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Un estudio de Mercedes
Vázquez Bertomeu pone de manifiesto que el conocimiento que tenemos sobre las
sedes eclesiásticas de Galicia durante la Edad Media sigue siendo bastante
impreciso[i].
Así –dice la autora citada- se suele tomar como referencia la geografía
administrativa reciente, a la que hay que aplicar criterios correctores como
las parroquias de nueva creación y otros. Una lectura sobre las visitas
diocesanas procedentes del siglo XVI y de textos como las memorias del
arzobispado de Santiago, de Jerónimo del Hoyo, ayudan algo porque aportan datos
sobre advocaciones, circunscripciones parroquiales y oratorios hoy
desaparecidos.
Vázquez Bertomeu ha
estudiado la documentación relacionada con el cobro de la décima o subsidio del
clero, que afectó a la casi totalidad de las personas e instituciones
eclesiásticas. Las rentas procedentes de los bienes y derechos propiedad de
distintas instituciones eclesiásticas –dice- estuvieron sujetas, sobre todo a
partir del siglo XIV, a tributación fiscal en beneficio de la Cámara Apostólica
(inicialmente) y más tarde de manera casi general y obligatoria también del
tesoro real. En un proceso lento pero de creciente alcance se van ampliando el
número de contribuyentes, las razones de la tributación y la complejidad de los
procesos y personas implicadas.
Para la décima, el canon con
más contribuyentes, los papas Gregorio VII y Bonifacio VIII establecieron de
modo preciso el cauce de la tributación a la que estaban sujetos todos los que
disfrutaban de algún patrimonio eclesiástico, aunque existían excepciones: los
hospitales y casas para pobres y enfermos (incluyendo la Orden Hospitalaria
de San Juan de Jerusalén), religiosos que vivían de la limosna y la predicación
(órdenes mendicantes) y los clérigos seculares cuyos ingresos fueran inferiores
a 7 florines anuales. En 1301 el papa Bonifacio otorgó un edicto sobre el tema
en el que con precisión y detalle se desglosó el modo en que se realizaría el
cálculo y el tipo de ingresos que se computaban (por ejemplo, cómo debían valorarse
los procedentes de las pesquerías o los prados) y cuáles no habían de ser
tenidos en cuenta (como lo gastado en el sustento de la comunidad monástica o
en la reparación de las iglesias y otras edificaciones). Dispuso también que el
pago debía realizarse en dinero de la moneda común de la tierra, las penas en
las que incurrirían quienes se resistiesen o cometiesen fraude y cómo debía
conducirse el colector.
Se establecieron, así
mismo, dos vías para reducir la cantidad a pagar en cada beneficio: a priori
sobre una estimación de los ingresos anuales; a posteriori sobre el valor real
de lo percibido. La actividad de los colectores apostólicos en el reino
castellano es conocida, sobre todo, a partir del período de Aviñón, cuando todo
éste engranaje administrativo comenzó a tomar cuerpo y a ganar en eficacia,
aunque según todos los indicios, su experiencia distó mucho de ser
satisfactoria. Las diócesis gallegas quedaron incluidas en la colectoría del
norte del reino, situada en Burgos.
En el caso castellano
–dice Vázquez Bertomeu- los ingresos del clero aparecen desde muy pronto como
objeto de apetencia de los oficiales de la Corona. Si bien existen datos
anteriores, este proceso de fiscalización de los ingresos eclesiásticos por la
Corona tuvo lugar entre 1252 y 1369, momento en el cual el modelo impositivo
está plenamente configurado. Los impuestos más importantes son las tercias
reales, las décimas y subsidios y, sobre todo a partir del siglo XV, la
Cruzada. El primer precedente claro de esta desviación en beneficio de las
arcas regias es la concesión por parte de Inocencio IV a Fernando III de la
sexta parte de las rentas decimales percibidas en el reino, es decir, las
tercias reales que acabarán siendo renovadas anualmente según un ingreso
estable de la hacienda real.
La décima, tasa
esporádica equivalente a la décima parte de los ingresos eclesiásticos
destinada a sufragar los gastos pontificios generados por la guerra en Tierra
Santa, acabará siendo un ingreso corriente y estable del tesoro real castellano
(se justifica por la lucha contra el infiel).
Las expansivas
necesidades financieras de la Hacienda real hacen inevitable el recurso a los
ingresos beneficiales por la vía de los préstamos y pedidos especiales, pero
esta creciente presión acabó generando malestar entre los eclesiásticos del
reino que, como respuesta, se juntaron cada vez con mayor frecuencia en reuniones
y asambleas donde la tributación es el punto importante. Estas asambleas en las
que encontramos obispos y representantes de los cabildos castellanos, se erigirán
como interlocutores y mediadores para la colecta de esta tasa. Son ellas las
encargadas de negociar el monto final que debe aportar el clero a las arcas
papales y reales.
