La otra invasión francesa (2)

Isla del Trocadero (Cádiz)

La rápida progresión de los franceses obligó a pensar en el traslado del rey, de Sevilla a Cádiz, donde se podía organizar una resistencia seria, pero el rey alegó que quería consultar este asunto al Consejo de Estado, que no se pronunció claramente, lo que sirvió al rey para negarse a su traslado. Lo cierto es que Fernando VII sabía que se preparaba en Sevilla una conspiración para liberarle y quería esperar sus resultado (en ello estaban el general Downie y el coronel Cabanas). Mientras tanto el gobierno se empeñaba en frenar a los exaltados del ejército y la milicia, que querían llevarse al rey sin atenerse a legalismos.

De acuerdo con el artículo 187 de la constitución, las Cortes suspendieron temporalmente al rey en sus funciones (por un solo voto de diferencia), y se nombró una regencia provisional integrada por los generales Valdés, Ciscar y Vigodet. El rey y su familia hicieron el viaje a Cádiz por tierra, escoltados por el regimiento de Almansa y por la mayor parte de la guarnición. Mientras tanto, en Cádiz, se produjeron serios desórdenes por parte de delincuentes comunes y absolutistas, mientras que en el camino se oyeron gritos de milicianos de “mueran ya todos los Borbones”. Vicente Minio, previendo tiempos difíciles para los que se habían comprometido con el liberalismo, y deseoso de hacer méritos ante el rey, le dijo que había una conspiración para asesinarle, algo que a Fernando VII costó poco creer. La reina Amalia confirmó luego estos temores: “Fernando nos explica que el día 13, mientras iban de Utrera a Lebrija, los vehículos que llevaban a la familia real quedaron detenidos más de media hora en medio de los olivos”. La reina dice que el ejército estaba dudando sobre que debía hacer con la familia real.

Pero Fontana tiene la descripción más objetiva del general Copons: había pantanos que impedían la marcha. La princesa de Beira fue afectada de una convulsión pero siguieron el viaje a Lebrija… En Cádiz el rey no fue victoreado, mientras que algunos vivas se dirigían a Riego. Cesó entonces la regencia y el rey recuperó el poder. En Cádiz, donde había nacido la constitución, reanudaban las Cortes sus sesiones, menguadas por algunas deserciones y desanimadas por un hecho sospechoso: el embajador inglés, William A’Court, representante del único gobierno con el apoyo del cual creían contar los liberales, no les siguió a Cádiz, sino que se quedó en Sevilla.

A mediados de junio se reunieron en Cádiz 110 diputados (luego serían 118) que manifestaron su voluntad de resistir. La ciudad contaba con víveres debido a la ineficacia del bloqueo naval francés, pero los franceses consiguieron dominar la península de Matagorda, pero ni fue un combate importante ni se puede decir que modificase la situación de pocos días antes.

Las Cortes, mientras tanto, celebraron seis sesiones entre principios de agosto y finales de septiembre, pero los militares españoles fueron pesimistas cuando perdieron el castillo de Sancti Petri, para lo que los franceses bombardearon Cádiz desde el mar. Los ministros intentaban convencer al rey para que prometiese alguna forma de gobierno representativo, igual que Angulema, que le pidió una amnistía y convocase las antiguas Cortes. El rey se entrevistó con el ministro Luyando, donde se resistió a ofrecer instituciones representativas, el cual pretendía tan solo un pretexto para intentar el acercamiento de posiciones y el término del conflicto. El ministro de la Guerra, en medio de la confusión, se suicidó.

Angulema, por su parte, escribió el jefe del gobierno francés, Villèle: “lo que los atormenta sobre todo [a los liberales que negociaban su rendición] es el artículo de las garantías, porque dicen que no hay nada más falso que el rey, y que, a pesar de sus promesas, sería capaz de hacerlos colgar a todos”. En efecto, cuando el rey fue repuesto en su poder absoluto, se desató una represión feroz, pero no solamente por su voluntad, sino por la de autoridades locales absolutistas, contra las que tuvo que luchar Angulema con su ejército de ocupación, que deseaba un régimen como el francés de Luis XVIII para España.

