Tamames (Salamanca) (salamancaentresierras.com/2015/01/tamames) |
El falseamiento electoral es tan
antiguo como las elecciones, pero los estados han ido aplicando mecanismos para
corregir este vicio y hoy se puede decir, que en aquellos donde la democracia
está bien asentada, los resultados electorales son fiables.
Lamamié de Clairac fue un
terrateniente salmantino que participó activamente en la política de la II
República española representando los intereses de los de su clase a partir del
carlismo y de posiciones ultraconservadoras. Junto con R. Olleros y E. Castaño
Arévalo, participó en las elecciones a Cortes de 1936 pero, aunque los tres resultaron electos, sus actas les fueron retiradas por “una compra masiva de
votos que implícitamente la habrían reconocido los propios afectados en la nota
que publicó la Gaceta Regional el día
7 de febrero. En ella se decía, textualmente, que los señores Gil Robles,
Casanueva, Cimas, Castaño y Clairac garantizan con su firma personal un
préstamo de millón y medio de pts. (sic) a los agricultores que no vendan su
trigo”. Así lo ha estudiado Marcos del Olmo[i]
Los beneficiarios de ese dinero –público- estarían contribuyendo a que el
precio del trigo subiera y el malestar entre la población se acrecentase,
combatiendo así a la izquierda. No obstante, cabe pensar que los terratenientes
salmantinos, a cambio de ese dinero, se convertirían en agentes electorales de
la derecha, que es la que, antes de las elecciones de aquel año, estaba
gobernando.
Lo curioso es que, según la ley
electoral en vigor entonces, los electos a los que les fuesen retiradas sus
actas de diputados por irregularidades como estas, serían cubiertas por
candidatos que no tenían por qué pertenecer a sus mismos partidos políticos o
candidaturas; de esta forma los que ocuparon los escaños fueron F. Villalobos,
Prieto Carrasco y Valeriano Casanueva. El primero fue un médico salmantino que
ya había sido diputado en Cortes desde 1918, pero no participó en la política
durante la dictadura de Primo. Fue ministro de Instrucción Pública durante el
bienio lerrouxista y luego con Portela Valladares, siendo su personalidad
política muy atrayente por su labor social desde posiciones no izquierdistas. Casanueva
fue un abogado vinculado al ala caballerista del Partido Socialista, pero
destacó más en otros cargos que como diputado.
La II República española no se
libró del caciquismo que venía existiendo en España desde tiempo atrás, de los
intentos de falsear las elecciones y de delitos graves como el aquí descrito.
El hecho de que en el asunto citado esté implicado Gil Robles, dirigente
principal de Acción Popular y la CEDA, pone de manifiesto la encarnizada lucha
a que se había llegado una vez que se celebran las elecciones de 1936 con el
triunfo de Frente Popular, donde ya la política de hechos consumados parece
estar por encima de lo que decidiesen las instituciones legales.
De todas formas, el hecho de que
los electos implicados fuesen apartados del Parlamento, indica hasta qué
extremo se habían ido afinando los métodos para evitar el fraude.
[i] “Cultura de la violencia y Parlamento: los
diputados Castellano y Leoneses en las Cortes de 1936”, 2011.
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