruto alguno. El ejército francés atravesó la frontera española a principios de abril de 1823. Desde territorio español un puñado de exiliados franceses esperaban a las tropas de Luis XVIII agitando la bandera tricolor de la revolución y cantando la Marsellesa para conseguir que los soldados de Angulema, que se suponía trabajados por la propaganda de carbonarios y bonapartistas, se pasaran a la causa de la libertad. Al frente de ese pelotón se encontraba el coronel Fabvier[ii]. Los soldados de Angulema esperaron en la frontera mientras se seguía negociando con el gobierno español, pero a Fabvier le fallaron las ayudas prometidas por sus amigos franceses y el apoyo monetario que habría necesitado por parte de los españoles. Al encontrarse solos, porque los ejércitos españoles se habían retirado, los refugiados franceses tuvieron que abandonar.

Pero hasta el último momento pareció que se podía evitar la guerra con Francia. En febrero de 1823, Vicente Bertran de Lis, comerciante y banquero valenciano de confusa trayectoria política (señala Josep Fontana), escribía a París a James de Rothschild para pedirle que expusiera a las autoridades francesas sus planes para derrocar el gobierno español y poner en su lugar otro dispuesto a hacer los cambios políticos que exigía Francia.

La maniobra, que contaba con la complicidad de Fernando VII, comenzó después de las sesiones de las Cortes, cuando el rey destituyó al gobierno que presidía San Miguel, de predominio masón, moderado en temas de política interior, pero desafiante y radical frente a Francia. Entonces de produjo un alboroto gravísimo en Madrid: un grupo llegó a asaltar el palacio real, con gritos de “¡Muera el rey, muera el tirano!” y actos de violencia que aterrorizaron a la reina, y se instaló en la calle una mesa en que se recogían firmas para pedir que la Diputación permanente de las Cortes nombrara una regencia que reemplazara al monarca. Asustado, Fernando VII hubo de retractarse.

Mientras tanto Fernando VII había sido obligado a instalarse en Sevilla junto con los ministros, pero un gobierno alternativo estaría encabezado por los radicales Flórez Estrada y Calvo de Rozas, partidarios de negociar con los franceses y de introducir los cambios políticos que éstos pedían. Pero sus adversarios masones seguían dominando en las Cortes, que consiguieron que el viejo gobierno siguiese en funciones y de esta forma retrasar todo intento de negociación con Francia. El rey, aterrorizado, se resistió primero al viaje, diciendo que estaba enfermo, pero los masones no tuvieron contemplaciones. Así, en el viaje de ida a Sevilla los pueblos “ocupaban a bandadas el camino y, recibiendo con desdén a la familia real, aplaudían a las Cortes y daban muestras de un hervoroso entusiasmo por la constitución”. En el viaje de vuelta a Madrid, tiempo después, las gentes aclamaron al rey absoluto, persiguiendo a quienes poco tiempo antes habían aplaudido (cabe también pensar que el grueso de los primeros eran distintos que el de los segundos).

Del lado francés se hicieron unas provisiones enormes: 30 millones de raciones de pan, 50 millones de arroz, 20 millones de sal, 12 millones de aguardiente… con 29.000 caballos y 3.300 mulas para los transportes. Martignac[iii], que acompañaba a Angulema, organizó a toda prisa una Junta provisional de España cuya misión era dar cobertura al segundo. Los “cien mil hijos de San Luis” empezaron a atravesar la frontera tras la segunda semana de abril de 1823 sin haber declarado previamente la guerra (el gobierno español lo hizo dos semanas más tarde). Las fuerzas que entraron inicialmente en España estaban integradas por unos 90.000 soldados, pero aumentaron a lo largo de la campaña hasta 120.000, 75.000 de los cuales se retiraron al acabar la guerra, mientras quedaron unos 45.000 como cuerpo de ocupación. Los realistas españoles que les acompañaron fueron entre 12.500 y 35.000, pero dice Fontana que estos habían sido derrotados repetidamente por el ejército regular español.

Los constitucionales españoles solo pudieron oponer un ejército de 50.000 hombres, unas plazas fuertes en estado precario, un gobierno interino, unas Cortes que vagaban por los caminos y un rey aterrorizado. A mediados de abril llegó a Sevilla, donde pocos días más tarde se abrían las sesiones de Cortes y se nombraba un nuevo gobierno de predominio masón, del cual era jefe Calatrava (en una reunión de los masones se propuso incluso matar al rey).

Entre tanto, los franceses se adentraban en España, aunque no se puede decir que hiciesen la guerra. Con la única excepción de Mina, los jefes militares a quienes el gobierno había confiado el mando lo traicionaron. Martignac confesó que, desde el punto de vista militar, la guerra “no se puede considerar para Francia más que como un acontecimiento de orden inferior y de interés secundario”. El barón de Damas, protagonista de algunas de las acciones más destacadas de la campaña de Cataluña, diría que en su conjunto la guerra no había costado al ejército francés “más gente de la que perdemos en los hospitales en los años ordinarios”. El mariscal Oudinot dijo: “Lo que más me molesta y me incomoda es que esta gente se cree que ha hecho la guerra”. El ejército francés no tomó por las armas casi ninguna ciudad amurallada (una de las pocas, Pamplona, les resistió cinco meses), ni libró una sola batalla a gran escala. Hubo algunos combates en Cataluña y, sobre todo, magnificado por la propaganda francesa, el asalto al Trocadero[iv].

