Gobernantes sin escrúpulos

Lugar donde se produjo el atentado contra el presidente Carrero

Un régimen criminal no puede sostenerse si no cuenta con la colaboración del ejército (o los jefes del mismo), empresarios, banqueros, profesionales y un cierto consentimiento de parte de la población, por miedo o complacencia. El régimen del general Franco en España, con no ser de los más terribles que ha habido, lo cierto es que careció de toda legitimidad democrática y se caracterizó por el crimen, tanto en su origen como en su desarrollo. Contó, efectivamente, con la colaboración de personajes como los que van a salir a lo largo del presente resumen.

Durante la década de 1960, –dicen Giuliana Di Febo y Santos Juliá (1)- el conflicto central que dividió a los políticos del régimen se produjo entre un sector del Movimiento, que pretendía asegurar la continuidad del régimen ampliando la base social y la participación política por medio de una ley de asociaciones (se huyó siempre de utilizar el término “partidos”), y los tecnócratas, que se habían propuesto garantizar, con el apoyo de Carrero Blanco, una solución monárquica en vida de Franco manteniendo la estructura dictatorial y antidemocrática del sistema político. En el consejo de ministros, ese conflicto enfrentó al secretario general del Movimiento, José Solís, responsable también de la Organización Sindical, y al titular de Información y Turismo, Manuel Fraga, con los responsables del área económica, encabezados por López Rodó. La Ley Orgánica del Estado, última de las leyes fundamentales, y la designación de don Juan Carlos de Borbón como sucesor del jefe del Estado a título de rey, consagró aparentemente el triunfo del sector tecnocrático, que pudo bloquear en las Cortes cualquier intento de reforma y de apertura propugnado por los ministros del Movimiento.

Desde principios de 1969 se hizo cada vez más evidente la tensión entre estas dos líneas políticas y la creciente parálisis del gobierno ante los desafíos que planteaba una oposición cada vez más activa de la clase obrera, los estudiantes y un sector importante del clero católico, sobre todo, aunque no exclusivamente, en regiones donde habían resurgido movimientos nacionalistas como Cataluña y el País Vasco. El año comenzó bajo un estado de excepción decretado tras las movilizaciones de protesta por la muerte a manos de la policía del joven Enrique Ruano, y emprendió su último tramo en medio del peor escándalo del régimen, el asunto MATESA, un fraude a la Hacienda por exportación ficticia, fuertemente subvencionada, de telares en que se vieron implicados empresarios y ministros del Opus Dei. Intentando modificar a su favor la relación de fuerza con los tecnócratas, Manuel Fraga y José Solís dieron a este escándalo una publicidad sin precedentes en los anales del régimen.

Lo que nunca esperaron los promotores de mantener vivo el escándalo fue la solución que se dio a la crisis. En octubre de 1969, el vicepresidente del gobierno, Carrero Blanco, presentó al jefe del Estado un amplio memorándum titulado “Consideraciones sobre la conveniencia de proceder a un reajuste ministerial”. Para Carrero, cuatro eran los principales asuntos que aconsejaban un profundo cambio de gobierno. El primero, los intentos del ministro secretario general del Movimiento de aprobar una nueva Ley Sindical y un Estatuto de Asociaciones de acción política que incrementaba para la organización del Movimiento sus atribuciones en esos ámbitos. Carrero temía enfrentarse a una especie de reedición de lo ocurrido en los años cincuenta con Arrese[i] y proponía una solución drástica: despedir al ministro Solís y separar la Organización Sindical de la Secretaría General del Movimiento, de manera que esta no pudiera controlar a aquella.  

En cuanto al asunto MATESA, reconociendo que el fraude había salpicado a los ministros de Economía y Hacienda –pero no al de Industria, López Bravo-, Carrero proponía la salida de ambos del gobierno, pero a la vez planteaba la necesidad de destituir al ministro de Información, responsable de la actitud permisiva ante la publicidad del asunto. Fraga había percibido en MATESA la gran oportunidad para debilitar a la “elite” de poder configurada durante los años anteriores en torno a la Comisaría del Plan de Desarrollo y de su titular, López Rodó, pero en su intento se había ganado la enemistad del vicepresidente del gobierno. Por otra parte, Carrero, hombre de religiosidad integrista, veía con malos ojos los avances de la libertad de prensa, la relajación de la censura, la publicación de libros marxistas, la aparición de películas y revistas que juzgaba como pornográficas y, en general, el abandono de las costumbres y de la moral tradicional.

