Religión y enseñanza en España

Desde que el pensamiento liberal, inspirado en la Ilustración, comenzó a mostrar su preocupación por separar las esferas religiosa y política en España, la Iglesia se pertrechó con todas sus armas, dialécticas y de otro tipo, para defender que el adoctrinamiento de los alumnos en la religión católica, apostólica y romana estuviese garantizado. Esto, unido a los privilegios que la Iglesia siempre disfrutó en los países católicos, particularmente en España, fue generando un sentimiento anticlerical que se acrecentó con el tiempo entre ciertas capas de la población. La Iglesia ha tendido a identificar anticlericalismo con antirreligiosidad e incluso con descristianización, pero nada más lejos de la realidad.

Mónica Moreno Seco compara el caso de España con el de otros países mediterráneos: la tercera República francesa separó al Estado de la Iglesia, los templos se entregaron para su administración a organizaciones de laicos y el papa Pío X condenó esta legislación. En Portugal se dio una "guerra religiosa" a partir del establecimiento de la República en la que cuentan la expulsión de los jesuítas y la extinción de las demás órdenes religiosas. Pío X condenó estas medidas y el Gobierno portugués desterró a los obispos de sus diócesis. En Italia el problema se remonta a la "cuestión romana" y a la política de Cavour de "Iglesia libre en un Estado libre". Pero en estos países la Iglesia consiguió recomponer la situación en parte, con el régimen de Mussolin, tras la primera guerra mundial en Francia y con la dictatura salazarista en Portugal. A la Iglesia siempre le han ido mejor las dictaduras, menos las comunistas, que las democracias.

Durante la II República española la pugna entre Estado e Iglesia estuvo desde el primer momento, pues ya algunos artículos de la Constitución de 1931 afectaban a los privilegios de la Iglesia. Pío XI, en este caso, condenó al régimen republicano, mientras que Pío XII y sus seguidores se entendieron muy bien o simplemente bien con el régimen del general Franco. Hoy hay una corriente de opinión que considera anacrónico el debate de las diferencias entre el Estado y la Iglesia, pero ello es debido a que el largo período franquista retrasó las soluciones que en otros países se han arbitrado ya hace mucho tiempo. El mismo régimen salazarista nunca fue confesional juridicamente hablando.

Que la escuela sea laica parece lo más racional en un mundo complejo e intercultural. Pero esto no se admite desde posiciones ultracatólicas, donde una escuela laica dejaría a la Iglesia sin el adoctrinamiento de la infancia y la juventud, en materia religiosa, valiéndose de los centros de enseñanza públicos. Si no existiese disidencia entre la ciudadanía (católicos y no católicos, los que profesan otras religiones, los escépticos, los agnósticos, los ateos...) y todo el mundo fuese obediente a la Iglesia romana, no habría necesidad de planteamientos laicistas; pero es que en el seno de la misma Iglesia, entendida esta como cumunidad de fieles, hay disidencia también: no todos los católicos entienden su pertenencia a la Iglesia de la misma manera, ni todos aceptan la autoridad conferida al papa y a los obispos, etc. En cuestiones morales otro tanto de lo mismo y también en los aspectos sociales.

Si España se identificase con el catolicismo no habría conflicto (entendida España no en su sentido jurídico, sino sociológico) pero la Constitución española de 1931 y la actual de 1978 no aceptan tal postulado. Durante la II República española el enfrentamiento fue tan enconado que el régimen terminó pereciendo, en parte -y Manuel Azaña así lo reconoce en varios escritos- por la formidable oposición de la Iglesia. El problema radica cuando hay quien considera que la religión es un pilar básico del orden social. Puede haberlo sido, pero no tiene por que serlo en la actualidad ni en el futuro. Además, el "orden" social generalmente ha sido injusto, por lo tanto es lícito intentar cambiarlo y derribar aquel pilar que lo sostiene.

El cardenal Segura

Durante la II República española el que la Iglesia estuviese fuera de la enseñanza pública fue cosa de las organizaciones políticas de izquierda, tanto republicanas como socialistas (entendidas estas en su más amplio sentido). El anticlericalismo decimonónico y canalejista encontró ancha vía para desarrollarse y la Iglesia puso en marcha toda una batería de oposición a tales pretensiones: no fue poco su poder, teniendo en cuenta que una parte importante de la población española era católica, la influencia internacional de los papas, los partidos y organizaciones conservadores, los recursos materiales; el ejército español estaba en manos de generales y oficiales católicos y la Iglesia participaba en sus actos, como en las calles de las ciudades con las procesiones, en las inauguraciones de obras públicas, en los Ayuntamientos...