Los franceses encontraron mucha menos resistencia popular que en tiempos de Napoleón, pues en 1808 los clérigos se emplearon a fondo presentando la guerra a favor de la religión, las tradiciones españolas y contra un rey intruso, pero también contó que en la guerra de la independencia el ejército francés requisaba por la fuerza lo que necesitaba, mientras que ahora pagaba los suministros a buen precio. La rapidez de la campaña de 1823 también fue engañosa, pues si bien el primer objetivo era liberar a Fernando VII, llegaron de la frontera a Cádiz en menos de tres meses, en el momento de comenzar el sitio de esta ciudad no controlaban la mayor parte de las plazas fuertes españolas, que seguían en manos de los liberales y que no se rindieron hasta después de que las Cortes hubiesen capitulado. Buena parte de Extremadura estaba bajo control liberal, el Empecinado recorría tierras castellanas con medio millar de hombres a caballo y se permitió volver a ocupar Cáceres a mediados de octubre de 1823 (por lo tanto después de la rendición de Cádiz). En La Mancha había tres partidas liberales comandadas por el coronel Abad, “Chaleco”, sin olvidar las “partidas de ladrones que roban a los correos y viajantes” en el País Vasco o los agresores que mataban oficiales franceses en Alhama de Aragón. Se dieron incluso casos como el de Tarazona, donde una vez pasaban los soldados franceses, se ponía de nuevo la lápida de la constitución. A finales de julio hubo en Madrid una gran alarma ante el temor de que las fuerzas liberales reconquistasen la capital.

La facilidad del avance de los franceses –dice Fontana- se debe a la traición de los generales españoles, aunque este no es el caso de Mina, que se enfrentó a Moncey. Ballesteros debía atacar a los franceses desde Aragón, mientras que desde Galicia y Asturias lo debía hacer Morillo. El conde de la Bisbal dirigió el cuerpo de Castilla la Nueva, encargado de cerrar a los franceses el acceso a Madrid. Mina luchó en Llers[v] a mediados de septiembre y llegó incluso a adentrarse por la Cerdaña francesa. Los demás esperaron el momento de la rendición. Riego, sabiendo que Ballesteros estaba en tratos para rendirse, salió de Cádiz, pasando por Málaga, mientras que los campesinos de la Serranía de Ronda se preparaban para saquear la ciudad. Ballesteros pidió quedarse en el Puerto de Santa María, donde esperó la llegada del rey cuando fue repuesto en su soberanía absoluta.

Morillo empezó rehusando el mando, tardó dos meses en presentarse en Valladolid y estuvo quejándose repetidamente al ministerio de la Guerra; se puso en contacto con Angulema para ponerse a su servicio. De origen humilde, era masón y tenía precedentes de incumplir con sus obligaciones militares. Las tropas francesas entraron en Galicia a principios de julio mientras Morillo esperaba en Lugo para ayudarles a aplastar la resistencia de Vigo y A Coruña, esta última plaza asediada por tierra y mar. Habiendo corrido el rumor de que los presos absolutistas del castillo de San Antón querían asesinar a los liberales tan pronto como entrasen los franceses en la ciudad, se ordenó embarcarlos y se les ahogó lanzándolos al agua atados de dos en dos… En 1829 Morillo reivindicaba sus servicios al absolutismo en un memorial dirigido al gobierno. Fue capitán general de Galicia al morir Fernando VII y luchó contra los carlistas entonces.

La Bisbal tuvo un pasado camaleónico, habiendo sido calificado de “tres veces traidor en grado heroico”: había conspirado primero con los insurgentes que prepararon el lanzamiento de 1820, les traicionó luego  y se sumó a ellos de nuevo, a última hora, cundo vio que le convenía. Pasó por masón proponiendo reformar la constitución “a la francesa”, es decir, en forma de carta otorgada, como querían los comuneros. El hombre a quien había abandonado el mando, Zayas, no pudo hacer otra cosa que negociar la rendición de Madrid, impidiendo que los guerrilleros que mandaba Bessières entrasen antes que las tropas francesas, a fin de evitar a la capital los saqueos, la violencia y los asesinatos.

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[i] Josep Fontana, “De en medio del tiempo…”. En un capítulo de esta obra se basa el presente resumen.

[ii] Antiguo oficial bonapartista de prolongada y variada experiencia militar. En Grecia se le considera un héroe de su independencia.

[iii] Abogado colaboracionista con la monarquía de Luis XVIII, de tendencia moderada.

[iv] Lugar cercano a Cádiz donde daban la vuelta las embarcaciones cuando se carenaban.

[v] Al norte de Figueres, Girona.