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| Monasterio de Alcobaça |
Portugal se debatió, en las primeras décadas del siglo XIX,
entre el reformismo y la lucha anti-señorial, en medio de las dificultades
financieras por las que el reino atravesaba. Esto llevó al Gobierno a tomar
urgentes medidas, entre las que estuvieron la venta de los bienes de la Corona[i]. En general la agricultura
estaba atrasada, el comercio exterior menguado, el comercio interno pasaba por
dificultades y para la industria faltaban capitales, pero la crisis política y
moral, resultando de la ausencia de la Corte, trasladada a Brasil, tuvo gran
incidencia en los medios rurales.
La agitación revolucionaria en España, con ocasión de las Cortes
de Cádiz, contribuyó también a espolear los ánimos de unos y otros. Las
propuestas reformistas vinieron de Río de Janeiro, aunque no sean de tinte
liberal, y la prueba es que fueron apoyadas por decididos antiliberales. Se
trataba de introducir algunas alteraciones para que la monarquía tradicional
consiguiese sobrevivir. Los que se opusieron a dichas medidas fueron los
titulares de algunos señoríos eclesiásticos, como los monasterios de Alcobaça,
Lorvâo[ii], Santa Cruz y otros, y
laicos, como el marqués de Marialva[iii], que influían en el
Gobierno de Lisboa, enfrentado a la Corte de Río.
Según el autor al que sigo, el tratado de comercio con Gran
Bretaña, firmado en 1810, era lesivo para los intereses de Portugal, pero a
partir de las reformas de la Corte de Río se irán desarrollando las
confrontaciones entre los liberales y los señores, así como entre estos y los
campesinos. Las primeras grandes medidas reformistas fueron las Instrucciones
para los Gobernadores del Reino (1809) y la Carta Regia (1810), habiendo tenido
influencia en ellas don Rodrigo de Sousa Coutinho, conde de Linhares, entonces
ministro de Asuntos Extranjeros y de Guerra en Río, de conocidas tendencia
anglófilas, pero tras su muerte en 1812, se promulgarán otras medidas más
lesivas para los señores, siendo “desembargador” del Palacio y después
ministro, Tomás António de Vila-Nova Portugal[iv].
Las Instrucciones establecieron la extinción de las yugadas,
tercios y cuartos, sustituyéndolos por otros impuestos menos pesados, y
suprimiéndose algunas medidas de trigo y centeno impuestas en algunos foros del
norte[v]. La Carta de 1810 exponía
que debían alterarse las formas de explotación de la tierra de tal forma que
fuesen rentables, y el avance de la agricultura posibilitaría el desarrollo de
la industria, siguiendo la experiencia británica. Se admitía en este documento
la casi supresión de los foros y se tocaban por primera vez los diezmos. Esto
era debido a la influencia de la fisiocracia del siglo anterior, cuya máxima
expresión se dio en la Academia Real de las Ciencias de Lisboa. Mientras tanto
las presiones antiseñoriales de los agricultores no habían cesado desde finales
la década de los setenta del siglo XVIII y luego con la explosión social de
1808.
El Gobierno de Lisboa, sin embargo, puso dificultades a la
aplicación de esta legislación, argumentando que habría que hacer las
averiguaciones necesarias para las compensaciones a los señoríos. Se argumentó
que la extinción de los derechos forales tendrían poco efecto en el erario, y
afectarían mucho a algunas encomiendas, corporaciones eclesiásticas e
individuos particulares. Desde Río se exigió también que se suprimiesen los
derechos banales, que en la práctica ya no eran respetados, y los servicios
personales si estaban convertidos en dinero. Se intentó eliminar la luctuosa,
considerada por la Corte de Río “el único resto que aún permanecía del
feudalismo”.
Entre los diversos movimientos de protesta campesina que
recorren por estos tiempos Portugal, las motivaciones principales están en la
oposición a los derechos señoriales, sobre todo los banales y las yugadas; al
tiempo fueron muy cuestionados los diezmos, a lo que contribuyó la Carta Regia
de 1810. Dos años más tarde se estableció una Comisión para el Examen de los
Foros y el Mejoramiento de la Agricultura. Pero la medida que iba a
desencadenar mayor controversia en el rural sería el Alvará de 1815: con el fin
de incentivar el cultivo de las muchas áreas de tierra no roturadas, los que lo
hiciesen quedarían exentos de derechos, imposiciones y diezmos entre diez y
treinta años. Esto significaba una reforma de los foros, con su abolición en
muchas tierras incultas de los señoríos. El año anterior el Desembargo do Paço
defendía que uno de los medios de desarrollar la agricultura sería el cultivo
de varios pantanos (y no la disminución de las obligaciones forales).
La medida más avanzada se tomó en la línea reformadora de la
revolución de 1820, por la que los agricultores se verían liberados de antiguas
cargas, tanto en tierras nunca explotadas como en las recientemente
abandonadas. El campesinado se animaba así a seguir con sus reivindicaciones
contra la reacción señorial, sirviendo de árbitro el Trono, que se decidió por
los campesinos. La movilización antiseñorial alcanzó entonces una dimensión global.
Uno de estos movimientos fue el de los campesinos de Martin Anes
(ayuntamiento de Guarda), que en 1815 se negaron a pagar derechos señoriales
impuestos por los monasterios de Arouca y su enfiteuta; los pueblos de Santo
André de Poiares y de Penacova contra la poderosa casa de Cadaval, en el mismo
año, consiguiendo terminar con la totalidad de los derechos que cobraba. Desde
1820 se llevó a cabo una fuerte resistencia contra los abusos de los señores;
pero la movilización más amplia y de mayores repercusiones fue la que se dio en
los cotos del monasterio de Alcobaça. Iniciada en 1815, llegó hasta 1820, y sus
ecos se extendieron a todo el país, inclusive a las Cortes liberales cuando
discutían la reforma de los foros y de los derechos señoriales.
El movimiento se desencadenó a partir del Alvará Regio de 1815,
de forma que los campesinos empezaron por exigir que se ejecutaran las medidas
que contenía. Estos quisieron ocupar las tierras incultas, pero el monasterio
se opuso, lo que llegó a los campesinos a hacer una “exposición” al Trono en
1816. A finales de 1817 en varias localidades de la comarca de Alcobaça, fueron
fijados edictos avisando a los agricultores de que debían presentar sus
alegaciones para quedar exentos del pago. De nuevo los campesinos ocuparon las
tierras pero el monasterio se opuso, creciendo el número de aquellos que se
negaban al pago de diezmos, cuartos y octavos: era una contestación global que
subía de tono contra el mayor señorío del reino.
El poder central, por un lado, quiere salvaguardar la
legitimidad de los señoríos, pero por otro admite la necesidad de eliminar
algunos tributos y cargas señoriales. Se puede hablar, sin duda –dice José Tengarrinha-,
de una acción reformista del Trono en Río que encontró grandes obstáculos en el
gobierno de Lisboa. Las medidas oficiales eran tímidas en relación a lo que
querían los campesinos, que prácticamente ponían en cuestión el sistema. La
Corona y su Corte lo que quiso fue evitar que los conflictos redundasen en
sacudidas desestabilizadoras de la sociedad, mientras que se produjo el apoyo
de la Corte a los jornaleros que se amotinaron en los campos de Santarém,
condenando la tasación de los salarios…
Episodios estos que muestran las tensiones entre un tiempo
antiguo y el nuevo que alboreaba, dándose incluso alianzas entre “nobles
locales” y agricultores pobres.
[i] José Tengarrinha
es el autor de un trabajo cuyo título es “Contestación Rural y Revolución Liberal
en Portugal”, en uno de cuyos capítulos se basa el presente resumen.
[ii] Hoy en
el municipio de Penacova, distrito de Coimbra.
[iii] En
este momento don Pedro José Joaquín Vito de Meneses, que dominó diversas villas
(Cantanhede, Ferreiras, Atei, Álvaro, Marialva, Mondim, Melres, Ermelo, etc.).
[iv] No
obstante ser un antiliberal declarado: cuando en 1821 llegó el rey Juan VI a
Lisboa, a Vila-Nova se le impidió hacerlo.
[v] No así
los foros provenientes de contratos enfitéuticos.
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