En fin, Carrero había mantenido una fuerte discrepancia con el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, procedente del sector católico o “propagandista” del régimen, cercano a Solís y Fraga en su común objetivo de debilitar a los tecnócratas del Opus Dei. Carrero consideraba a Castiella culpable de haber enajenado la amistad con Estados Unidos planteando exigencias exorbitantes para la renovación de los acuerdos de 1953[ii]; haber hostilizado al Reino Unido con su posición obcecada en la reivindicación de soberanía sobre Gibraltar y las medidas de fuerza emprendidas contra la colonia británica; haber deteriorado las relaciones con la Iglesia tras la celebración del Concilio Vaticano II; no haber adelantado nada en la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea[iii] y, en fin, haber agudizado el aislamiento exterior de España cuando más necesitada estaba de apoyos en el contencioso que la enfrentaba a Marruecos por los territorios del Sahara occidental.

El cambio propuesto por Carrero significaba cuantitativamente una de las mayores remodelaciones llevadas a cabo desde 1938. Pero a esa relevancia cuantitativa se añadió una cualitativa. Carrero no era partidario de seguir la pauta de reparto equilibrado de poder entre las distintas facciones del régimen. Por vez primera, argumentando la necesidad de un gobierno fuerte y disciplinado, sin divisiones internas, optó por ofrecer los ministerios que quedaban vacantes a personajes vinculados a uno solo de los viveros que proporcionaban personal político al régimen. Con pocas excepciones, entre ellas las del nuevo ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, fue un gobierno con una mayoría de ministros del entorno de López Rodó, propuestos por él o por colaboradores suyos en la Comisaría del Plan de Desarrollo. De ahí que se considerara como una prueba del triunfo sin paliativos de los tecnócratas del Opus Dei sobre el resto de “familias” políticas del régimen.

Resuelta la crisis de gobierno, nadie había previsto que su solución marcaría el inicio de una crisis de régimen. La dictadura había nacido de la victoria en la guerra civil de 1936. Fuerzas Armadas, Movimiento e Iglesia habían sido los suministradores tradicionales de personal político. Alejarse de aquel origen para refundar a finales de los años sesenta una “legitimidad” basada en la eficacia, las obras, la administración, esto es, en un Estado gobernado por una alta burocracia sostenida por el poder personal de Franco, constituía una contradicción. La dictadura, para subsistir, necesitaba el concurso de todos los fundadores: sin Iglesia y contra el Movimiento, aunque se mantuviera el ojo vigilante del Ejército, el gobierno se enfrentó a problemas insolubles, sobre todo al de la lucha abierta entre las mismas facciones del régimen.

Franco había nombrado presidente de las Cortes a un falangista, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, que utilizó su puesto para convertir la institución de representación orgánica en una especie de trinchera desde la que los políticos del Movimiento hostilizaron sin tregua al gobierno. Las Cortes mantuvieron vivo el asunto MATESA hasta obligar al jefe del Estado a decretar una amnistía general que impidió el juicio de los responsables políticos del asunto al precio de poner en la calle a tres mil presos por delitos comunes.

A esta sorda lucha entre las facciones del régimen se añadió el mayor activismo de las diversas oposiciones antisistema: obrera, universitaria y nacionalista. En Burgos, la celebración de un consejo de guerra contra miembros de ETA colocó al gobierno al borde de la crisis. La represión se recrudeció y se controló más a la prensa, colofón de lo cual fue el cierre del diario “Madrid”. Un proyecto de asociaciones elaborado por Fernández Miranda, más modesto que el que había presentado Solís, no llegó a ser debatido en el Consejo Nacional. Se dio una involución autoritaria del régimen, ya de por sí una cruel dictadura que tenía el saldo de crímenes sin cuento. Carrero, por su parte, intentó combatir a falangistas y otros formando un nuevo gobierno en 1973, mientras que Franco se decidió a separar la jefatura del Estado de la del gobierno, designando para esta al propio Carrero. Cuando en diciembre de ese año fuese asesinado por ETA, el régimen quedaba herido de muerte, máxime si tenemos en cuenta la avanzada edad de Franco, que moriría dos años más tarde. Herido de muerte pero no sin franquistas, que se manifestaron una y otra vez en plena democracia. El partido más importante de la derecha española fue fundado por uno de los colaboradores de la dictadura, aquel Fraga que no gozó de la simpatía de Carrero, pero unos y otros no tuvieron inconveniente –y esto es lo que les une- en colaborar con un régimen criminal.

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(1) "El franquismo...", en uno de los capítulos de esta obra está basado el presente resumen.
[i] Estando por segunda vez al frente de la jefatura del Movimiento, se produjeron los disturbios de 1956 en Madrid: estuvieron involucrados estudiantes contrarios al régimen, falangistas y otros grupos franquistas. Se considera que es el reinicio de la oposición de buena parte del estudiantado al régimen.

[ii] Se instalaron en España cuatro bases militares norteamericanas a cambio de ayuda económica y militar.

[iii] Como sabemos, es imposible para una dictadura la entrada en la CEE (hoy UE).