Volviendo atrás, las
primeras noticias sobre esto apuntan a que la décima es exigida de modo puntual
a algunas diócesis a través de sus prelados, aunque puede ser también –dice
nuestra autora- que el papado encomendase a uno o varios obispos de Castilla la
recaudación de esta tasa en un distrito o en todo el reino. Y, aunque la parte
que se llevaba el rey de lo recaudado es cada vez mayor, los agentes
pontificios siguen ejerciendo, lo que india que la recaudación local permanece
en manos de obispos y cabildos que pagan a los representantes reales y papales
la parte que les corresponde. Los colectores designados suelen ser canónigos de
los respectivos lugares, que abonan la cantidad correspondiente al colector
general o a sus agentes a través de representantes.
Aunque son muy escasas
las noticias sobre décimas y subsidios en Galicia, el arzobispo de Santiago, Berenguel de Landoira, aparece como ejecutor del cobro de la parte
pontificia del espolio de los bienes de Simón[ii],
obispo de Tui; la fiscalización de éste por parte del arzobispo bracarense o la
intervención conjunta del compostelano y el orensano –en 1354 por orden de
Inocencio IV- sobre los bienes de Don Álvaro de Biedma[iii],
fallecido en 1351.
La primera noticia
clara sobre el cobro de la décima es de 1278, cuando Nicolás III en carta
dirigida al obispo de Oviedo y recaudador de la décima –concedida al rey- en el
reino de Castilla, le conmina a no exigirla a los clérigos de los
arciprestazgos de Xanrozo y Abegondo, de la archidiócesis de Santiago, pues no
alcanzaban ese año sus ingresos las 7 libras mínimas requeridas. Consta la resistencia
compostelana –dice la autora- a entregar las décimas promulgadas en las
primeras décadas del siglo XIV y en 1312 Ramón Montrés, recaudador
pontificio, hubo de personarse en Santiago para obligar al pago. En 1318 el
sucesor de Montrés, Raimundo de Siena, se vio impelido a aceptar una
recaudación sobre la base de documentos que se le presentan, y cuya veracidad
puso en duda. La permanente dificultad de la recaudación se ve confirmada en
1336, cuando Benedicto XII manda al arzobispo que devuelva las cantidades
tomadas a ciertos eclesiásticos en beneficio de Tierra Santa.
Son mejor conocidas las
actuaciones de los colectores para el siglo XV, sobre todo en el caso de
Leonoro de Leonori (a partir de 1465), nuncio y colector que acudió al reino castellano
provisto de escritos que acreditan su condición, recibiendo también
instrucciones sobre un tema espinoso: conseguir la liberación de los prelados
de Santiago, Cuenca y Osma[iv].
Para el siglo XV la
autora aporta datos entre los años 1415 y 1494 (“décima y subsidio del clero”[v]):
en florines aragoneses aportados por las diócesis gallegas, la mayor parte
corresponde a la de Santiago, seguida de Ourense, Mondoñedo, Lugo y Tui.
[i] “Una
fuente para el estudio de la geografía eclesiástica de Galicia en la Baja Edad
Media”. En este trabajo se basa el presente resumen.
[ii] Fue
obispo de Tui entre 1324 y 1326. Antes lo había sido de Badajoz y, según Ávila
y la Cueva parece de origen portugués. Fue capellán del rey don Dionís,
predicador y confesor de la reina Isabel. Franciscano, nombró como obispo desde
Aviñón a los vicarios generales del obispado: sus familiares Celestino de
Verona y Menendo García. Su genealogía
en http://www.xenealoxiasdoortegal.net/ortegal/biedma.htm
[iii] Ver
“Don Álvaro Pérez de Biedma, un obispo guerrero en tiempos de Alfonso XI de
Castilla”, Ana Arranz Guzmán.
[iv] Alonso
de Fonseca y Acevedo, arzobispo de Santiago, se vio complicado en disputas
apoyando a su pariente Rodrigo Maldonado de Talavera, por lo que fue
encarcelado en el castillo de Vimianzo. Lope de Barrientos fue obispo de Cuenca
y colaborador de Juan II, pero se enemistó con Enrique IV. Pedro García de
Montoya, obispo de Osma, se vio complicado en el partido nobiliario contra
Enrique IV.
[v] Gravaba
alquileres y tierras propiedad de la Iglesia.
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