El Patronato que la monarquía española ejerció sobre la
Iglesia trajo consecuencias que esta última no deseó llegado un determinado
momento. Tanto se identificó la Iglesia con lo temporal, con el Estado, que
terminó siendo administrada por él, aunque éste no se entrometiese en
cuestiones teológicas ni morales.
Con la irrupción del liberalismo (ya con las prácticas
regalistas e ilustradas) en el siglo XIX las tensiones de la Iglesia con el
Estado llegaron a casos realmente absurdos, pero en su momento se asumían de
una manera que ahora no podrían darse. También entre los obispos, y el resto
del clero, surgieron dos grupos, mayoritario uno, según su aceptación o no del
liberalismo. En las Cortes Constituyentes de 1869, de los eclesiásticos
elegidos como diputados, uno era progresista, Luis Alcalá Zamora, y los otros
tres eran tradicionalistas, Miguel García Cuesta, arzobispo de Santiago,
Antolín Monescillo, obispo de Jaén, y el canónigo de Vitoria Vicente de
Manterola. Estos últimos defendieron las tesis más radicalmente
tradicionalistas de la imposible unidad católica, mientras que entre el resto
del clero se produjo la división según su comportamiento ante el juramento de
la Constitución, aceptada por la mayoría con reservas, y una minoría que se
opuso tajantemente a jurarla.
Yendo varias décadas atrás, cuando falleció el cardenal
Inguanzo[i],
los canónigos toledanos se reservaron el derecho de ejercer corporativamente la
jurisdicción en ciertos casos, hasta que el Gobierno designó para la sede
vacante al liberal Pedro González Vallejo[ii].
A partir de 1823 había sido deportado y perseguido como liberal por Fernando
VII, pero una vez se vio como primado de España, nombró como Provisor y Vicario
al canónigo Miguel Golfanguer, también liberal. El Gobierno previó que Vallejo
no sería confirmado por el papa[iii]
y recurrió a un procedimiento que trajo quebraderos para las autoridades
eclesiásticas. Se trató de insistir al Cabildo para que nombrase a Vallejo
Gobernador y Vicario[iv], en lo
que actuaron unidos el ministro de Gracia y Justicia[v]
y el propio Vallejo, que durante seis años suscitó interrogantes canónicos y
abundantes tensiones.
En 1839 Vallejo publicó un extenso documento en el que
intentaba probar que su elección había sido canónica pues, según decía, los
obispos podían ser gobernadores fuera de Italia… Rebatió esto el obispo de
Pamplona, Severo Andriani, el cual “no pretendió demostrar que toda su doctrina
era cierta y la de Vallejo falsa, sino dejar claramente fijados los principios
teológicos y canónicos, en virtud de los cuales ‘es dudosa la jurisdicción que
hoy ejercen los obispos nombrados en el título de vicarios’” por delegación de
los Cabildos[vi]. En ese
momento Andriani estaba desterrado de su diócesis y sus alegatos tuvieron tal
acogida entre los obispos que veintiséis prelados le felicitaron. El periódico “El
Católico” (carlista) recordó que dieciocho sedes estaban vacantes.
La polémica –dice Eliseo Sáinz- fue larga y ruidosa,
perviviendo hasta la muerte de Vallejo (1842) y considerando Carbonero y Sol
que tenían “mayor sentido canónico” los opositores a Vallejo.
Entró en liza el papa Gregorio XVI[vii]
diciendo que Vallejo debía someterse a su autoridad, acusando a éste de haber “inducido
temerariamente” a los canónigos, que había sido nombrado obispo contra decretos
del II Concilio de Lyon, en 1274, y contra ciertos Breves de Pío VII,
predecesor de Gregorio XVI.
Los párrocos empezaron a pedir explicaciones al Cabildo, que
se reunió reconociendo los criterios del papa, por lo que dejaba de considerar
a Vallejo como gobernador del arzobispado. A la vez le recordó que el propio
Vallejo había dicho que si el papa no aprobaba su nombramiento, se retiraría. El
papa se quejó también de que durante la guerra civil (1833-1839) se hubiese
apartado de sus cargos a religiosos “violentamente”.
