Sin tener en cuenta las
reformas llevadas a cabo durante la II República española, muy breves en su
vigencia, la gran revolución que se dio en España fue la llevada a cabo por los
liberales durante un siglo aproximadamente; ello sin perjuicio de que a la
palabra revolución se le dé un sentido positivo o no.
La primera fase del
proceso desamortizador durante los años treinta del siglo XIX fue la
exclaustración, que eliminó de forma radical las comunidades religiosas cuyos
bienes fueron incautados y vendidos[i].
Habiendo precedentes, sobre todo durante los reinados de Carlos IV y José
Bonaparte, así como durante el trienio liberal, la ruina definitiva de las
órdenes religiosas se consuma durante la regencia de María Cristina de Borbón.
Los sucesivos gobiernos de Martínez de la Rosa, el conde de Toreno y
Mendizábal, son los que han hecho la obra legislativa desamortizadora, una vez
se pusieron en venta los bienes de la Iglesia o se les dio otro uso distinto
del que tenían.
En 1834 se ordenó la
supresión de todos los conventos en los que al menos una sexta parte de sus
miembros se hubiese unido a la “facción”, es decir, colaborado con los
carlistas, o se hubiesen fabricado armas en ellos, o hubiesen albergado juntas
subversivas. En el mismo año se publicó un decreto por el que los novicios
serían reclutados para prestar servicio de armas y, poco después, se publicaron
dos decretos creando una Real Junta Eclesiástica para la reforma del clero, que
tenía carácter consultivo, formada por prelados de tendencias liberales, y se
prohibió la admisión de novicios en todos los conventos y monasterios.
En el mismo año se
ordenó la supresión de todos los conventos situados en descampado en las provincias
de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, pues se les consideró amparo de las
partidas carlistas. En 1835 se suprimió la compañía de Jesús y se ordenó la
supresión de todos los conventos que no tuviesen, al menos, doce religiosos, cuyos
individuos debían ser instalados en otros conventos; de esta manera se
confeccionó una lista de los monasterios y conventos a suprimir, 892. En el
mismo año se ordenó la devolución a sus compradores de los bienes de los
conventos desamortizados en el “trienio”, y los conventos que se quedasen sin
rentas para sostenerse, los prelados debían instalar a los individuos en otros,
quedando los primeros suprimidos.
También en 1835 se fue
más allá suprimiendo todos los monasterios, así como los de los canónigos
regulares y premonstratenses[ii],
legalizando las exclaustraciones llevadas a cabo “de facto” por autoridades
subalternas. En 1836 se declararon en estado de venta todos los bienes de las
comunidades religiosas suprimidas o que lo fueran en el futuro. También se
suprimieron todas las casas de religiosos varones, con la excepción de tres
colegios en los que se formaba a los misioneros con destino a Asia (en
Valladolid, Ocaña y Monteagudo[iii]),
así como las casas de los escolapios[iv] y
las de los hospitalarios de San Juan de Dios.
En 1837 las Cortes
aprobaron la ley que contenía las disposiciones anteriores: extinción de todas
las casas religiosas, quedando autorizados interinamente a seguir prestando
beneficencia y enseñanza los no suprimidos, pero ya no como comunidades
religiosas, pasando esas casas a depender del Gobierno. En cuanto a las
religiosas, aunque suprimidas legalmente, podrían permanecer en su género de
vida si lo deseaban, sometidas a la autoridad del obispo correspondiente
siempre que cada casa contase con, al menos, doce monjas.
Vizuete Mendoza, que ha
estudiado el caso de la provincia de Toledo[v],
constata que algunos de los edificios incautados tuvieron distintos destinos:
en el claustro de San Juan de los Reyes se estableció una escuela municipal y el
templo se convirtió en parroquia; el convento de la merced fue acondicionado
como presidio (sería demolido en 1882 para edificar el palacio de la Diputación
provincial); la casa de los jesuitas fue destinada a oficinas del Estado; otro
convento fue destinado a cuartel y su iglesia convertida en parroquia; un
convento fue destinado a Seminario diocesano; el de los franciscanos se
convirtió en cuartel de la Guardia Civil; el de los dominicos se destinó a
cuartel, mientras que la iglesia y el claustro albergaron los tesoros
artísticos dependientes del Estado, pasando en 1846 a manos de la Diputación
provincial. El destino más común, dice Vizuete, fue la demolición de los edificios
religiosos, bien para reutilización de los materiales de construcción, bien
para edificación sobre sus solares.
La misma política se
llevó a cabo en Talavera de la Reina y Ocaña, donde algunos edificios
religiosos se destinaron a dependencias municipales. En Illescas la casa de los
franciscanos se podría haber destinado a cárcel municipal[vi],
al igual que el convento de los franciscanos de Madridejos.
Los religiosos se
dispersaron pero el Estado les asignó pensiones reducidas, que dejarían de
cobrar si obtenían algún empleo, eclesiástico o no, o “si venían a mejor
fortuna”. Los coristas y legos fueron también pensionados, pero solo durante
dos años como máximo, tiempo que se consideró suficiente para que encontrasen
alguna forma de ganarse la vida. La legislación aprobada en 1836 estableció
pensiones diarias de cinco reales para los ordenados “in sacris” y tres para
los que no lo estaban, lo que obligó a confeccionar un registro de los
exclaustrados en cada una de las provincias.
En los períodos de
gobiernos conservadores a partir de 1843, con alguna excepción, siguieron con
la política desamortizadora, acentuándose durante y tras el “bienio progresista”
de 1854-1856. El espíritu ilustrado había calado en los liberales del siglo
XIX, más en unos que en otros, además de que se vio una fuente de ingresos para
el Estado y la necesidad de dar utilidad a muchos bienes que estaban
amortizados. La mentalidad con la que se llevó a cabo todo el proceso es la de
propietarios o representantes de esos intereses, pues proyectos como el de
Flórez Estrada, por ejemplo, quedaron en el olvido.
Hoy sabemos que nobles
con recursos, comerciantes, clérigos, abogados, militares, otro personal urbano
e incluso campesinos acomodados, adquirieron bienes desamortizados, pero el
drama humano que sufrieron no pocas personas fue evidente. Cabe pensar que
muchos de los exclaustrados no vieron con malos ojos su pase a la vida laical,
aunque no así otros. El rearme neocatólico de España, durante el régimen de la
Restauración monárquica, volvió a poner a la Iglesia en situación ventajosa, a
pesar de los conflictos con el poder civil.
De los estudios realizados por diversos historiadores se deduce que no hubo intención antirreligiosa en los gobernantes desamortizadores (eran católicos), sino que estuvieron convencidos de que el clero regular no cumplía función útil que compensase la enorme masa de bienes que poseía. La prueba está en que muchas iglesias conventuales se convirtieron en sedes parroquiales y se crearon centros para la formación del clero.
[i] J. Carlos Vizuete Mendoza.
[ii] La mayoría de los regulares eran agustinos y los premonstratenses deben el nombre a su origen en la abadía de Prémontré, en el norte de Francia.
[iii] Norte de la provincia de Murcia.
[iv] Solían dedicarse a la enseñanza.
[v] El coste humano de la desamortización…”.
[vi] El Ayuntamiento se opuso, pues fue partidario de construir una nueva cárcel sobre el solar de la antigua, por lo que posteriormente el edificio de los religiosos fue vendido.
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