España y los papas

Pio IX recibe a los expedicionarios españoles en Gaeta 

La implantación del liberalismo en España no contó con la aprobación de los papas, pero las tiranteces entre la monarquía española y los papas habían existido ya con anterioridad; no porque dicha monarquía faltase a la fe católica, sino porque no siempre satisfizo las aspiraciones materiales de la Iglesia.

Gregorio XVI, que asistió al desarrollo de la guerra civil española de 1833 y luego al liberalismo borbónico y esparterista, no pasó ni una al régimen español y no lo reconoció, por lo que los gobiernos de la década moderada se esforzaron para que un país de católicos fuese reconocido por los papas, pero esto solo será posible con el siguiente, Pío IX, que firmó un Concordato muy beneficioso para la Iglesia en 1851. Vicente Cárcel Ortí señala que la política papal estuvo condicionada por la posición respecto del liberalismo del imperio austríaco, además de por Rusia y Prusia. El primer imperio citado garantizaba las posesiones territoriales de la Iglesia en Italia en momentos en que los deseos de unificación habían comenzado. Por otra parte las cortes de Turín y Nápoles habían reconocido al pretendiente Carlos de Borbón a la corona de España. Por ello España no reconoció al nuevo nuncio, Luigi Amat y se desencadenó una campaña anticlerical que tuvo manifestaciones violentas en varios lugares de España, llegando al asesinato de frailes en Madrid. El embajador en el Vaticano, Pedro Gómez Labrador, fue cesado.

Vicente Cárcel Ortí considera que la ruptura fue unilateral por parte de la Iglesia (1). La guerra en España, las desamortizaciones de bienes del clero y la restauración de la Constitución de Cádiz en 1836 favorecieron este rompimiento, en el que tuvo un papel destacado el Secretario de Estado Lambruschini, que veía en el gobierno de Madrid el influjo de las sociedades secretas. Durante la regencia de Espartero se decretó la suspensión del Tribunal de la Rota, el destierro del obispo de Canarias y la deposición de muchos párrocos en Granada, A Coruña y Ciudad Real. La nunciatura fue cerrada a finales de 1840 y uno de sus funcionarios expulsado de España.

El papa Gregorio XVI condenó, en 1841, la “violación manifiesta de la jurisdicción sagrada y apostólica, ejercida sin contradicción en España desde los primeros siglos”. Entonces se llegó, por parte del gobierno español, a un intento de ruptura con Roma para formar una “Iglesia española cismática”, dado que la influencia inglesa fue notable durante la regencia esparterista. Las sedes vacantes empezaron a aumentar y el gobierno no satisfizo los haberes del clero. Los intentos de restaurar las relaciones entre Estado e Iglesia chocaron con la negativa del papa, que también mantenía conflictos abiertos con los gobiernos inglés y prusiano. En 1841 el moderado Joaquín Francisco Pacheco pidió en las Cortes la apertura de negociaciones con Roma, pero Espartero decidió seguir con la desamortización de bienes del clero, ahora secular, independientemente de aprobarse una ley de dotación del culto y clero. El pronunciamiento militar de 1843, de signo moderado, acabaría cambiando las cosas.

El gobierno presidido por González Bravo autorizó el regreso de los obispos exiliados o huidos y la reapertura del Tribunal de la Rota, pero ello no fue suficiente para que el papa variase su conducta, que exigió de España la suspensión de la venta de bienes eclesiásticos y que el clero no estuviese obligado a jurar la Constitución de 1837. Poco después el gobierno decidió la suspensión de los bienes del clero secular, de forma que volvieron a propiedad de la Iglesia los que no se habían vendido, pero nada se dijo sobre los del clero regular. Esto hizo que en 1845 La Iglesia reconociese al régimen de Isabel II por medio de un acuerdo negociado entre aquella y el representante del Estado, Castillo y Ayensa, renovándose todos los acuerdos anteriores a la muerte de Fernando VII, pero el gobierno no ratificó tal acuerdo, debiendo esperarse al año 1847.

La elección de Pío IX como papa coincidió con una amplia amnistía concedida por el gobierno español, que permitió la vuelta a España de muchos liberales y en 1847 llegó a España el representante pontificio Brunelli, pero el gobierno presidido por García Goyena no facilitó las cosas al ordenarse de nuevo la venta de bienes eclesiásticos. La vuelta de Narváez el gobierno sí que puso los medios para llegar a acuerdos con el Vaticano, mientras Austria, Prusia y Nápoles habían reconocido a Isabel II. El nuncio Brunelli negoció un concordato que seria aprobado en 1851, aprovechando la llegada al gobierno de Bravo Murillo, la derecha del moderantismo español. Pero el concordato, de cuarenta y seis artículos, no reconcilió del todo a la Iglesia con el Estado, a pesar de las ventajas que se reconocieron a aquella: la unidad católica de España quedó afirmada con gran escándalo de los liberales progresistas, demócratas y republicanos; la enseñanza de la doctrina católica debería impartirse en todas las universidades, colegios, seminarios y escuelas de cualquier clase, bajo la vigilancia de los obispos. Se renovó el patronato regio y se reconocieron las desamortizaciones como irreversibles.

Durante el bienio progresista, la reina se negó a firmar una nueva ley desamortizadora por la intervención de monseñor Franchi, encargado de negocios del Vaticano, pero ante la presión del gobierno la reina terminó firmando la ley. El gobierno adoptó medidas persecutorias y restrictivas contra los obispos y eclesiásticos que mayor oposición demostraban al régimen y desterró a sor Patrocinio, acusada de intrigas palaciegas. Las repercusiones de la nueva ley para la Iglesia fueron enormes y esta ordenó el retiro de su representante, quedando la nunciatura cerrada hasta la llegada de monseñor Simeoni en 1857. En embajador Pacheco abandonó Roma. A diferencia de la de Mendizábal, la desamortización de Madoz no fue violenta. Con el cambio de gobierno en 1856 la normalidad entre la Iglesia y España se impuso, dándose nuevos favores, privilegios y exenciones para aquella.