viernes, 23 de julio de 2021

Final de un reinado

 

La amnistía que el primer gobierno de la regente María Cristina concedió, fue una constatación de la debilidad del mismo y un reconocimiento de su incapacidad para hacer frente al carlismo sin el apoyo de los liberales[i]. Donoso Cortés[ii] escribió que esta amnistía “vino a abrir las puertas de España a las revoluciones”, y por su parte Pacheco[iii] dijo que “no entraban los liberales como perdonados, no se olvidaba el liberalismo; entraban como auxiliares”. 

Un real decreto de 1832 creó el Ministerio de Fomento, “el más eficaz instrumento contra el carlismo y al mismo tiempo el golpe de gracia dado al Antiguo Régimen”[iv]. Éste ministerio reunió todas las competencias sobre gobierno interior, por lo que vino a sustituir al Consejo de Castilla, estando al frente de aquel Narciso Heredia y Begines de los Ríos, no precisamente un liberal, pero con experiencia de gobierno. Entonces se produjo la dimisión de Cafranga[v], aunque no le fue aceptada, y se dieron manifestaciones realistas (carlistas) que forzaron a la regente a decir que el único gobierno posible era el de una “monarquía sola y pura”, texto que se ha atribuido a Cafranga.

Los sucesos de La Granja, donde tuvieron lugar los amaños de los carlistas para que el rey anulase la Pragmática Sanción de 1789, llevaron a la regente a confirmar a Cea Bermúdez al frente del Gobierno, el cual hizo aprobar un Decreto suspendiendo las elecciones municipales[vi], teniendo lugar a principios de diciembre de 1832 el primer Consejo de Ministros para anular la Pragmática Sanción, lo que obviamente disgustó a los liberales.

Cuando el rey Fernando se recuperó de su enfermedad, por la que su esposa había ejercido por primera vez la regencia, mostró su desacuerdo con las medidas tomadas por esta, pero no dejó de expresar su agradecimiento a la reina, inclinándose entonces el Gobierno por mantener una política que no contentaba ni a carlistas ni a liberales. Salía entonces Carlos de Borbón (mediados de marzo de 1833) hacia Portugal. Por su parte los liberales “cristinos” reaccionaron a los sucesos de La Granja siendo potenciados por varios miembros de la más alta nobleza, consiguiendo reprimir a los realistas de Madrid en octubre de 1833.

En febrero de ese año Cea informó a su gobierno de la voluntad del rey de que se convocasen Cortes para jurar a la heredera Isabel, pero dichas Cortes debían ser las tradicionales por estamentos, sin otra misión más que la descrita. Debe tenerse en cuenta que no se convocaban dichas Cortes desde 1789 (cuarenta y cuatro años) y se escribió a los Capitanes Generales para que garantizasen que los elegidos para asistir a ellas fuesen acordes con la voluntad del rey. Respondió, entre otros, el marqués de las Amarillas[vii], destacado en Sevilla, diciendo que dicho asunto era indiferente porque fuesen quienes fuesen los elegidos no se opondrían al rey.

La importancia que Cea daba al control que los capitanes generales pudieran ejercer sobre las elecciones ha quedado de manifiesto en varias fuentes, y cuando el conde de Puñoenrostro[viii] hizo público un documento en el que se afirmaba que “la voluntad de los pueblos eleva los Reyes al trono”, además de que las Cortes debían discutir otros asuntos aparte el juramento de la heredera al trono, se le hizo rectificar por el rey y se le ordenó salir de la Corte “con destino de cuartel a Pamplona”. En todo caso esas Cortes fueron las últimas del Antiguo Régimen.

Mientras tanto corrió un texto carlista en el que se atacaban unas Cortes “para jurar unos derechos controvertibles, sin controvertirlos”, calificando al ministro de Gracia y Justicia[ix] de “enjorguinado” y añadiendo que se trataba de “la más grotesca farsa que se pueda ver”. García de León y Pizarro en sus “Memorias”, citadas por Bullón de Mendoza, escribió que “los amantes de principios templados y sospechados de liberalismo en lo político, están por la obediencia al Rey, y los que se llaman realistas por excelencia, y absolutistas por apodo, están por el otro partido”.

De todas formas hubo circunstancias dignas de consignar: el arzobispo de Toledo[x] se negó a jurar como diputado, siendo sustituido por el de Sevilla[xi]. Entre quienes prestaron el juramento había fervientes carlistas, y entre los que se negaron estuvieron el conde de Orgaz[xii], los obispos de Mondoñedo, Ourense y Orihuela, además del de León[xiii], con la particularidad de que éste protestó públicamente, habiendo tenido que abandonar su diócesis ya con anterioridad. Se dio incluso el caso curioso de don Francisco de Velasco que, elegido diputado por la ciudad de Burgos, juró y tres meses después participó en la sublevación carlista dirigida por Merino[xiv].

Pero la jura de la heredera no había despertado entusiasmo en la calle; el embajador portugués, miguelista, dijo que “en vez de fiesta parece un funeral, ni un viva”, en alusión a las fiestas que se organizaron en villas y ciudades para celebrar dicha jura. Un moderado como Burgos, que no tardaría en ser ministro, señaló que la jura de doña Isabel se vio en todas partes con desdén, y García de León y Pizarro (Secretario de Estado con Fernando VII) dijo que “la indiferencia, casi hostil, es general…”.


[i] Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera en su tesis doctoral.

[ii] Marqués de Valdegemas (1809-1853) fue filósofo, político y diplomático con el régimen liberal, evolucionando hacia posiciones cada vez más conservadoras.

[iii] Joaquín Francisco Pacheco era natural de Écija (1808-1865), jurista y escritor, militó en el partido moderado.

[iv] Véase la nota i.

[v] Jurista salmantino, tuvo cargos públicos tanto durante las etapas absolutistas como en el “trienio”, pero apoyó a la regente María Cristina frente a las pretensiones de Carlos de Borbón.

[vi] Después de 1823 eran los Ayuntamientos salientes quienes proponían a las Audiencias el nombre de los que debían sucederles.

[vii] Pedro Agustín Girón, militar partidario de un liberalismo moderado.

[viii] Juan José Matheu y Arias Dávila.

[ix] Francisco Fernández del Pino, con amplia trayectoria de gobierno y en los tribunales de justicia.

[x] Pedro Inguanzo Rivero.

[xi] Francisco J. Cienfuegos Jovellanos.

[xii] Joaquín Crespí de Valldaura.

[xiii] Francisco López Borricón, Dámaso Iglesias Lago, Félix Herrero Valverde y Joaquín Abarca Blanque respectivamente.

[xiv] Sacerdote y líder guerrillero. 

Ilustración: historiaymedicina.es/la-muerte-de-fernando-vii/

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