La educación pública recibió,
durante la II República española, un impulso de reforma sin precedentes, según
Mariano Pérez Gálan[i]. Ya en
el año 1931 se publicaron diversas disposiciones legales conducentes a ello,
como el Decreto de abril para el restablecimiento del bilingüismo en las
escuelas catalanas, el de mayo por el
que se crearon las Misiones Pedagógicas (se llevó a los pueblos el teatro, la
música, conferenciantes, bibliotecas y exposiciones), en el mismo mes sobre
libertad religiosa, el de julio para mejorar las retribuciones de los maestros,
otro del mismo mes creando los Consejos Universitarios de Primera Enseñanza
para la colaboración entre todos los niveles educativos y la relación entre la
Escuela y su entorno, el de septiembre reformando las Escuelas Normales, etc.
Respecto de la enseñanza del
catalán en Cataluña se estableció que para los párvulos las clases se
impartirían exclusivamente en la lengua materna, e igualmente en las escuelas
primarias, ya fuese el castellano o el catalán. A partir de los ocho años se
enseñaría a todos los alumnos la lengua castellana. En cuanto a las Misiones
Pedagógicas tropezaron con problemas que venían de muy atrás. Mariano Pérez
Gálan cita el caso de los “misioneros” que visitaron San Martín de Castañeda
(Zamora) argumentando que aquellas gentes “necesitaban pan, necesitaban
medicinas, necesitaban apoyos primarios de una vida insostenible con sus solas
fuerzas…”, mientras que ellos les llevaban canciones y poemas…
La sociedad española, en aquellos
años, era esencialmente agraria (el 47% de la población activa pertenecía a ese
sector) con un elevado índice de analfabetismo: 24,8% en los varones y 39,4% en
las mujeres. La política educativa de la II República estuvo inspirada en las
escuelas nuevas, la escuela activa, la escuela unificada y la escuela laica.
Los opositores a este modelo fueron la Iglesia y los partidos conservadores,
con la población que les apoyaba. La base doctrinal para la Iglesia estaba en
la encíclica de Pío XI “Divini Illius Magistri”, de 1929, sobre la educación
cristiana de la juventud, donde se defendía la enseñanza confesional, que
estaba muy extendida en la sociedad española.
El ministro de Educación en un
primer momento fue Marcelino Domingo, del Partido Radical-Socialista y masón,
teniendo como colaboradores a Domingo Barnés y a Rodolfo Llopis, estando los
tres vinculados a la Institución Libre de Enseñanza. El problema fundamental
con el que se encontraron es la falta de maestros y de escuelas. Había 36.680
maestros distribuidos en dos escalafones. Se estableció un plan quinquenal por
el cual se creaban 5.000 plazas de maestro cada año, salvo el primero, en que
se crearían 7.000. En las Escuelas Normales se estableció la coeducación,
existiendo una por provincia salvo en Madrid y Barcelona (dos en cada una).
Según Manuel Bartolomé Cossío, presidente de las Misiones Pedagógicas, el
objetivo de estas era “despertar el afán de leer en los que no lo sienten, pues
solo cuando todo español, no solo sepa leer –que no es bastante- sino que tenga
ansia de leer, de gozar, de divertirse… habrá una nueva España”.
En cuanto a la enseñanza
religiosa, no se erradicó de la escuela en un primer momento, sino que los
alumnos cuyos padres manifestaran el deseo de que aquellos la recibieran, la
obtendrían como hasta entonces,
encargando a sacerdotes esa función si los maestros no deseaban hacerlo.
