Depuración del magisterio

Orden por la que se sustituyen maestros por militares

Son ya muchos los trabajos que se han realizado sobre la depuración del magisterio durante la guerra civil española de 1936 y posteriormente. Dicha depuración no correspondió solo a los militares sublevados, sino también a las autoridades republicanas, pero en ello hay una diferencia fundamental y es la legitimidad: la República tenía derecho a depurar al magisterio que colaboró con los militares levantados contra la legalidad democrática; la dictadura del general Franco careció en todo momento de dicha legitimidad. ¿Como mantener en sus puestos a maestros, profesores de instituto y de universidad que se habían indisciplinado contra el Estado y estaban colaborando con los que se levantaron en armas?

En Galicia, en Cantabria, en Guadalajara y en el resto de Castilla-La Mancha, en Burgos y el resto de Castilla y León, en Valencia, en Huelva y Cádiz así como en otros territorios de España, los investigadores han encontrado y sistematizado los hechos, la legislación, las injusticias cometidas contra el magisterio español. En las zonas donde el gobierno republicano mantuvo su control durante los primeros años de la guerra también se cometieron brutalidades e injusticias, sobre todo por parte de los sindicatos y de otras organizaciones como comités, pero quizá quepa algún tipo de responsabilida al Gobierno al no haber sabido cortar esto a tiempo.

Han sido miles los maestros, profesores y, en general, funcionarios que fueron objeto de depuración por parte de las autoridades, muchos más durante la época franquista, pues la perduración en el tiempo hizo que los agravios e injusticias se prolongasen hasta bien entrados los años cincuenta del pasado siglo. De todas formas también las autoridades republicanas violaron principios democráticos fundamentales cuando exigieron confesar a los maestros y profesores a que partidos políticos pertenecían, a que sindicatos, a quienes habían votado, si habían ejercido cargos públicos y en nombre de quien... 

El fenómeno es de tal gravedad que en no pocas ocasiones se juzgó a unos y otros maestros varias veces por la misma causa, de forma que existen casos en los que el encausado había quedado absuelto en la primera ocasión y condenado en la segunda. Consejos de guerra sumarísimos, sin garantías procesales, de acuerdo con una legislación aberrante porque incurría en el vicio de la retroactividad. Este es el caso de la Ley de Responsabilidades Políticas, dictada en febrero de 1939 para casos que habían tenido lugar con anterioridad (por supuesto también a partir de dicha fecha). 

Algunos maestros fueron "paseados" y en esto no hubo distinción entre la España republicana y la sublevada (aunque en la primera nunca por orden de las autoridades). Se trasladó a muchos maestros, a otros se les destituyó, a otros se les privó de empleo y sueldo por varios años, a otros se les ultrajó; otros sufrieron penas de diverso tipo sin que quedara probada su "culpabilidad". Muchos apelaban y veían repuesto su derecho pero la mayoría no; incluso se dio en caso -en la zona republicana- en la que el Presidente de la Comisión Depuradora llegó a criticar las depuraciones hechas arbitrariamente con las siguientes palabras: 

... de los maestros destituidos hay bastantes que han sido después movilizados y cumplen lealmente su deber militar... Otras son maestras ajenas a toda actuación política ... tachadas de un derechismo cierto y evidente, pero meramente devoto y superficial, impuesto por la corriente más generalizada. La verdad es que, salvo algunas muy raras excepciones, el Magisterio, cuerpo por todos reconocido como el más predispuesto a poder conseguir encuadrarle en un neto republicanismo... No se conoce documento alguno como este que haya salido de una autoridad sublevada. Muy al contrario, la depuración continuó después de la guerra hasta la náusea.

Así fueron asesinados cientos de maestros, religiosos (en el territorio dominado por la República) solo a partir de denuncias de particulares, por el celo excesivo puesto por parte del cura párroco, el comandante de la guardia civil o por rencillas incubadas hace mucho tiempo entre vecinos. Para colmo muchos de los casos de depuración del magisterio se entregaron -por parte de las autoridades sublevadas- a la jurisdicción militar, mucho más severa, formando parte de los tribunales personal que no tenía formación jurídica y que ignoraba los más elementales procedimientos garantistas. Las sentencias, en muchas ocasiones sumarísimas, es decir, sin capacidad para ser recurridas, llevaron a la muerte, a la miseria y a la vergüenza públicas a miles de maestros.

A algunos se les aplicó la ley de Vagos y Maleantes, a otros la de represión de la Masonería y el Comunismo; a otros en fin se les condenó a inhabilitación perpetua, sobre todo si habían colaborado con sindicatos obreros como la Unión General de Trabajadores o la Confederación Nacional del Trabajo. Las maestras -en realidad no hacemos distingos en este artículo- también fueron víctimas de la arbitrariedad y de la negación de los derechos más elementales, dándose varias veces la circunstancia -como en el caso de los varones- que se trataba de condenas por rebelión cuando lo que habían hecho es permanecer leales al Gobierno republicano democraticamente establecido. El mundo al revés: se había rebelado el que no se había sumado a la rebelíón militar.