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| La antigua plaza Redonda de Valencia |
En un corto período de la
historia de España (finales del siglo XIX y principios del XX)) se puede
entrever la actitud de la Iglesia en varios aspectos que, tradicionalmente, le
han preocupado, particularmente durante uno de los gobiernos de Antonio Maura.
José Andrés Gallego[i] ha
estudiado la euforia que se dio en la
Iglesia de España durante el segundo lustro del siglo XX, lo que la llevó a
combatir el retraimiento electoral de los católicos, todo lo contrario de lo
que hubiera deseado: que no hubiese elecciones.
Desde los últimos años del siglo
XIX venían articulándose candidaturas “católicas”, que es lo mismo que decir
antiliberales: así observa el autor citado en las elecciones municipales de
1899 en Teruel, Castellón y Guipúzcoa. En las elecciones generales de 1901 se
formó en Navarra una candidatura de “unión de católicos” con carlistas,
alfonsinos e independientes. Ya en 1894, Julián Poy y Villarejo, en Valencia,
presentó como ensayos de movimiento electoral católico, una circular del obispo
de Salamanca de finales de 1893, y otra fechada en Ganada en marzo del mismo
año firmada por el marqués de las Torres de Orán. Luego se organizó la “Liga
Católica” en Alcoy.
Las exhortaciones a la
participación electoral de los católicos continuaron a principios del siglo XX,
máximo cuando la legislación religiosa del Gobierno de López Domínguez,
inspirado por el anticlerical Canalejas, provocó aquella reacción. En 1906 fue
una pastoral muy difundida del obispo de Guadix, donde se subrayaba la
obligación de votar en los comicios “incluso los clérigos… bajo pena de pecado
mortal”. Diversos escritos de protesta iban contra la circular de Romanones que
permitía el matrimonio civil de los católicos, sobre todo de varios obispos
entre los que destaca el de Tui.
El propio papa Pío X exhortó a
que “donde se preparan contra la religión planes nocivos, los católicos” deben
combatirlos. Es muy común en la jerarquía católica hablar de planes “contra la
religión” como si la católica fuese la única existente. La referencia al
proyecto de ley de asociaciones elaborado por el Gobierno de López Domínguez
para controlar los institutos de la Iglesia era una de las principales
preocupaciones para esta.
Llegando Maura al poder, el
integrista Nocedal pretendió una alianza entre conservadores y la extrema
derecha, lo que se había pergeñado ya en los años 90 del siglo XIX con Silvela
y el cardenal Cascajares, pero como este falleció en 1901 la cosa quedó en
nada. Con Maura, a pesar de su conservadurismo, también la Iglesia tuvo
diferencias: en aplicación de un reglamento de 1904 para el descanso dominical,
que no tenía en cuenta algunas fiestas litúrgicas y que afectaba a las
inmunidades de algunos institutos católicos, el cardenal Sancha y otros obispos;
por las atribuciones de los Juzgados y Tribunales, los obispos se dirigieron al
rey pidiéndose intercediese para que se tuviesen en cuenta los fueros
eclesiásticos hasta entonces en vigor.
Por si esto fuese poco, un
Convenio de 1904 (por lo tanto anterior a la “ley del candado” de Canalejas),
ponía límite a las asociaciones religiosas, y a raíz de un litigio entre el
Ayuntamiento y el vicario capital de Lérida, una Orden en marzo de 1907,
ratificó la autoridad municipal sobre los cementerios que fuesen propiedad de
los Ayuntamientos, por lo que se pudo practicar en ellos el rito de
incineración, lo que entonces estaba prohibido por la Iglesia.
En otro orden de cosas se dieron
situaciones curiosas, como la colaboración del alcalde de Vigo, a petición del
obispo de Tui, para intentar dar captura a un franciscano de apellido Muiños,
que había abandonado el convento de Cañedo, hoy en el municipio de Ponteareas.
El Ayuntamiento de Madrid se quejó de la negativa de algunos párrocos a
proporcionar las certificaciones a quienes deseaban contraer matrimonio solo
civil…
En el año 1906 el arzobispo de
Valencia, Francisco Victoriano Guisasola, se había adherido al enfrentamiento
de Menéndez Conde, obispo de Tui, contra la circular de Romanones que permitía
el matrimonio civil a los católicos, en lo que también terciaron los
republicanos, hasta tal punto que consiguieron impedir la entrada del arzobispo
en la ciudad, ausente. “Sin consulta ni petición de Roma ni del arzobispo, el
Gabinete decidió imponer su regreso. Concentrados por orden de La Cierva 150
guardias civiles a caballo y 700 infantes en Valencia, el regreso fue sugerido
al prelado por el Gobierno… ante la indecisión de Guisasola, que temió por su
vida”.
A comienzos de 1907 el prelado
fue conducido a la ciudad con la protección de las Fuerzas Armadas, y ante las
críticas del Ayuntamiento, el Gobierno suspendió el mandato a veintisiete
concejales republicanos, que fueron sustituidos por otros. La Cierva intentó
con ello acabar con el dominio levantino de Blasco Ibáñez, pero la medida fue
criticada incluso en las filas de los conservadores.
En cuanto a los institutos
eclesiásticos que la legislación de 1904 quiso limitar, el Gobierno de Maura
nunca se planteó modificarlo, quizá para evitar la oposición de los liberales.
La creación de una comisión que gestionase el presupuesto para el culto y
clero, además de una reorganización administrativa de la Iglesia, contó con la
oposición del obispo de Guadix, que temía la desaparición de su obispado. Con
el obispo de Jaca, la Iglesia hizo una importante campaña de prensa, pues las
ciudades con obispado disfrutaban de pequeñas economías que no tendrían si
desaparecían como tales. El Cabildo y el Ayuntamiento de Jaca escribieron a los
Cabildos y Ayuntamientos de las capitales de las catorce diócesis concernidas,
se enviaron exposiciones a los poderes públicos, se formaron Juntas de defensa
e incluso se llegó a amenazar con no pagar contribuciones en el caso de que
esta o aquella diócesis fuese suprimida.
En 1907 los prelados del
arzobispado de Zaragoza firmaron una exposición a las Cortes sobre la dotación
de culto y clero, en cuya redacción –dice José Andrés Gallego- “se adivinaba
acaso la pluma ágil y ubérrima del obispo de Jaca, López Peláez, activista
político de tendencia costiana". Allí se hablaba de la miserable situación del
bajo clero y se recordaba el artículo 11º de la Constitución, por el que el
Estado se obligaba a mantener el culto y sus ministros. El Gobierno acordó
atender parcialmente aquellas peticiones.
Como vemos, muchos asuntos
materiales en las disputas entre el Estado y la Iglesia, incluso durante los
períodos de gobiernos conservadores. Una Iglesia que se resistía a entrar en la
modernidad, como se llamó a aquellos tiempos, que se resistía a financiarse a
sí misma, que se resistía a separarse del Estado pero que trataba por todos los
medios de que el Estado no legislase contra “los intereses de la religión”,
como en miles de documentos eclesiásticos se lee.
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