Dice José Ramón de Urquijo[i] que la idea de que el carlismo estuvo apoyado por el pueblo, mientras que los liberales lo reprimieron, es un error. Esta interpretación surgió durante la guerra y, de hecho, la policía española no es una creación del liberalismo, sino del absolutismo.
Cuando la Inquisición entró en crisis, hasta el punto de que
ni el mismo Fernando VII quiso reponerla, sí en cambio “secularizó el aparato
inquisitorial" al crear en 1824 la Superintendencia General de la Policía del
Reino[ii].
Ahora bien, en un principio el dominio era
ejercido a través de las autoridades municipales y eclesiásticas, que mantenían
un control casi absoluto. Se conservan numerosas circulares sobre servicio de
quintas en las que se ordena a los Ayuntamientos y a los eclesiásticos que las
organicen, lean las circulares en los púlpitos y denuncien a los desertores[iii].
Pero la llegada de don Carlos a mediados de 1834, inició un
proceso de centralización, al tiempo que el deterioro evidente del apoyo
popular al carlismo trajo la necesidad de un único sistema de represión en
manos del Gobierno. Se hablaba entonces de planes de las logias masónicas
tendentes a preparar atentados contra don Carlos, y si bien la policía de
Fernando VII había sido creada para perseguir a los liberales, las vicisitudes
políticas la convirtieron en instrumento fundamental de persecución de los
realistas hacia 1830.
Una Real Orden de 1836 señaló que la Policía debía ser pagada
por quienes la hacían necesaria, “los excluidos de la elección activa o pasiva
de empleos municipales, y los confinados, multados o… penados por su adhesión
al partido de la revolución usurpadora…”[iv].
Y, en el mismo año, el Ministro de Gracia y Justicia de don Carlos, Miguel
Modet, expuso al pretendiente las bases para la instauración de una policía
distinta de la fernandina, cuya principal función sería proteger al “rey”, que
ya había sido objeto de varios intentos de atentado, una policía política que
no debía ocuparse de “la prevención y represión de los demás delitos y crímenes”,
que seguirían estando en manos de las autoridades locales, donde se puso de
manifiesto el deseo de no restar un ápice los poderes forales.
También la Diputación de Guipúzcoa elevó al “rey” una
propuesta en el mismo sentido, aunque con una concepción más amplia de la
vigilancia; debía evitarse “la influencia de los desafectos a V. M”. Al empezar
la guerra en 1833 muchos liberales habían huido hacia las zonas controladas por
el ejército de la reina, y los carlistas procedieron al secuestro de sus
bienes. De todas formas, esa policía carlista debía hacerse con mucha cautela en cuanto al gasto,
pues los pueblos vascos empezaban a notar la presión por la situación de guerra,
impuestos y reclutamientos de los que estaban exentos por los fueros. El
espíritu de entusiasmo popular, en 1837, ya no era tanto a tenor de un informe
como el del Comisario de las Encartaciones:
El espíritu político de
los 4.000 vecinos que encierra este Distrito es, en general, de lo mejor que
puede desearse… Ellos han dado sus hijos, los han vestido, los curaron y se
empobrecieron con exacciones y suministros. Empero, la guerra va larga y el
entusiasmo se amortigua con no tener ya qué dar ni qué comer esta población
rural y en la mayor parte pobre”.
En el año 1836 un Real Decreto definió las características
del primer cuerpo policial carlista, pero se hablada de instituciones “poco
españolas, justamente odiadas” y se extendía a todo el territorio con autonomía
bastante, pudiendo actuar la policía en todos los temas. El siguiente
paso lo dio Arias Teijeiro[v],
que en el mismo año solicitó al rey la creación de la policía de fronteras con
el objeto de vigilar las villas, “ya que ni aún en ellas hay entusiasmo realista”, y evitar la influencia extranjera, por lo que la policía se va a convertir en un
cordón sanitario (dice Urquijo), ya que las autoridades locales no se
mostraban tan entusiastas como en un principio y cada día había más
contestación interior.
Para evitar esta situación se creyó necesario “poner en cada
pueblo de los más marcados un Comisario de Vigilancia”, tal y como ya se había
hecho en Eibar, cuyo nombramiento estaba llamado a coordinarlos a todos. Pero
la labor represiva, en opinión de Arias Teijeiro, no bastaba, y se debía actuar
también de forma preventiva, por ejemplo, “preparar y dirigir buenas elecciones
de Autoridades municipales, materia que por su trascendencia ha llamado
justamente la soberana atención…”. De esta forma el Comisario de policía pasaba
a ser una función política que se situaba por encima de las autoridades
locales.
