martes, 6 de noviembre de 2018

Un trabajo de Pérez Gálan


La educación pública recibió, durante la II República española, un impulso de reforma sin precedentes, según Mariano Pérez Gálan[i]. Ya en el año 1931 se publicaron diversas disposiciones legales conducentes a ello, como el Decreto de abril para el restablecimiento del bilingüismo en las escuelas catalanas, el de mayo  por el que se crearon las Misiones Pedagógicas (se llevó a los pueblos el teatro, la música, conferenciantes, bibliotecas y exposiciones), en el mismo mes sobre libertad religiosa, el de julio para mejorar las retribuciones de los maestros, otro del mismo mes creando los Consejos Universitarios de Primera Enseñanza para la colaboración entre todos los niveles educativos y la relación entre la Escuela y su entorno, el de septiembre reformando las Escuelas Normales, etc.

Respecto de la enseñanza del catalán en Cataluña se estableció que para los párvulos las clases se impartirían exclusivamente en la lengua materna, e igualmente en las escuelas primarias, ya fuese el castellano o el catalán. A partir de los ocho años se enseñaría a todos los alumnos la lengua castellana. En cuanto a las Misiones Pedagógicas tropezaron con problemas que venían de muy atrás. Mariano Pérez Gálan cita el caso de los “misioneros” que visitaron San Martín de Castañeda (Zamora) argumentando que aquellas gentes “necesitaban pan, necesitaban medicinas, necesitaban apoyos primarios de una vida insostenible con sus solas fuerzas…”, mientras que ellos les llevaban canciones y poemas…

La sociedad española, en aquellos años, era esencialmente agraria (el 47% de la población activa pertenecía a ese sector) con un elevado índice de analfabetismo: 24,8% en los varones y 39,4% en las mujeres. La política educativa de la II República estuvo inspirada en las escuelas nuevas, la escuela activa, la escuela unificada y la escuela laica. Los opositores a este modelo fueron la Iglesia y los partidos conservadores, con la población que les apoyaba. La base doctrinal para la Iglesia estaba en la encíclica de Pío XI “Divini Illius Magistri”, de 1929, sobre la educación cristiana de la juventud, donde se defendía la enseñanza confesional, que estaba muy extendida en la sociedad española.

El ministro de Educación en un primer momento fue Marcelino Domingo, del Partido Radical-Socialista y masón, teniendo como colaboradores a Domingo Barnés y a Rodolfo Llopis, estando los tres vinculados a la Institución Libre de Enseñanza. El problema fundamental con el que se encontraron es la falta de maestros y de escuelas. Había 36.680 maestros distribuidos en dos escalafones. Se estableció un plan quinquenal por el cual se creaban 5.000 plazas de maestro cada año, salvo el primero, en que se crearían 7.000. En las Escuelas Normales se estableció la coeducación, existiendo una por provincia salvo en Madrid y Barcelona (dos en cada una). Según Manuel Bartolomé Cossío, presidente de las Misiones Pedagógicas, el objetivo de estas era “despertar el afán de leer en los que no lo sienten, pues solo cuando todo español, no solo sepa leer –que no es bastante- sino que tenga ansia de leer, de gozar, de divertirse… habrá una nueva España”.

En cuanto a la enseñanza religiosa, no se erradicó de la escuela en un primer momento, sino que los alumnos cuyos padres manifestaran el deseo de que aquellos la recibieran, la obtendrían como hasta entonces,  encargando a sacerdotes esa función si los maestros no deseaban hacerlo.

