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| Casa de Ayuntamiento de Vara del Rey (Cuenca) |
Según ha investigado Thomas Chistiansen[1]
la paz social en el campo español –él ha estudiado el caso de la provincia de
Cuenca- no ha sido tal a pesar de la dura represión que se padeció, en todos
los ámbitos, durante el régimen franquista. Cierto que las protestas y
reivindicaciones no tenían carácter político, sino que más bien expresaban la
contradicción entre los problemas y necesidades de los campesinos en un país
devastado tras la guerra y los burócratas del régimen acomodados en él.
Vara del Rey se encuentra al sur de la
provincia de Cuenca y al sur del río Júcar. En medio de un páramo cultivado, al
sur se levanta un pequeño bosque. En 1946 comenzó lo que iba a ser un largo
intento para llevar a cabo la redistribución entre los campesinos de las tierras
del marqués de Melgarejo.
En el año citado, el alcalde envió al Delegado
Sindical provincial un informe sobre la propiedad de los “tres marqueses de
Valdeguerrero”, que eran el marqués de Melgarejo y su familia, además de los
campesinos que podrían verse beneficiados por una distribución de esa
propiedad. Después de varios años sin noticias sobre el asunto, la Hermandad Sindical
de Ganaderos y Labradores de Vara del Rey redactó, en 1953, un informe sobre la
situación en el pueblo:
Allí vivían seiscientas familias en cuyo
término municipal las tres cuartas partes son propiedad de los Sres. Marqueses
cuyo nombre no procede al caso… Las tierras están abandonas de su necesario
laboreo, muchos jóvenes deben abandonar por esta causa la patria chica… y presentan
como solución que le Instituto Nacional de Colonización adquiera esas tierras y
obligue a dar en arrendamiento esas fincas a la población que lo solicite.
En el mismo año se celebró una reunión de la Sección Social del pueblo donde
se dijo lo siguiente: su término
municipal viene a tener unas doce mil hectáreas, que en su casi totalidad
pertenecen solo a tres propietarios y de las cuales más de la mitad
corresponden al Marqués de Melgarejo. La propiedad de este señor comprende las
tierras de mejor calidad, dándose sin embargo el caso de ser las que menos
producen, debido ello a su inadecuada explotación, ya que tan solo se ocupa de
simular su cultivo para evitar posibles intervenciones.
Más informes se produjeron en los próximos
meses: un pueblo con unos 200 obreros eventuales de los cuales 120 permanecen
parados la mayor parte del año, además de denunciar las rentas abusivas por la
tierra cedida en arrendamiento por parte de Melgarejo, y una denuncia por
incumplimiento de los salarios mínimos fijados por el Ministerio de Trabajo. Un
informe termina proponiendo que se convierta en regadío una parte de las fincas
mencionadas para después ser objeto de colonización.
Según C. Barciela[2],
como resultado de la política de precios agrícolas del régimen franquista entre
1939 y 1953, hubo una caída de la producción, ya que los precios pagados por el
Estado no eran suficientemente remuneradores. Al mismo tiempo apareció un
amplio mercado negro, dada la baja elasticidad de la demanda de muchos
productos básicos. Las posibilidades económicas de esta situación dependían
principalmente de dos factores: la ocasión de vender trigo en el mercado
negro y la estructura de la propiedad. En la provincia de Cuenca la producción
de trigo fue bastante más grande que el consumo local, tanto antes como después
de la guerra civil, y al mismo tiempo había relativamente pocos latifundios en
la provincia, aunque la situación no era homogénea: en La Mancha, que ocupa la mitad
sur de la provincia, había más campesinos empresarios que en la Alcarria y la Sierra, la mitad norte.
El Estado establecía un cupo forzoso de
producción a cada propietario, pero estos difícilmente podían cumplir con él
debido a varias causas: meteorológicas (Casasimarro y Arcas), la necesidad de
semillas y la falta de piensos para los animales (Villanueva de la Jara), sequía y falta de
fertilizantes (Belmonte), que una parte de la tierra pertenecía a personas que
vivían en otros municipios (Quintanar del Rey), que no se producía lo
suficiente para el consumo del pueblo (Cañete), que la cosecha no había dado
beneficios (Iniesta)…
Las protestas de los campesinos y el
incumplimiento con el cupo asignado llevaban a multas que, en ocasiones, las
autoridades provinciales perdonaban, conscientes de las necesidades reales que
en las altas esferas del Estado se ignoraban.
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