Podríamos hablar de
cientos o de miles, en un siglo o en otro, en cualquier país. El ejercicio del
poder público ha estado mezclado, frecuentemente, con abusos y enriquecimientos
a favor de los titulares de la autoridad.
Durante el reinado
de Felipe II de España fue virrey de Sicilia Marco Antonio Colonna, que tuvo
que vérselas con las autoridades inquisitoriales en la isla, así como con otras
en la Corte de Madrid, con cierta nobleza que en ocasiones constituyó su
clientela y en otras su oposición. En 1578 –según un estudio de Manuel Rivero
Rodríguez (1)- comenzó a ser visible el distanciamiento entre el virrey y
quienes habían sido sus valedores en la Corte. Colonna parecía mostrar poco
interés por los beneficios y prebendas que pudieran obtener sus amigos en
Sicilia, lo que llevaría a la oposición de estos. El duque de Medina de Rioseco
se enfadó con el virrey porque este le había prometido unas rentas del ducado
pero fueron para un familiar de este, Pompeo Colonna. La ruptura con el
secretario real, Mateo Vázquez, vino porque las rentas de la abadía del Parco,
que este ambicionaba, fueron concedidas a un hijo del virrey.
Aquello funcionaba
según las alianzas y enemistades que se producían según los intereses personales
de cada uno de los nobles y/o funcionarios del rey, tanto en España como en
Sicilia y los otros virreinatos de la época. La Corte española –dice Manuel
Rivero- estaba altamente desarrollada en la técnica administrativa, pero
convivía con formas de articulación del poder básicamente patrimoniales. Los
ministros y servidores de Felipe II actuaban como filtro entre él y la realidad
en un nivel muy cercano al valimiento. Así lo manifestó el cronista Carvajal:
“no sabía ni entendía nada el Rey, porque todo se lo decían de otra manera de
cómo pasaba”.
El sistema –dice
Manuel Rivero- favorecía la formación de facciones en las que se mezclaban los
intereses privados con los negocios oficiales. Los nobles, virreyes,
inquisidores y corporaciones de Sicilia mantenían agentes en Madrid que velaban
por los intereses de unos y otros. El virrey Colonna mantuvo un largo
contencioso con las autoridades de la Inquisición: “Los inquisidores de España
son temidos y respetados… por el favor y poder que V. M. les da con la
jurisdicción temporal, de lo que se deduce que si falta la una falta la otra” (la
espiritual).
La muerte por
envenenamiento del marqués de Giuliana en 1579 llevaron las sospechas sobre la
autoría a su esposa, hermana del duque de Terranova (Carlo d’Aragona) y Colonna
empezó una investigación que terminaría en nada. D’Aragona utilizó toda su
influencia ante el virrey Colonna para que el crimen quedase sin castigo, pero
este continuó adelante con la investigación, lo que colocó al duque de
Terranova, en adelante, contra el virrey, por lo que este decidió el traslado
del duque a España (era comandante de las galeras del reino de Sicilia). Pompeo
Colonna, primo del virrey, aprovechó entonces para hacer negocio y cargó tanto
las naves con mercancías de contrabando que naufragaron cerca de Nápoles, pero
el virrey obstaculizó todo intento de acción penal contra Pompeo.
En los
interrogatorios de una visita realizada por funcionarios reales a Sicilia, se
puso de manifiesto una reiterada protección del virrey a los miembros de su
familia y a su clientela, y aún el propio Colonna utilizó su cargo público para
favorecer sus actividades privadas e incluso para delinquir a su amparo.
El barón de
Scaletta fue indultado (había sido condenado por sodomía) por influencia de la
hermana del virrey, y Vicenzo de Espuches, negociante con los litigantes, tenía
el apoyo de Gerónima Colonna a cambio de dinero. Colaboradores del virrey como
Gambacurta, presidente de la Sacra Conciencia, y Cifontes, presidente de la
Gran Corte, también participaron en asuntos similares. Los miembros del
Tribunal del Patrimonio contrabandeaban con tal impunidad que se sospechó se
habían cohechado tribunal y virrey en estos negocios. La práctica del gobierno
de Colonna fue similar a la de sus predecesores y eran admitidas como algo
inherente al ejercicio del poder.
En realidad la
nobleza, o parte de ella, tenía hábitos delictivos arraigados: en 1579 la Gran
Corte instruyó diligencias contra el conde de Homiso, Gaspar de Naselis, por
perpetrar asaltos, saqueos y secuestros para pedir rescate en las tierras de
Homiso, Ragossa, Scilli y en el condado de Módica, entendiéndose que se podía
emprender una acción judicial en su contra porque como señor de vasallos era
oficial Real. También el conde de Assaro fue procesado y condenado en 1581 por
delitos cometidos en tanto que barón, es decir, oficial del Rey. Igual el barón
de Milistello en 1582 y Martín Timpanaro, barón de Casteluzzo, condenado por
encontrársele bandido.
(1) “Corte y ‘Poderes provinciales’: el virrey Colonna y
el conflicto con los Inquisidores de Sicilia”, Cuadernos de Historia Moderna,
número 14, Madrid, 1993.
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