domingo, 23 de diciembre de 2018

Lucha de clases en Cataluña

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En mayo de 1640 tuvo lugar en Cataluña una gran revuelta popular que, tradicionalmente, se ha explicado por los alojamientos de tropas que los vecinos tenían que soportar a su paso hacia Francia y los excesos cometidos por los tercios que, procedentes del Rosellón, regresaban de la batalla de Salses[i]. La revuelta campesina comenzó en la comarca de la Selva[ii]. Pero no pocos historiadores, entre los que se encuentra Antoni Simon Tarrés[iii], consideran que aquella revuelta tuvo motivaciones claramente sociales, contra los señores, contra el fisco estatal, contra el control de las instituciones catalanas por la oligarquía.

El ejército, en efecto, era propagador de enfermedades y la guerra separaba a los campesinos de la tierra, pues no pocos eran llamados a filas. La guerra exigía el pago de impuestos extraordinarios que, en las modestas rentas campesinas, hacían estragos. En Cataluña la presencia de tropas, impuesta en 1626, se hizo habitual después de 1635. Dos años más tarde, con motivo de la campaña de Leucata (en la costa francesa, al norte de Perpiñán) se reclutaron hombres para cavar los fosos de asedio, lo que provocó un serio contratiempo para el campesinado catalán. Con la campaña de Salses, los cónsules de la villa de Camprodón (al norte de la actual provincia de Girona) aducen la imposibilidad de atender a nuevas demandas de dinero porque los vecinos abandonaban el lugar para evitar los tributos .

En 1657 se dio el caso de poblaciones (Sant Celoni) que llegaron a perder el 82% de sus habitantes, pero según Simon Tarrés, quedaron reducidas a la mitad o a dos terceras partes y fueron pocas en las que la pérdida poblacional solo fue del 10%. A las pérdidas económicas hay que añadir las humanas y en la primavera de 1640 las cosechas no se presentaban buenas, hasta el punto de que abundaron las plegarias para que lloviese.

Una epidemia de peste que amenazó el sur de Francia podría haber sido transmitida por soldados a su paso por Cataluña: según el conde de Santa Coloma se habían producido por esta causa 4.500 muertos entre la población civil del Rosellón. Con todos estos elementos se explica la violenta reacción campesina, aunque siga habiendo dificultad en distinguir las causas políticas de las sociales en la revuelta. El historiador al que sigo aquí dice que, en el siglo XVII, el campesinado no había llegado a un grado de cohesión necesario para dar respuesta al régimen señorial (base principal de las monarquías absolutas), y es cierto que hubo protestas contra la administración virreinal, encargada de cobrar tributos y oposición contra las instituciones autónomas.

Elliot ha sido el que antes ha señalado el doble carácter de revolución social y revuelta política en este fenómeno, pero en todo caso el levantamiento no fue unitario y mucho menos tuvo un carácter “nacional” como interesadamente se ha dicho por algunos apriorísticamente. Otra revuelta posterior, la de las barretines[iv], también tuvo motivaciones sociales en torno a 1688, pero estas formaron parte de un conjunto de movimientos que se dieron también en otras partes de Europa, destacando el caso de Francia.

La Sentencia Arbitral de Guadalupe, dada en la localidad extremeña por el rey Fernando II en 1486, vino a liberar a los campesinos de algunos abusos que sufrían por parte de los señores, pero dio a estos una nueva “estructura” que les permitió continuar con su situación privilegiada, una refeudalización. Por medio de esta sentencia se puso fin a las guerras sociales del siglo XV en Cataluña y se estableció un nuevo equilibrio en el campo catalán: hubo aspectos favorables a los remensas como la libertad personal, no poder ser expulsados de la explotación agraria (hacerse con el dominio útil de la tierra), los señores perdieron el control sobre la movilidad de los payeses y los “masos rònecs” (áreas abandonadas) pasaron a propiedad campesina. Pero la Sentencia reafirmó el régimen señorial de manera que los poderosos ejercieron una vigilancia efectiva sobre los fraudes que los campesinos cometían, particularmente en el pago al señor de las diversas deducciones sobre las cosechas. Se dieron, por tanto, nuevas condiciones de dominio para que el excedente producido quedase en manos señoriales.

En Cataluña –dice Simon Tarrés- los primeros cuarenta años del siglo XVII fueron de prosperidad y ello trajo consigo un aumento de la población, contrariamente a lo que estaba ocurriendo en otras partes de España, particularmente en Castilla (las dos mesetas). Sin embargo los ingresos señoriales de la catedral de Barcelona por arrendamientos en el término de Sentmenat y del Barcelonés-Bajo Llobregat sufrieron una regresión económica, sobre todo en lo referente al trigo. El autor al que sigo confirma que esto mismo se observa en los ingresos de los cabildos catedralicios de Girona y Tarragona.

El “mercado mundial” que se forma en el siglo XVI trajo consigo dificultades de adaptación por parte de las clases dirigentes, tendiendo en el caso de Cataluña al endeudamiento, como se comprueba por las concordias firmadas con los acreedores; los señores reaccionan ante esto y cargan sobre los campesinos dicho endeudamiento. Tras la Sentencia Arbitral de Guadalupe el poder de los señores es aún muy grande, como lo demuestran las horcas erguidas en sus terrenos, símbolo del poder judicial que ejercían, y de la misma forma se dio el intento de las clases bajas de salirse de la jurisdicción señorial para pasarse a depender directamente del rey. Los señores reducen la duración de los arriendos (en Cataluña y el resto de Europa), establecen rentas abusivas y vuelven a exigir el pago de derechos feudales que habían ido cayendo en desuso desde hacía tiempo.

En las ciudades se dan síntomas de crisis que son comunes a toda la economía española, pero los países de Europa occidental van por delante, en comercio y crédito, que los catalanes. Los gremios pierden importancia a favor de los miembros de dichos gremios que habían conseguido enriquecerse y se separaron de las formas gremiales para constituirse en capitalista más o menos reconocibles como tales. Esto se ve en Francia, Inglaterra, los Países Bajos y Génova. La actividad económica de comerciantes de estas nacionalidades en Cataluña provoca las protestas de los gremios locales, que consideran “intrusismo” dicha actividad. Debe tenerse en cuenta, además, que los gremios tenían muchas trabas legales que los capitalistas independientes evitan, consiguiendo además una concentración del poder económico en sus manos.

Simon Tarrés ha estudiado cómo entre 1600 y 1640 los productores textiles emigran de la ciudad al campo en busca de mano de obra barata y para evitar los impuestos municipales. Bajan entonces los salarios en las ciudades catalanas y se crea el caldo de cultivo para la revuelta, encontrándose precedentes en los motines de Barcelona de 1604 y 1631. Por su parte, los controladores del poder político catalán, que pueden importar trigo de Sicilia o de otras partes, especulan con él y hunden a los productores menores. La catedral de Barcelona hizo una ilegal competencia a la ciudad vendiendo pan rebajado de peso, lo que tuvo que ser condenado por la Corona. Lo que parece claro es que el juego de intereses entre mercaderes y comerciantes, que controlan las instituciones de gobierno de las ciudades catalanas, las aprovecharon en función de sus intereses…


[i] En la costa, frontera entre Cataluña y Francia, fue un episodio de la guerra de los treinta años.
[ii] Nordeste de la actual provincia de Barcelona.
[iii] “Catalunya en el siglo XVII. La revuelta campesina y popular de 1640”.
[iv] Por el gorro rojo que llevaban.

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