lunes, 5 de noviembre de 2018

Compra de votos: Salamanca, 1936

Tamames (Salamanca)
  (salamancaentresierras.com/2015/01/tamames)

El falseamiento electoral es tan antiguo como las elecciones, pero los estados han ido aplicando mecanismos para corregir este vicio y hoy se puede decir, que en aquellos donde la democracia está bien asentada, los resultados electorales son fiables.

Lamamié de Clairac fue un terrateniente salmantino que participó activamente en la política de la II República española representando los intereses de los de su clase a partir del carlismo y de posiciones ultraconservadoras. Junto con R. Olleros y E. Castaño Arévalo, participó en las elecciones a Cortes de 1936 pero, aunque los tres resultaron electos, sus actas les fueron retiradas por “una compra masiva de votos que implícitamente la habrían reconocido los propios afectados en la nota que publicó la Gaceta Regional el día 7 de febrero. En ella se decía, textualmente, que los señores Gil Robles, Casanueva, Cimas, Castaño y Clairac garantizan con su firma personal un préstamo de millón y medio de pts. (sic) a los agricultores que no vendan su trigo”. Así lo ha estudiado Marcos del Olmo[i] Los beneficiarios de ese dinero –público- estarían contribuyendo a que el precio del trigo subiera y el malestar entre la población se acrecentase, combatiendo así a la izquierda. No obstante, cabe pensar que los terratenientes salmantinos, a cambio de ese dinero, se convertirían en agentes electorales de la derecha, que es la que, antes de las elecciones de aquel año, estaba gobernando.

Lo curioso es que, según la ley electoral en vigor entonces, los electos a los que les fuesen retiradas sus actas de diputados por irregularidades como estas, serían cubiertas por candidatos que no tenían por qué pertenecer a sus mismos partidos políticos o candidaturas; de esta forma los que ocuparon los escaños fueron F. Villalobos, Prieto Carrasco y Valeriano Casanueva. El primero fue un médico salmantino que ya había sido diputado en Cortes desde 1918, pero no participó en la política durante la dictadura de Primo. Fue ministro de Instrucción Pública durante el bienio lerrouxista y luego con Portela Valladares, siendo su personalidad política muy atrayente por su labor social desde posiciones no izquierdistas. Casanueva fue un abogado vinculado al ala caballerista del Partido Socialista, pero destacó más en otros cargos que como diputado.

La II República española no se libró del caciquismo que venía existiendo en España desde tiempo atrás, de los intentos de falsear las elecciones y de delitos graves como el aquí descrito. El hecho de que en el asunto citado esté implicado Gil Robles, dirigente principal de Acción Popular y la CEDA, pone de manifiesto la encarnizada lucha a que se había llegado una vez que se celebran las elecciones de 1936 con el triunfo de Frente Popular, donde ya la política de hechos consumados parece estar por encima de lo que decidiesen las instituciones legales.

De todas formas, el hecho de que los electos implicados fuesen apartados del Parlamento, indica hasta qué extremo se habían ido afinando los métodos para evitar el fraude.



[i]  “Cultura de la violencia y Parlamento: los diputados Castellano y Leoneses en las Cortes de 1936”, 2011.

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