Cuando se aprobó la Constitución, que entró en vigor el 9 de diciembre de 1931, quedaron fijados una serie de principios, uno de los cuales debido a Lorenzo Luzuriaga, la escuela unificada, que implicaba “la superación de toda pedagogía de clases”, al tiempo que desde la escuela maternal hasta la Universidad, las instituciones educativas están coordinadas y que los alumnos necesitados económicamente y con capacidades demostradas, recibiesen una ayuda del Estado. Otro principio fue el laicismo escolar, rompiendo con la Ley Moyano de 1857, que establecía la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la enseñanza en cumplimiento del Concordato de 1851 con la Iglesia. La Constitución prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas y el Estado disolvió la Compañía de Jesús. Aquella prohibición, en realidad, nunca se llegó a cumplir por la dificultad (y arbitrariedad) que entrañaba, de forma que los clérigos con titulación universitaria siguieron impartiendo clases en centros distintos a aquellos de los que el Estado se había incautado. Debe tenerse en cuenta que la II República no expulsó a la Compañía de Jesús, como ocurrió en el siglo XVIII por el papa Clemente XIV, sino que la disolvió, por lo que muchos jesuitas, bien formados, fueron de los que siguieron impartiendo clase en sus centros no como jesuitas, sino como titulados universitarios.

Ya con Fernando de los Ríos como Ministro de Educación, la Constitución establecía que toda clase de dogmatismos debían quedar fuera de la escuela. Se estableció la inspección del Estado, que ejercieron maestros en ejercicio cuya misión, itinerante, debía servir de coordinación y estímulo para el cumplimiento de los fines propuestos.

Como el Estado no dispuso de recursos para llevar a cabo sus previsiones educativas, suscribió un empréstito de 400 millones de pesetas que, sumados a los 200 millones que debían aportar los Ayuntamientos, permitieron hacer el mayor esfuerzo hasta entonces conocido en educación durante la historia de España.

El triunfo de los partidos conservadores entre noviembre y diciembre de 1933 significó un freno a las pretensiones de Domingo y de los Ríos, en primer lugar porque, como dice Pérez Gálan, en los dos años y medio que gobernaron aquellos partidos conservadores, ocuparon la Presidencia Lerroux (dos veces), Samper, Chapaprieta y Portela Valladares, siendo en ese período Ministros de Instrucción Pública, Pareja Yébenes, S. de Madariaga, Filiberto Villalobos (dos veces), Joaquín Dualde (dos veces), Prieto Bances, Juan J. Rocha, Luis Bardají y Manuel Becerra, que solo duró en el cargo dieciséis días… Estos cambios no permitieron continuidad ni coherencia alguna. Durante los años 1934 y 1935 se crearon un total de 2.575 plazas de maestros, lo que comparado con los años 1931 a 1933 son pocas: 13.580, si bien es cierto que la tendencia, una ver conseguidos los primeros objetivos, sería a decrecer dicho número de plazas. Debe tenerse en cuenta que aquellos 600 millones de pesetas destinados a educación, debían emplearse durante ocho años…

La derecha echó abajo la coeducación siguiendo las enseñanzas del papa Pío XI: "erróneo y pernicioso... es el método llamado de la coeducación... que trueca la legítima convivencia humana en una promiscuidad e igualdad niveladora"(2); volvió la enseñanza libre al magisterio, se suprimió la Inspección Central de Primera Enseñanza y se suprimió también la inamovilidad en el cargo y en el destino de los inspectores; la autonomía de la enseñanza en Cataluña fue rectificada y se llegó a procesar y encarcelar a Pompeu Fabra, Josep Xirau, Antoni Trías y Bosch Gimpera, pero aunque la fiscalía pidió para ellos cadena perpetua, fueron puestos en libertad en diciembre de 1934.

Desde febrero de 1936 de nuevo se retomó la policía del bienio social-azañista, proclamándose la “indeclinable atribución del Estado en la enseñanza”, se establecieron cantinas, roperos y colonias escolares; M. Domingo volvió al ministerio y restableció la inamovilidad de los inspectores y estableció exámenes orales y escritos al final de la edad escolar, hasta que el estallido de la guerra paralizó buena parte de los iniciado.


[i] “La enseñanza en la segunda república”.
(2) Encíclica "Divini Illius Magistri", 1929.

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