Si tenemos en cuenta los datos que aportan las
diversas investigaciones sobre las muertes políticas producidas durante los cinco años en
paz de la II República
española, la cifra sería de unas 2.500, pues solo como consecuencia de la
insurrección en octubre de 1934, en Asturias los militares Doval y Yagüe
masacraron a casi dos mil civiles. Cierto que algunos de estos se habían alzado
contra un gobierno que había dado entrada en el mismo a miembros de la CEDA, identificada entonces
por la izquierda con el fascismo.
Pero el resto, más de quinientas personas de
todas las condiciones, pero sobre todo trabajadores, es un número espeluznante.
Entre los asesinados hubo guardias civiles, pues la institución a la que
pertenecían se empeñó en una represión cruelísima contra los huelguistas y en
defensa de los intereses de la oligarquía terrateniente en el sur de España. Da
la impresión de que la Guardia Civil
estuvo fuera del control del gobierno de turno, pues no hay período de la
II República en el que no fuese
protagonista de asesinatos que, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.
Los latifundistas estaban armados, sobre todo
desde 1933, algunas milicias izquierdistas también, había matones al servicio
de patrones y terratenientes, sobre todo en la mitad sur de España, los
enfrentamientos entre socialistas, anarquistas, comunistas y falangistas (desde
1933) a los que hay que unir las juventudes de la CEDA y los seguidores de Onésimo
Redondo y Ramiro Ledesma, además de los carlistas y otros sin adscripción política,
procedentes del mundo de la delincuencia y el crimen sin más, jalonaron, sobre
todo, el período que va desde 1933 hasta 1936, antes de que dé comienzo la
guerra civil y los españoles se entreguen a un festín de sangre.
En Sevilla se utilizó el vapor “Cabo Carvoeiro”,
propiedad de la familia Ybarra, para prisión donde se hacinaban diariamente
unos 500 presos, según “eldiario.es”, muchos de los cuales fueron asesinados a
manos del ejército sublevado en una “orgía de ejecuciones”, según el mismo
diario. Las bodegas del “Cabo Carvoeiro” fueron un solo ejemplo de los muchos
lugares donde los sublevados improvisaron prisiones para matar sin juicio
previo, “sin formación de causa”. Del barco eran sacados los desgraciados para
ser fusilados en las tapias del cementerio.
Según los cálculos hechos por diversas
organizaciones e historiadores, 60.000 asesinados yacen sepultos en más de 600
fosas comunes solo en Andalucía. Como contrapunto, también los republicanos
cometieron atrocidades, pero con la diferencia de que estas no fueron
iniciativa de las autoridades, sino de la ira popular. En el bando sublevado se
cumplieron con rigor las órdenes dadas por el general Mola en instrucciones que
son bien conocidas porque están publicadas, y hubo militares, guardias civiles
y otros que las llevaron a cabo como si sintieran placer en ello, destacando
personajes como Castejón, Yagüe y Queipo de Llano.
(Arriba, el cabo Carvoeiro, en Peniche, Portugal, solo tiene en común con el barco de la muerte el nombre).
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