Represión contra los carlistas

 

Durante los primeros años tras el trienio liberal (1820-1823) no fueron los futuros partidarios de Carlos de Borbón quienes se hicieron cargo del poder. Algunas fuentes[i] hablan del descontento de los realistas plasmado en sublevaciones como las de Bessieres[ii] o los agraviados. Los acontecimientos de 1830 –dice Bullón de Mendoza[iii]– supusieron un giro en la política del rey Fernando VII, obligado a contar con aquellos a quienes había postergado, pero tras los sucesos de La Granja, el nuevo gobierno se lanzará a la depuración de los realistas más extremos.

Los “Apuntes políticos” que escribió en 1835 un carlista anónimo, citados por Bullón de Mendoza, hablan de destituciones en puestos importantes de la Administración[iv], pero la depuración más importante fue la efectuada en el ministerio de Hacienda, en el que todas las dependencias se llenaron de liberales. Comparando la Guía de Hacienda de 1824 y la de 1833 se ve que muchos fueron perseguidos por ser carlistas.

La pieza maestra de la represión del carlismo fueron los capitanes generales, con importantes atribuciones militares y presidentes de las Audiencias. De un total de 31 intendentes fueron desterrados los de Guadalajara, Mallorca, Salamanca, Soria, Córdoba, Asturias, Cataluña y Extremadura. Pero la llegada de Cea al Gobierno y la recuperación del rey en 1833 supusieron un intento de volver a la política anterior al decreto de amnistía que rehabilitó a muchos liberales. Morillo se había jactado de haber desarmado a los voluntarios realistas en Galicia en contra de las instrucciones del Gobierno y, antes, una circular de mediados de enero había autorizado a los capitales generales para separar de los voluntarios realistas a los que fueran contrarios al espíritu de cuerpo (es decir, carlistas).

Manuel Llauder, siendo capitán general de Cataluña, se distinguió en la labor represiva[v] desarmando a los voluntarios realistas, depurando la Audiencia, destituyendo a buena parte de los militares de alta graduación e imponiendo que se eligieran los Ayuntamientos a favor de quienes él deseaba. En el mismo sentido actuó en Granada y Sevilla el marqués de las Amarillas desarticulando a los realistas, pero no los desarmó en masa, como hizo Morillo.

El Gobierno envió emisarios para que informasen de los diferentes cuerpos de ejército, siendo el general Canterac[vi] uno de los encargados, que pasó revista al regimiento del rey; otro fue el conde Mirasol, que informó desde Córdoba sobre la aceptación o no de la proclamación por las Cortes de la hija del rey, Isabel, como heredera, “pero sus almas no hablaban [dice de los militares], y en ocasión de la Religiosidad [sic] no les hará cumplir su juramento…”, pidiendo un reemplazo de oficiales.

Junto a la depuración a que fue sometido el ejército, también hubo remoción de Ayuntamientos y empleados, prisiones, causas, destierros, etc. Sin duda se cometieron excesos, dice Bullón de Mendoza citando a Pirala. En los regimientos de infantería había partidarios del pretendiente Carlos y la depuración a que fue sometido el ejército desde finales de 1832 fue sin duda la más importante que se llevó a cabo sobre unos cuerpos que no habían sido vencidos en el campo de batalla. El ejército profesional que trató de crear el marqués de Zambrano fue sustituido desde 1832 por otro altamente politizado, destinado a mantener el orden interno, y algunas de las depuraciones masivas estuvieron motivadas por el alzamiento carlista en Morella. No obstante el Gobierno decidió mantener en sus puestos a algunos carlistas en los que prevalecía el espíritu de cuerpo, es decir, su condición de militares antes que sus ideas políticas.

También algunos capitanes generales fueron cesados a principios de 1833 (ocho de los doce existentes), pero el proceso de depuración en el ejército no hubiera sido posible si Carlos de Borbón hubiese defendido su causa por las armas en vida del rey. Si así fuese, la guerra civil hubiese empezado antes y quizá hubiese terminado pocas semanas después, pues la rebelión nunca se hubiera hecho contra el rey, sino contra su gobierno, que no hubiera podido hacer frente a la rebelión[vii].

Estas depuraciones fueron acompañadas de una Real Orden en febrero de 1833 para que los capitanes generales formasen columnas móviles de doscientos o trescientos hombres que recorriesen sus distritos. Mientras, desde el punto de vista jurídico, la represión del carlismo corrió a cargo de una comisión regia suprema para delitos de infidencia, que presidió Matías Herrero Prieto[viii], a raíz de una sublevación carlista o realista a principios de 1833.

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[i] Memorias del alcalde de Roa, Gregorio González Arranz. Absolutista, fue el responsable de la ejecución de Juan Martín Díez, “el Empecinado”. Luego fue carlista y se exilió en Francia.

[ii] Jorge Bessières formó parte del ejército de Bonaparte, pasándose a las filas españolas, pero en 1821 participó en una sublevación en Barcelona junto con el franciscano Luis Gonzaga, posicionándose como partidario del absolutismo. En 1825 dirigió un intento realista y, capturado, fue ejecutado. En realidad fue un aventurero.

[iii] “La primera guerra carlista”, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera.

[iv] Ya no aparecen entre 1832 y 1834 en la Guía de Forasteros, fundada en 1722, que es una de las principales fuentes de información para el conocimiento de la organización administrativa, religiosa y social de España desde el siglo XVIII hasta bien entrado el XIX. Suministra información, además, sobre santoral, eclipses, festividades y cronología…

[v] Los condes de España y Villemur

[vi] César José de Canterac, de origen francés pero que se destacó sobre todo en la guerra de 1808 y en las de independencia de las colonias españolas en América.

[vii] Esta valoración es del autor citado en la nota iii, cuya obra sirve de base a éste resumen.

[viii] Fue miembro del Consejo de Castilla y en 1834, cuando se creó el Supremo Tribunal de España e Indias, lo presidió.

Ilustración: Morella a finales del siglo XIX (https://www.pinterest.es/pin/290060032251837903/).