“El Eco del Comercio”, periódico progresista, apelaba al
Gobierno para que reprimiese los “escandalosos atentados del bullicioso y
rebelado cabildo”. El Gobierno de Espartero, por su parte, respondió con una
circular dura y amenazante a la nueva actitud del Cabildo: sería castigado si
no reconocía su error. Al tiempo, catorce párrocos solicitaron al Cabildo
normas claras.
En 1841 entró en liza Monescillo, que luego sería obispo[viii],
látigo desde su juventud hasta su vejez del liberalismo, prolífico escritor y
articulista en periódicos tradicionalistas y/o integristas. En dicho año buena
parte del clero toledano se adhería a la alocución papal[ix],
firmando cincuenta y ocho un documento que fue contestado por la Regencia: se
citó a los firmantes y se les encausó criminalmente, prohibió a los alcaldes
que diesen pasaporte a clérigo alguno, se retiró las licencias de confesar y
predicar a los clérigos firmantes (que muchos no entregaron) y fueron
arrestados cuarenta y tres sacerdotes. Monescillo llegó a Madrid y se puso al
frente de los que se oponían al Gobierno, redactando (parece ser que de él es
la forma definitiva) un documento contestatario.
Los eclesiásticos acusados fueron condenados a pena de
destierro durante ocho meses a doce leguas de Toledo, debiendo avecindarse en
poblaciones que no tuviesen catedral ni colegiata, sin poder residir dos en el
mismo punto. A la postre los curas recurrieron a la Audiencia Territorial, que
revocó el fallo del Juez del Partido absolviendo libres y sin costas a los
cuarenta y tres curas. Solo Monescillo y otros fueron confinados por orden del
Gobierno, debiendo presentarse a la autoridad cuantas veces se les indicase.
Aunque el Cabildo eligió en sustitución de Vallejo a Golfanguer, éste, ante el escándalo en marcha, renunció y, como queda dicho, de “facto” o de “iure”, Vallejo fue administrador del arzobispado de Toledo hasta su muerte en 1842, corto mandato para tan ruidosa pugna.
[i] Natural de Asturias, falleció en 1836 siendo arzobispo de Toledo. Cuenca Toribio le señala como uno de los grandes oradores antes de Castelar.
[ii] Riojano, era en ese momento obispo de Mallorca, habiendo sido diputado en las Cortes del “trienio” y presidente del Estamento de Procuradores durante un breve tiempo en 1821.
[iii] Eliseo Sáinz Ripa, “Antolín Monescillo y Viso, obispo de Calahorra…”.
[iv] Se llamaba vicario capitular a la persona que, elegida por el Cabildo, gobernaría la diócesis durante la vacante episcopal hasta que el Gobierno designara a un nuevo obispo y el papa lo aprobara. El Cabildo, en el caso que nos ocupa, ya había elegido al doctoral Salustiano Mayordomo, pero leída una carta de la reina comunicando el nombramiento de Vallejo como arzobispo de Toledo, se pedía al Cabildo que le designase como Vicario, y otra carta de Vallejo solicitó su elección como arzobispo. El conflicto estaba servido, pues según los canonistas de la época no se podía nombrar a Vallejo “sin faltar a lo que previenen los cánones”, pero lo cierto es que el Cabildo lo eligió por 21 votos frente a 12. Mayordomo, ante esta situación, había puesto su cargo a disposición del Cabildo.
[v] Manuel Barrio Ayuso o José Landero y Corchado.
[vi] Real Academia de la Historia: dbe.rah.es/biografias/19520/severo-leonardo-andriani-escofet
[vii] Papa entre 1831 y 1846.
[viii] Primero de Calahorra, luego de Jaén, arzobispo de Valencia y de Toledo.
[ix] Recocían su error inicial al elegir a Vallejo, hablaron de zozobra en la validez de su elección y pedían libertad para que se les dejase hacer otra.
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