Antes, los generales Álava y Valmediana quisieron negociar con Angulema en el Puerto de Santa María, pero este se negó diciendo que solo trataría con el rey. El jefe de gobierno, Calatrava, explicó a las Cortes este fracaso y propuso que se disolvieran y devolvieran al rey su plena autoridad, pidiéndole, eso sí, un perdón general. A finales de septiembre, Manzanares[i] y Yandiola entregaron al rey este manifiesto de perdón, que el rey firmó sin dilación, pero sin intención alguna de cumplirlo, como ya hemos dicho. Luego, el rey y su familia embarcaron para el Puerto de Santa María, donde estaba el mando general francés. Manzanares se dispuso a descansar en un balneario, prueba de que no sabía la represión que esperaba, pero pronto tuvo que huir como todos los liberales significados que se encontraban en Cádiz. Los diputados empezaron a partir hacia Gibraltar, donde se reunieron en aquellos primeros momentos unos 400 refugiados españoles. Valdés y Ciscar, que se habían quedado en Cádiz, descubrieron que habían sido condenados a muerte por el rey y tuvieron que huir. Mesonero Romanos, miliciano entonces que había acompañado al rey a Cádiz, tuvo que hacer un penoso viaje de regreso a Madrid, sufriendo mil atropellos en los pueblos de tránsito. A las puertas de Madrid estuvo a punto de morir Manuel Rivadeneyra, el futuro editor de la Biblioteca de Autores Españoles…

Rendido el gobierno constitucional de Cádiz, aún hubo resistencia, de forma que la guerra acabó con una serie de pactos, como el de Alicante (rendida en noviembre) o en Cartagena, donde Torrijos tuvo que capitular. Barcelona, Tarragona y Hostalric resistieron hasta el final, pero Mina, dándose cuenta de que la situación era desesperada, consiguió a principios de noviembre un acuerdo honorable de rendición de Barcelona, Tarragona y Hostalric, que garantizaba que no se molestaría a los soldados, oficiales ni milicianos y que se concederían pasaportes para los que quisieran salir de España.

Quienes dieron su apoyo a Angulema fueron el clero y las clases bajas, pero propietarios, clase media y parte de la nobleza apoyaron el régimen liberal. La victoria de los franceses –dice Fontana- se vio facilitada por la traición de los Morillo, La Bisbal y Ballesteros, pero la responsabilidad de los ministros encerrados en Cádiz no fue menor. Hubo, además, corrupción: en junio de 1823 Villèle dijo al duque de Angulema que recibiría 100.000 francos mensuales para gastos secretos. Cobraron algunos miembros de las Cortes y otros jefes constitucionales en un monto total de casi dos millones de francos. El general Foix reconoció en 1825, que buena parte de los doce millones de francos que figuraban en las cuentas como entregados al rey y a la regencia de España, se habían utilizado como “medios de corrupción”. Caso aparte es el dinero entregado personalmente a Fernando VII por Ouvrard (hombre de negocios francés), que admitió que en 1823 le había hecho llegar dos millones de francos en oro.

Pero la corrupción no lo explica todo (no todos recibieron dinero, como lo demuestra la pobreza con la que vivieron muchos en el exilio). Hay que tener en cuenta también las divisiones internas de los liberales, que se tradujeron en una guerra ente masones y comuneros. Esto a su vez dificultó la política agraria que hubiese atraído a buena parte de la población; se perdió también la oportunidad que hubiera representado una desamortización más ambiciosa. Por el contrario, la política tributaria de los liberales cargó sobre los campesinos con nuevos impuestos: “vino la constitución y nos hizo mucho daño: robos de pagos”, dice un campesino de Masquefa (2) en sus memorias. Se impuso la interpretación de la constitución de los propietarios, que no satisfacía ninguna de las aspiraciones que querían la abolición inmediata del feudalismo y de los derechos señoriales, la reparación de las usurpaciones sobre la propiedad y el fin del diezmo.

El rey y sus familiares desembarcaron en el Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1823, siendo recibidos con toda pompa por el duque de Angulema, la alta oficialidad francesa, el príncipe de Carignano (3) y una serie de dignatarios españoles, entre los que figuraban, como enviados del gobierno de la regencia, Víctor Damián Sáez (4) y el duque del Infantado, a los que Angulema había mandado que esperasen en Jerez, pero que acudieron al puerto a escondidas.

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[i] Ministro de la Gobernación.
(2) Al sur de la provincia de Barcelona.
(3) Regente de Cerdeña desde 1821, una sublevación le obligó a conceder una carta por la que se recortaban sus poderes. En 1831 se convirtió en rey de Cerdeña.
(4) Eclesiástico ultraabsolutista, fue canónigo de Sigüenza y de Toledo, obispo de Tortosa y privado de Fernando VII.