miércoles, 10 de agosto de 2016

Una autoridad venal en el siglo XVI

Podríamos hablar de cientos o de miles, en un siglo o en otro, en cualquier país. El ejercicio del poder público ha estado mezclado, frecuentemente, con abusos y enriquecimientos a favor de los titulares de la autoridad.

Durante el reinado de Felipe II de España fue virrey de Sicilia Marco Antonio Colonna, que tuvo que vérselas con las autoridades inquisitoriales en la isla, así como con otras en la Corte de Madrid, con cierta nobleza que en ocasiones constituyó su clientela y en otras su oposición. En 1578 –según un estudio de Manuel Rivero Rodríguez (1)- comenzó a ser visible el distanciamiento entre el virrey y quienes habían sido sus valedores en la Corte. Colonna parecía mostrar poco interés por los beneficios y prebendas que pudieran obtener sus amigos en Sicilia, lo que llevaría a la oposición de estos. El duque de Medina de Rioseco se enfadó con el virrey porque este le había prometido unas rentas del ducado pero fueron para un familiar de este, Pompeo Colonna. La ruptura con el secretario real, Mateo Vázquez, vino porque las rentas de la abadía del Parco, que este ambicionaba, fueron concedidas a un hijo del virrey.

Aquello funcionaba según las alianzas y enemistades que se producían según los intereses personales de cada uno de los nobles y/o funcionarios del rey, tanto en España como en Sicilia y los otros virreinatos de la época. La Corte española –dice Manuel Rivero- estaba altamente desarrollada en la técnica administrativa, pero convivía con formas de articulación del poder básicamente patrimoniales. Los ministros y servidores de Felipe II actuaban como filtro entre él y la realidad en un nivel muy cercano al valimiento. Así lo manifestó el cronista Carvajal: “no sabía ni entendía nada el Rey, porque todo se lo decían de otra manera de cómo pasaba”.

El sistema –dice Manuel Rivero- favorecía la formación de facciones en las que se mezclaban los intereses privados con los negocios oficiales. Los nobles, virreyes, inquisidores y corporaciones de Sicilia mantenían agentes en Madrid que velaban por los intereses de unos y otros. El virrey Colonna mantuvo un largo contencioso con las autoridades de la Inquisición: “Los inquisidores de España son temidos y respetados… por el favor y poder que V. M. les da con la jurisdicción temporal, de lo que se deduce que si falta la una falta la otra” (la espiritual).

La muerte por envenenamiento del marqués de Giuliana en 1579 llevaron las sospechas sobre la autoría a su esposa, hermana del duque de Terranova (Carlo d’Aragona) y Colonna empezó una investigación que terminaría en nada. D’Aragona utilizó toda su influencia ante el virrey Colonna para que el crimen quedase sin castigo, pero este continuó adelante con la investigación, lo que colocó al duque de Terranova, en adelante, contra el virrey, por lo que este decidió el traslado del duque a España (era comandante de las galeras del reino de Sicilia). Pompeo Colonna, primo del virrey, aprovechó entonces para hacer negocio y cargó tanto las naves con mercancías de contrabando que naufragaron cerca de Nápoles, pero el virrey obstaculizó todo intento de acción penal contra Pompeo.

En los interrogatorios de una visita realizada por funcionarios reales a Sicilia, se puso de manifiesto una reiterada protección del virrey a los miembros de su familia y a su clientela, y aún el propio Colonna utilizó su cargo público para favorecer sus actividades privadas e incluso para delinquir a su amparo.

El barón de Scaletta fue indultado (había sido condenado por sodomía) por influencia de la hermana del virrey, y Vicenzo de Espuches, negociante con los litigantes, tenía el apoyo de Gerónima Colonna a cambio de dinero. Colaboradores del virrey como Gambacurta, presidente de la Sacra Conciencia, y Cifontes, presidente de la Gran Corte, también participaron en asuntos similares. Los miembros del Tribunal del Patrimonio contrabandeaban con tal impunidad que se sospechó se habían cohechado tribunal y virrey en estos negocios. La práctica del gobierno de Colonna fue similar a la de sus predecesores y eran admitidas como algo inherente al ejercicio del poder.

En realidad la nobleza, o parte de ella, tenía hábitos delictivos arraigados: en 1579 la Gran Corte instruyó diligencias contra el conde de Homiso, Gaspar de Naselis, por perpetrar asaltos, saqueos y secuestros para pedir rescate en las tierras de Homiso, Ragossa, Scilli y en el condado de Módica, entendiéndose que se podía emprender una acción judicial en su contra porque como señor de vasallos era oficial Real. También el conde de Assaro fue procesado y condenado en 1581 por delitos cometidos en tanto que barón, es decir, oficial del Rey. Igual el barón de Milistello en 1582 y Martín Timpanaro, barón de Casteluzzo, condenado por encontrársele bandido.


(1)  “Corte y ‘Poderes provinciales’: el virrey Colonna y el conflicto con los Inquisidores de Sicilia”, Cuadernos de Historia Moderna, número 14, Madrid, 1993.

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