Urquijo apunta que los lugares donde se pensaba nombrar
comisarios eran diez en Guipúzcoa, uno en la costa (Zumaya) “por donde se creen
frecuentes las comunicaciones con San Sebastián, Bilbao y Francia"; otros diez
en Vizcaya (Miravalles u otro cercano a Bilbao fue uno); cuatro en Álava
y cinco en Navarra (Santisteban, sobre la línea enemiga de los valles de
Aezcoa, Salazar y Roncal). “La dotación [para financiar esto] no debe
satisfacerse en modo alguno sino por los desafectos a S. M., tomando por base
para esta calificación la exclusión que se haya hecho o hiciere para la
elección activa o pasiva de empleos municipales, haber sido multado, confinado
u (sic) en otro modo penado por adhesión al partido revolucionario…”.
Pero también se decía, en relación a los fueros, que era “una
medida excepcional y transitoria que subsistirá sólo cuando las circunstancias
que la producen; es una necesidad indispensable como tantas otras consiguientes
a la heroica decisión de los Vascongados y sin la cual peligran sus mismos
Fueros peligrando la existencia de las Provincias con la del Rey N. S….”. Así se
nombró un Subdelegado general de Estella y comisarios en La Borunda y
Santisteban, Zumaya, Vergara, Eibar, Tolosa, Villarreal[vi],
Oñate, Plencia, Orduña, Miravalles, Orozco, Ochandiano, Salvatierra y
Villarreal[vii].
Casi todos los nombrados tenían la carrera de leyes y solo en dos casos no se
precisan los estudios. Se habla de la fidelidad que habían demostrado al
carlismo, pero hay un asunto –dice Urquijo- que provocará problemas a la hora
de actuar: su origen geográfico.
Solo cinco son vascos y de pueblos cercanos al que han sido
destinados, viéndose con recelo a uno que era gallego, a otro de Madrid, etc.
Aparte de la xenofobia, y más en un momento de afluencia en la que llegaban y
vivían a costa de los autóctonos, es indudable que estos forasteros necesitasen
fiarse de las autoridades locales o de informadores, a fin de conocer la
realidad de dichos pueblos. La fase final iba a causar más problemas: la
autoridad de Lequeitio escribió al Comisario Regio que “para hacer el informe
sobre desafectos sería necesario residir en cada uno de los pueblos y vigilar
la actuación de las personas”, pidiendo personal para este fin. La autoridad de
Guernica dice al Comisario Regio que “ha pedido al alcalde de Bermeo las listas
de los desafectos”. El Comisario de Fronteras pide “un oficial que entienda la
lengua del país, dado que se presentan bastante número de personas en esta
Comisaría a solicitar pases”[viii].
El síndico de Vizcaya se mostró contrario al establecimiento de la policía pero, a pesar de ello, la Diputación la mantuvo, siempre –decía- transitoriamente y sin intención de vulnerar los fueros de Vizcaya. Urquijo apunta que ello nos sitúa en una de las problemáticas fundamentales del conflicto carlista. Ciertos sectores insistieron en la unidad esencial de la sublevación: la sagrada causa del Altar y el Trono. Otros insistían en el argumento foral, pues para ellos el fuero es una forma de poder y se trataba de defenderlo, pero en ningún momento se solicitó la reunión de las Juntas Generales, a pesar de que la situación bélica lo permitía. De haberse reunido ¿habría autorizado aquellas exacciones, aquellos funcionarios foráneos, aquellas novedades policiales?
[i] “Represión y disidencia durante la primera guerra carlista…”.
[ii] Urquijo cita la obra de Martín Turrado, “Origen y creación de la policía española”.
[iii] Urquijo cita el Archivo de la Diputación de Vizcaya.
[iv] Esta Real Orden corresponde al pretendiente, no al Gobierno.
[v] Nacido en Pontevedra, en 1799, en 1821 huyó a Portugal. Sirvió a Fernando VII y luego a don Carlos. En 1839 huyó a Francia y volvió a España más tarde, donde murió en 1867.
[vi] Es Villarreal de Urrechúa, en el interior de Guipúzcoa.
[vii] Villarreal de Álava, al norte de su provincia.
[viii] Se refiere al euskera como “el idioma vulgar”.
Fotografía: pazo de Pías, Ramallosa (Pontevedra), residencia de José Arias Teijeiro (sites.google.com/site/familiateixeiro/arias-teixeiro)
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