El conflicto Iglesia-Estado venía
produciéndose desde el siglo XIX, incluso desde el XVIII, tanto por las
tendencias regalistas e ilustradas de la monarquía española (y en otros
estados) como por la implantación y profundización del liberalismo. Desde 1868
hubo varios proyectos para cambiar las relaciones Iglesia-Estado y en el debate
constitucional se habló sobre la libertad religiosa. Más tarde, durante la I
República española (1873) se llevó a cabo una política laicista.
Cádiz, como otras ciudades españolas,
contaba con parroquias e iglesias, además de catedral por tratarse de la sede
de un obispo, conventos y sus propiedades, el cabildo catedral, los
beneficiados, el clero parroquial, las asociaciones católicas y la prensa
conservadora. El Ayuntamiento de Cádiz, por su parte, contaba con concejales
partidarios de la colaboración con la Iglesia (fundamentalmente los unionistas)
y los contrarios, sobre todo los republicanos, pero también otros que tenían al
general Prim como su referente. También contaba la ciudad con asociaciones
obreras, prensa revolucionaria, prensa liberal y una minoría de protestantes
que, en algunos momentos, planteará problemas entre el Ayuntamiento y el
obispo.
Un Ayuntamiento republicano hizo
gestiones para obtener la propiedad de conventos e iglesias, además de adoptar
medidas contra los capellanes relacionados con el municipio; incluso hubo un
intento de despojo del seminario conciliar. El ardor político de la época llevó
al Ayuntamiento a cesar en la participación en las ceremonias religiosas y
festividades del mismo tipo, pero ya veremos que en este asunto habrá un
comportamiento variable a lo largo del sexenio que se inicia en 1868.
A la cabeza de la oposición estuvo el obispo, fray Félix María de Arriete y Llano, que denunció el decreto
de desamortización de las obras pías. El obispo Arriete siempre fue renuente a
aceptar nombramiento episcopal alguno; primero alegó motivos de salud para no
ir a Cuba, luego para Cádiz, su ciudad natal, en 1867, y cuando ya el régimen
del sexenio estaba en su apogeo lo calificó, en carta al papa, de “espantosa
revolución… estado de persecución y desastres”. Abandonó su ciudad durante dos
años por los “sobresaltos, angustias y constante agitación de mi espíritu”
siguió diciéndole al papa, al tiempo que le rogaba ser sustituido. Ya en 1851,
antes de ser obispo, fray Félix se había marchado de Cádiz por motivos familiares
(parece que tenía un hermano con muy mala reputación) y se fue a Málaga,
estando muy relacionado con el obispo Cascallana. En 1863, a propuesta de la
reina Isabel II, fue nombrado obispo de Cádiz, sede en la que permanecería
hasta 1879 con las salvedades antes dichas.
La Constitución de 1869 ya fue
contestada por el clero de Cádiz con el obispo a su cabeza, así como la
oposición a la política de Ruiz Zorrilla, que exigió el acatamiento del clero
de la Constitución. El obispo puso todas las objeciones para la aplicación de
la libertad de cultos, al tiempo que se produjo el intento de apropiación y
derribo de iglesias y conventos por parte del Ayuntamiento. Mientras tanto, el
obispo se negó a jurar la Constitución y se opuso a la ley que estableció el
matrimonio civil, pleiteó sobre la desamortización de obras pías y encontró algún
respiro con la elección de una corporación municipal moderada en 1870, no
obstante el Ayuntamiento aplicó restricciones en las ayudas económicas al
obispado, lo cual contrastó con la oposición municipal a la secularización de
la enseñanza.
La llegada al trono de Amadeo de
Saboya fue otro motivo de oposición por parte del obispo y clero, que
consideraban a la familia a la que pertenecía, culpable de que la Iglesia
hubiese sido desposeída de sus propiedades territoriales en Italia. Ello
aumentó las tensiones con el poder civil, que tuvieron un hito cuando el
Ayuntamiento quiso realizar un acto religioso en la catedral en honor del
asesinado Juan Prim, hacedor de la monarquía saboyana en España. La condición
de masón de Prim contribuyó a que el obispo no considerase oportuna la
celebración de aquella ceremonia religiosa en la catedral, sino tan solo en la
iglesia de San Francisco. En todo ello –según ha estudiado Antonio Orozco
Guerrero- interfirió la Asociación de Católicos, que con la excusa de exaltar
la figura del papa Pío IX, se opuso a todo acto religioso que honrase al
general Prim. Para esto sí regreso a la ciudad el obispo, que se encontraba
fuera en visita pastoral, pronunciando un sermón en el que consideraba probado “hasta
la evidencia… la legitimidad incuestionable de la soberanía temporal del
pontificado”, defendiendo igualmente “la propiedad de las posesiones
eclesiásticas contra los intentos desamortizadores”, demostrando, según la
prensa local favorable, “la
espiritualización que adquieren los bienes de la Iglesia por el hecho de
estar consagrados al dueño y Señor de todas las cosas”[i].
En los próximos años se
produjeron ciertos vaivenes en el Ayuntamiento sobre si ayudar económicamente
al obispado o no y sobre si participar en los actos religiosos. El obispado,
con motivo de los donativos recibidos para celebrar el 25º aniversario del
pontificado de Pío IX, publicó las listas de los que habían aportado sus
limosnas, en lo que pretendió demostrar la adhesión de los gaditanos a la Iglesia
y su oposición a la revolución política. En este caso optó por tocar la
campanilla –como los fariseos del Evangelio- para que todo el mundo supiese
quien daba limosna…
Los progresistas gaditanos
estuvieron contra las aportaciones municipales al clero, basándose en el
artículo 21º de la Constitución, que obligaba a la Nación a mantener el culto y
clero católicos, pero no al Ayuntamiento, máxime cuando este pasaba por un
momento económico difícil, que empeoró en 1871 porque habría de devolverse un
préstamo de un millón de reales a la Diputación Provincial.
Otro conflicto fue el del uso del
cementerio civil por los protestantes, pues allí había enterrados solo
católicos, y el clero y población de dicha confesión religiosa no admitían que
los fallecidos protestantes se enterrasen en dicho cementerio. Como los
anglicanos tenían uno, el Ayuntamiento confió que no tendrían inconveniente
en que en dicho cementerio se enterrasen los cristianos no católicos, es decir,
se pretendió que fuesen más cristianos los anglicanos que los propios
católicos. En efecto, desde 1869, a propuesta de varios diputados, entre
los que destacan Cristino Martos y Montero Ríos, habían conseguido que el
Congreso aprobase la dependencia civil de los cementerios, pero como el
Ayuntamiento gaditano fue remiso en comprender y ejecutar esto, los
presbiterianos tuvieron que recurrir a un juez, que les fue concediendo,
individualmente, autorizaciones para que pudiesen enterrar a sus fallecidos en
el cementerio municipal, lo que contó con la oposición –ahora solo potencial-
del obispo Arriete y Llano.
[i] “Cádiz
durante el sexenio democrático. El conflicto Iglesia-Secularización. La cursiva
empleada aparece así, según el autor, en el original.
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