lunes, 29 de junio de 2020

Demagogia y atraso en el campo castellano

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Entre 1914 y 1920 el precio medio anual de la fanega de trigo en Valladolid creció sin pausa: de algo más de doce pesetas pasó en el último año citado a 27. Pero desde éste hasta 1923 se produjo un descenso del precio hasta quedar reducido a 18 pesetas. El caso de Valladolid quizá no sea suficiente para explicar todo el problema de la agricultura norcastellana española, pero sí es un buen ejemplo a tener en cuenta si consideramos que el precio subió en la medida en que Europa estaba en guerra y la demanda de cereal era alta, mientras que esto ya no ocurrió al acabar el conflicto armado.

Se ha dicho que durante muchas décadas ha habido una permanente lucha entre los intereses de la burguesía industrial (catalana y vasca fundamentalmente) y los de los propietarios agrarios (grandes, pequeños y medianos) fundamentalmente castellanos. Estos se oponían a la importación de cereales, mientras que aquellos exigían la rebaja del arancel triguero para que las subsistencias no aumentasen su precio,  una de las causas del aumento del valor de la fuerza de trabajo. Los sucesivos gobiernos españoles, en las fechas citadas, temieron una crisis de subsistencias, decretando la prohibición de exportar productos de primera necesidad (agosto de 1914): carbones y minerales, oro y plata amonedados, ganados, trigo, maíz y otros[i]. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda dispuso la exención temporal de derechos de aduana sobre trigos y harinas de trigo, reduciendo la tasa a pagar por la importación, mensualmente, una peseta por cada peseta que aumentase el precio del trigo producido en España.

Las poderosas uniones patronales impusieron su ley, de forma que cuando Santiago Alba, ministro de Hacienda, presentó un proyecto en 1916 estableciendo una contribución directa sobre los beneficios extraordinarios de guerra, como se había hecho en Rusia, Italia, Gran Bretaña y otros países, la patronal vasca y catalana orquestaron una campaña de tal magnitud que a principios de 1917 lograron fuese retirado tal proyecto. Por su parte la patronal agraria castellana supo instrumentalizar al campesinado (muchos pequeños agricultores trabajaban sus propias tierras), proponiendo en sucesivas asambleas reducir la superficie cultivada. En 1918 la Liga Agraria planteó la idea de reducir la siembra en un 75 por ciento.

Pero el alza de los productos alimenticios, como hemos visto para el caso del trigo al principio de éste resumen, no cesó y, tras la crisis de 1917, que llevó a una huelga general, se impuso un intervencionismo estatal más activo. En el verano del año citado se crearon los sindicatos harineros, encargados de comprar todo el trigo necesario para las fábricas de su provincia.

Como en Castilla la Vieja el predominio era de pequeños y medianos agricultores, y no de jornaleros como en el sur, los dueños de las explotaciones agrarias (grandes, medianos y pequeños) exigían el ultraproteccionismo para sus productos, cayendo en la contradicción de que ese mismo proteccionismo lo negaban a los grandes industriales. Lo cierto es que la agricultura española, en la época que aquí se habla, estaba atrasada, el tipo de cultivo la condicionaba así como su baja capitalización, tecnificación y modernización. Esta burguesía agraria (si es que vale la expresión, porque muchos propietarios vivían en la ciudad) tenían sus voceros, uno de ellos el periódico vallisoletano “El Norte de Castilla”. A tal situación se llegó que en 1920 el Gobierno estableció un nuevo régimen de compra disponiendo la posibilidad de incautarse de las cosechas a quienes no cedieran el trigo al precio de 56 pesetas el quintal.

El periódico citado criticó la “protección arancelaria enorme” que favorecía a la industria catalana, y se expresaba en términos de “agresión inaudita” para los intereses agrarios, y durante 1921 se intensificó la oposición de estos a los gobiernos, que por si no tuviesen pocos problemas empezaron a ser de concentración, es decir, sin programas definidos. Una asamblea de agricultores celebrada en Roa (Burgos) en el año citado, pidió el cese del Gobierno y la libre exportación de trigo (si ello se permitiese sería muy probable el desabastecimiento del país, con la consiguiente subida del precio). En Palencia, el mismo año, otra asamblea contó con la presencia de la Federación de Sindicatos Católicos, factor ideológico que mantenía buen control sobre el mundo agrario a favor de los más conservadores. En otra asamblea celebrada en Burgos siguieron las peticiones del mismo signo y los agricultores de Peñafiel acordaron declarar una huelga de contribuyentes si no se cumplían sus demandas.

En 1922 se aprobó un nuevo arancel, coincidiendo con la caída de las cotizaciones del trigo, lo que levantó una oleada de indignación agraria en Castilla la Vieja. “El Norte de Castilla” habla de “los plutócratas catalanes y algunos más diseminados por España. Cambó ha realizado ya su obra… A Cambó ¿qué le importa España?", en lo que se nota la oposición a la cultura industrial pero también a los sentimientos particularistas de un sector de la población de Cataluña.

Una asamblea de Cámaras Agrícolas llega a hablar en Valladolid de “la injusticia e ilegalidad del arancel de aduanas” (es evidente que no podía ser ilegal algo que no fue declarado como tal por tribunal de justicia alguno). La Asociación de Agricultores de España proclamó en esas fechas que “al obrero del campo español le tiene condenado nuestra industria textil a ser un harapiento”. Bien sabemos que no era esa la causa de la pobreza de los pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros y braceros.

Una conferencia en Burgos de las Diputaciones castellanas pidió “resoluciones radicalísimas”, además de la colaboración a todos los labradores, Ayuntamientos y elementos sociales. Se pedía la fijación de 15 pesetas oro para el quintal métrico de trigo importado como tarifa mínima, además de la reducción en todo lo posible de los derechos de importación para abonos, maquinaria, etc. (proteccionismo para una cosa, librecambismo para la otra). La presión alcanzó cotas tan altas[ii] que el Gobierno decretó la prohibición de entrada en la Península e Islas Baleares de trigos y harinas extranjeros mientras no se diesen determinadas circunstancias.



[i] Carlos Hermida Revillas, “Coyuntura económica y movilización campesina…”.
[ii] Según Hermida Revillas, en cuyo trabajo citado arriba se basa el presente resumen.

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