Ya en el año 1929 el papa Pío XI, viendo lo que se avecinaba -no en España, sino en el mundo moderno en general- publicó la encíclica "Divini illius magistri" sobre la educación cristiana de la juventud, pero una educación cristiana desde la óptica católica, aún más, desde la óptica de la jerarquía, porque no valía desde la óptica de otros cristianos no católicos (luteranos, calvinistas, la Iglesia griega...). Poníéndose como representante en la Tierra de Dios -lo que ya es arrogancia- pretende basar la política de la Iglesia sobre esta materia en la frase evangélica "dejad que los niños se acerquen a mí" (Marcos, 10,14).  Y luego cita al apóstol cuando se refiere a que la Iglesia "insiste con ocasión o sin ella, reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina" (2 Tim. 4,2). Asombra la poca prudencia de un papa que, con pretensiones de trascendencia divina, quiere justificar el derecho a la educación religiosa en la enseñanza, sea esta pública o privada. ¿Como no entender la gran eclosión entre la Iglesia y el Estado -no son categorías que se puedan poner en el mismo nivel- cuando la II República española venga con su programa secularizador?

Pretender como hacen algunos autores que hubo "persecución religiosa" de la II República es confundir a determinados colectivos con el régimen citado. El anticlericalismo existía desde el siglo XVIII; las grandes desamortizaciones del siglo XIX ¿fueron "persecución religiosa"? ¿donde está en dichas desamortizaciones oposición a la religión? Se podrá ver oposición a una determinada forma de "propiedad" de bienes económicos, pero no a creencia trascendente alguna. Y otro asunto es el de confundir la política regalista con la practicada por las autoridades republicanas: regalismo practicaron los Reyes Católicos cuando decidieron hacer depender a todos los monasterios benedictinos del de Valladolid a finales del siglo XV; o hacer depender del rey prerrogativas que antes correspondían a la Iglesia, como hicieron los monarcas del siglo XVIII. A la II República española se la puede calificar de laica y de practicar el laicismo, pero no de regalismo, que es un concepto anacrónico en la época. Las autoridades republicanas nunca pretendieron administrar los bienes de la Iglesia, ni nombrar a los obispos, ni regular la vida en los monasterios. Las autoridades republicanas pretendieron -y no lo consiguieron- hacer de España un Estado laico, no confesional, como ya ocurría con los casos de Francia y otros europeos desde hacía tiempo. Dicho esto conviene señalar que la Iglesia española fue regalista en buena medida: estuvo más de acuerdo con depender de la autoridad del rey que del papa de turno.

En lo que se excedieron las autoridades republicanas es en prohibir a las congregaciones religiosas dedicarse a actividad económica alguna, ejercer la docencia, prohibir la compañía de Jesús y otras medidas por el estilo. Esto solo se puede comprender (no justificar) en el momento de exaltación anticlerical que se vívía, si se tiene en cuenta la ocasión que se vio -por parte de algunos sectores de la sociedad- para resarcirse de tanta persecución por parte de la Iglesia durante siglos, de tanta imposición en el orden jurídico y práctico. No debe olvidarse que todas las Constituciones españolas del siglo XIX hicieron de España un estado confesional -con excepción, matizadamente, de la de 1869- confiriendo a la Iglesia prerrogativas en la educaicón (Concordato de 1851), en la colaboración con las autoridades civiles, en la ocupación de los espacios públicos (procesiones y actos religiosos multitudinarios) en la preeminencia a cualquier otro credo, a cualquier otra organización civil. ¿Que sentido tuvo oponerse a la secularización de los cementarios o al divorcio? Querer controlar a una sociedad en exclusiva, como se hacía y se hizo con la confesión, pretendido sacramento que otras Iglesias niegan.

En la II República española se juntaron muchos anhelos y muchas medidas tomadas en poco tiempo, cuando la Iglesia en España no estaba dispuesta, ni preparada, para un envite como el que se vivió. La Iglesia contó con el apoyo del papado, de una parte de la sociedad, de sectores económicos poderosos (y así fue vista asociada a ellos) de muchas autoridades de ideología conservadora; la Iglesia siguió conservando sus templos y edificios religiosos, su patrimonio, influencia social. Pretender restar influencia a la Iglesia en la educación de la infancia y la juventud fue letal para la II República, que a la postre se ahogaría en la sangre provocada por los fusiles y en sus propias contradicciones.