Cuando se aprobó la Constitución,
que entró en vigor el 9 de diciembre de 1931, quedaron fijados una serie de
principios, uno de los cuales debido a Lorenzo Luzuriaga, la escuela unificada,
que implicaba “la superación de toda pedagogía de clases”, al tiempo que desde
la escuela maternal hasta la Universidad, las instituciones educativas están
coordinadas y que los alumnos necesitados económicamente y con capacidades
demostradas, recibiesen una ayuda del Estado. Otro principio fue el laicismo
escolar, rompiendo con la Ley Moyano de 1857, que establecía la obligatoriedad
de la enseñanza religiosa en la enseñanza en cumplimiento del Concordato de
1851 con la Iglesia. La Constitución prohibió la enseñanza a las órdenes
religiosas y el Estado disolvió la Compañía de Jesús. Aquella prohibición, en
realidad, nunca se llegó a cumplir por la dificultad (y arbitrariedad) que
entrañaba, de forma que los clérigos con titulación universitaria siguieron
impartiendo clases en centros distintos a aquellos de los que el Estado se
había incautado. Debe tenerse en cuenta que la II República no expulsó a la Compañía
de Jesús, como ocurrió en el siglo XVIII, sino que la
disolvió, por lo que muchos jesuitas, bien formados, fueron de los que
siguieron impartiendo clase en sus centros no como jesuitas, sino como
titulados universitarios.
Ya con Fernando de los Ríos como
Ministro de Educación, la Constitución establecía que toda clase de dogmatismos
debían quedar fuera de la escuela. Se estableció la inspección del Estado, que
ejercieron maestros en ejercicio, cuya misión, itinerante, debía servir de
coordinación y estímulo para el cumplimiento de los fines propuestos.
Como el Estado no dispuso de
recursos para llevar a cabo sus previsiones educativas, suscribió un empréstito
de 400 millones de pesetas que, sumados a los 200 millones que debían aportar
los Ayuntamientos, permitieron hacer el mayor esfuerzo hasta entonces conocido
en educación durante la historia de España.
El triunfo de los partidos
conservadores entre noviembre y diciembre de 1933 significó un freno a las
pretensiones de Domingo y de los Ríos, en primer lugar porque, como dice Pérez Gálan, en los dos años y medio que gobernaron aquellos partidos conservadores,
ocuparon la Presidencia Lerroux (dos veces), Samper, Chapaprieta y Portela
Valladares, siendo en ese período Ministros de Instrucción Pública, Pareja
Yébenes, S. de Madariaga, Filiberto Villalobos (dos veces), Joaquín Dualde (dos
veces), Prieto Bances, Juan J. Rocha, Luis Bardají y Manuel Becerra, que solo
duró en el cargo dieciséis días… Estos cambios no permitieron continuidad ni
coherencia alguna. Durante los años 1934 y 1935 se crearon un total de 2.575
plazas de maestros, lo que comparado con los años 1931 a 1933 son pocas:
13.580, si bien es cierto que la tendencia, una ver conseguidos los primeros
objetivos, sería a decrecer dicho número de plazas. Debe tenerse en cuenta que
aquellos 600 millones de pesetas destinados a educación, debían emplearse
durante ocho años…
La derecha echó abajo la
coeducación siguiendo las enseñanzas del papa Pío XI: "erróneo y pernicioso... es el método llamado de la coeducación... que trueca la legítima convivencia humana en una promiscuidad e igualdad niveladora"(2); volvió la enseñanza libre al magisterio, se suprimió la Inspección
Central de Primera Enseñanza y se suprimió también la inamovilidad en el cargo
y en el destino de los inspectores; la autonomía de la enseñanza en Cataluña
fue rectificada y se llegó a procesar y encarcelar a Pompeu Fabra, Josep Xirau,
Antoni Trías y Bosch Gimpera, pero aunque la fiscalía pidió para ellos cadena
perpetua, fueron puestos en libertad en diciembre de 1934.
Desde febrero de 1936 de nuevo se
retomó la política del bienio social-azañista, proclamándose la “indeclinable
atribución del Estado en la enseñanza”, se establecieron cantinas, roperos y
colonias escolares; M. Domingo volvió al ministerio y restableció la
inamovilidad de los inspectores y estableció exámenes orales y escritos al
final de la edad escolar, hasta que el estallido de la guerra paralizó buena
parte de lo iniciado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario